El caso Monsalve: Entre la irresponsabilidad del Socialismo Democrático y los errores estratégicos de La Moneda

Se ha dado el paradójico escenario de que a pesar de la gravedad de la situación y que el protagonista exclusivo de esta grave crisis sea militante del Partido Socialista, quien ha pagado los costos políticos ha sido el Frente Amplio y no las fuerzas de Socialismo Democrático (SD), y esto tiene dos responsables: el primero el propio Presidente Boric, quien decidió en un error garrafal involucrarse directamente y de manera confusa en el caso, protagonizando complicados despliegues comunicacionales incluso contra los consejos de sus propios asesores, y en segundo lugar, el Socialismo Democrático, que intenta por todos lados obviar su responsabilidad en los hechos.

por Alberto Espinoza

Imagen / Manuel Monsalve en el 23 Foro Parlamentario Asia Pacífico, 13 de enero 2015, Quito, Ecuador. Fuente.

En un escenario marcado por el inicio de la última etapa del gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric antes de las elecciones de 2025, no cabe duda que el llamado “Caso Monsalve” le ha generado gran daño a las fuerzas oficialistas, pero sobre todo al partido del mandatario, el Frente Amplio. Si bien esto puede ser atribuible a la gravedad misma de la denuncia y al involucrado, una importante figura del aparato de seguridad del Estado, lo cierto es que también obedece a los errores cometidos por el Presidente y su administración a la hora de manejar la situación.

Hasta la fecha, la estrategia del Gobierno ha sido encapsular el problema exclusivamente en la figura de Manuel Monsalve, evitando una revisión crítica de las condiciones materiales, los métodos de trabajo y los factores institucionales que facilitaron, o no previnieron, su comportamiento como Subsecretario del Interior. Esto, a pesar de ser una de las figuras más importantes en materia de seguridad del país, y por lo tanto, que mayor cuidado y resguardo debiera tener.

Este enfoque, al centrarse únicamente en la responsabilidad individual, simplifica el problema y pasa por alto las dinámicas estructurales que hicieron posibles los abusos de los cuales se encuentra acusado. Sin un análisis profundo y autocrítico de estas condiciones, el Gobierno corre el riesgo de perpetuar prácticas laborales deficientes, lo que podría derivar en nuevas crisis y en la repetición de estas situaciones a futuro, tomando en consideración lo sucedido previamente con Luis Hermosilla y el Caso Audios, y también con Ángela Vivanco en la Corte Suprema. Es crucial entonces que se establezcan estándares éticos claros para todas las autoridades y que estas medidas sean implementadas de manera transparente, asegurando que la ciudadanía confíe en el compromiso del Gobierno con la integridad institucional.

Pero por otro lado, se ha dado el paradójico escenario de que a pesar de la gravedad de la situación y que el protagonista exclusivo de esta grave crisis sea militante del Partido Socialista, quien ha pagado los costos políticos ha sido el Frente Amplio y no las fuerzas de Socialismo Democrático (SD), y esto tiene dos responsables: el primero el propio Presidente Boric, quien decidió en un error garrafal involucrarse directamente y de manera confusa en el caso, protagonizando complicados despliegues comunicacionales incluso contra los consejos de sus propios asesores, y en segundo lugar, el Socialismo Democrático, que intenta por todos lados obviar su responsabilidad en los hechos.

Haciendo un poco de historia, el PS y sus aliados de SD responsabilizaron pública y duramente a Revolución Democrática (RD) y al Frente Amplio (FA) por el comportamiento de sus militantes tras el estallido del caso convenios. El senador socialista Juan Luis Castro, por ejemplo, señaló que RD “está al debe de una explicación mayor”. Sin embargo, el Socialismo Democrático no ha asumido ninguna responsabilidad por el caso de Monsalve y se han lavado las manos de manera descarada, a pesar de que todo el círculo directamente involucrado pertenece a su propio conglomerado. Este doble estándar resulta problemático y debilita la credibilidad del discurso político.

Hay que recordar que durante 2024 los casos de corrupción en el Socialismo Democrático han sido recurrentes y preocupantes. Entre ellos destacan Boris Chamorro, alcalde de Coronel, procesado por corrupción; Juan Godoy, exalcalde de Rancagua, en prisión preventiva por malversación, fraude al fisco y otros delitos graves; Christopher White, alcalde de San Bernardo, cuestionado por irregularidades en la Corporación de Salud; Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado, cuestionado entre otras cosas por notable abandono de deberes, y Gervoy Paredes, exalcalde de Puerto Montt, destituido por notable abandono de deberes. A esto se suma el caso del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, cuyo desafuero ha sido solicitado por la fiscalía en el marco de una investigación por cohecho. Si esto no es un patrón, al menos amerita un cuestionamiento serio sobre la formación ética de sus militantes.

Es particularmente llamativo que, tanto durante el gobierno de Michelle Bachelet como en el actual, el Ministerio del Interior y su Subsecretaría hayan enfrentado casos de corrupción y manejo deficiente de crisis. En el gobierno de Bachelet, el caso Huracán expuso las falencias de Mahmud Aleuy, concluyendo con su inhabilitación como actor político. Ahora, menos de siete años después, otro militante socialista enfrenta una situación similar, con la posibilidad de un desenlace aún más grave. Este patrón recurrente evidencia una cultura política que, gobierno tras gobierno, reproduce las mismas dinámicas y consecuencias.

Pero los errores en el manejo de la crisis no terminaron ahí. Semanas después de la denuncia contra Monsalve, mujeres del Socialismo Democrático firmaron una carta en apoyo a Carolina Tohá, argumentando que ninguna mujer debería pagar por las conductas machistas de un hombre. Este enfoque refleja una desconexión entre la política y la realidad laboral. En ningún ámbito laboral, un jefe, sea cual sea su género, puede desentenderse de su responsabilidad jerárquica, y mucho menos justificarlo con argumentos como “no asumiré responsabilidad por un hombre”. Tohá no es una trabajadora vulnerable, sino una autoridad con poder que no ejerció su rol de supervisión. Sin embargo, este tipo de justificaciones prevalecieron en el “ecosistema de La Moneda”.

El gobierno de Gabriel Boric ha sostenido el relato de la transición basado en la separación de poderes, el respeto a las instituciones y la importancia de los consensos políticos. Sin embargo, casos como el de Hermosilla y el de Monsalve han evidenciado la vacuidad de este discurso, mostrando una falta permanente de respuestas que permitan frenar la repetición de este tipo de hechos. Más preocupante aún es la incapacidad de desarrollar un diagnóstico político distinto, lo que impide una comunicación política que se aleje de la lógica ”concertacionista”. Este enfoque reactivo limita al gobierno a gestionar crisis sin ofrecer respuestas transformadoras, perpetuando un status quo que carece de dirección estratégica.

La permanencia de Manuel Monsalve en su cargo tras la denuncia desató críticas hacia la idea de “gobierno feminista”, un concepto promovido por el Ejecutivo. A la luz de los hechos comentados, aunque existen iniciativas como los centros de cuidado, estas parecen ser acciones aisladas, carentes de un marco estratégico que brinde coherencia a las decisiones del gobierno y que presenten la idea de un gobierno feminista como algo más que una idea “woke”. Más que un proyecto integral, se presentan como respuestas puntuales usadas para justificar, de manera insuficiente, la noción de un gobierno feminista.

Finalmente, el silencio del movimiento feminista ante esta situación evidencia un retroceso hacia la falta de autonomía frente al Estado, un problema que parecía superado durante las últimas décadas de movilizaciones sociales. Este fenómeno, similar al vivido durante los años 90 con la Concertación, se repite ahora con el Frente Amplio, siendo un fenómeno que de todas maneras, se replica en otros movimientos sociales que tampoco han sido capaces de plantear agendas por fuera de lo que se discute entre el Ejecutivo y el Congreso. En lugar de asumir una postura crítica y actuar como contrapeso social frente al vacío estratégico del gobierno, el movimiento feminista optó por una crítica débil y poco movilizadora, limitada a señalar la falta de resguardo hacia una compañera. Esto refleja una desconexión entre las demandas sociales y la acción política, debilitando la capacidad de incidencia del feminismo en el debate público.

Si lo que se desea es enfrentar esta crisis fortaleciendo la confianza ciudadana, es urgente corregir el rumbo y dejar de tratar el problema como si fuera sólo una situación personal. Hay responsabilidades políticas e institucionales que se deben asumir para poder realizar los ajustes necesarios, bajo el riesgo no sólo de que los hechos se repitan, sino de que la ciudadanía termine profundizando su desconfianza con la política y los partidos, una espiral que resulta muy difícil de revertir.