Hay que diferenciar la institución que se encargue de estas funciones, ya que es diferente combatir el pequeño crimen al crimen organizado, el microtráfico al tráfico internacional de drogas o personas, así como el terrorismo a la prevención del delito, la violencia intrafamiliar o la seguridad comunitaria. Esto es importante ya que, por la fuerza de la costumbre, la tradición, la inercia institucional y el trabajo diario, distintas funciones crearán distintas maneras de analizar, ver y trabajar los problemas, generando contradicciones entre ambas. El peligro final es que una de las dimensiones de la institución devore a la otra, como en el caso actual de Carabineros, en el que el propio carácter militar de la institución y la hipertrofia del valor del orden público hacen imposible generar una policía cercana a la gente, que pueda de verdad llevar adelante un trabajo comunitario enraizado en los barrios. La policía sigue siendo vista principalmente como la represión estatal, cuando no como una institución corrupta, violenta e injusta.

por Vicente Ramírez y Diego Ramírez

Imagen / Protesta en Plaza de la Dignidad, 23 de octubre 2020, Paulo Slachevsky. Fuente.

La principal Institución de seguridad interna de nuestro país se encuentra en una crisis tan grande y absoluta que perfectamente puede ser terminal. Al mismo tiempo el actual Gobierno derechista impulsa una reforma al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) que se supone gira alrededor de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). La tesis transversal es que aquella no está funcionando correctamente y adolece de graves falencias en su actuar y en su diseño, mas no hay consenso político sobre cómo resolver esta situación.

No ahondaremos como tal en la crisis de la ANI o de Carabineros, ya que todo el proceso político y social abierto en los años pasados, sobre todo a partir de octubre de 2019 hasta la fecha la expresa, sino que intentaremos dar luces sobre una posible solución desde la izquierda.

Así, creemos que quienes nos paramos desde esta vereda política, si bien entendemos que la inseguridad y la discriminación en nuestro pueblo es fruto de un problema estructural de fondo, debemos ser capaces de diseñar una propuesta para que hoy se combata la profundización de la militarización de la prevención del delito y el orden público, al tiempo que superamos las tendencias derechistas y centristas que buscan “liberar” al sistema de inteligencia y policial de controles civiles, parlamentarios y judiciales, construyendo un sistema de seguridad e inteligencia que esté bajo control y supervisión civil, profesional, eficiente y absolutamente respetuoso de los DD.HH. que pueda responder correctamente a las necesidades actuales del país.

Hacia una Policía Nacional de carácter civil

Nuestro modelo policial basado en una policía civil investigativa, y una policía militarizada con múltiples funciones, ha llegado a un límite en el que ya no cuenta con el respaldo de la ciudadanía, ni tampoco es capaz de responderle ni rendirle cuentas al poder civil, que a duras penas parece mantener algún grado de control sobre ella. Así las cosas, múltiples[1] voces han llamado a separar las funciones policiales del Ministerio del Interior, manteniendo a este como un Ministerio eminentemente político mientras se genera un Ministerio exclusivo para la seguridad ciudadana, que mantendría a las policías: la PDI y a una hipotéticamente refundada policía civil aparte (o una policía civil nacional unificada).

Así, esta grave crisis perfectamente podría ser la oportunidad de poner en cuestión el modelo completo de policía existente en el país, generando una policía civil unificada o dos policías civiles de diferente perfil profesional. Actualmente la Policía de Investigaciones tiene un enfoque, como lo dice su nombre, investigativo, de análisis. La Ley Orgánica de Investigaciones de Chile define sus funciones como: …”contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal; prestar la cooperación necesaria en cumplimiento de tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, incluyendo el intercambio de datos personales. Esta cooperación se ajustará a la legislación nacional en la materia y en ningún caso implicará la entrega de bases de datos nacionales ni el acceso directo a ellas por parte de los órganos de un Estado extranjero o de los órganos de una organización internacional, observando siempre lo dispuesto en la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, particularmente en lo relativo a la protección de los titulares de datos; controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional; adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar o salir de él; fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país, representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las leyes.[2] ”Además la PDI define sus funciones en su página web oficial, de acuerdo a la ley antes mencionada, de la siguiente manera: “En consecuencia, la Policía de Investigaciones es una institución de carácter civil, que tiene como función principal, pero no única, investigar y aclarar los delitos que ya han ocurrido, a fin de: “Establecer quiénes fueron sus participantes. Establecer las condiciones y circunstancias en que se originaron. Recolectar las evidencias y pruebas. Detener a las personas involucradas entregándolas a la justicia.”[3]

Carabineros de Chile, por su parte, es definida de la siguiente manera en el artículo 1° de su Ley Orgánica Constitucional, “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley.”[4] Mientras que en su artículo 3° menciona explícitamente su rol de policía preventiva, así como su facultad de llevar adelante las investigaciones que se le encomienden en sus propios laboratorios y organismos especializados, su rol de protección Presidencial y de altas autoridades nacionales y extranjeras, vigilancia de fronteras, cooperación en el cumplimiento de tratados internacionales y la fiscalización y control de quienes desarrollen vigilancias privadas. Por ende, queda explicitado su rol de prevención del delito, así como el de velar por el orden público, así como la seguridad interior, teniendo al mismo tiempo un carácter militar reconocido por la Constitución.

La propuesta sería generar un Ministerio de Seguridad Pública que pudiera articular las funciones preventivas e investigativas en una sola institución policial (o manteniendo dos instituciones hermanas) de carácter jerárquico, civil, no deliberante, profesional, respetuosa de los DD.HH.; es decir, una estructura que le sea capaz de desenvolverse plenamente en sus funciones y legitimada por evaluaciones y controles internos a través del mismo ministerio y demás poderes del Estado, liberándose así de los lastres que hoy carga Carabineros de Chile.

La ineficiencia por parte de Carabineros ha provocado una cantidad no menor de casos de violaciones a los DDHH y corrupción, evidenciado más que nunca después de octubre de 2019[5], y apoya la idea de que la función represiva y de mantención del orden público ha absorbido con creces la función preventiva, así como ha impedido el volverla una institución cercana a la población. Sumado a esto, existe un consenso en las propuestas del gobierno y de la Comisión de Reforma a Carabineros de que la falta de voluntad política y de capacitación y formación en el personal, tanto civil como policial en su conjunto, demuestran la incapacidad del actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de subordinar a Carabineros al poder civil y mantener la labor preventiva como una prioridad.

Una policía que no es capaz de evitar dañar sistemáticamente a quienes habitan en el país, además de no adecuarse a un debido mando civil, no solamente es un peligro para cada uno de nosotres, sino que para cualquier institución que diga cuidar la seguridad de cada persona. Es así como resalta la necesidad de contar con una institucionalidad que sea capaz de conducir políticamente, supervigilar y ejercer el control civil sobre una institución policial que termine por descomprimir el MISP, mantener a este como una cartera netamente política y permitir a un nuevo Ministerio de Seguridad Pública hacerse cargo y coordinar una policía civil con enfoque sobre la investigación y prevención del delito.

Creemos que es necesario separar las funciones policiales del Ministerio del Interior, y de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública que dirija una Institución unificada de Policía Nacional civil, profesional, con escalafón acorde a prevención e investigación, enraizada en los barrios, ciudades y regiones, a cargo de la seguridad local, familiar, tránsito, investigación del delito y a cargo de un laboratorio forense nacional. Dentro de las labores de este nuevo ministerio, el cuidado del orden público debe ser tan importante como el de los derechos fundamentales de los habitantes del país. Este enfoque, cruzado junto a la función preventiva, debe ser traspasado a esta nueva policía civil, especialmente en situación de protestas donde la institución policial debe encargarse de cuidar el derecho a la protesta y que esta logre desarrollarse sin interrupciones. Para esta labor, la coordinación constante con el nuevo cargo electo de Gobernador Regional debería ser imperativo. Solo donde se considere una situación de “sedición” es cuando el Ministerio de Seguridad del Estado, a explicarse más adelante, es cuando entraría en acción.

¿Un Ministerio de Seguridad del Estado?

Pero si levantamos un Ministerio de Seguridad Pública que dirija la policía civil, preventiva y de investigación ¿Qué hacemos con aquellas funciones que escapan a este rol? Aquí entra de lleno la Seguridad del Estado. Como dijimos, hoy está en entredicho la estructura completa del SIE al mismo tiempo que la institución que vela por la seguridad fronteriza, así como de la seguridad de las instituciones del Estado, su infraestructura, funcionamiento y personal, todas tareas de un tenor diferente al de la seguridad ciudadana está absolutamente deslegitimada y al borde del derrumbe.

Hay que diferenciar la institución que se encargue de estas funciones, ya que es diferente combatir el pequeño crimen al crimen organizado, el microtráfico al tráfico internacional de drogas o personas, así como el terrorismo a la prevención del delito, la violencia intrafamiliar o la seguridad comunitaria. Esto es importante ya que, por la fuerza de la costumbre, la tradición, la inercia institucional y el trabajo diario, distintas funciones crearán distintas maneras de analizar, ver y trabajar los problemas, generando contradicciones entre ambas. El peligro final es que una de las dimensiones de la institución devore a la otra, como en el caso actual de Carabineros, en el que el propio carácter militar de la institución y la hipertrofia del valor del orden público[6] hacen imposible generar una policía cercana a la gente, que pueda de verdad llevar adelante un trabajo comunitario enraizado en los barrios. La policía sigue siendo vista principalmente como la represión estatal, cuando no como una institución corrupta, violenta e injusta.

Es en esta contradicción en que entra la posibilidad de una institución diferente que se encargue de la seguridad estatal, estando hermanada al organismo central del SIE, dependiendo del mismo Ministerio. En concreto este ministerio tendría a su cargo al sistema de inteligencia y a Carabineros o a la institución que la reemplace, siendo las funciones de la última la protección de fronteras, guardia presidencial, custodia de infraestructura e instituciones del Estado Central, antiterrorismo, combate al crimen organizado, combate al tráfico de drogas y personas y demás peligros graves a la seguridad interna, pudiendo además ayudar a la ANI de ser necesario. Esta institución, si bien sería jerarquizada y militarizada, debe tener un departamento de Asuntos Internos, así como no tener barreras de ingreso que no sean de antecedentes. debe ser profesional, con activas políticas de género transversales a toda la Institución, con formación permanente, de excelencia y con ingreso gratuito, así como escalafón único. Por otro lado, las funciones de la ANI, organismo ancla del SIE, y la que estaría directamente subordinada al ministerio, sería encarnar a la Inteligencia Civil a través de la realización de inteligencia interna y externa para promover la seguridad del Estado en sus distintos tipos: Inteligencia Humana (Humint), Inteligencia de señales (SIGINT), de Fuentes Abiertas (Osint), de Imágenes (Imint), etc. así como contrainteligencia, seguridad informática, cibernética y la proyección de los intereses del país al extranjero. Se debe incluir dentro del proceso de Inteligencia la búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, análisis, tratamiento y almacenamiento de datos e información, teniendo entonces capacidad operativa propia, sin necesidad de solicitar agentes a las policías.

Por supuesto que se subentiende que el SIE debe ser reformado, con tal de que pueda convertirse en un sistema que funcione realmente, realice inteligencia, y al mismo tiempo respete los DD.HH., responda a la autoridad civil y a la justicia cuando corresponda. Una de las ventajas de fortalecer el sistema de inteligencia civil, al que se subordina el de las FF.AA. es que permite a estas últimas centrarse en sus áreas profesionales estrictamente militares, contrarrestando la tendencia de la derecha hacia la militarización del orden público y la “policialización” de los militares. Pero la ventaja definitiva tiene que ver con permitir una independencia con respecto a la Inteligencia Militar, ya que mientras más débil sea la inteligencia civil, más poderosa (y necesaria) se vuelve su contraparte militar, ya que las necesidades de inteligencia no desaparecen por no existir un organismo civil que las satisfaga. La reforma de inteligencia entonces apuntaría a fortalecer el SIE como comunidad de Inteligencia, con un Director Nacional de Inteligencia que centralizaría las labores y dirigiría globalmente al conjunto del SIE, que estaría centrado en la ANI, y subordinaría a las inteligencias de las FF.AA., policiales y demás instituciones incluidas en él.

El problema de la propuesta de reforma del Gobierno no es tanto que fortalezca a la ANI, si no que no la termina de convertir en una agencia de inteligencia como se las entiende en el mundo y debilita la supervisión civil. Esto pues si bien en la reforma se amplía la concepción de Inteligencia, la ANI continuaría dependiendo en lo operativo de las policías, y no tiene un desarrollo institucional que le permita llevar adelante, por sí misma, todas las diferentes tareas de inteligencia, ni tampoco fortalece debidamente el control desde el Congreso nacional ni institucionales propios como con una Oficina de Inspector General autónomo que vele por el cumplimiento de la ley. Al final, continúa viéndose a la ANI casi como un simple grupo de expertos que analiza fuentes abiertas, dejando demasiadas tareas a las Fuerzas Armadas y de Orden.

Por su parte, Carabineros, o la nueva institución, pasaría a ser la institución de seguridad del Estado encargada de las tareas antes mencionadas y tendría capacidad operativa y un carácter diferente al de las policías. Sus tareas y objetivos no estarían ancladas en la prevención del crimen ni en lo local, pues serían de carácter eminentemente nacional. Si bien puede ser de carácter militarizado, no contaría con justicia militar aparte, y su funcionamiento debe estar supervisado por comisiones parlamentarias específicas, por ejemplo, una Comisión de Seguridad del Estado separada de Defensa, que supervise al SIE y a Carabineros.

Todo este gran proceso de cambio y de una profunda reforma al sistema de seguridad y orden público del país debe darse en conjunto con el Sistema de Inteligencia del Estado. Si bien son dos procesos de gran envergadura y con discusiones propias por detrás, no pueden desarrollarse si no están en un constante diálogo. Un proceso no puede entenderse sin el otro, especialmente si hablamos de la desmilitarización del orden público y el sistema de inteligencia.

Las medidas que proponemos apuntan a la creación de dos Ministerios de seguridad diferenciados, para distinguir tipos de seguridad de distinto carácter, y así permitir que ambas se desarrollen sin que una opaque a la otra. La idea es poder desmilitarizar tanto la prevención e investigación del crimen, como el orden público, fortaleciendo a la policía civil en una verdadera y única Policía Nacional profesional, democrática y que no esté subordinada a los intereses de la oligarquía, que adopte las tareas de la actual Policía de Investigaciones, y las tareas de Carabineros que no estén involucradas en la Seguridad del Estado. En cuanto a esta última, la idea es mantener una fuerza que sea capaz de mantener la seguridad del Estado y combatir al crimen organizado, al gran narcotráfico, mantener a raya a organismos de inteligencia extranjeros, proteger la frontera y dotar al Gobierno de la inteligencia necesaria para tomar decisiones y llevar adelante las políticas de Estado. Apuntamos a lograr esto a través de la reestructuración del Sistema de Inteligencia del Estado, el fortalecimiento de la Comunidad de Inteligencia, de la ANI, pero también de la vital supervisión democrática de estos organismos a través de Comisiones parlamentarias permanentes y especializadas, y con la eliminación de instancias como la Justicia Militar en los cuerpos policiales, sin dejar de lado, que se deben eliminar todos los filtros de clase en los ingresos, así como cualquier elemento ideológico que busque que quienes integren las instituciones de seguridad estén impulsados por querer atarlas a los intereses de la oligarquía por sobre los intereses del país.

Todo país necesita policías e inteligencia, pero las necesita respetuosas de los DD.HH. las leyes y la Constitución, así como democráticas y eficientes. No podemos permitir la opacidad existente hoy en día, la militarización del orden público, la oligarquización de su uso y el papelón absurdo y vergonzoso de los sistemas de inteligencia del país.

Notas

[1] Senadores, académicos y expertos en seguridad entregan propuesta al Gobierno para reformar Carabineros: https://www.24horas.cl/nacional/senadores-academicos-y-expertos-en-seguridad-entregan-propuesta-al-gobierno-para-reformar-carabineros-3905562

[2] Ley Orgánica de Investigaciones de Chile Núm. 2.460, vista en:   https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6926

[3] Policía de Investigaciones de Chile – Nuestra Misión, visto en: https://pdichile.cl/instituci%C3%B3n/nosotros/nuestra-misi%C3%B3n-visi%C3%B3n

[4]  Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30329

[5] Balance INDH a un año del estallido: Carabineros concentra el 93% de las querellas por violaciones a los DD.HH: https://radio.uchile.cl/2020/10/16/balance-indh-a-un-ano-del-estallido-carabineros-concentra-el-93-de-las-querellas-por-violaciones-a-los-dd-hh/

[6] Carabineros de Chile: ¿Modernización o Reforma?”, INAP, Universidad de Chile, 2020: http://www.inap.uchile.cl/noticias/169345/informe-del-inap-propone-ocho-ejes-claves-para-reforma-a-carabineros