Cuando se dice que la participación provocará que los mismos burócratas, parlamentarios y partidos políticos de dudosa probidad sean quienes redacten la constitución, se hace notable la coincidencia de argumentos con la opción del “rechazo”. Aquí está en juego la idea con que nos representamos precisamente a las organizaciones ciudadanas y de trabajadores ya que en este argumento se presume una inclinación de la población a ser manipulados e instrumentalizados por los aparatos partidistas. Justamente aquí encontramos una contradicción entre, por un lado, la confianza en la organización autónoma de pobladores y trabajadores y, por otro, la desconfianza en su juicio cuando se trata del poder persuasivo de los políticos, sus partidos y sus recursos discursivos.

por Luis Velarde F.

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Las discusiones que se dan en torno al plebiscito de octubre dentro del mundo de la izquierda y los diversos colectivos que participan como sujetos en este horizonte ideológico, han derivado en posturas en abierta contraposición, sobre todo allí donde las opciones se restringen a validar o no el proceso. En este sentido, la declaración de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores resulta un ejemplo de claridad ideológica respecto del estatuto que tiene el 25 de octubre para la clase trabajadora, como también en cierta medida para otros movimientos sociales de perspectivas emancipatorias. Quisiera, no obstante, desarrollar algunos puntos acerca de los posibles significados que tiene el plebiscito al que nos enfrentamos.

Uno de los argumentos que se esgrimen para rechazar la validez del plebiscito consiste en algo más o menos conocido: si votamos, estamos legitimando un acuerdo espurio de la casta político-burocrática, cuyos integrantes han estado al servicio de la dominación económica y social actual e incluso en calidad de cómplices de la represión y la violación de los derechos humanos, sea que este vínculo se conciba inherente o voluntario. Sin embargo, creemos que es justo considerar un aspecto pragmático en este punto. El poder del Estado y sus órganos no son sólo un conjunto de prácticas determinadas por relaciones de clase y en función de la mediación entre éstas, sino que, debido precisamente a esto, encierra también acciones que tienen impacto directo e indirecto en la vida de cada integrante del país, incluso si es residente extranjero. En otras palabras, el Estado no sólo replica la sustancia social a la cual debe su existencia en calidad de estructura, sino que también se encuentra animado por voluntades colectivas que determinan las acciones que pueden ejecutarse a partir de dicha estructura, la cual puede, en determinadas circunstancias, entrañar contradicciones con su contenido. Pero más importante aún que este razonamiento meramente conceptual, lo que ha visto nuestra sociedad es que la legitimidad de las instituciones estatales de la democracia burguesa dependen suficientemente de los procedimientos, relegando sólo a materia de análisis, en el mejor de los casos, asuntos como el grado de participación de la población en las votaciones, el contenido de los programas políticos o incluso el impacto real que tenga la elección de un candidato u otro toda vez que no existe mayor obligación práctica respecto de los programas propuestos en las candidaturas. En efecto, aunque la representatividad de quienes son elegidos en votaciones se encuentra evidentemente debilitada, éstos operan en los cargos de diputados, senadores, etc. únicamente a partir de la legitimidad que les confiere el procedimiento electoral. De manera tal que estos mismos individuos y los colectivos de los que forman parte inciden en la leyes que nos rigen, votan sobre el salario mínimo, legislan sobre iniciativas medioambientales, sobre libertades sexuales y reconocimiento de pueblos originarios, con la misma soltura de quien representa a una gran mayoría, cuando no actúan como si su investidura les hubiera sido provista por la naturaleza o dios mismo, como es en el caso de las familias políticas.

De lo anterior se desprende no solo una conclusión teórica sobre la naturaleza del sistema político del capitalismo en Chile, sino, como anticipamos, una de índole pragmática, esto es: restarnos de la votación carece de impacto político, mientras que las posibilidades de acción que se obtienen a partir del aparato estatal no se pueden desdeñar, sobre todo debido a la urgencia de medidas concretas que impactan en la vida de chilenos y residentes en nuestro país, sea su salario, su acceso a vivienda, las condiciones medioambientales, reconocimiento, etc. Desde luego, la totalidad de los asuntos sociales que conforman las preocupaciones de la clase trabajadora no podrá asumirse en los márgenes de las acciones estatales o parlamentarias, tanto más cuanto se trata de algo que está más allá de la asistencia social, procedimiento típico de la socialdemocracia neoliberal, sino que tiene que ver con un modo de vida y cooperación distintos, regidos por una lógica ajena al capitalismo. Esto último, nos lleva a la segunda consideración que quisiera comentar aquí.

Tiene que ver con la consigna “yo no voto, me organizo”. Esta postura supone una relación excluyente de las opciones mentadas. Por su puesto, el eslogan esconde una concepción con mayor base y desarrollo. En el fondo, sin embargo, se encuentra la idea de que los políticos son una casta que no puede dirigir las iniciativas populares. La única pureza consecuente se encontraría en el distanciamiento de toda organización parlamentarista que participe del sistema político. Pero sospecho que esta autoexclusión de la institucionalidad vigente encierra nociones ideológicas y teóricas que no están exentas de crítica, más allá, claro, del afán de autenticidad revolucionaria. Aunque debe valorarse el desarrollo cultural y la independencia ideológica de la clase trabajadora, la configuración de su poder político basado en su posición específica dentro del metabolismo social, su lugar en la producción y reproducción de la existencia social, no necesita restringirse a dinámicas que se generen al margen y en paralelo con la institucionalidad. Y si bien esta institucionalidad es expresión de relaciones de producción capitalistas, corremos el riesgo de caer en una reducción mecánica y economicista si suponemos un vínculo sin solución de continuidad entre las esferas económica y política, es decir, imaginar que estas instituciones carecen de autonomía relativa, desconociendo de esta forma que justamente debido a que son expresión de relaciones de producción atravesadas por la lucha de clases, tienen un carácter contradictorio. En pocas palabras, la institucionalidad burguesa no es sin más un instrumento económico de la clase propietaria, incluyendo sus insustanciales procedimientos electorales. Desde el momento en que el vínculo sanguíneo dejó de ejercer una doble función, política y económica, la evolución de la sociedad burguesa ha requerido erigir sobre la sociedad civil, entre otros campos, uno determinado exclusivamente por su función política. Desde luego, esta misma escisión obedece a las condiciones materiales de producción, pero a menos que se superen radicalmente estas condiciones, la clase trabajadora deberá lidiar con el problema de la burocracia en distintas regiones de su organización.

Sobre este punto, por último, cabe advertir que existe un encuentro entre el desprecio por las votaciones de octubre y su sobrevaloración. El sistema no será radicalmente alterado por modificaciones en su superestructura política, ya sea bajo el supuesto de que mediante una nueva constitución, independiente de su origen, se puede refundar el sistema capitalista sin una profunda remoción de sus bases materiales, como bajo el supuesto contrario de que la concurrencia de la población trabajadora en estas votaciones conlleva la validación del sistema, como si éste dependiera en efecto de dicha concurrencia. Pero todavía peor, cuando se dice que la participación provocará que los mismos burócratas, parlamentarios y partidos políticos de dudosa probidad sean quienes redacten la constitución, se hace notable la coincidencia de argumentos con la opción del “rechazo”. Aquí está en juego la idea con que nos representamos precisamente a las organizaciones ciudadanas y de trabajadores ya que en este argumento se presume una inclinación de la población a ser manipulados e instrumentalizados por los aparatos partidistas. Justamente aquí encontramos una contradicción entre, por un lado, la confianza en la organización autónoma de pobladores y trabajadores y, por otro, la desconfianza en su juicio cuando se trata del poder persuasivo de los políticos, sus partidos y sus recursos discursivos.

Sin embargo, con este texto no pretendo hacer una defensa de la institucionalidad. Solo notar que el radicalismo consiste en algo más que una irrestricta postura negativa, antes bien, como decía Marx, tiene que ver con tomar las cosas por su raíz y esto implica una comprensión de la complejidad, multilateralidad y dialéctica de los procesos sociales. En este caso, considerando lo que he intentado exponer antes, podemos sostener que los trabajadores no deben marginarse de este proceso, antes bien deben intervenir en él, pugnando por que las acciones que posibilita este estrecho marco en el campo político favorezca sus intereses. Junto con ello, por cierto, la organización de la clase trabajadora debe continuar con su desarrollo a fin de consolidar su autonomía ideológica y práctica. Precisamente con relación a esta idea quisiera finalizar apuntando algo sobre el aporte que puede tener este proceso plebiscitario.

Una táctica del sindicalismo revolucionario ha consistido en participar de toda iniciativa que favorezca a los trabajadores en una coyuntura dada, intentando extremar las posiciones de los agentes en conflicto. La idea que anima esta táctica no se limita a un cálculo de las reivindicaciones que pueden alcanzarse en la lucha dentro de la empresa capitalista, sino en una ganancia de índole simbólica, algo que se ha llamado clásicamente conciencia de clase. Conforme a esta idea, los trabajadores afinan su conciencia justamente en la práctica de lucha con el poder del capitalista, en cada victoria y derrota del sindicato de trabajadores existe un excedente cultural, el fortalecimiento de la identidad y conciencia de la clase trabajadora, una verdadera antesala práctica de la lucha política de clase. En este sentido pienso que este proceso constitucional que por fuerza influirá en los temas, los géneros discursivos, el bagaje terminológico y conceptual, en suma, en la palabra como “arena de la lucha de clases” (Voloshinov 47);1 este proceso, digo, puede coadyuvar al desarrollo de la conciencia de clase, en la medida en que pone en primer plano no solo elementos discursivos, ideológicos, sino que también evidencia la necesidad de organización y toma de posición del mundo popular en torno a las posibilidades de superación de los límites impuestos por el capitalismo a la convivencia política, social y cultural de los seres humanos. En otras palabras, al igual que la lucha sindical revela los límites de la estructura capitalista en relación con los intereses y metas de la clase trabajadora en la esfera productiva, la lucha política y las discusiones que promueva este proceso de cambio constitucional revelará los límites que impone la democracia burguesa a las aspiraciones emancipatorias del movimiento popular y de clase.

Notas