Me atrevo a plantear que la derrota va más allá del nivel estratégico, y tiene ribetes que pueden ser calificados como ideológicos –e incluso “espirituales”, aunque a parte del progresismo le genere ruido el concepto-: representa el fracaso del camino progresista por realizar transformaciones desde la institucionalidad y anclados fundamentalmente en las capas medias profesionales como punta de lanza de los cambios, dejando de lado el mecanismo de acumulación de fuerzas que caracterizó las dos décadas anteriores, concentrado en torno a la movilización social.
por Felipe Ramírez
Imagen / Días de indignación, Paulo Slachevsky. Fuente: Flickr
Los últimos tres años no han sido fáciles para la izquierda chilena, sea cual sea la sigla detrás de la cual levanten su proyecto, resultando muy difícil poder celebrar mucho luego de las derrotas estratégicas que hemos sufrido, en particular en el proceso constituyente y su acompañante, el auge de una derecha extremista articulada en torno al Partido Republicano.
Las elecciones municipales recién pasadas mostraron que existe una consolidación del voto republicano, más allá de que no les permita zanjar de manera inmediata su disputa con Chile Vamos por la primacía al interior del campo político de la derecha, lo que debería prender las alarmas en el campo de la izquierda y la centroizquierda, ya que, si bien se logró resistir, ello no es suficiente para recuperar la iniciativa e impulsar con fuerza un proyecto transformador.
Pero es precisamente respecto a ese último punto que deseo poner el acento en esta última ocasión en que Revista Rosa sirva como tribuna para un debate de estas características: la derrota estratégica sufrida para las posiciones progresistas durante este ciclo político, y la necesidad de rearticularse a partir de nuevas coordenadas, que permitan enfrentar un escenario caracterizado no sólo por una correlación de fuerzas adversa, sino fundamentalmente por un retroceso de las ideas de la izquierda a nivel social.
A ello se suma una degradación importante en las dinámicas de relaciones sociales que se dan entre la mayoría trabajadora, donde la precariedad de la vida y el aumento de la marginalidad se expresa desde hace tiempo en la violencia entre pares y la instalación del crimen organizado y el narcotráfico como factores de anomia en la sociedad y del debilitamiento del Estado como garante de bienestar y seguridad. Las y los chilenos se aíslan cada vez más en su círculo privado, el tejido social se debilita o desaparece, y el miedo y la desconfianza campean por doquier.
La aplastante derrota del 4 de septiembre revise, como comentábamos en algunas editoriales pasadas, representó el cierre de un ciclo político completo al implicar “el fin de una estrategia o al menos de una parte fundamental de la estrategia desplegada por la izquierda desde por lo menos 2014 con el paso al parlamento de los líderes del movimiento estudiantil. Se trata del esfuerzo político y social por cambiar la Constitución, la principal herencia de la Dictadura y columna vertebral del orden neoliberal”.[1]
Sin embargo, me atrevo a plantear que la derrota va más allá del nivel estratégico, y tiene ribetes que pueden ser calificados como ideológicos –e incluso “espirituales”, aunque a parte del progresismo le genere ruido el concepto-: representa el fracaso del camino progresista por realizar transformaciones desde la institucionalidad y anclados fundamentalmente en las capas medias profesionales como punta de lanza de los cambios, dejando de lado el mecanismo de acumulación de fuerzas que caracterizó las dos décadas anteriores, concentrado en torno a la movilización social.
Si bien en el largo período de reconstitución del movimiento social las luchas fueron fundamentalmente sectoriales, se logró establecer una línea argumentativa y política que permitía reunir las demandas estudiantiles, territoriales, sindicales, medioambientales y feministas en una crítica al neoliberalismo como componente central del modelo chileno, y ello fue lo que estalló en 2019: la frustración y la rabia ante las injusticias y las diferencias de clase exacerbadas por las contradicciones del sistema. Pasados cinco años desde ese momento, esas tensiones y contradicciones no han sido resueltas, pero el discurso de la alternativa progresista parece agotado, incapaz de reunir la fuerza política y social para realizar las transformaciones necesarias.
Al contrario, como decíamos en un comienzo, ante sus insuficiencias se cuela una reacción conservadora que busca reacomodar el neoliberalismo ofreciendo más de lo mismo: privatizaciones, precariedad de la vida, competencia, “sálvese quien pueda”. Conocemos el resultado de ello: marginalidad, violencia, una degradación de las condiciones de vida para la mayoría de la población, auge de subculturas que enaltecen el crimen organizado, el narcotráfico, la ley del más fuerte.
En un mundo en el que el trabajo formal es difícil de alcanzar y la informalidad abarca a amplias capas de la clase trabajadora, en donde la educación es de mala calidad y no ofrece mayores caminos de salida para la juventud ante el atractivo del “dinero fácil” y el respeto de las armas y el crimen – a menos que uno tenga plata para pagar un colegio privado-, donde la familia tradicional prácticamente no existe a pesar de las gárgaras de los conservadores de clase alta, la izquierda no representa una alternativa real, ni en la práctica de su gobierno visto por gran parte de los más pobres como ajeno y lejano, ni en expresión militante desde sus partidos –de la izquierda como del Socialismo Democrático-, casi desconocidos por la falta de su presencia en su día a día.
Lo cierto es que se nos acaba el tiempo. La discusión sobre seguridad que se ha desarrollado estos años lo deja claro, y cualquiera que haya hecho campaña estos últimos tiempos lo sabe perfectamente: las tensiones siguen acumulándose en las costuras de la sociedad chilena, y una revuelta como la del 2019 es perfectamente repetible mientras no seamos capaces de enfrentar las razones detrás de su estallido: las injusticias e insuficiencias estructurales de nuestro país.
En este sentido, la receta progresista ha demostrado no dar el ancho ni ser suficiente para el grado de cambios que se requieren. Necesitamos una economía que ofrezco trabajo seguro para las y los chilenos, acceso a niveles mínimos de servicios sociales dignos –salud, seguridad, educación, pensiones- que nos permitan competir en una economía global en plena transición golpeada por la pandemia y la rivalidad entre grandes potencias. Un Estado capaz de frenar el crimen organizado y brindar la seguridad necesaria para que la niñez y juventud de nuestro país pueda salir a la calle con tranquilidad, en donde la precariedad y la violencia no sean la regla sino la excepción entre las personas.
La derecha neoliberal tampoco es capaz de enfrentar el desafío: su naturaleza fundamentalmente oligárquica la hace anteponer sus intereses egoístas de clase a los intereses del país, exacerbando antes que solucionando los problemas que enfrentan las y los chilenos. Su impulso es maximizar las ganancias de quienes ya tienen el poder, no ayudar a quienes no lo tienen a compartir la riqueza socialmente producida, y lo han demostrado una y otra vez oponiéndose a iniciativas que podrían haber mejorado las condiciones de vida de las personas –basta recordar cuando en el peor momento de la pandemia ofrecieron un bono único de 60 mil pesos, abriendo la puerta al desastre de los retiros de fondos previsionales meses después-. Su desconfianza del Estado los hace pensar su relación con la sociedad basado solamente en el rol represor: su agenda de seguridad, completamente inútil para enfrentar al crimen organizado internacional, es botón de muestra de su atraso y miopía.
Llegados a este punto, me atrevo a reivindicar una izquierda de naturaleza nacional popular, cuyo norte sea aunar las voluntades políticas de una mayoría social en nuestro país en torno a un Plan de Desarrollo Nacional en el que el Estado cumpla un rol orientador, que se sustente en una activa movilización del mundo popular en torno a una agenda concreta de cambios enfocada en las necesidades más urgentes, y que sitúe al empresariado nacional un rol relevante en la inversión y levantamiento de iniciativas productivas junto al Estado y a las organizaciones de trabajadores, haciendo énfasis en la innovación, y la educación de nuestra juventud.
Para ello reimpulsar con fuerza el tejido social resulta fundamental: si queda una gran lección de este gobierno es que no hay cambios sin una fuerte movilización social impulsándolos, organizada, con una dirección clara, con menos maximalismos inorgánicos. Sin este componente estratégico, el carácter popular de la propuesta se diluye y correría riesgos evidentes de ser capturada por el empresariado u otros sectores sociales, por la inercia burocrática, o la oligarquía. La tarea es, finalmente, construir una hegemonía popular, afirmada en las y los trabajadores de Chile, para impulsar los cambios más urgentes en un mundo en crisis y transformación.
“Nadie da la vida por una piscina”, decía el personaje de una novela ambientada en la España de los años 30, y tenía razón. No hay agenda feminista, jornada de 40 horas o copago 0 en Fonasa, por más importantes que sean, que convenza a la población a apoyar cambios si no ofrecen en conjunto, de forma coherente y creíble, un nuevo Chile en el que quepan todos sus hijos, hijas e hijes, que se haga cargo de la realidad de sus zonas urbanas y rurales, y que superando las limitaciones actuales de la correlación de fuerzas, sienta las bases para una transformación cada vez más profunda hacia ese socialismo que soñamos, pero que debemos comenzar a construir desde hoy.
Referencias
[1] Editorial #18 Nuevo ciclo, nuevos aprendizajes populares.
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
