No obstante, los cálculos electorales con los cuales se justifica como una necesidad aglutinar a toda la oposición poco nos dice sobre las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena en su relación con la política, y cómo dichos cambios influencian posibles resultados electorales. Los próximos procesos electorales son al mismo tiempo las elecciones con mayores grados de incertidumbre, al menos por dos razones: Primero, y quizás lo más relevante, es que cualquier predicción electoral en base a resultados pasados debe asumir, con cierto grado de certeza, un determinado nivel de participación electoral, la cual en el caso chileno ha venido sistemáticamente a la baja. No obstante, el efecto combinado de una profunda brecha entre política y sociedad larvada durante décadas, las secuelas del estallido social de octubre, el mal manejo del gobierno ante la crisis sanitaria y las expectativas derivadas del proceso constituyente, hacen imposible vaticinar cuánta gente participará en las próximas elecciones. Por un lado, observando las encuestas que han circulado en los últimos meses es esperable que la participación aumente en comparación a los comicios pasados, incluso considerando la tendencia de los encuestados a responder afirmativamente a la pregunta de si irán a votar o no. Por el otro, el peligro real a contagiarse al momento de concurrir a votar es un fuerte desincentivo a la participación en un contexto donde el gobierno no ofrece garantías.

por Juan P. Orrego

Imagen / Oposición celebra aprobación del retiro del 10% de las AFP. Fuente: Flickr.

En las últimas semanas distintos sectores de la oposición han instalado con fuerza la idea de configurar una alianza amplia de fuerzas progresistas y de izquierda de cara a los próximos procesos electorales. En dicho contexto, el sábado 11 de julio las organizaciones que todavía componen al Frente Amplio definieron abrir la coalición a sectores que recientemente quebraron con el Partido Socialista, pero sin dirimir todavía los límites y orientaciones de un eventual marco de alianzas electorales ni las prioridades políticas que deben guiar al conglomerado[1]. De esta manera, ante la ausencia de un debate de fondo en torno a cómo construir un proyecto alternativo a los 30 años de gobernabilidad concertacionista, la izquierda nuevamente se encuentra presionada para aceptar una unidad en clave electoral a riesgo de, supuestamente, hacerle el juego a la derecha. Este texto tiene el propósito de cuestionar algunos de los argumentos planteados para justificar la configuración de una alianza amplia de fuerzas opositoras, al menos en la forma en que se han presentado en distintos medios, al mismo tiempo que busca resituar el debate dentro de la izquierda más allá del cortoplacismo electoral.

Al respecto, tres han sido los argumentos por medio de los cuales se justifica la conformación de una gran alianza progresista. En primer lugar, desde sectores de la exConcertación se advierte sobre los peligros de la izquierdización, principalmente echando mano a la clásica teoría del votante mediano y a los malos resultados electorales de la izquierda radical en otros países, como una forma de abogar por la unidad entre la izquierda y el centro político. En segundo lugar, se plantea que existe una necesidad electoral de aglutinar a todas las fuerzas de oposición como condición para sacar a la derecha del gobierno, dada la penalización electoral de concurrir a los comicios de manera disgregada frente a un oficialismo que se presenta unido. Y, finalmente, se han minimizado las diferencias existentes entre las distintas fuerzas opositoras, relegando la tarea de construir unidad política a un eventual gobierno progresista, lo cual se sitúa como la prioridad del momento (y de todo momento).

Sobre el primer argumento, quienes abogan en contra de la izquierdización de las fuerzas opositoras se basan en la supuesta existencia de un centro político pragmático cuya representación quedaría huérfana ante la radicalización de la izquierda. Estos argumentos también encuentran asidero en el explosivo aumento de los sectores que no se identifican con ninguna ideología política en particular, los cuales para finales de 2019 llegaron a constituir aproximadamente el 63% de la población mayor de edad. Por su parte, quienes se ubican en el centro, la centro izquierda o centro derecha, constituyen cerca del 15% de la población dependiendo de la encuesta, lo cual deja a la izquierda política con poco más de un 9% de representatividad[2].

No obstante, la desidentificación política y la existencia de una mayoría de personas que se posicionan cercanas al centro poco nos dice sobre el respaldo de dichos sectores a proyectos más o menos radicales. Por el contrario, los pocos datos disponibles post estallido social nos hablan de un descontento generalizado con las políticas implementadas en las últimas décadas que cruza todo el espectro político y sobre la existencia de una mayoría sustantiva que respalda reformas en distintos ámbitos. Por ejemplo, acorde con la primera ola de la encuesta Termómetro Social, cuyo muestreo fue levantado en el marco del estallido social, se evidencia un amplio respaldo a la implementación de reformas en educación (93,5%), en el sistema tributario (81,5%), sistema laboral (92,2%), el sistema de salud (95,2%), pensiones (95,5%) y la redacción de una nueva Constitución (80,3%)[3]. De esta manera, no es posible asociar mecánicamente posiciones políticas declaradas con proyectos específicos más o menos radicales y, por el contrario, la prioridad para las fuerzas de cambio debería situarse en construir un proyecto político que exprese el malestar mayoritario acumulado (más allá de cómo se identifiqué).

Por otro lado, los sectores que encienden las alarmas sobre la radicalización de la oposición también apelan a los malos resultados electorales que ha obtenido la izquierda radical a nivel internacional, siendo dos de los ejemplos más mencionados el laborismo británico bajo la conducción de Corbyn y los últimos resultados electorales de Podemos. En ambos casos, es efectivo que los resultados electorales han sido negativos. Corbyn, por ejemplo, debió renunciar como líder del Partido Laborista después de los pobres resultados electorales en las elecciones de 2019, después de las cuales el número de representantes laboristas en la Cámara de los comunes descendió en 60 escaños. Por su parte, Podemos ha experimentado una baja sostenida en su votación que actualmente la sitúa como la cuarta formación de España, por detrás de la extrema derecha representada por VOX. Sin embargo, la trampa de dicha argumentación consiste en trasplantar mecánicamente la experiencia de la izquierda internacional al escenario chileno sin reparar en las enormes diferencias que existen entre cada escenario político.

En concreto, los malos resultados del laborismo se explican por sobre todo por la indefinición del partido de Corbyn en torno al Brexit, el cual a su vez se explica por la misma indefinición sobre la relación entre el Reino Unido y el resto de Europa en las bases del Partido Laborista. Por otro lado, el progresivo descenso electoral de Podemos es inexplicable sin considerar el remezón que ha significado el recrudecimiento del clivaje nacional en España, con el movimiento independentista catalán, los conflictos internos al interior de Podemos con la salida de varios de sus fundadores, incluyendo al propio Errejón, como la renovación de los liderazgos y figuras dentro del PSOE con el ascenso de Pedro Sánchez. En ambos casos, existe poca evidencia para sostener como un hecho que el desempeño electoral de Podemos y el Partido Laborista se explica por su supuesta radicalización. Por otro lado, otro caso relevante a mencionar corresponde a SYRIZA en Grecia, fuerza política que contradictoriamente llegó al gobierno con un discurso radical de ruptura con las políticas de austeridad impuestas por la Troika europea, pero que una vez en el poder rompió con su ala izquierdista y moderó sus posturas para luego perder en las elecciones generales de 2019 ante la derechista Nueva Democracia[4]. De esta manera, tanto los peligros de la radicalización de la izquierda como el supuesto abandono del centro político son argumentos que, al menos en la forma en que se han planteado por distintos sectores del progresismo, necesitan de una mayor revisión a la luz de las transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena.

En segundo lugar, es innegable que si uno observa los últimos resultados electorales se vuelve evidente el costo de concurrir de manera disgregada a las próximas elecciones, incluyendo la elección de constituyentes y las elecciones parlamentarias y presidenciales. Este costo se expresa tanto en la supuesta penalización por parte de los votantes a las fuerzas que optan por competir entre ellas (siendo los casos más mencionados la competencia entre Marco Enríquez Ominami y Eduardo Frei en 2009 y la misma disputa entre el Frente Amplio y Fuerza de la Mayoría en 2017) como en el subsidio medido en cargos obtenidos que reciben las fuerzas que concurren de manera unificada.

No obstante, los cálculos electorales con los cuales se justifica como una necesidad aglutinar a toda la oposición poco nos dice sobre las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena en su relación con la política, y como dichos cambios influencian posibles resultados electorales. Los próximos procesos electorales son al mismo tiempo las elecciones con mayores grados de incertidumbre, al menos por dos razones: Primero, y quizás lo más relevante, es que cualquier predicción electoral en base a resultados pasados debe asumir, con cierto grado de certeza, un determinado nivel de participación electoral, la cual en el caso chileno ha venido sistemáticamente a la baja. No obstante, el efecto combinado de una profunda brecha entre política y sociedad larvada durante décadas, las secuelas del estallido social de octubre, el mal manejo del gobierno ante la crisis sanitaria y las expectativas derivadas del proceso constituyente, hacen imposible vaticinar cuanta gente participará en las próximas elecciones. Por un lado, observando las encuestas que han circulado en los últimos meses es esperable que la participación aumente en comparación a los comicios pasados, incluso considerando la tendencia de los encuestados a responder afirmativamente a la pregunta de si irán a votar o no. Por el otro, el peligro real a contagiarse al momento de concurrir a votar es un fuerte desincentivo a la participación en un contexto donde el gobierno no ofrece garantías.

Segundo, debido a la extrema distancia entre partidos políticos, institucionalidad y ciudadanía, existe un costo asociado para las fuerzas emergentes al momento de asociarse con las principales organizaciones de la centroizquierda que gobernaron el país durante 24 de los últimos 30 años. A pesar de que la izquierda no está exenta de las críticas recibidas hacia toda la clase política a raíz del estallido, todavía se presenta como un sector diferente al progresismo aglutinado en Convergencia Progresista. De esta forma, sumar siglas partidarias en un contexto de extrema desafección política y en un marco de creciente movilización y nuevas formas de sociabilidad, poco contribuye a la conformación de mayorías sociales y, en el contexto actual, tampoco asegura la conformación de mayorías electorales. Por el contrario, para las fuerzas alternativas es costoso asociarse con las principales fuerzas políticas que administraron la transición y el modelo neoliberal a riesgo de desdibujarse todavía más entre las opciones existentes.

Finalmente, varios sectores dentro de la centroizquierda hacen llamados a la unidad (electoral) dentro de la oposición dando como ejemplos aquellas instancias donde una correcta coordinación de la oposición ha permitido avanzar en reformas claves. Sin esconderlo, el mundo concertacionista invita a priorizar la unidad electoral en el corto plazo por sobre la construcción de unidad política y la discusión en torno a un proyecto alternativo de país, la cual es secundaria y puede ser abordada una vez conquistado un hipotético gobierno progresista. Priorizar la captura del gobierno y el Estado no es una novedad por parte de los partidos de la centroizquierda. Sin ir más lejos, existe una amplia literatura relacionada con la progresiva asimilación de los partidos políticos con la administración pública del Estado y el paralelo quiebre con la sociedad civil y sus organizaciones. Dicho proceso se ha denominado cartelización por la tendencia de los partidos a comportarse como carteles que a través de distintos acuerdos aseguran su participación dentro del Estado y ha sido especialmente evidente en el caso de los partidos de la izquierda tradicional (Biezen y Poguntke 2014; Katz y Mair 1995). No obstante, las diferencias entre las fuerzas de izquierda alternativas a la Concertación y el progresismo nacional no son superficiales y se expresan tanto en la valoración de lo que fue la transición chilena, el modelo económico, qué entendemos por un derecho social y, en general, en la relación que debe constituirse entre política y sociedad.

En otras palabras, no existe un proyecto común entre la oposición, independiente que existan oposiciones comunes, y mínimas, a un gobierno de derecha que ha cruzado varios limites democráticos. Incluso en el ámbito de una alianza mucho más reducida como la de la Nueva Mayoría, las diferencias existentes entre el bacheletismo y la vieja guardia concertacionista rápidamente hicieron naufragar cualquier posibilidad de cambio. De esta manera, y asumiendo que los supuestos electorales subyacentes se cumplen, aglutinar a las organizaciones de oposición en el mismo bloque puede asegurar un mejor resultado electoral, pero no asegura que el gobierno emergente sea capaz de canalizar y materializar las demandas sociales levantadas por la sociedad durante décadas. Más aún, lo dificulta.

El panorama social chileno se caracteriza por una creciente movilización social, una igualmente creciente distancia entre partidos y ciudadanía, y la consolidación de una mayoría social proclive a respaldar reformas sociales y políticas. En miras a construir un proyecto alternativo la izquierda debe, en primer lugar, asumir y comprender las nuevas formas de organización y movilización social, las cuales escapan, e incluso se oponen, a las dinámicas de los partidos constituidos.

A modo de cierre, este texto no tiene por propósito abogar por un marco de alianzas en específico ni oponerse a cualquier forma de entendimiento dentro de la oposición. Por el contrario, la coordinación entre las fuerzas opositoras es más urgente que nunca ante un gobierno atrincherado en la defensa del modelo y que constantemente busca cancelar el debate democrático. De ahí, por ejemplo, que sea necesario llegar a acuerdos con el fin de no facilitar una victoria electoral del oficialismo en las eventuales elecciones a constituyentes. De igual forma, en este texto tampoco se intenta restar importancia a la necesidad de un posible gobierno “transformador”. No obstante, la mera sumatoria de partidos poco ayuda ampliar las bases  sociales de la política, asumiendo que ese es uno de los sentidos de haber levantado un nuevo conglomerado que se propuso competir con los partidos de la Nueva Mayoría. Nuevamente, el tema de fondo son las diferencias políticas y los intereses no declarados entre las distintas fuerzas. El largo lastre de la cartelización de los partidos de izquierda y la incapacidad de construir y pensar la política por fuera del Estado nos lleva a poner por encima de cualquier proyecto de transformación de largo plazo la necesidad inmediata de volver a ser gobierno, incluso a costa del mismo proyecto de transformación. El origen del estallido de Octubre y la pérdida total de confianza en la política también se explican por la incapacidad de las fuerzas políticas tradicionales y nuevas de ofrecer un proyecto histórico de país que repiense el Estado, el modelo de desarrollo y la relación entre política y ciudadanía. De esta manera, la premura de conformar alianzas electorales y minimizar los debates de fondo solo consolida el proceso de decadencia de la política y torpedea la posibilidad de abrir un nuevo ciclo político. Quizás el principal peligro para la izquierda emergente sea rendir su último atisbo de autonomía política frente a los partidos que administraron y profundizaron el neoliberalismo en Chile y terminar siendo otra fuerza más dentro de múltiples opciones con chapa progresista. En otras palabras, “más de lo mismo”. Es por estas razones que quienes defienden una unidad amplia entre las fuerzas opositoras sin un proyecto político de sociedad claro deberían, como punto de partida, responder algunas preguntas básicas para iniciar un debate transparente y, por sobre todo, honesto dentro de la oposición: ¿Unidad para qué? ¿Unidad para quienes?

[1] El Mostrador, 11/07/2020. (https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2020/07/11/frente-amplio-define-marco-para-politica-de-alianzas-este-fin-de-semana/)

[2] Ver Encuesta CEP n°84. Diciembre de 2019. (https://www.cepchile.cl/cep/encuestas-cep/encuestas-2009-2018/estudio-nacional-de-opinion-publica-n-84-diciembre-2019)

[3] Encuesta Termómetro Social. Se suman categorías “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” (https://www.microdatos.cl/termometrosocial)

[4] Para profundizar en el análisis sobre la derrota electoral de SYRIZA ver la reflexión de Gary Younge “Syriza’s defeat shows the left needs a plan to hold on to power, not just win it”, publicada en The Guardian, julio de 2019. (https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/12/syriza-left-election)

Referencias

Biezen, Ingrid van, y Thomas Poguntke. 2014. “The decline of membership-based politics”. Party Politics 20(2).

Katz, Richard, y P. Mair. 1995. “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”. Party Politics 1(1): 5–28.