La situación del modelo chileno es compleja para el sector manufacturero, pero ello podría no comportar mayores problemas en la medida que sea equilibrado con el crecimiento del empleo en otros sectores, como el comercio, las finanzas y las exportaciones de recursos naturales y bienes no tradicionales como el vino o el sector frutícola. Aun así, el revuelo causado por la quiebra de empresas muestra que, aun entre quienes están más convencidos de las bondades del libre comercio, no es tan fácil desembarazarse de la industria nacional, ya sea por nostalgia, por corrección política o por frenar la pérdida de empleos.

por Centro de Investigación Político Social del Trabajo – Núcleo de Economía Política del Trabajo

Imagen / Maestranza de San Bernardo, Santiago. Fuente: wikipedia.

Para la mayor parte de los votantes, la llegada de Piñera a la Moneda por segunda vez se apoyó en un discurso que ponía mañosamente el acento en la idea de recuperación económica ante el supuesto mal manejo que habría tenido la Nueva Mayoría durante su Gobierno. Para lograrlo, proponía cambios al sistema tributario y una corrección del nuevo Código del Trabajo, además de dar facilidades al empresariado que, en su conjunto, generaran un clima de confianza que promoviera la inversión, la innovación y el crecimiento.

Más allá de lo poco novedoso de estas propuestas de parte de la derecha, que como siempre apuntan a mejorar las condiciones de explotación del trabajo por parte del capital, no ha dejado de llamar la atención el hecho de que una considerable cantidad de empresas hayan quebrado durante el último tiempo, y que con su impacto mediático hayan puesto en la palestra las dificultades económicas que atraviesan al país, instalándose un debate respecto a la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo en este fenómeno.

Aunque por razones políticas la discusión tienda a enfocarse en la eficiencia o ineficiencia de la administración económica de Piñera, el tema de fondo es la difícil situación de cientos y miles de trabajadores que quedan sin empleo cuando una empresa quiebra, y más en general, la cuestión de qué tipo organización de la economía se ha dado el país y sus consecuencias para la población. Al respecto, en estas breves líneas se discutirán algunos de los lugares comunes que se han planteado sobre el tema desde la izquierda y el progresismo, para luego argumentar sobre la necesidad de complejizar y enriquecer el análisis de este tipo de eventos desde una perspectiva global que trascienda los hitos coyunturales considerando la posición que tiene el país en la división internacional del trabajo, para luego cerrar con algunas ideas para el debate sobre la quiebra de empresas, poniendo el acento en el interés de largo plazo de los trabajadores como clase ante los vaivenes del capital.

El modelo chileno y la quiebra de capitales: de lo general a lo específico

Conviene partir de un hecho objetivo: en los últimos años han quebrado o han cerrado empresas como Calzados Guante, Iansa, Pastas Suazo, Contenedores Maersk, y más recientemente Hush Puppies, entre otras. Se trata de capitales tanto nacionales como extranjeros, de diverso tamaño, distintos sectores de la economía y que apuntan a distintas razones para explicar su situación, aunque tienen en común un discurso de víctimas ante las dificultades que enfrentan para asegurar la rentabilidad de sus operaciones en el país, ya sea que culpen a los sindicatos, o a la incapacidad del Gobierno de mejorar el clima para la inversión, o incluso a la inestabilidad de la economía internacional.

Los casos señalados probablemente pueden ser explicados uno a uno si se estudiaran en profundidad, pero es importante destacar un elemento de contexto para abordar el asunto con mayor rigor: independiente de la opinión que tengamos sobre el actual Gobierno y de la distancia entre su discurso de “tiempos mejores” y la realidad del país, la quiebra o destrucción de empresas es un acontecimiento común en las economías modernas, y Chile no escapa de ello. Sin ir más lejos, un análisis del Ministerio de Economía entre el año 2005 y 2014 (2016), mostraba que una importante cantidad de empresas creadas morían antes de llegar a los 7 años de vida, lo cual se acentúa entre más pequeñas son, al tiempo que su tasa de creación correlaciona con el aumento del PIB. Por otro lado, un informe del año 2016 mostró que durante el primer semestre, las empresas disminuyeron pasando de 333.044 a 317.309, similar a lo ocurrido en 2010. En dicha ocasión, la caída coincidió con la desaceleración de la economía, concentrándose en el sector manufacturero y abarcando incluso a una considerable cantidad de grandes empresas que suelen ser menos sensibles a los vaivenes del mercado.

Atendiendo a esta realidad, parece necesario analizar las quiebras de empresas desde una perspectiva de largo plazo, lo cual implica comprender la forma nacional de acumulación de capital (comúnmente denominada “neoliberalismo”) en el contexto mundial para explicar las tendencias generales de la economía que deberá enfrentar tarde o temprano cualquier fuerza política que pretenda alcanzar el Gobierno.

Entre las características del “modelo económico chileno” hay tres aspectos que parecen claves para esta discusión: la apertura comercial, la no intervención estatal y el rol gravitante del cobre. Los dos primeros aspectos fueron instaurados por la Dictadura a sugerencia de los economistas de la Escuela de Chicago afines al Régimen Militar, e implicaron una rebaja en los aranceles de las importaciones, desde una tasa promedio superior al 100% a una tasa uniforme del 10%, la supresión de las cuotas de importación, y el término de la protección estatal sobre los capitales radicados en Chile, exponiéndolos a la competencia del mercado mundial. Esto repercutió en la liquidación de miles de empresas del sector manufacturero, incapaces de reproducirse ante el nuevo escenario, al tiempo que el Estado se limitaba a dejar que operara la libre competencia y, ya en democracia, a firmar Tratados de Libre Comercio para apuntalar el sistema. Así se terminaba con el periodo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que abarcó buena parte del siglo XX, llevándose consigo el poder estratégico que ostentaron los obreros industriales en la política nacional.

Las dificultades de la liberalización comercial se concentraron en buena medida en aquellos sectores en los que fue imposible competir con la producción de otros países con niveles salariales inferiores y/o de productividad superior a escala mundial, que volcaron masivamente sus mercancías en el mercado chileno. Los efectos sobre la manufactura chilena fueron devastadores: La manufactura paso de representar un 24% de la producción nacional en 1970, a un 20% en 1990. La continuación de dichas políticas durante los gobiernos de la concertación y la derecha contribuyeron a acelerar dicho proceso, reduciendo la manufactura a un 14% de la producción nacional el 2010. Esto último fue coadyuvado por la mejora relativa en los precios del cobre, que pese a su progresiva privatización siguió aportando una fundamental suma de ingresos fiscales vía impuestos, pero sobre todo empujó a la baja el valor del dólar por el ingreso de divisas a la economía interna, con lo cual las importaciones se abarataron aun más, mejorando el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

A fin de cuentas, todo lo anterior significa que los capitales manufactureros que se instalan en Chile deben lograr un nivel de productividad de escala mundial, que les permita vender sus mercancías a precios similares a los de su competencia en otros países, sin subsidios directos del Estado, con salarios que se resisten a disminuir desmesuradamente gracias a las organizaciones sindicales que aun quedan, y a ciertas políticas públicas progresistas de salario indirecto que aun no han sido desbaratadas.

¿Mi empresa quebró? “¡Rescátese!”

La situación del modelo chileno es compleja para el sector manufacturero, pero ello podría no comportar mayores problemas en la medida que sea equilibrado con el crecimiento del empleo en otros sectores, como el comercio, las finanzas y las exportaciones de recursos naturales y bienes no tradicionales como el vino o el sector frutícola. Aun así, el revuelo causado por la quiebra de empresas anteriormente señaladas muestra que, aun entre quienes están más convencidos de las bondades del libre comercio, no es tan fácil desembarazarse de la industria nacional, ya sea por nostalgia, por corrección política o por frenar la pérdida de empleos.

En general, ante la eventual destrucción de capitales los Estados cuentan con un abanico de opciones posibles, pero todas implican un costo que hace difícil aceptarlas, a lo que se debe agregar las trabas legales y constitucionales a la intervención estatal en la economía chilena. Una de estas opciones es un retorno al proteccionismo de ciertas industrias con proyecciones estratégicas, mediante la protección arancelaria ante importaciones más baratas o bien mediante un subsidio directo; si bien esta medida suena lejana para el neoliberalismo imperante, ha sido aplicada sin mayores reparos en el sector forestal (el polémico DL 701) y de explotación de recursos marinos. Por otro lado, está la posibilidad cierta de dejar morir a las empresas y optar por la reconversión productiva, cuyo ejemplo más emblemático fue el cierre de la mina de carbón de Lota, luego de lo cual orgullosos mineros fueron obligados a la humillante (para ellos) capacitación en oficios como la peluquería, repostería y otras cuyo fracaso se ve reflejado en que dicha comuna ostenta el mayor nivel de desempleo del país. Como sea, parece ser también el caso de las empresas que han quebrado recientemente.

Pero también existe una tercera opción, que por descabellada que suene es comúnmente utilizada ante situaciones de crisis económica que traen aparejada una caída inevitable de muchas empresas que amenazan con un grave aumento del desempleo: el rescate del Estado mediante la compra temporal o parcial del capital, para su reintegro luego de resuelta la crisis. Ejemplos claros de esta estrategia fueron las medidas de la Dictadura chilena en 1983 al comprar la deuda subordinada de cientos de empresas, y más recientemente, el salvataje del Gobierno de EEUU a bancos y otras empresas durante la crisis financiera de 2009.

Curiosamente, esta alternativa que los estados nacionales se han visto forzados a adoptar ante coyunturas extraordinarias, y que implican nada más y nada menos que salvar el capitalismo de manos de los mismos capitalistas, es una de las ideas más populares ante la quiebra de empresas en Chile, incluso entre la izquierda. El argumento que se esgrime es que no hacerlo implica la pérdida del sustento de miles de familias, y que una opción más radical resulta inviable en el actual escenario. También se han oído voces que claman un retorno al proteccionismo, tal como ocurre con otros sectores de la economía que el Estado ha apoyado generosamente.

Todas estas opciones, reflejan la incapacidad de una proyección de más largo aliento para la economía nacional por parte de la izquierda: La dura realidad es que los salvatajes de empresas no garantizan que aquellas puedan competir en el largo plazo en el mercado mundial, y las subvenciones solo garantizan que capitales ineficientes proliferen en nuestras economías subdesarrolladas.  Por lo tanto, es necesario elaborar una reflexión que supere las medidas parche que solo aseguran ganancias para el capital individual en cuestión, a costa de todos los contribuyentes.

Los desafíos para la clase trabajadora y las izquierdas

Como se ha visto, una de las principales características del modelo de capitalismo chileno es su apertura comercial que afecta principalmente al sector manufacturero que, al verse obligado a competir con empresas de otras latitudes, se ve seriamente dificultado de mantener una tasa de ganancia o incluso de reproducirse sin ayuda estatal. En este sentido, las mercancías importadas sustituyen la producción local a un menor precio que redunda en un poder adquisitivo ampliado para los trabajadores, pero al mismo tiempo traba el desarrollo de un sector industrial propio, que se ve compensado con el crecimiento de otros sectores al alero de ventajas absolutas dadas por la posición geográfica del país y su dotación de recursos naturales, o bien por facilidades legales.

El desafío para la clase trabajadora y las izquierdas, por tanto, es hacerse cargo de cómo enfrentar el escenario económico bajo estos supuestos difícilmente modificables en la disputa institucional de corto plazo, asumiendo que las decisiones que se tomen afectarán de uno u otro modo a los trabajadores. Particularmente controversial resulta, por ejemplo, adoptar algún tipo de medidas proteccionistas de la industria nacional en áreas que deriven en un aumento en los precios de mercancías de consumo masivo, o de bienes intermedios que redunden en lo mismo. En efecto, la apertura comercial no es solamente en beneficio de los capitales que exportan a nuestro país, sino también de los trabajadores que consumen las mercaderías que ingresan, excepto en aquellos sectores que producen mercancías que no son consumidas internamente.

Del otro lado de la vereda, está la posibilidad de que las empresas nacionales no competitivas a nivel mundial terminen quebrando o desplazándose a otros países con mejores condiciones de producción, ya sea por menores tasas impositivas o salarios más bajos, o bien la alternativa de rescatar dichos capitales para sostener el empleo a costa de los recursos de todos los chilenos.

Por lo anterior, parece urgente que los análisis de la situación económica nacional apunten más allá del ámbito doméstico, tomando como variables imprescindibles la interacción con el mercado mundial y la división internacional del trabajo en la que Chile se ha insertado especializándose en determinados sectores por la decisión, muchas veces irreversible en pocos años, de los Gobiernos en la postdictadura. Ante ello, deben considerarse aspectos fundamentales como la factibilidad económica de largo plazo respecto a la industria que se desea fomentar en el país, y las escasas posibilidades que tienen los pequeños y medianos capitales de ser rentables si no es por medio de una mayor explotación de sus propios trabajadores, como se ha señalado en columnas anteriores.

En síntesis, cualquier Gobierno que quiera representar a los trabajadores deberá hacerse cargo no solo de coyunturas como la quiebra de empresas, sino sobre todo de proyectar y construir una base productiva a nivel regional, posiblemente en alianza con otros países, que haga sostenible cualquier alternativa socialista.