Un reguero de pólvora en las aulas

Lo que viene a ser realmente significativo en las muestras de esta conflictividad es que el sector enseñanza ha estado, desde el año 2014 en adelante, entre los tres primeros puestos de conflictividad sindical entre los diferentes sectores laborales. Y si bien es cierto que dentro de estas cifras no se encuentran incluidas las movilizaciones que ha efectuado el Colegio de Profesores, pues en su calidad de institución gremial las movilizaciones que convoca no poseen el estatuto legal de huelga, no es menos cierto que el lugar que han ocupado ha tensionado y develado estas condiciones, así como también posiciones de los sostenedores escolares respecto a estas problemáticas.

por Jorge Sanhueza Ochoa, Rodrigo Reyes Aliaga y Christián Matamoros Fernández

Imagen / Manifestación por Dignidad docente, marcha del regional de profesores en Concepción, 5 de noviembre 2014. Fotografía de Esteban Paredes Drake

Desde el inicio de la pandemia, las iniciativas por parte del gobierno han sido deficientes en términos de apoyar la ejecución de planes de acompañamiento a las escuelas, tanto en su modalidad remota como –más recientemente– en la modalidad híbrida. Además de esto, se ha dejado caer todo el peso de esta situación sobre los docentes, tal como lo vienen planteando desde hace años las políticas de “rendición de cuentas” en el ámbito educativo. La absorción de trabajo generado producto de la readecuación de nuevas tareas en nuevos escenarios ha significado, según la última encuesta realizada por la Red de Docentes Feministas (REDOFEM), una cantidad de trabajo de aproximadamente 16,5 horas diarias, lo que comienza a gatillar miles de casos de agobio extremo y burnout.

A lo anterior se suma que los docentes, mientras exista una modalidad on-line, cuentan con la permanente presión de ser expuestos y juzgados públicamente arriesgando su propia fuente laboral, debiendo asumir el desgastante proceso que ello conlleva. Conocidos han sido los casos de profesores de historia, como Aníbal Navarrete en Tomé, quien ocupó como ejemplo un escenario del 18 de octubre en sus clases, o la profesora de Concón que incluyó el asesinato de Camilo Catrillanca. También fue mediático el caso de la profesora del colegio Mayflower que fue despedida por la filtración de un audio privado donde se refería, justamente, a sus complejas condiciones laborales. Todas estas muestras de control externo del ejercicio docente por parte de los medios de comunicación, las familias y los sectores más reaccionarios del país, representan no sólo una pérdida de la soberanía docente respecto a las decisiones pedagógicas y curriculares al interior de las aulas, sino también la preocupación de los sectores reaccionarios por controlar lo que en estas sucede, pues tienen claridad respecto al papel altamente conflictivo en que se han tornado las escuelas en las últimas dos décadas. Ya en 2019 la entonces ministra de Educación Marcela Cubillos, actual convencional constituyente, intentó legislar prohibiendo “la política” en las aulas, en línea con lo sostenido por Bolsonaro en Brasil con la “escuela sin partido”.

Sin embargo, lo que la pandemia ha venido a recrudecer como sobrecarga en la condición laboral no es sino la expresión radicalizada de la orientación política que ha adoptado el sistema educacional, basada en la evaluación e incentivo docente como ejes modeladores de la profesión a costa del uso del tiempo libre de quienes ejercen la docencia. Siguiendo esta línea argumentativa, es comprensible que exista un malestar generalizado en el profesorado, no solamente por su propia condición sino también porque esta, en vez de ser atendida, parece ser invisibilizada. En nombre del bien superior (la educación y las cifras que esta provea) las autoridades e instituciones ministeriales como la Agencia de Calidad en la Educación están expectantes por obtener resultados a toda costa, despreciando lo que pueda pasar en el proceso.

Y es que este malestar tiene un correlato nítido con los niveles crecientes de conflictividad que ha venido mostrando el magisterio año a año. Se han adoptado, principalmente, dos tipos de movilización: uno de orden nacional, encabezada por el Colegio de Profesores en distintos episodios que han sido más o menos visibles, sostenidos principalmente por los docentes del sector público; y otro protagonizado por los trabajadores de la educación asociados a los sindicatos de los establecimientos particulares (con y sin subvención estatal), seguido de Universidades y liceos de administración delegada, entre otros.

Ambos tipos de movilizaciones han jugado un rol que resulta importante y expresivo de los problemas en el mundo educacional, tanto de la inestabilidad como de la precarización. La primera, como respuesta a las problemáticas asociadas a las políticas públicas, lo que se ha podido apreciar en las recientes movilizaciones contra la implementación de la ley 20.400, debido al fracaso de la desmunicipalización por la vía de los Servicios Locales de Educación; la segunda, como respuesta a la situación de precarización permanente que vive el profesorado.

Lo que viene a ser realmente significativo en las muestras de esta conflictividad es que el sector enseñanza ha estado, desde el año 2014 en adelante, entre los tres primeros puestos de conflictividad sindical entre los diferentes sectores laborales. Y si bien es cierto que dentro de estas cifras no se encuentran incluidas las movilizaciones que ha efectuado el Colegio de Profesores, pues en su calidad de institución gremial las movilizaciones que convoca no poseen el estatuto legal de huelga, no es menos cierto que el lugar que han ocupado ha tensionado y develado estas condiciones, así como también posiciones de los sostenedores escolares respecto a estas problemáticas. Emblemático en este sentido fue el caso del sindicato del liceo Camilo Henríquez de Temuco, el cual sostuvo una huelga por más de cinco meses siendo el corolario de la reposición de un escenario conflictivo con una seguidilla de huelgas tras el evidente apaciguamiento vivido el año 2020.

Como se puede intuir, los dos tipos de movilización y organización tienen diversos puntos de contacto. A pesar de que la acción conjunta del Colegio de Profesores y de los sindicatos no ha sido un elemento realmente recurrente o significativo hasta el momento, no es descartable que un fenómeno mayor de movilización pueda surgir a la luz de un conflicto transversal. Con el descuido que los docentes han recibido y el intento por “controlar” sus prácticas educativas, las aulas se han convertido en un reguero de pólvora, fortaleciendo la conflictividad que han desarrollado los estudiantes secundarios.