En medio del convulso escenario político que se vive hoy en Chile, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados un proyecto de ley que bien podría calificarse como la más importante de todas las batallas para la construcción de un proyecto de socialismo futuro en Chile: el royalty minero. ¿En qué consiste esta propuesta más allá de los tecnicismos? ¿En qué sentido afectará a la producción del cobre? ¿Y por qué es tan importante para la clase trabajadora? A continuación, propongo algunos apuntes con el ánimo de contribuir a responder estas preguntas usando algunas herramientas conceptuales desarrolladas por Marx.
por Sebastián Osorio
Imagen / Mina La Escondida en Wikimedia. Fuente.
En medio del convulso escenario político que se vive hoy en Chile, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados un proyecto de ley que bien podría calificarse como la más importante de todas las batallas para la construcción de un proyecto de socialismo futuro en Chile: el royalty minero. ¿En qué consiste esta propuesta más allá de los tecnicismos? ¿En qué sentido afectará a la producción del cobre? ¿Y por qué es tan importante para la clase trabajadora? A continuación, propongo algunos apuntes con el ánimo de contribuir a responder estas preguntas usando algunas herramientas conceptuales desarrolladas por Marx.
Entendiendo el royalty minero en el cobre
A grandes rasgos, el proyecto de ley busca que el Estado capture una proporción mayor de la renta minera del cobre a través de un impuesto específico. La renta consiste en una ganancia extraordinaria sistemática que tienen las firmas que extraen el metal rojo, y que se encuentra muy por encima de la ganancia convencional que reditúan las inversiones en casi cualquier otro rubro de la economía. El monto exacto de la renta depende de la perspectiva metodológica utilizada y se puede calcular mediante operaciones matemáticas relativamente simples, pero para ilustrar su dimensión, digamos que, si una empresa promedio obtiene una ganancia del 10% sobre su capital invertido, una empresa minera del cobre en Chile puede llegar a obtener un 20%, 30%, 50% o hasta un 70% de ganancia en el mismo periodo. Pero ¿de dónde proviene esa sobreganancia?
La mayor parte de los economistas neoclásicos sostienen que no existe la renta, sino tan solo altos precios circunstanciales en algunas materias primas de vez en cuando. Además de negar la amplia evidencia que demuestra la naturaleza no accidental sino permanente del fenómeno, reducirlo todo a cuestión de precios no explica nada. Si se tratara solo de precios altos, ¿por qué no ocurre lo mismo en otras ramas de actividad? Y si las ganancias son tan jugosas en la minería, ¿por qué no concurren todos los capitales a invertir en el cobre, tendiendo a la larga a disminuir los precios como argumenta su teoría que debería ocurrir?
Otras explicaciones apuntan a la productividad extraordinaria que tienen los capitales mineros, como si la capacidad técnica que emplean estuviera aislada del resto del mundo generando un desbalance permanente. También se ha apuntado, desde visiones un tanto excéntricas de la teoría del valor-trabajo, que la explicación recae en la habilidad productiva superior de los trabajadores de la minería, que los llevaría a aportar un plusvalor mayor a sus procesos de trabajo y que, mediante una explotación también más elevada del empresario de turno, se traduce en una mayor ganancia. Son las dos caras del mismo misticismo: supercapitales o supertrabajadores.
En realidad, tal como lo estudio Marx en El capital, la renta minera brota de la explotación de aquellos recursos naturales que no son reproducibles a través de trabajo humano, y que son apropiados privadamente. Para ejemplificar: si un buen día una fábrica de celulares comienza a obtener una tasa de ganancia superior a la media en virtud de un aumento en el consumo de dicha mercancía, nada impedirá que otros capitalistas instalen otras fábricas de celulares similares para competir con la primera, desembocando en una guerra de precios que a la larga nivelará la ganancia al promedio, tal como ocurre hoy en día en la mayor parte de los mercados. Sin embargo, no es posible que ocurra lo mismo con recursos naturales como el cobre o el petróleo: para competir en este ámbito es necesario encontrar un yacimiento para explotar que sea de calidad equivalente, y estos son limitados por naturaleza. Ninguna veta de cobre es idéntica a otra.
De lo anterior se desprenden dos fenómenos. Por un lado, la renta absoluta es resultado de las limitaciones naturales a la competencia que tiene la extracción de materias primas escasas y apropiadas privadamente, lo cual determina que se produzca una oferta de mercancías estructuralmente inferior a la demanda, y con ello, que los precios se mantengan sistemáticamente elevados en todo el rubro, que no se ve afectado por las tendencias generales a la nivelación de la tasa de ganancia media. Por otro lado, la renta diferencial brota de la diferencia de productividad natural que tienen las mejores tierras (o las minas, o los pozos petrolíferos) respecto a las peores, y que no se explican ni por la fuerza de trabajo ni por la capacidad técnica empleada. Esta última forma de renta es la más relevante para el caso chileno, ya que las minas de cobre del país se encuentran entre las de mayor ley a nivel mundial.
Lo anterior significa que la renta del cobre es ni más ni menos que la ganancia extraordinaria que puede apropiarse el dueño de una tierra solo por el hecho de que esta sea naturalmente más productiva que el resto. La paradoja es que el dueño de estos recursos es el Estado, pero como demuestran diversos estudios, el esquema jurídico-tributario diseñado en dictadura y que replicaron los gobiernos democráticos posteriores, ha sido extremadamente generoso al ceder la mayor parte de la renta del cobre a los mismos privados que extraen el mineral para aumentar la inversión indiscriminadamente, aun cuando esta renta la obtienen solo en virtud de la abundancia de un recurso que nunca podrá recuperarse.
La vieja monserga de la “fuga de capitales”
Como se puede deducir de lo anterior, la mejor forma de capturar la renta es mediante la explotación directa de los yacimientos de cobre por parte de capitales estatales, quedando para el fisco la totalidad de las ganancias como ocurre en el caso de CODELCO. Sin embargo, se ha optado por promover la actividad de los privados aplicándoles un impuesto que captura apenas un porcentaje marginal de sus utilidades.
Es bueno considerar que, aún con este esquema tributario, los ingresos fiscales han sido enormes durante todos estos años para el Estado, por lo que cabe preguntarse cómo hubiera sido si en lugar de regalar la renta, esta hubiera recaído en manos del presupuesto nacional, como se calculó desde CIPSTRA con un sencillo ejercicio hace varios años. Las cifras hablan por sí solas. Un dato particularmente escandaloso es el caso de la minera Pelambres, perteneciente al grupo Luksic, cuya puesta en operación desde 1999 (justo antes del boom de los commodities) le permitió recuperar la totalidad del capital invertido en pocos años. Una verdadera proeza pocas veces vista e inexplicable en un escenario económico convencional.
Un cuestionamiento recurrente a la política de royalty —una vez despejadas las fantasías ideológicas de empresarios que creen que todo les pertenece a ellos por derecho divino— es el famoso fantasma de la fuga de capitales. Se argumenta que un mayor impuesto podría ahuyentar futuras inversiones, que optarán por desembarcar en países con menores tasas impositivas, e incluso que el impuesto podría llevar a la quiebra de las mineras privadas. Para algunos puede sonar terrible, pero ¿es realmente así?
La respuesta es —por desgracia— un rotundo no. Como la renta minera es la ganancia extraordinaria por encima de la tasa de ganancia media, su apropiación por parte del Estado no afectaría en ningún sentido la capacidad de acumulación y reproducción de los capitales privados que operan en la gran minería. Solamente les obligaría a arreglárselas con el mismo porcentaje de ganancias que cualquier otra empresa del sector privado, y considerando el volumen de inversión del que estamos hablando, éste seguiría siendo multimillonario. En esas condiciones, cualquier empresa del área minera del cobre que opte por retirarse del negocio sólo se estaría perjudicando a sí misma. Esto vale incluso para la mediana y pequeña minería que, plagada de subsidios estatales, logra amasar ganancias importantes. Y, por cierto, ante el eventual abandono del mineral por el aumento del impuesto, el Estado chileno podría tomar control rápidamente con su capacidad técnica instalada, tal como ocurrió en Bolivia con los yacimientos de gas natural luego de las nacionalizaciones del año 2006. En caso de que el royalty afectase los proyectos de inversión futuros que tuviesen en carpeta los capitales privados, esta política obligaría al Estado a hacerse cargo explotando los yacimientos directamente con CODELCO. Visto así, las perspectivas no parecen tan oscuras.
En realidad, el mayor desafío que quedaría pendiente luego de esta política sería avanzar también hacia la apropiación de la ganancia convencional del sector, que seguirá en manos privadas. Esto se hizo con un programa de nacionalización expropiatoria durante la Unidad Popular, y a cambio no se le pagó ni un solo peso a las mineras privadas, justamente porque se consideró que la apropiación de la renta que se habían embolsado los capitales extranjeros durante las décadas anteriores debía restarse a cualquier indemnización, resultando con ello un saldo a favor del Estado chileno que, por supuesto, estas empresas se negaron a pagar.
Un modesto avance en la madre de todas las batallas
A la luz de lo expuesto, la importancia de esta política parece bastante obvia. En un momento político en el que se discute cómo mejorar, ampliar y garantizar la capacidad del Estado de proveer derechos sociales, es imprescindible establecer una fuente de financiamiento estable y abundante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En este sentido, las voces críticas al extractivismo minero hasta el día de hoy no han sido capaces de dar una mejor alternativa, aunque están en lo correcto al afirmar que no se puede depender únicamente de la explotación bruta de recursos que destruyen el medio ambiente y que, por lo demás, están destinados a acabarse en el mediano plazo.
Por esta razón, el proyecto parece ir en la dirección correcta al proponer que el tramo de renta disminuya gradualmente en la medida que aumenten los niveles de procesamiento del mineral que se extrae, lo cual podría favorecer la instalación de capacidades técnicas superiores para incorporar valor agregado a la producción nacional y, en un futuro no tan lejano, ser competitivos en esta área generando encadenamientos productivos que redunden en nuevas y mejores fuentes de ingresos.
Así, aun tratándose de un esfuerzo insuficiente que tarde o temprano requerirá dar el salto hacia la nacionalización de la totalidad de los recursos naturales del país para su utilización soberana, parece imprescindible tomarse muy enserio este proyecto para que no se repita el despilfarro del último ciclo de superprecios del cobre, cuando el metal rojo alcanza sus mayores precios históricos. Cualquier duda de la relevancia de este asunto, debiera despejarse al ver cómo los capitales privados involucrados despliegan todo su arsenal de recursos en los principales medios de comunicación para criticar el impuesto. Sin duda, para los empresarios este tema es mucho más crucial que cualquier debate entre la farándula y el republicanismo joven encarnado en las figuras presidenciales del momento en la izquierda.
Sebastián Osorio
Licenciado en Sociología, Magíster en Historia y candidato a Doctor en Historia. Es miembro del Centro de Investigación Político Social del Trabajo (CIPSTRA).