El privilegio de las instituciones estatales en las futuras reformas diluye la distinción real del carácter público. Rompe con la cultura que forjó una posibilidad de comprender la asociación al margen del mercado y deja en espera a cientos de miles de estudiantes. […] Un nuevo sistema público de educación superior no puede desconocer el aporte de las instituciones publicas no estatales como la Universidad de Concepción, Federico Santa María o la Austral de Chile.
por Felipe Ortiz-Olave
Imagen / Marcha estudiantil, 15 de mayo 2008. Fotografía de Quinto Infierno.
En los últimos años, el conflicto educacional, principal contradicción en las capas medias de la sociedad, ha perdido protagonismo a raíz de la desarticulación del movimiento estudiantil. Esto se expresa en las vagas alusiones en los proyectos de los precandidatos presidenciales de la primaria de Apruebo Dignidad.
Gabriel Boric, por un lado, hace una pequeña referencia a la expansión de la gratuidad, la que levantó el gobierno de la Nueva Mayoría, y Daniel Jadue, por otro lado, y en la misma línea, enfatiza en que la educación estatal será el objeto de aquella expansión. Ambos dejan fuera, momentáneamente, a las y los estudiantes de las universidades mercantiles y reproducen una dicotomía que no permitirá superar íntegramente la privatización neoliberal de la educación.
Educación en Gabriel Boric
El manifiesto del candidato del Frente Amplio propone asegurar la educación como derecho social en la medida que el Estado vuelva a situarse como responsable y garante. Sostiene que su reforma se basará en la autonomía pedagógica, democracia en las comunidades, reconocimiento de las diversidades, educación feminista y ambiental.
Para lograrlo, Gabriel Boric propone ejecutar cinco políticas. Primero, implementar un plan para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Segundo, priorizar política, financiera y comunicacionalmente el proceso de instalación del sistema Nacional de Educación Pública. En tercer lugar, fortalecer la carrera de los trabajadores de la educación con un plan gratuito de formación de profesores en coordinación con el gremio. En cuarto lugar, propone cambiar el paradigma educativo a un enfoque de derechos y perspectiva transformadora de la educación. Para eso pretende profundizar políticas de accesibilidad libres de discriminación y transformar la educación técnico-profesional para un espacio de desarrollo humano y social.
Y finalmente, busca ajustar el marco normativo en coherencia con lo que establezca la nueva constitución y con la eliminación del enfoque neoliberal. Esto implica, por un lado, remplazar el Sistema de medición de la calidad educativa (SIMCE) por uno que entregue insumos para la toma de decisiones en los proyectos territoriales. Por otro lado, transformar el sistema de financiamiento. Esto implica, en la educación escolar, eliminar la lógica del voucher a la demanda. En el nivel técnico-profesional, mejorar el financiamiento de los CFT estatales, incorporando financiamiento basal. Y, por último, en educación superior propone mejorar el mecanismo de financiamiento reconociendo el rol de las universidades estatales, ampliando la gratuidad y eliminando a la banca y la deuda por estudiar.[1]
Sin mayor profundización en el tema, el candidato de Convergencia Social no difiere en gran medida del proyecto de Chile Digno, salvo en que Gabriel Boric menciona el fin de la deuda por estudiar.
Educación en Daniel Jadue
El manifiesto del candidato del Partido Comunista sostiene que el gobierno de la Nueva Mayoría desarrolló una serie de reformas que permitió consolidar la oferta pública mediante cambios al sistema de mercado. Propone, por un lado, rescatar la educación pública y, por otro, disminuir el peso del mercado. En este último se propone aumentar la capacidad infraestructural del sistema público, mejorar el Sistema de Admisión Escolar incentivando escuelas integradas y terminar con el lucro en las Instituciones de Educación Superior, tanto IPs como CFTs.
Respecto del rescate de la educación pública, se propone transitar del subsidio a la demanda a una educación con un fuerte componente basal y, para reconocer a la educación como un derecho, ampliar la gratuidad para la totalidad de los estudiantes de la educación superior técnica profesional y universitaria, pero solo en las instituciones estatales, pues la educación estatal debe ser potenciada “como espacio privilegiado de desarrollo de este proceso”.[2]
Si bien la reconstrucción del sistema público de educación superior debe ser gradual, la prioridad en las instituciones estatales propone una salida irreal a la distinción actual entre universidades tradicionales y privadas y desplaza las necesidades de la mayoría de la matrícula de educación superior.
El carácter público de las instituciones fundadas antes de 1981, que algunas están agrupadas en el Consejo de Rectores, respondía al sometimiento de su actividad universitaria a la deliberación democrática de la sociedad y no al acto estatal de su fundación. Este carácter justificaba el financiamiento de ellas, lo que se reforzó con el estatuto de 1971 que garantizaba constitucionalmente el financiamiento a las instituciones estatales y particulares que cumplían adecuadamente las funciones de acuerdo con los requerimientos del país. En 1981, la dictadura permite que los particulares puedan fundar instituciones bajo el régimen de derecho privado, fundando una relación mercantil entre las universidades privadas y la sociedad, mientras que posibilitó el lucro con recursos públicos.[3]
El privilegio de las instituciones estatales en las futuras reformas diluye la distinción real del carácter público. Rompe con la cultura que forjó una posibilidad de comprender la asociación al margen del mercado y deja en espera a cientos de miles de estudiantes.
Un nuevo sistema público de educación superior no puede desconocer el aporte de las instituciones publicas no estatales como la Universidad de Concepción, Federico Santa María o la Austral de Chile. Del mismo modo, tampoco puede omitir que la lógica mercantil ha invadido a las instituciones estatales. El neoliberalismo educacional solo perderá influencia en la medida que se pueda pensar una transformación radical que no se funde en el conflicto entre Estado y mercado, propia de la transición que agoniza, sino en la oposición Capital y Sociedad. De ese modo da lugar al potencial creador del antipoder popular en la nueva educación pública.
[1] Cf. Manifiesto programático “Gabriel Boric Presidente”. Proceso de primarias 2021. pp. 47-48
[2] Cf. Chile Digno. Bases programáticas. Candidatura Presidencial de Daniel Jadue. pp. 9-10
[3] Cf. El Futuro es la Educación Pública: Diagnóstico y propuestas para la construcción y expansión de una Red de Educación Superior Pública sin recursos adicionales. Fundación Nodo XXI. Agosto de 2017. pp. 11-12
Felipe Ortiz-Olave
Estudiante filosofía en la Universidad de Los Andes.