Los actores, instituciones y dispositivos que intervienen en el sistema de protección infanto-juvenil continúan operando bajo una lógica que concibe a los espacios de sociabilidad popular como parte de la anormalidad o irregularidad. Si bien ya no son explícitos los discursos que hacen referencia a la “irregularidad” o a la peligrosidad de estos actores, es evidente la permanente criminalización que se hace sobre las infancias pobres y sus entornos. Avanzar en una nueva concepción ideológica sobre la niñez y juventud popular, que deje atrás la trasnochada idea de que constituyen a un sujeto que debe ser “rescatado” para no devenir en un “peligro nacional”, es fundamental para la construcción de un nuevo sistema de protección de menores.
por Bayron Velásquez Paredes
Imagen / Hogar del SENAME Galvarino, 2010, Santiago, Chile. Fotografía de Man77.
“El niño en situación irregular es un caldo de cultivo del marxismo, y eso no se puede atacar con las estructuras tradicionales. Esto es imposible. Hay que crear una estructura especial”
Sesión Secreta de la Junta Militar, 1974
En el convulsionado Chile actual, los niños, niñas y adolescentes institucionalizados han sido un permanente tema de discusión. Los reiterados episodios de abuso y maltrato en las residencias vinculadas al Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME), los cuales han tenido desenlaces incluso fatales, han sorprendido y horrorizado a distintos sectores de nuestra sociedad, al punto de que la política de protección infanto-juvenil se ha vuelto un problema urgente e ineludible para la opinión pública. En este contexto, diversos actores han sostenido un largo y complejo debate respecto a cómo resolver las deficiencias del actual sistema de protección y rehabilitación de menores, centrándose, básicamente, en las instituciones, leyes y organismos que deberían administrar el sistema, y en el papel que debería cumplir el Estado en el financiamiento de este. Para evidenciar lo anterior, basta con observar las reformas que se le han realizado al SENAME en los últimos gobiernos, las cuales han introducido cambios principalmente administrativos, y con revisar las propuestas de algunos sectores políticos, principalmente de izquierda, que demandan mayor presencia estatal y menos libertad a los privados en la materia.
Sin dejar de reconocer la importancia de lo anterior -pues es indiscutible que se requiere más Estado para garantizar el Derecho Social en cuestión-, en este escrito se sostiene que en la discusión sobre la reformulación al SENAME ha estado ausente un elemento no menor, relacionado con que los pilares ideológicos sobre los que se construyó la política de protección infanto-juvenil conciben a las infancias pobres y sus entornos como “un peligro”. Este es un componente que tiende a invisibilizarse en un contexto democrático, pero que se mantiene absolutamente vigente en una ley que no ha sido mayormente modificada desde su implementación en plena Dictadura, bajo un régimen que tuvo bastante bien definidas sus orientaciones ideológicas. Un episodio reciente que puso esto en evidencia fue el cuestionado acuerdo suscrito entre el SENAME y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en el marco de la activa participación de niños, niñas y adolescentes vulnerables en los sucesos del “Estallido Social”.
A partir de lo anterior, consideramos que la persistencia de esta concepción ideológica ha llevado, por un lado, a que las infancias y juventudes pobres sigan siendo vistas como un actor que puede poner en riesgo el orden social y nacional, y por otro, a que sus espacios sociales de origen sigan siendo considerados como un entorno del que deben ser desvinculadas. De igual modo, la ausencia de este elemento en el debate anteriormente identificado ha llevado a que las fuerzas políticas, incluso las progresistas y de izquierda, no consideren en sus propuestas modalidades de protección y rehabilitación que pongan atención en el papel que podrían desempeñar las comunidades y organizaciones territoriales, enfocándose, por el contrario, en discusiones relacionadas con la pregunta acerca de quien financia, fiscaliza o administra el sistema.
Dicho esto, en este trabajo se analizan, desde una perspectiva histórica, los fundamentos ideológicos sobre los que se edificó el SENAME, con el objetivo de problematizar respecto a la continuidad de estos en la actualidad. Cabe señalar que las siguientes líneas, más que ofrecer respuestas, pretenden invitar a considerar un elemento que resulta gravitante en la edificación de una nueva política de protección infanto-juvenil, sobre todo en un contexto de transformaciones estructurales como el que se acaba de iniciar en nuestro país.
1. Sobre la naturaleza ideológica del Servicio Nacional de Menores
La creación del SENAME, implementado por Decreto Fuerza de Ley en el año 1979, estuvo atravesado por las directrices ideológicas que acompañaron la configuración de las distintas políticas sociales de la Dictadura, en especial las relacionadas con las familias y la infancia. Entre estas directrices se encuentran, por un lado, las ideas desarrollistas y familiaristas que divulgó las Organización de Estados Americanos (OEA) en Latinoamérica, y por otro, la Doctrina de Seguridad Nacional que asumieron los distintos regímenes autoritarios de la región. Ambas dieron forma a una noción de infancia que concebía a los niños, niñas y jóvenes como un vehículo privilegiado para el disciplinamiento moral y social y, por tanto, como un actor clave en el proyecto de regeneración nacional del régimen. A continuación, se analizan las orientaciones ideológicas señaladas, identificando en estas el lugar que ocuparon las infancias y juventudes.
En primer lugar, respecto a las ideas desarrollistas promovidas por la OEA, cabe señalar que estas comenzaron a circular en Chile desde por lo menos la década de 1950, fortaleciéndose su presencia en los años 60 y 70 a través del trabajo de la Alianza para el Progreso. Es sabido que la injerencia de estos organismos norteamericanos en Latinoamérica se inscribió en el conflicto de la Guerra Fría, toda vez que su objetivo principal era asegurar que no proliferaran gobiernos comunistas en la región. Sostuvieron que lo que generaba ánimos revolucionarios eran las graves condiciones de pobreza en las que se encontraban los países latinoamericanos, por lo cual correspondía ayudarlos política, técnica y económicamente para que mejoraran sus situaciones, con el propósito de que entrasen en una supuesta fase de “desarrollo”[1].
En tal sentido, una de las dimensiones en las que hubo mayor asesoramiento norteamericano fue en la elaboración de políticas de planificación familiar, lo que incluía fomentar, principalmente, el fortalecimiento del modelo nuclear y tradicional de la familia. Se proponía que de esa forma mejorarían considerablemente los niveles de mortalidad materno-infantil, y que las familias pequeñas podrían sortear de mejor manera sus necesidades económicas. A partir de esto, Claudia Rojas sostiene que “la política de control de la natalidad se convirtió en parte central de la política de seguridad de los intereses norteamericanos”[2], pues la explosión demográfica se asociaba, tomando el ejemplo de Asia y África, con la proliferación de regímenes comunistas.
El lugar que ocupó la infancia y la juventud en los planteamientos de estos organismos estuvo mediado principalmente por el Instituto Interamericano del Niño (en adelante IIN), el cual comenzó a depender de la OEA a partir del año 1961. Básicamente, este se encargó de asesorar técnica y económica a los gobiernos latinoamericanos para implementar programas que mejorasen la vida de los niños y jóvenes, siempre siguiendo las orientaciones del desarrollismo de la OEA. Por ende, planteaba que era urgente elevar los niveles de vida de estos, puesto que la marginalidad los llevaría a adherir a lo que llamaron el “accionar de manera catastrófica”, y a rechazar los canales “civilizados” y pacíficos para las transformaciones políticas[3]. En otras palabras, esto implicaba evitar que las infancias y la juventud se hicieran parte de las propuestas de la izquierda, con el objetivo de resguardar los intereses norteamericanos en los países de la región. De esta forma, los niños, niñas y jóvenes fueron considerados no solo un sujeto clave para el desarrollo, sino que un campo de disputa contra las ideologías “ajenas a la democracia”.
Estas concepciones fueron matizadas brevemente durante el gobierno de la Unidad Popular, pero se retomaron con fuerza tras el golpe de Estado. Es más, se resignificaron a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional y la lucha contra el marxismo, lo que afectó profundamente la representación que se tenía de las infancias y juventudes pobres. Al respecto, el régimen exaltó la ideología familiarista, y concibió a las familias nucleares como la columna vertebral de la nación. Sostuvo que la recuperación de los valores nacionales dependía del buen estado de estas, y por tanto cualquier elemento que no le fueran compatibles debía ser combatido. De esta manera, la Dictadura reforzó la idea de que el espacio natural de las infancias era la familia tradicional, y que los espacios de sociabilidad que tenían lugar fuera de este, sobre todo si eran de carácter popular-comunitario, representaban un peligro para el normal desarrollo del menor.
En la misma línea, tal como ha planteado la historiadora Verónica Valdivia, la Doctrina de Seguridad Nacional involucró una lucha ideológica y moral contra la subversión, lo que implicó resocializar a los sectores que se habían identificado históricamente con las fuerzas de izquierda. En ese sentido, la Dictadura puso especial atención a los denominados grupos de extrema pobreza, a los debía incorporar para evitar que aumentara el descontento social y para legitimar el proyecto político del régimen. Para ello, además de desarticular la organización social y popular que existía en dichos espacios, implementó una serie de políticas que tenían por objetivo la captación de estos sectores, entre los que se encontraban, entre otros, los cesantes, las madres solteras y los llamados “menores en situación irregular”[4].
A partir de lo planteado, podemos señalar que la infancia, en especial la infancia pobre e “irregular”, fue un actor clave en el “proyecto de regeneración” de la Dictadura, por lo que era fundamental incorporarlos al desarrollo. Para ello, además de proveerles educación, alimentación y salud, había que apartarlos de los espacios que podían “contaminarlos” con valores ajenos a los entregados por las familias o con ideas contrarias a las del régimen. Por tanto, al estar atravesada por estas directrices ideológicas, el sistema de protección infanto-juvenil, cuyo eje central fue el SENAME, tendió a la desvinculación de los menores de sus espacios de sociabilidad, desestimando que estos fueran atendidos fuera de las instituciones, en contacto con las organizaciones barriales, comunitarias, sociales o populares, pues el régimen los concebía como espacios que alimentaban la “irregularidad”.
En el acta de una Sesión Secreta de la Junta Militar de 1974, citada al comienzo de este escrito, puede observarse la noción que tuvo el régimen respecto a la “infancia irregular”. En ella, un coronel invitado en calidad de experto por el Ministro de Justicia señaló:
“Estos niños, que viven en condiciones subhumanas, son verdaderos animalitos. Esto da dos subproductos, que son: la delincuencia infanto-juvenil (…) y el lumpen (…). El niño en situación irregular es un caldo de cultivo del marxismo, y eso nos lleva necesariamente deducir que este problema no se puede atacar con las estructuras tradicionales. Esto es imposible. Hay que crear una estructura especial”.[5]
Por tanto, al ser un “caldo de cultivo del marxismo”, los “menores en situación irregular” debían ser alejados de los espacios y organizaciones de carácter popular, pues, según la Dictadura, estas los reclutaban con intereses políticos ajenos a las “prácticas sanas de esparcimiento y desarrollo físico intelectual”[6]. Finalmente, hacia fines de la Dictadura se constató que estas percepciones ideológicas condujeron a que la política de protección infanto-juvenil operara bajo una tendencia institucionalizante, lo que se tradujo en que la internación total e indefinida sea la principal forma de protección y rehabilitación de menores. En el marco del proceso de transición a la democracia esto comenzó a ser cuestionado por distintos actores, producto de una serie de problemas que tuvieron lugar en los centros y cárceles de menores y en respuesta a las nuevas concepciones sobre los derechos del niño que circulaban a nivel internacional.
2. La naturaleza ideológica del SENAME 42 después. Un elemento a discutir
Con el advenimiento de la democracia y la ratificación del gobierno de Chile a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1991, pareció ser que las concepciones sobre las infancias promovidas por la Dictadura se debilitaron. Sin embargo, es del todo coherente pensar que, ante una estructura institucional que no ha recibido mayores modificaciones hasta la fecha, y ante un sistema de protección de menores que se ha mantenido prácticamente incólume, estas orientaciones ideológicas persisten soterradas en el actuar de los organismos y dispositivos que intervienen en la materia. La aplicación recurrente de la institucionalización de menores como mecanismo para la rehabilitación o protección y el frustrado acuerdo entre el SENAME y la ANI son, a nuestro juicio, una clara evidencia de esto.
Si bien en los años 90 hubo un impulso por desincentivar la internación y la desvinculación de los “menores irregulares” de sus espacios sociales y familiares, promoviendo el trabajo de organizaciones sociales que intentaban intervenir en los barrios y comunidades (como por ejemplo algunas ONG’s)[7], lo cierto es que estas iniciativas han denunciado permanentemente falta de apoyo económico y político por parte del SENAME. Para atender los casos más complejos siguen prevaleciendo las instituciones cerradas, y no se alienta en absoluto el trabajo con los menores en sus territorios. Esto quiere decir, en definitiva, que los actores, instituciones y dispositivos que intervienen en el sistema de protección infanto-juvenil continúan operando bajo una lógica que concibe a los espacios de sociabilidad popular como parte de la anormalidad o irregularidad. Si bien ya no son explícitos los discursos que hacen referencia a la “irregularidad” o a la peligrosidad de estos actores, es evidente la permanente criminalización que se hace sobre las infancias pobres y sus entornos. Avanzar en una nueva concepción ideológica sobre la niñez y juventud popular, que deje atrás la trasnochada idea de que constituyen a un sujeto que debe ser “rescatado” para no devenir en un “peligro nacional”, es fundamental para la construcción de un nuevo sistema de protección de menores.
Las fuerzas políticas transformadoras, sobre todo aquellas que quieren enterrar la herencia dictatorial, deben no solo discutir acerca del papel que le corresponde al Estado en el aseguramiento del Derecho Social sobre el que discutimos, sino que, además, deben identificar aquellos vestigios ideológicos que continúan operando, a veces silenciosamente, pero en ocasiones de manera bastante evidente, en las instituciones y actores involucrados en la materia. Por ende, es menester discutir acerca de qué significan para nuestra sociedad aquellos niños, niñas y jóvenes vulnerados, y avanzar en una propuesta que considere el trabajo con estos y sus comunidades, tal como lo vienen haciendo, sin mayor respaldo estatal, diversas organizaciones populares, comunitarias o barriales.
[1] En el imaginario desarrollista, el subdesarrollo o la condición de estar “en vías de desarrollo” se consideraban fases pasajeras, pues el estadio final era el desarrollo que alcanzarían los países que implementaran una serie de políticas para mejorar el nivel de vida de su población.
[2] Claudia Rojas, “Lo global y lo local en los inicios de la planificación familiar en Chile”, Estudios Avanzados N° 11 (2009): 8.
[3] Soledad Rojas, “La protección de la infancia en América…”, 189.
[4] Verónica Valdivia, “¡Estamos en guerra, señores! El régimen militar de Pinochet y el Pueblo, 1973-1980”, Historia N° 43 (2010): 163.
[5] Sesión Secreta de la Junta de Gobierno, República de Chile, 1974.
[6] “Un año de construcción. 11 septiembre 1973 – 11 septiembre 1974. El Jefe Supremo de la Nación, General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, informa al país”, Gobierno de Chile, 1974, p. 52.
[7] Sobre esto ver Jorge Rojas Flores, Historia de la infancia en el Chile republicano (1810-2010) (Santiago: Junta Nacional de Jardines Infantiles, 2010): 719-724.
Bayron Velásquez Paredes es Licenciado y estudiante de Magister en Historia.
Bayron Velásquez Paredes
Licenciado y estudiante de Magister en Historia.