Esta es una pregunta que ha sido base para un proceso de reflexión colectiva (equipo de DD.HH. de fundación Nodo XXI e Izquierda Autónoma) del que he tenido la suerte de participar. En esta, hemos intentado acercarnos a una respuesta, dando cuenta de sus razones y límites. Una parte de esta labor será expresada en este texto.
por Enrique Riobo
Imagen / Memorial DDHH, Partido Comunista de Chile, Pudahuel, Santiago de Chile. Fuente: Wikipedia .
En primera instancia, la idea de DDHH en Chile parece estar todavía muy anclada al terrorismo de Estado dictatorial. Esto por tres razones. Primero, porque es una de las experiencias de violencia más radicales en la historia de Chile con consecuencias en todo nivel. Segundo, porque la resistencia, visibilización y condena de estos crímenes de lesa humanidad estuvo en el centro de la lucha contra la dictadura, así como también, del relato concertacionista. Tercero, porque los niveles de impunidad son muy altos y aun no existe una justicia suficiente, cuestiones fundamentales para avanzar hacia una democracia fortalecida.
Esta conexión entre DDHH y dictadura resulta crecientemente problemática, principalmente porque otras vulneraciones comienzan a reconocerse con mayor extensión, aunque al mismo tiempo son opacadas frente al recuerdo de la violencia dictatorial. Esto implica un umbral de violencia tolerable extremadamente alto para Chile. También, ante la falta de justicia, se ha ido construyendo una cultura de la impunidad, pues mientras estos crímenes -que son de lo más terrible realizado por la humanidad- no tienen una sanción acorde, todo lo demás se vuelve relativo.
Además, existe una tensión entre la centralidad discursiva que han tenido las violaciones a los DDHH en dictadura con la institucionalidad y las políticas públicas desarolladas para el logro efectivo de la verdad, la justicia, la memoria y el resarcimiento -más allá de que se haya avanzado en varias materias-. Algunos ejemplos, el INDH sólo recientemente está presente de forma efectiva en todas las regiones del país, su mandato no contempla la defensa y la promoción retroactiva de los DDHH, la tortura y los crímenes de lesa humanidad fueron tipificados legalmente de manera tardía y no retroactiva, asimismo, la libertad condicional para varios genocidas es producto de la falta de voluntad política para cambiar un decreto de 1925, en otro ámbito, tampoco existen políticas públicas relativas a sitios de memoria, incluso siguen pendientes cuestiones fundamentales para las organizaciones de DDHH, como plan nacional de búsqueda o el levantamiento del secreto Valech, comisión calificadora permanente, entre otras.
La relación entre DDHH y derechos sociales es también compleja dentro de este panorama. La mera afirmación de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como parte de los DDHH está en contradicción con su versión de lo sucedido en dictadura.
Asimismo, la forma que adquiere hoy la provisión o restricción de buena parte de los servicios correspondientes a los DESC fue habilitada por la naturaleza dictatorial y terrorista del Estado entre 1973 y 1989, que impuso el rigor del mercado como criterio principal de exclusión e inclusión. De esta dinámica, que se manifiesta de modos muy diversos en la realidad, se ha generado una concepción de los derechos que tiene los pilares siguientes: la lógica mercantil, el consumo individual, un enfoque en la distribución y no la producción, la fragmentación y compartimentalización. Esta idea de derechos se retroalimenta de la creciente separación entre la política y la sociedad, especialmente porque reduce la primera a la recepción y procesamiento de las demandas generadas por la segunda, en general, ese procesamiento ha intentado resolver con urgencia ciertas necesidades específicas sin intención de abordar el fondo o la causa del problema, esto conlleva una lógica de victimización y una macabra competencia por ser los primeros en la fila.
Por cierto, la responsabilidad de la Concertación en este panorama es relevante, especialmente porque en la medida que la justicia plena va en contradicción con la estabilidad institucional y económica del país, la decisión de poner la gobernabilidad como quilla de la transición sigue pagándose con una perpetua impunidad. El reciente caso del excomandante en jefe Juan Emilio Cheyre lo evidencia.
En todo caso, la necesidad de haber subordinado la profundización democrática a la gobernabilidad puede comprenderse hasta cierto punto, pero sus efectos negativos no han sido aún revertidos ni abordados -incluso se ahondaron en algunos casos-, y hoy se convierten en grandes problemas para enfrentar el endurecimiento de la derecha. En definitiva, la politización se encuentra en tensión con la inercia transicional, que en este caso revisamos a partir de su concepción de los DDHH.
La lucha contra la impunidad habilita la politización, así como la defensa y promoción de los DDHH. Resulta ser una necesidad democrática y es habilitante por al menos tres razones. Primero, porque señala que reprimir no es gratis y que la posibilidad de organizarse políticamente es un derecho fundamental en el marco democrático. Segundo, porque evidencia que el estado de cosas actual tiene como núcleo común una correlación de fuerzas muy desigual, cuyo carácter es indisociable del terrorismo de Estado. Tercero, porque avanza hacia un diálogo intergeneracional que conecta las luchas del pasado con las del presente a través del apoyo y la valoración mutua.
En definitiva, para desanclar la noción de DDHH de la dictadura y reafirmarla en toda su dimensión democratizadora -movimiento necesario para abordar una serie de situaciones actuales que son crecientemente urgentes-, se necesita una efectiva memoria, verdad, justicia y reparación.
Finalmente, quisiera enunciar una pregunta clave que aparece entonces: ¿cómo armonizar este panorama, por un lado, con una suerte de saturación derivada del discurso hegemónico sobre violaciones a las DDHH en dictadura y, por otro, con la urgencia en temas como la situación migratoria, la niñez o los pueblos originarios (por nombrar solo algunos asociados de forma muy evidente con los DD.HH.)?
Enrique Riobó Pezoa
Historiador y presidente de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Miembro de Derechos en Común.
