En el texto siguiente, se reproduce íntegramente la presentación que Haydée Oberreuter, dirigenta de ex Prisioneros Políticos y militante de las luchas por Derechos Humanos, ante el Tribunal Constitucional, con motivo de los posibles beneficios en sus condenas que recibirían personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura (1973 – 1990).
por Haydée Oberreuter*
Imagen / Campaña Izquierda Autónoma, 2017.
Excmo. Tribunal:
Mi nombre es Haydée Oberreuter, Directora Encargada de Investigación y Memoria de la Corporación de Familiares de exPrisioneros Políticos Fallecidos. Soy sobreviviente de prisión política y tortura del último régimen dictatorial vivido en Chile.
Los senadores y diputados requirentes le piden a este Pleno que declare inconstitucional el artículo 3 bis del proyecto de Ley que sustituye el Decreto ley N° 321, de 1925, sobre libertad condicional para los penados, que incorpora requisitos para quienes han cometido genocidio y crímenes de lesa humanidad. Estas exigencias se resumen en:
– colaborar sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo; o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza; y
– haber manifestado su arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares.
Según estos diputados y senadores, vulneraría las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, N° 2, la igualdad ante la ley, 19 N° 6, la libertad de conciencia.
En el año 2016 la Corte Suprema se pronunció en la causa que, por torturas y prisión política se llevó adelante en mi nombre contra la Armada de Chile. En esa oportunidad, los condenados se declararon autores y orgullosos de los delitos cometidos en el año 1975: a saber, secuestro, tortura y prisión en recinto secreto de mi madre de 50 años a la fecha, y de mi hija de un año y medio en el momento; adicionalmente reconocieron su autoría en los delitos de secuestro, torturas, prisión política y aborto forzado en mi contra.
Durante dicho proceso ellos nunca mostraron arrepentimiento, nunca pidieron perdón por los males infligidos contra mi persona y mi familia. Pese a ello, la Corte estimó que, en razón de sus enfermedades y avanzada edad, eran merecedores de una condena de tres años y un día de arresto domiciliario. El motivo de orgullo de estos criminales era haberme inferido cortes con corvos a todo lo largo del pecho hasta el bajo vientre y de paso con ello, haber asesinado al bebé que en ese momento esperaba. Y conste, que solo soy una de muchas mujeres a las que se las sometiera a similares tormentos.
Yo no debería tener motivos para confiar en nadie que trabaje para el Estado después de ocurridos estos hechos, sin embargo, estoy aquí. Aún algo tengo de fe en la democracia y en la República y es por ello que actualmente llevamos adelante una nueva causa por secuestro, aborto forzado y asociación ilícita contra la Armada. Esto, porque en la causa anterior solamente se juzgó el delito de apremio ilegítimo que se sobreentiende como tortura.
La tortura y prisión política, así como la desaparición forzada y ejecución política, han sido oficialmente reconocidas por el estado de Chile en sendas Comisiones de Verdad como terrorismo de Estado en el período que va comprendido desde 1973 hasta 1990, y que se expresara en la comisión de delitos contra la humanidad que, como tales, son considerados inamnistiables e imprescriptibles. En lo referido a la tortura y prisión política somos cerca de 40.000 quienes hemos sido calificados como sobrevivientes y decenas de miles más esperan una revisión de sus casos. A ellos se suman miles de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Todos ellos son quienes hoy, junto a sus familiares y miles de familias en Chile y el extranjero, siguen atentamente lo que este Tribunal resuelva.
Ha de tenerse presente que, en relación a las víctimas de prisión política y tortura, de acuerdo a los últimos informes de Derechos Humanos, del total de calificados, menos del uno por ciento ha tenido acceso a un tribunal en busca de verdad y justicia. En pleno 2018 la abrumadora mayoría de sus agresores permanecen en la total impunidad.
La agrupación a la cual aquí yo represento me ha encomendado hacer ver a este Tribunal, que comprenda la tremenda importancia y relevancia que hoy tiene su decisión. No tratamos acá simplemente de un debate jurídico, sino que está también en juego una de las fibras más sensibles de nuestro dolido país y su dignidad como República democrática.
Lo que los requirentes quieren que este Tribunal resuelva es, en definitiva, que se declare que los hechos cometidos por los agentes del Estado, que sistemáticamente torturaron, asesinaron y desaparecieron a la población de nuestro país por considerarla un “peligro para la seguridad nacional”, son nada más que delitos comunes. Que sus acciones son equiparables a cualquier otro crimen o simple delito. Quiero decirle a este Tribunal, que eso es inaceptable. Ríos de sangre han sido derramados por regímenes dictatoriales en el mundo, y la comunidad internacional ha entendido que aquello no puede ser considerado dentro de la normalidad de lo que se conoce como crimen común. Lo que yo y los que miles de compañeras y compañeros sufrimos durante esos años no fueron delitos como quien roba un automóvil o asalta una tienda, fue un ejercicio de violencia política sistemática por parte del Estado, y debe ser considerado como tal, en atención a su gravedad.
Las reglas que se pretenden declarar inconstitucionales, representan un avance en la dirección de hacer posible la verdad y permitir al país avanzar en justicia. Mucho camino quedará, pero sin duda será un avance; si creemos que la política de exterminio de la población opositora, que sufrimos por parte de agentes del Estado no es un hecho común y corriente que merece un castigo en las mismas condiciones que cualquier otro hecho reprochable; si creemos que las atrocidades que sufrimos tantas y tantos chilenos por defender nuestro pensamiento político no pueden ser equiparables a crímenes comunes, entonces le pido a este Tribunal que no permita que así sean tratados.
La colaboración con el esclarecimientos de los hechos y el genuino arrepentimiento público no son cosas que la norma en cuestión fuerce a realizar a ningún condenado por delitos contra la humanidad. Siempre podrán cumplir sus condenas guardando el silencio orgulloso, amparado en la soberbia de quien nunca reconocerá las peores atrocidades imaginables que cometió. Pero si acaso quieren acceder a la libertad, a la libertad condicional, aquellas condiciones no pueden ser menos que esas dos:
-el esclarecimiento de los hechos para dar justicia a los que aún nos enfrentamos con la impunidad de los crímenes cometidos en nuestra contra, así como aportar información para conocer qué pasó con aquellos cuyo destino no conocemos; y
-arrepentimiento, porque de lo contrario la reconstrucción de la comunidad nacional nunca será posible.
Es del todo lógico que para poder hablar de genuina recuperación de una comunidad entre dos o más personas, haya un perdón que siga a una disculpa, en el caso de estos crímenes no solo con el ofendido, sino con la sociedad en su conjunto. No puede haber perdón si no se reconoce la falta. Para esto quiero citar, y en ello honrar a Ana González, a quien le arrebataron cinco miembros de su familia: dos hijos, su nuera embarazada y su marido. Ella murió este año, en 2018 esperando la verdad y la justicia que nunca vio llegar. Ana dijo: “Perdón … ¿A quién perdono? ¿En el aire, en abstracto? Quiero saber a quién tengo que perdonar y de ahí lo pienso”.
Por último solo recordar a este Tribunal que lo que hoy está en juego no pasará desapercibido ni desaparecerá como un fugaz momento. Somos miles de mujeres y hombres que no olvidamos y no olvidaremos. Hoy están en juego los valores morales, jurídicos y políticos básicos de toda comunidad, y dependerá de este Tribunal qué ocurrirá con ellos. El resultado que su decisión pondrá a Chile, en caso de rechazar el requerimiento, en el lugar de un país que entiende los estándares internacionales para el tratamiento de los crímenes contra la Humanidad y la violencia política; o, por el contrario, en caso de aceptar, nos convertirá en un Estado paria ante la comunidad internacional, un país bárbaro donde sus propios tribunales restan gravedad, y con ello, legitiman la violencia política como parte de las posibilidades a ocurrir en nuestra comunidad para hoy y para el futuro.
Por su magnitud, lo que sea resuelto será estudiado y recordado por generaciones y generaciones de juristas, abogadas y abogados, académicos y estudiantes de derecho. Será igualmente juzgado con severidad por millones de chilenos comunes y corrientes que verán si esta magistratura contribuye a proteger la convivencia democrática en cuyo seno funciona, si está en la vereda de la historia en que se construye un Estado democrático de derecho; o será responsable de hacer que nuestro país falte a sus obligaciones internacionales y socave la poca justicia y verdad alcanzada. El mensaje que entregue una decisión como la segunda no será leído de dos maneras, lo que está en juego en definitiva es si este tribunal dará legitimidad a la violencia política en el país para el presente y el futuro, o no.
Muchas gracias.
Haydée Oberreuter, es profesora de historia y dirigenta de agrupaciones de ex-Prisioneros Políticos. Ha sido militante de organizaciones de la izquierda chilena así como del movimiento de Derechos Humanos. Actualmente es parte del colectivo de DDHH de Izquierda Autónoma (ahora, Comunes).
Haydée Oberreuter
Profesora de historia y dirigenta de agrupaciones de ex-Prisioneros Políticos. Ha sido militante de organizaciones de la izquierda chilena así como del movimiento de Derechos Humanos. Actualmente es parte del colectivo de DDHH de Izquierda Autónoma (ahora, Comunes).
