Aquello que Ruy Mauro Marini anunció en 1972 no ha perdido su vigencia. Analizar adecuadamente la cuestión del poder en nuestro contexto presente es una tarea de primer orden, y más importante aún es detectar las oportunidades y obstáculos que tiene hoy la clase trabajadora en su lucha por ‘tomar el cielo por asalto’.
por Ruy Mauro Marini
Transcripción, revisión e introducción por Rodrigo Utrera. Texto original: “La política económica del gobierno de la Unidad Popular o la expresión de la hegemonía de la pequeña burguesía en el proceso chileno”, publicado en Critiques de l’Economie Politique, 11-12, abril-septiembre, 1973.
Imagen / Ruy Mauro Marini, 1987. Fuente: UNAM.
Introducción: Marini y el problema del poder en el Chile de la Unidad Popular
El intelectual marxista Ruy Mauro Marini nació en Brasil en 1932. Su vida y obra están inevitablemente entrelazadas con su trayectoria como militante de la revolución latinoamericana. Diversas militancias en el cuerpo –comenzando por el POLOP en Brasil, y pasando por el MIR en su estadía en Chile–, así como los horrores de la tortura que él mismo recibió, y los golpes de Estado que le valieron tres exilios, tras los cuales regresó a su país natal —falleciendo en 1997–, configuran el perfil de R. M. Marini, respecto a quién podría escribirse ampliamente, completando un capítulo entero de las ciencias sociales críticas en nuestro continente, así como de la izquierda revolucionaria latinoamericana.
No obstante lo anterior, y para dar paso al texto de su autoría, cabe reseñar brevemente su paso por Chile. Arribó a nuestro país en noviembre de 1969. En el clima agitado de la época –con una elección presidencial por delante y la crisis del gobierno democratacristiano– llegó para codearse rápidamente con la escena intelectual y política de izquierdas de nuestro país. Theotonio Dos Santos y Vania Bambirra le esperaban en territorio chileno al momento de su llegada. Ambos brasileños, ya conocían a Marini con anterioridad. Bambirra, Dos Santos y Marini se integran a la Universidad de Chile con el advenimiento del gobierno popular, en particular al Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO). Es aquí donde los tres desarrollan amplias actividades de orden intelectual, enmarcados con claridad en el marxismo, y al calor de los acontecimientos de la “vía chilena al socialismo”, actividad interrumpida por el golpe de Estado de 1973, y que los obliga a exiliarse nuevamente.
Se vuelve ineludible –tomando en cuenta su desarrollo como autor en su paso por Chile– destacar la contribución de Marini en el diseño de la Teoría Marxista de la Dependencia, a la cual aportó con la intención de superar las tesis desarrollistas de CEPAL, fundamentalmente en su obra Dialéctica de la Dependencia, de 1973. Con todos los elementos susceptibles de crítica, y la necesidad de revisar la TMD en cuanto a su rendimiento analítico actual, es innegable que la aportación de Marini en este terreno constituye un hito en las ciencias sociales latinoamericanas, así como en los estudios marxistas.
También, bajo la dirección de Marini, y muy a la par con su militancia en el MIR, vio la luz pública en 1973 el primer número de Marxismo y Revolución, revista que sólo alcanzó a lanzar un número. La edición del segundo fue interrumpida por el golpe de Estado.
La reflexión de Marini sobre el problema del poder en el Chile de la UP se puede rastrear en diversos textos de su autoría, la mayoría compilados en El reformismo y la contrarrevolución[1], de 1976. Sin embargo, el texto que ponemos a disposición de los lectores y lectoras no había tenido eco en aquella o en otras publicaciones colectivas de mayor popularidad. El autor de las presentes líneas obtuvo acceso al mismo por intermedio de dos compilaciones –una de origen colombiano[2] y la otra de origen argentino[3]– que publicaron el texto traducido al español, cuya publicación original se dio en la revista Critiques de l’Economie Politique, en 1973[4]. No obstante lo anterior, cabe destacar que Marini redactó el texto en junio de 1972, tal como se puede observar en las publicaciones originales.
En el primer número de la revista Marxismo y Revolución se publicó un artículo de similar tópico. Con el título de La política económica de la “Vía Chilena”, y en coautoría con Cristián Sepúlveda, Marini volvería a plantear un balance crítico de las políticas económicas aplicadas por el gobierno de la UP. Más que un análisis de las similitudes y diferencias –además de la evidente mayor completitud del texto de M&R, debido a que éste fue escrito en 1973– lo que es necesario destacar aquí es el ánimo central del texto de 1972, que a continuación ponemos a disposición y que, en tanto reflexión crítica sobre uno de los más importantes procesos de transformación y lucha por el poder, mantiene una vigencia extraordinaria para la “crítica despiadada de todo lo existente” en nuestro presente momento histórico. Por lo demás, resulta meritorio que Marini haya planteado una crítica de tal agudeza teórica y práctica, aun faltando un trimestre para el acontecimiento del Paro de Octubre del 72’. Es decir, el autor no escatima a la hora de criticar a los reformistas al interior de la alianza de gobierno, por más que los resultados relativamente positivos de 1971 tengan eco todavía en el imaginario público.
Aun cuando puedan existir diferencias con respecto a la táctica empleada por el MIR durante el gobierno de Allende, lo cierto es que sus dirigentes e intelectuales comprendieron con mayor justeza que los partidos de la UP que 1) el enfrentamiento se volvía inevitable, no por la voluntad del gobierno, sino por la decisión inequívoca de la burguesía a no renunciar a su dominación por la vía de la legalidad, y 2) que la transformación radical de la sociedad, el avance hacia el socialismo, no podía resolverse simplemente con la conformación del Área de Propiedad Social o la reforma agraria, sino fundamentalmente por la constitución de un poder alternativo al poder burgués, que pudiese valerse de los medios y posiciones que la UP había tomado en sus manos al acceder al Ejecutivo para avanzar hacia la derrota de la burguesía y sus aliados.
Se ha atribuido a Lenin la frase ‘Salvo el poder, todo es ilusión’. Y Marini, militante e intelectual revolucionario, es perfectamente consciente, en forma temprana –y quizá derivado de su experiencia con el golpe en Brasil–, de que el proletariado debía dar un salto cualitativo para crear y afianzar su fuerza y su poder. Pero esto no sería posible si los reformistas, alimentados por la pequeña burguesía, buscaban trancar los movimientos de los obreros urbanos y agrícolas, por medio de diversos pretextos –que el autor alude hacia el final de su texto–. La lucha de clases es una lucha por el poder. A la hora de identificar el ánimo central del texto, es claro que el análisis crítico de la política económica, aun siendo central, es más bien el vehículo que el autor utiliza para revelar las motivaciones de clase que subyacen a estas políticas y a la propia alianza de la Unidad Popular. La hegemonía de la pequeña burguesía y su problematización, junto a la necesidad de luchar sin vacilaciones por el poder político aparecen aquí como eje.
Es triste que no se pueda hacer aquí justeza a la genialidad, a los aciertos y debilidades de un intelectual de este calibre. Espero, no obstante, que estas líneas sean útiles como una guía introductoria a un texto que las y los lectores tendrán que evaluar a su criterio. Sólo queda destacar, como ya se afirmó anteriormente, que aquello que el autor anunciase ya en 1972 no ha perdido su vigencia. Analizar adecuadamente la cuestión del poder en nuestro contexto presente es una tarea de primer orden, y más importante aún es detectar las oportunidades y obstáculos que tiene hoy la clase trabajadora en su lucha por ‘tomar el cielo por asalto’.
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La política económica del gobierno de la Unidad Popular o la expresión de la hegemonía de la pequeña burguesía en el proceso chileno
Ruy Mauro Marini
Junio de 1972
Al asumir el gobierno, la Unidad Popular encontró al país sumido en una depresión económica que databa de 1967 y que había alcanzado su punto más bajo en 1970.
Por consiguiente, en paralelo a las medidas propias de su programa, la Unidad Popular tuvo que aplicar una política de corto plazo destinada a elevar el nivel de la actividad económica.
Esta política se fijaba dos objetivos: impulsar el consumo y aumentar la tasa de inversión. Veremos los dos puntos por separado:
I. El impulso al consumo
La Unidad Popular contaba con el hecho de que existían importantes capacidades productivas, estimadas en un 40% del potencial total de la industria, que se encontraban inutilizadas; esta situación era el resultado de la presión sistemática ejercida sobre los salarios y en menor medida sobre otros ingresos durante los años sesenta (a débil poder de compra, débil demanda).
Este análisis llevó a la Unidad Popular a impulsar una redistribución del ingreso: al aumentar el poder de compra de las capas populares y medias, esta redistribución acarrearía la plena utilización de las capacidades productivas y un crecimiento de la producción industrial sin aumentar las inversiones.
La redistribución del ingreso supone la existencia de dos mecanismos complementarios: aumentos de salarios superiores al alza del costo de la vida y un congelamiento estricto de los precios. Fundamentalmente, esto se hizo en 1971.
Otro medio de reubicar el consumo es el gasto público, actuando sobre el déficit presupuestario.
Al aumentar los gastos corrientes (salarios, etc.), el gobierno contribuye a inflar la capacidad de consumo y ayuda a la expansión del mercado.
Al aumentar sus gastos de capital (inversiones en la construcción de viviendas, etc.), el gobierno influye no sólo sobre la demanda de bienes de consumo (creando un mayor número de empleos, y por lo tanto de salarios), sino también sobre la de bienes intermedios y de capital (el cemento para la construcción, etc.).
Esto también se hizo en 1971.
II. Los problemas creados por el impulso al consumo
a) Desabastecimiento e inflación
A fines de 1971 ya se veía con claridad que el crecimiento observado en la producción industrial no podía seguir satisfaciendo la demanda creciente, y que la redistribución del ingreso, tal como había sido realizada, no era suficiente para responder a los problemas planteados. La falta de elasticidad relativa de la oferta de bienes se debía fundamentalmente al agotamiento de las capacidades productivas anteriormente inutilizadas.
En efecto, esta no-utilización se reveló menos importante de lo que se creía (alrededor del 25% según los círculos capitalistas).
Por otro lado, los problemas que surgieron del lado de las importaciones se tradujeron en una falta de bienes y de repuestos.
Todos estos problemas se manifestaron a nivel del abastecimiento al consumidor.
Abramos un paréntesis: no todos los casos de desabastecimiento obedecen a razones de este tipo. Algunos son el resultado del contrabando hacia el exterior, estimulado por el bajo precio del dólar y la producción de ciertos bienes en Chile a precios menores que en otros países.
Otros se deben a la formación de stocks comerciales por acaparadores (caso que, sin embargo, es siempre un fenómeno temporal, que tiene lugar cuando el estado de la oferta lo permite).
Otros casos, por último, son el resultado del sabotaje perpetrado por los capitalistas, o bien, de la incompetencia de los funcionarios del gobierno.
Retomemos ahora: estas situaciones de escasez, a excepción de los casos de sabotaje e incompetencia, tienden a ser resueltas, en una economía de mercado, con un alza de los precios.
¿Qué significa esto? Que aumentando los precios se reduce el consumo de los de menor ingreso, restableciendo así el equilibrio entre la oferta y la demanda. En otros términos, disminuyendo el poder de compra del pueblo se limitan las presiones sobre la oferta.
Esta causa de la inflación actúa al mismo tiempo en forma restrictiva sobre la amplitud de la redistribución de ingresos.
Además, el simple reempleo de las capacidades inutilizadas, sin que se hagan nuevas inversiones, y por lo tanto, sin elevar el nivel tecnológico, actúa negativamente sobre la productividad.
Para comprender este fenómeno basta saber que, en general, las capacidades de producción activadas corresponden a nuevas instalaciones de una productividad menor que la media.
Su uso hace más cara la producción y disminuye los ingresos, puesto que lleva al capitalista a ejercer presión para que sean aumentados los precios de venta.
Los aumentos de salarios, al influir sobre el costo de producción, tienen el mismo efecto. También hay que señalar que son las empresas no monopolistas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, las que más sufren estos efectos: son ellas las que tienen las máquinas más viejas y las que pagan más salarios en relación con su capital total (en efecto, en términos relativos, emplean más mano de obra). Son éstas las más desfavorecidas por el congelamiento de los precios.
Así, su oposición creciente a la política económica del gobierno no es sorprendente.
Por otro lado, es preciso recordar que para hacer frente a la baja productividad del sector social y tratar de mantener su rentabilidad, la Unidad Popular recurrió a la batalla de la producción, fundada principalmente en el trabajo voluntario.
Tomando en cuenta el contexto en el que tuvo lugar, caracterizado por el congelamiento general de los precios, esta batalla no hizo más que aumentar los beneficios de los capitalistas privados, que pudieron así adquirir materias primas a bajos precios.
Para que la batalla de la producción se tradujera en un excedente en beneficio del gobierno, se hubiera debido manipular los precios y establecer precios más elevados para las materias primas vendidas a los capitalistas, bloqueando al mismo tiempo los precios de venta de sus productos. Esto hubiera permitido, en los hechos, la liquidación de los beneficios del sector privado. Sea como sea, la llamada “inflación de los costos” provocada por el aumento de salarios y la baja de la productividad también tiende a resolverse en un alza del nivel general de los precios.
Existe aún otro factor que pesa fuertemente sobre la redistribución de los ingresos.
b) Reproducción ampliada de la vieja economía capitalista
Reactivar una economía, sin preocuparse al mismo tiempo de cambiar sus estructuras, equivale a estimular que se reproduzca tal cual es.
Pues bien, la economía chilena, debido a la presión ejercida tradicionalmente sobre los salarios, se ha desarrollado de tal manera que la industria de bienes de consumo comunes (alimentación, calzado, textiles, etc.), que depende del poder de compra popular, es poco dinámica, crece lentamente, es poco rentable, mientras que la industria de bienes de lujo (televisión, automóviles, etc.), que depende del poder de compra de las capas medias ricas y de los capitalistas es, en cambio, dinámica.
En consecuencia, la política económica no debía fijarse como objetivo la reproducción ampliada de esta estructura productiva y de su distribución del ingreso cada vez más antipopular; más bien debía apuntar a romper esta estructura.
De haberse planteado y cumplido este objetivo, el impulso al consumo habría provocado una fuerte expansión de la industria de carácter popular (que por lo demás, fue el sector preferencial de la política de estatización) y una crisis del mercado de productos de lujo.
Esta crisis habría sido decisiva, porque habría afectado al sector más dinámico de la industria, aquel donde se encuentra la burguesía más fuerte, junto a un proletariado moderno y organizado: el gobierno habría estado listo para aprovechar la crisis o la simple amenaza de crisis para tomar rápidamente en sus manos este sector y ponerlo al servicio de las grandes masas (producción de buses y tractores antes que de autos de turismo, etc.)
En los hechos, la crisis no se dio. Por el contrario, la economía siguió desarrollándose como antes, sólo que con más dinamismo: la industria popular aumentó su producción y sus ventas, pero la industria de lujo también, y ampliamente. ¿Por qué?
En primer lugar, porque la redistribución del ingreso en favor de los sectores populares fue tímida. Las capas acomodadas siguieron ganando bastante, alimentando así la demanda de bienes de lujo.
En segundo lugar, porque los capitalistas pudieron guardar todos sus beneficios: ningún mecanismo fue creado para transferirlos al gobierno.
Como los capitalistas no hicieron ninguna inversión en 1971, pudieron utilizar parte de estos beneficios para aumentar su consumo de lujo; la otra parte la colocaron prudentemente en el extranjero.
En tercer lugar, porque el congelamiento de los precios, aplicado en estas condiciones, permitió a los capitalistas conseguir materias primas y fuentes de energía a precios bajos. Buena parte de las mismas, efectivamente, fue distribuida a precios bajos por el sector público (el acero, el petróleo, el carbón, la electricidad, los productos textiles, etc.)
Siendo los sectores más dinámicos los que tienen la más alta productividad, el mejor nivel tecnológico y en consecuencia, emplean menos mano de obra, sus costos de producción (y por lo tanto sus beneficios) sufren más por las variaciones del precio de las materias primas, la energía y los bienes de producción intermedios que por las variaciones en los salarios. Es por eso que las alzas de salarios los afectaron poco, mientras que se beneficiaron fuertemente del bloqueo de los precios de las materias primas.
c) Fracaso de la política de impulso al consumo
Estas son las razones por las que la política económica de corto plazo, que pretendía incentivar el consumo por medio del desarrollo del mercado, condujo al fracaso. Esta política no sólo desencadenó una inflación que llevó a la restricción del consumo, sino que la recuperación obtenida se limitó a estimular la reproducción ampliada de la vieja economía capitalista. Economía cuya tendencia fundamental es la restricción sistemática del consumo popular en beneficio del consumo suntuario de las capas privilegiadas de la burguesía y la pequeña burguesía.
III. El problema de la acumulación
En Chile, las inversiones públicas representan más de la mitad de las inversiones totales. El gobierno, por su cuenta, invierte directamente en las empresas del sector público, en los trabajos de infraestructura, en las viviendas, etc.
Por otra parte, se puede considerar que los créditos y subvenciones acordados a los inversores privados por la CORFO y otras agencias gubernamentales son inversiones públicas indirectas.
Para invertir, el sector público recurre a tres fuentes principales: los impuestos, los beneficios obtenidos de la exportación y los créditos del extranjero. Una cuarta fuente puede ser el déficit presupuestario, o la emisión de moneda sin respaldo.
En el período considerado, la estructura fiscal del país no cambió; los ingresos públicos provenientes de los impuestos crecieron debido a la recuperación general de la economía, pero en una medida mucho menor de lo que podrían haber crecido si se hubiesen aumentado significativamente las cargas de la burguesía.
Tal como es hoy en día, la estructura fiscal es incapaz de sostener una política de inversiones firme.
El puesto más importante del presupuesto nacional lo ocupan los beneficios extraídos de la exportación. Estos no pudieron crecer en forma significativa el año pasado, debido al carácter reciente de la nacionalización del cobre y la baja del precio de este metal en el mercado mundial. La devaluación del dólar, decidida por el imperialismo de los EE.UU., afectó todavía más el nivel de estos ingresos.
Los créditos del extranjero fueron prácticamente bloqueados, como consecuencia de las presiones de EE.UU., a propósito de la negociación de la deuda. Los aportes de los países “socialistas” fueron de poca importancia. Pero esto se debe también a la incompetencia de los funcionarios del gobierno: los créditos son acordados en función de proyectos precisos. Sin embargo, durante las negociaciones de fines de 1971, los representantes chilenos llegaban casi siempre llenos de esperanza, pero sin proposiciones concretas para la obtención de créditos.
La negociación de la deuda fue poco favorable al gobierno, en gran parte debido a la debilidad de la posición chilena al respecto.
Hasta el momento, los acuerdos celebrados en el marco de la Conferencia de París con los gobiernos y los bancos de los países prestamistas no han sido concluidos, y lo que es peor, en enero próximo habrá que reabrir la negociación ya que en París sólo se trataron los problemas concernientes al año 1972.
Mientras tanto, la posibilidad para Chile de contraer deudas, incluso con los países “socialistas”, queda limitada este año por lo que debe pagar como amortizaciones, lo cual corresponde aproximadamente a sesenta millones de dólares.
En fin. Todo esto frenó las inversiones públicas. Y sin embargo, hay algo más grave: la falta de planificación de las nuevas inversiones a realizar en los sectores productivos. La estructura tradicional de la inversión pública, que privilegia la construcción, ha sido mantenida.
Lo que es nuevo, esencialmente, es la obtención de recursos suplementarios para recobrar capacidades de producción existentes (estatización de industrias e indemnización de los propietarios de tierras).
Estas operaciones raramente se pagan al contado, ellas vienen a aumentar el monto de las deudas con el sector privado.
Nadie, salvo la derecha, puede quejarse legítimamente de que se hayan empleado recursos en la compra de capacidades de producción existentes, puesto que de ello dependía la formación del sector social. Las cosas no están todavía como para poder expropiar a la burguesía sin indemnización. Pero es muy grave, por el contrario, que el gobierno no haya buscado la forma de hacer financiar estas indemnizaciones por la misma burguesía.
El aumento de las cargas fiscales sobre la burguesía era y sigue siendo una necesidad: esto permitiría obtener los fondos para hacer frente a las indemnizaciones, pero también para financiar las inversiones públicas en nuevas producciones. Además, no hay que olvidar que la recuperación económica puso en manos de los capitalistas grandes beneficios que se debieron recuperar en beneficio del pueblo.
Pero esto no fue así. El gobierno no se atrevió a tocar estos beneficios. Hubo un tímido intento en este sentido el primer semestre del año pasado, pero la reacción hostil de la burguesía y el retroceso político de la Unidad Popular que le siguieron llevaron a abandonar todas las pretensiones en este terreno.
El gobierno no se limitó a no tocar los beneficios de los capitalistas, sino que continuó acordando los fondos por vía de los gastos públicos y de diversos mecanismos de crédito, fondos que la burguesía no invirtió. Como lo hemos visto, la misma se contentó con promover la huida de los capitales y aumentar su consumo suntuario.
En conclusión, ya sea por el lado de las inversiones públicas o de las privadas, la capacidad productiva del país no aumentó el año pasado. Esta situación reforzó el atraso que había tenido la oferta de bienes sobre la demanda, reforzando así los factores que trajeron la inflación y la escasez.
Pero, más grave todavía, el gobierno no utilizó el excedente creado el excedente creado por los trabajadores para las inversiones que comenzarían a modificar realmente la estructura de producción, para romper con el modelo de la vieja economía capitalista, la cual se caracteriza –esto nunca se repetirá demasiado– por una insatisfacción creciente de las necesidades de las grandes masas.
IV. El carácter de clase de la política económica
Un elemento determinante en la política económica del gobierno de la UP ha sido el deseo de consumo de la pequeña burguesía, que constituye uno de los sectores de base de la alianza de clases sobre la que reposa la Unidad Popular. Después del 4 de noviembre, esta pequeña burguesía concretó su influencia en el aparato del Estado a través de la presencia de sus economistas y sus tecnócratas en puestos de responsabilidad.
Esta pequeña burguesía comprende vastos sectores alejados de la producción, y sus dirigentes pertenecen a estos sectores (políticos profesionales, funcionarios, tecnócratas). Tienden a considerar la economía al nivel de las apariencias: se interesa en los impuestos, en los salarios, en los precios, es decir, en todo lo que afecta su capacidad de consumo, sin intentar comprender cuál es la fuente misma de esta capacidad de consumo.
En su mayoría, ven la capacidad de consumo como un don natural, parte de la creación divina: no pueden comprender que su fuente está en aquella porción de la plusvalía que los capitalistas arrancan a los obreros. Es por esta razón que la pequeña burguesía, cuando se pone a dirigir la economía, ataca los problemas tal como se le aparecen, es decir, bajo el ángulo del consumo.
Pero las cosas no pueden acabar aquí. El consumo global es siempre la suma del consumo de los trabajadores (tomado de sus salarios) y del consumo de los capitalistas y de las capas medias (tomado de la plusvalía). El consumo de los subproletarios, de poca importancia, proviene igualmente de migajas que les arrojan los capitalistas.
Por esta razón, las reivindicaciones relacionadas con los problemas de la capacidad de consumo tienen mucho eco en la pequeña burguesía y en los sectores subproletarios. Si se sustrae el consumo global de la producción global, queda un excedente que se puede destinar a la acumulación.
Por lo tanto, lo que permite hacer crecer el consumo es el aumento de la producción, que por su parte depende de la acumulación.
Sólo las inversiones, al crear nuevos empleos, garantizan realmente la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Por un lado, suscitan un aumento de la masa de salarios pagados y, por otro lado, disminuyen el ejército de reserva, lo cual acrecienta la combatividad de los trabajadores, y por lo tanto puede favorecer los aumentos de salarios.
Esto sólo es cierto cuando las inversiones se realizan en el marco de una economía no capitalista, que no produce para la ganancia.
La influencia del deseo de consumo de la pequeña burguesía en la política económica de la Unidad Popular ha sido justificada por el hecho de que era necesario impulsar la economía y reforzar al mismo tiempo la base política del gobierno.
Pero, al mismo tiempo, estas medidas no fueron acompañadas de un cambio en las estructuras productivas.
En realidad, este deseo de consumo ha sido el elemento central, en forma paralela al desarrollo de las tendencias a la conciliación con la burguesía y a una voluntad de resolver los problemas por medio de medidas únicamente económicas.
Estas dos tendencias son las dos caras de una misma política: debido a que se piensa que hay una “buena” burguesía (la burguesía no monopolista y no imperialista) que puede ser ganada para el gobierno, la Unidad Popular estima que es necesario satisfacer sus intereses económicos.
La base misma de esta política conciliadora son los reformistas que, en el seno del movimiento obrero, encarnan la ideología pequeño-burguesa. Su proyecto es frenar la lucha de clases –que la pequeña burguesía teme– y llevar al proletariado hacia una política de colaboración con la burguesía, que permitiría convencer a ésta de los beneficios del socialismo. Es así como los tecnócratas pequeño-burgueses y los reformistas obreros marchan tomados de la mano, representando los intereses de la pequeña burguesía tanto en el plano económico (el deseo de consumo) como en el plano político (la colaboración de clases).
Junio, 1972
Notas
[1] Marini, R. M. (1976). El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile, México: Ediciones Era.
[2] Marini, R. M. (1974). La política económica del gobierno de Unidad Popular o la expresión de la hegemonía de la pequeña burguesía en el proceso chileno. En VV.AA., Chile 1973: ¡Ni reforma, ni revolución! (pp. 138-150). Colombia: La Pulga. Puede consultarse la digitalización del texto en https://marini-escritos.unam.mx/?p=3811
[3] Marini, R. M. (1974). La política económica del gobierno de Unidad Popular o la expresión de la hegemonía de la pequeña burguesía en el proceso chileno. En P. García, R. M. Marini, C. Rossi, & D. Ribeiro, ¿Por qué cayó Allende? Autopsia del gobierno popular chileno (pp. 19-32). Buenos Aires: Rodolfo Alonso Editor. Puede consultarse la digitalización del texto en https://marini-escritos.unam.mx/?p=3824
[4] Marini, R. M. (1973). La politique économique du gouvernement d’Unité populaire ou l’expression de l’hégémonie de la petite bourgeoisie dans le processus chilien. Critiques de l’Economie Politique (11-12), 237-245. Obtenido de https://archive.org/details/sim_critiques-de-leconomie-politique_april-september-1973_11-12/mode/2up
Rodrigo Utrera
Militante de Solidaridad y estudiante de Sociología de la Universidad de Chile.
