La agenda represiva, de militarización de la seguridad pública y de “policialización” de las fuerzas armadas (FF.AA. desde ahora) es el perfecto ejemplo de un actuar político que permite la conformación de un orden estatal represivo y que ha sido impulsado tanto en los gobiernos de Sebastián Piñera, como apoyado por omisión por los gobiernos de la Concertación y Ex Nueva Mayoría. En los últimos meses esto ha sido observable en las acciones tomadas por el Ejecutivo sobre cómo enfrentar las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019, como también para enfrentar la pandemia hoy nos azota. Este curso de acción demuestra una visión propia de sectores de la derecha más conservadora del país sobre cómo se concibe el manejo del Estado y, como problema transversal desde el fin de nuestra última dictadura militar, la nula capacidad de pensar un lugar para las FF.AA, de Orden y Seguridad en un proyecto de seguridad y defensa nacional para el país. En un inicio las consecuencias de esto afectan las instituciones civiles a cargo de los temas que se comparten el mundo castrense y desprofesionaliza estas últimas mientras intentan adentrarse en el mundo civil. En otras palabras, esta falta de visión sobre las instituciones castrenses son un peligro potencial para el cuidado de los derechos fundamentales de quienes habitan el país.
por Vicente Ramírez Sánchez
Imagen / Control sanitario en Lo Espejo. Fuente: Flickr.
En esta última semana hemos vuelto a ver la peor cara de la derecha en cuanto a seguridad pública. La reciente aprobación de la Ley que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria; sumado a la retracción, en cuestión de horas por parte del Ejecutivo, de retirar la suma urgencia al controvertido proyecto de reforma al Sistema de Inteligencia y la idea de seguimiento de celulares por GPS, muestra una faceta del gobierno que no llega a ser novedosa, pero no por eso menos preocupante. Hoy en día se hace más que evidente la puesta en marcha de una agenda de seguridad pública que, si bien es difícil de probar su intencionalidad, apunta hacia un Estado Policial.
La agenda represiva, de militarización de la seguridad pública y de “policialización” de las fuerzas armadas (FF.AA. desde ahora) es el perfecto ejemplo de un actuar político que permite la conformación de un orden estatal represivo y que ha sido impulsado tanto en los gobiernos de Sebastián Piñera, como apoyado por omisión por los gobiernos de la Concertación y Ex Nueva Mayoría. En los últimos meses esto ha sido observable en las acciones tomadas por el Ejecutivo sobre cómo enfrentar las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019, como también para enfrentar la pandemia hoy nos azota. Este curso de acción demuestra una visión propia de sectores de la derecha más conservadora del país sobre cómo se concibe el manejo del Estado y, como problema transversal desde el fin de nuestra última dictadura militar, la nula capacidad de pensar un lugar para las FF.AA, de Orden y Seguridad en un proyecto de seguridad y defensa nacional para el país. En un inicio las consecuencias de esto afectan las instituciones civiles a cargo de los temas que se comparten el mundo castrense y desprofesionaliza estas últimas mientras intentan adentrarse en el mundo civil. En otras palabras, esta falta de visión sobre las instituciones castrenses son un peligro potencial para el cuidado de los derechos fundamentales de quienes habitan el país.
Específicamente es posible ver dos causas que permiten la existencia de una agenda política represiva en un país que se asume como democrático. En primer lugar, se observa el concepto de seguridad nacional. Este proviene de la conocida Doctrina de Seguridad Nacional, nacida e importada desde EE.UU y se extendió al continente sudamericano imponiendo que las democracias occidentales estaban amenazadas por un enemigo interno representado por los partidos y personas de izquierda que amenazaban el orden democrático favorecido por el capitalismo[1]. Ya aplicado en nuestro país a través de la Constitución de 1980, surge el conveniente problema de que este no posee una definición clara. Es usado indistintamente a lo largo de la actual constitución para referirse a la seguridad pública, seguridad individual, de la nación, social y otras más; colocando tras una nebulosa las funciones para las FF.AA. y militarizando espacios de la sociedad. Con estas brechas abiertas este concepto logra jugar un rol central en la carta magna y coloca a las instituciones castrenses, ayudado por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como un poder del Estado que vela por la seguridad nacional tanto a través de áreas militares, como no militares de la sociedad.
Justamente esta fue la razón de como el ministro Gonzalo Blumel justificó la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) el 7 de noviembre del año pasado. Se aludió que existía un problema de seguridad nacional, expresando que “se entiende como el adecuado cumplimiento de los deberes del estado… y ahí está el resguardo del orden público”[2] apoyándose en tres artículos de la constitución, específicamente Art. 1, Art. 101 y Art. 106, donde se menciona que la seguridad nacional esta resguardada por el Estado, asesorada su mantención por el COSENA y mantenida por las FF.AA, respectivamente. Cabe destacar que esta convocatoria del consejo es la primera, desde las reformas de 2005, que es realizada para tratar temas clasificados como uno de seguridad interna del país.
La segunda causa hace alusión a la posición política-ideológica del gobierno, específicamente a la visión empresarial de administración del Estado. Según Augusto Varas esto es reflejo de la llamada “Nueva Gestión Pública” (New Public Management) desarrollada en Reino Unido por Margaret Thatcher. Este sostiene que se debe mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión pública con ideas nacidas del sector privado. Esto es privatizando y contratando servicios fuera de lo gubernamental, usando mecanismos de mercado y aumentar la competencia en la provisión y materialización de las políticas públicas, y usando indicadores de logro para especificar los resultados esperado. Siguiendo este enfoque de priorizar los mecanismos del mercado, junto con el manoseado concepto de la polivalencia de las FF.AA, permite la propuesta de que los recursos asignados al mundo castrenses podrían aprovecharse desempeñándose en otras áreas como el cambio climático, incendios, operativos sociales y de salud.[3]
Ambos factores mencionados, el concepto de seguridad nacional y el posicionamiento político-ideológico del gobierno, tienen serias consecuencias en la administración de un gobierno democrático: Evita las proyecciones estratégicas del país tanto a niveles interno como internacionales y entorpece el proceso de profesionalización. Los organismos del Estado se ven mermados y limitados en su acción, mientras que las FF.AA. se involucran en áreas no profesionales dejadas de lado poco a poco por estos organismos, al mismo tiempo que mantienen relaciones con otros organismos del Estado que no son el Ministerio de Defensa.
Toda esta situación demuestra que ningún gobierno hasta ahora ha sido capaz de pensar el rol que las FF.AA. deberían desempeñar en el país. Ante esta incapacidad solo ha quedado responder desde sus veredas políticas, viéndose expresado en medidas cortoplacistas que forman una agenda represiva inspirada en un populismo penal que, con o sin intención, nos acercan a un peligroso Estado Policial. Muestras de esto son variadas y se han intensificado después de las protestas sociales iniciadas en octubre de 2019:
- Decreto 1341. Publicada en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 2018: Creación de un consejo asesor de coordinación y unidad de acción en materia de prevención y control del crimen organizado transnacional en donde Carabineros puede votar y tener poder de decisión, marcando un precedente de acción política.
- Decreto 265. Publicado en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 2018: Colaboración de FF.AA. en la coordinación de operaciones contra el narcotráfico en fronteras colocando a la institución castrense en un área no profesional. Además, se potencia la militarización de la lucha contra el narcotráfico.
- Convocatoria del COSENA para analizar al situación por las protestas iniciadas en octubre de 2019, convocado el 7 de noviembre de 2019. Después de las declaraciones del Ejecutivo que estábamos en guerra, y que reitera al hablar de la pandemia, se convoca a todas las instituciones castrenses a hablar sobre una situación de orden interno relacionado con protestas sociales. Cabe destacar que las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados se mostraban en contra, puesto que la situación no ameritaba bajo ningún motivo este recurso constitucional del presidente del país.[4]
- Ley 21208 o “Ley Antibarricada”. Publicado en el Diario Oficial 30 de enero de 2020: Las criticas apuntan a que se criminaliza la protesta y atenta contra al expresión legítima del derecho a la libre reunión y asociación.[5]
- Decreto que presenta nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para FF.AA.[6] Regula el uso de la fuerza de las FF.AA. en situaciones de orden público en caso de estado de excepción. Si bien es correcto este tipo de reglamentos, el contexto en el fue creado indica que la respuesta militar sigue siendo una opción para tratar el orden público.
- Proyecto de ley de protección de Infraestructuras Críticas. Aprobado en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el 9 de marzo. El proyecto ahora debe pasar a revisión por el Senado para ser votado en sala. Este proyecto que intenta reformar la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, intacta desde su promulgación en dictadura, intenta facilitar el despliegue de FF.AA. sin la necesidad de un estado de excepción para desempeñarse en el cuidado de la seguridad pública. Además, evita el derecho a huelga de les trabajadores que desempeñan sus actividades en los espacios que sean denominados infraestructura crítica.
- Proyecto de ley que busca regular la relación de Chile con la Corte Penal Internacional. Fue ingresado al Congreso por el Gobierno el 12 de mayo de 2020 donde se critica la existencia de la posibilidad de evitar los juicios por parte de la corte internacional y así blindar el actuar de Carabineros y FF.AA.
- Ley que modifica el Sistema Nacional de Inteligencia: Aún se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. Las críticas son varias, algunas de ellas son que es una modificación de un proyecto deficiente propuesto el 2004, no profesionaliza la Inteligencia y mezcla la inteligencia militar y la civil, sigue involucrando a FF.AA. en temas de seguridad pública, apoya junto con la ley de infraestructura crítica en facilitar el despliegue de las instituciones castrenses y le quita poder de fiscalización y participación al Congreso dejando un sistema que depende solo del Presidente, entre otros.
- Ley que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria: Su promulgación se encuentra detenida por el Tribunal Constitucional y las críticas han apuntado a lo innecesaria y desmedida que es esta propuesta puesto que no responde a una realidad donde los habitantes del país han obedecido las ordenes sanitarias[7].
- Propuesta de seguimiento de celulares por GPS: Si bien el proyecto no se conoce en detalles, las criticas apuntan tanto al miedo a la invasión de la privacidad y la violación de las garantías constitucionales, como también a la necesidad del proyecto reiterando las críticas mencionadas en la ley del punto anterior. Además, como ejemplos de éxitos de la medida se menciona a Corea del Sur, un país con un contexto histórico-social muy diferente a nuestro país.
Es posible observar que a falta de un plan estratégico sobre la función de las FF.AA, Carabineros y PDI, lo único que logra resaltar son medidas cortoplacistas que ponen en un potencial peligro la integridad y los derechos fundamentales de los habitantes del país. Como consecuencia, el populismo penal y la intención de subir en las encuestas en situaciones de crisis no solo han mellado la integridad y la capacidad de respuesta de los órganos del Estado, sino que también han empujado a la confusión de las dimensiones militares, de orden público e internacionales evitando justamente la construcción de un plan estratégico nacional que responda a las necesidades del país y de la región del cono sur.
Hoy en día estamos ad-portas de un inédito proceso constituyente donde es necesario lograr extirpar la influencia de la Doctrina Nacional de Seguridad Nacional de la constitución, específicamente del Capitulo XI referido a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. De igual forma debemos ir más allá y pensar nuevas formas de la administración del Estado y un proyecto político-estratégico que proteja realmente a los habitantes del país y eviten lo que hoy ha permitido acercarnos a un posible Estado Policia, que poco a poco mezcla lo político y lo castrense y concentra más poder en el Ejecutivo y menos atribuciones en el Congreso.
[1] Tapia Valdés, Jorge. El Terrorismo de Estado: La doctrina de la seguridad nacional en el cono sur (México: Editorial Nueva Imagen, 1980), p. 24.
[2] Blumel, G. “Buscamos fortalecer las acciones de las instituciones|24 Horas TVN Chile”, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=9GP2xEyCNw4
[3] Varas, Augusto. “Militares y orden interno en los gobiernos de Sebastián Piñera”, Fundación Equitas, www.fundacionequitas.cl
[4] Política: La Tercera. “Actas del COSENA revelan pugna por convocatoria, reconocimiento de Carabineros de que fueron “sobrepasados” y críticas al sistema de inteligencia”, La Tercera, https://www.latercera.com/politica/noticia/actas-del-cosena-revelan-pugna-convocatoria-reconocimiento-carabineros-fueron-sobrepasados-critica-al-sistema-inteligencia/906789/
[5] Reportajes Bio-Bio. “ONU critica Ley Antisaqueos por restringir derecho a reunión y gobierno envía informa a Ginebra, Radio Bio-Bio, https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes/2020/01/30/onu-critica-ley-antisaqueos-por-restringir-derecho-a-reunion-y-gobierno-envia-informe-a-ginebra.shtml
[6] País: CNN, “ FF.AA: Revelan nuevas Reglas del Uso de la Fuerza para los estados de excepción”, CNN Chile, https://www.cnnchile.com/pais/fuerzas-armadas-ruf-reglas-del-uso-de-la-fuerza-estados-de-excepcion_20200221/
[7] Nacional: La Tercera, “El 0,5% de los 2.5 millones de controlados por FF.AA. en la última semana no portaba un permiso”, La Tercera, https://www.latercera.com/nacional/noticia/el-05-de-los-25-millones-de-controlados-por-ffaa-en-la-ultima-semana-no-portaba-un-permiso/7H3I3XNZOJCCDMD5GKJ4HAUX4I/
Vicente Ramírez Sánchez
Egresado de sociología de la Universidad de Chile e investigador independiente sobre temas de seguridad y defensa. Integrante del Frente Amplio.
3 repuestas a “Estado Policial: la falta de proyección estratégica y su reemplazo por una agenda represiva para el país”
La “participación” de los representantes de toda la sociedad en “coordinaciones”, parecen ser necesarias inevitablemente”
No hay otra.
Es impresionante la cantidad de decretos y promulgaciones en menos de 8 meses, que si no se exponen como lo hace Vicente pasan desapercibido. Felicitaciones por el trabajo investigativo, la fuerza, y la convicción de que la educación es la única vacuna para la enfermedad.
Lo que no es impresionante, ni nuevo, es el uso de la fuerza en Chile por el grupo conservador. Felicito al investigador por su foco en esta materia. Las segundas mitades de los siglos XIX y XX riman con lo que sucede hoy en Chile, un grupo minoritario con un idealismo económico-político confunde al pueblo promulgando que nos encontramos en un estado de caos social, de amenaza, y que se “hace necesario” el orden mediante la fuerza, pero ¿cuál orden? La doctrina. En el Chile de hoy sería la de Friedman y sus boys.
Las versiones anteriores fueron sangrientas, aún no sanamos de la última, el grupo conservador sabe que en el remake de esta película, el uso de la fuerza es cuestionado, por lo que sabe que deben hacerlo con una estrategia comunicacional muy potente, a diferencia de las “producciones” anteriores, hoy en la era de la información, es más difícil controlar los medios y la educación de la gente.
No obstante, persisten. ¿Qué mejor que criminalizar las protestas? justifica el uso de la fuerza. Se intenta engañar al pueblo difundiendo terror. Un discurso que señala que nos encontramos ante un enemigo grande e implacable, impone la necesidad de avanzar con una agenda legislativa que le de poder militar. De nuevo con el cuento. ¿Qué mejor echarle la culpa a la gente que diariamente salen a arriesgarse en esta pandemia para sostener a sus familias? Se ha empeñado implantar en la retina de los todos chilenos, que la culpa es de la gente que “irresposablemente” sale de su confinamiento a satisfacer sus necesidades, por lo que nos encontramos nuevamente en un caos que justifica medidas represivas y el uso de la fuerza militar. Además publicitar como exitoso la ayuda con 2.5 millones de canastas familiares que van en ayuda de los necesitados, que demoran un mes en la gestión y que sabemos que serían provisiones que alcanzan sólo para 2 semanas, es ejemplo de cómo querer limpiar la imagen y desviar la atención de la responsabilidad. Que el ministro Palacios contradiga a Paris, cambiando un catálogo de productos por “criterios”, nuevamente, deja entrever que la doctrina está por sobre toda las cosas.
Y de nuevo nos creemos el cuento.
Que opinas respecto a la dinámica de control que se percibe en el mundo privado? Pienso por ejemplo, en cuando te piden en el supermercado el salvoconducto, me parece francamente enojoso. El otro día le pregunté al guardia bajo que poder lo hacía y me mostró un papel de un coronel de carabineros, Eso no es nisiquiera un reglamento municipal, un decreto, no es nada, es simplemente una orden de un paco qliao, ni siquiera milico! A eso avanzamos. Estado policial.