En la periferia costera del Norte Grande, la vulnerabilidad social se agrava toda vez que el territorio es objeto de usos que dañan su equilibrio ecosistémico, perjudican la sustentabilidad del modo de vida de los habitantes locales e intensifican la disminución de especies oceánicas. El paisaje costero, la temperatura del mar, la pradera marina, los suelos y otros aspectos antiguos y emergentes, son objeto de apropiación de parte de diversos actores económicos. Así, son principalmente los usos industriales del espacio y la desvalorización del borde costero al sur de Iquique, los fenómenos que han provocado alteraciones ecológicas y perjuicios medioambientales y sociales a las comunidades aledañas.
por Bosco González, Diego Jiménez y Alexandra Gómez.
Imagen / Chanavayita, 12 de febrero 2011, VivaIquique en Flickr. Fuente.
Al sur de Iquique existen 140 kilómetros de costa antes de llegar a la región de Antofagasta, en esta extensión es posible apreciar el emplazamiento de diversos asentamientos costeros donde numerosas familias viven en torno a una economía ligada a los productos marinos y otras actividades asociadas. Muchas de estas familias han tenido que desplegar enormes esfuerzos para sobrevivir y habitar en el marco de una adversidad que no está necesariamente asociada a la adversidad del clima y las condiciones geográficas, más bien se trata de ingratitud y la desatención estatal. Se trata de territorios que sobreviven en los márgenes de una región muchas veces ingrata con sus límites constituyéndose estos en zonas de castigo más que territorios para habitar siguiendo algunos de los planteamientos de Tijoux (2021) quien refiere la existencia de una suerte de pedagogía del castigo que se ha expandido como mancha de aceite en algunos lugares del país.
Un análisis comparado entre los indicadores micro censales de estos asentamientos y los valores promedio de la comuna de Iquique exhiben las condiciones precarias de habitabilidad como lo es la carencia de servicios básicos de agua y saneamiento, a lo cual se suman problemas asociados a la cobertura en materia educacional como también sanitaria. Sin duda, estas cuestiones permiten evidenciar la dinámica de poblamiento de estas localidades, donde en promedio no viven más de 140 personas, existiendo asentamientos donde habitan 20 personas. A todo esto se suma un evidente patrón de envejecimiento poblacional.
Entre la información existente es posible apreciar una cierta relación entre los indicadores entre peores condiciones de habitabilidad y mayor concentración de población indígena y migrante, cuestión que abordaremos con más detalle en las siguientes páginas y que de alguna manera permite exponer algunas hipótesis provisorias que plantean la forma en que se producen territorios de exclusión, invisibilización y abandono de poblaciones indígenas y migrantes empobrecidas, considerando que la producción social del territorio no es neutra (Raffestin, 1980) siendo así el espacio resultado y condición de las relaciones sociales de producción, el cual a su vez es apropiado y dominado por grupos y clases sociales (Lefebre,1991)
Del sur de Iquique a Caleta Chipana: abandono del borde costero regional
Como se mencionó anteriormente, las localidades y familias que habitan el borde costero han sufrido de una constante indiferencia, es escaso encontrar estudios sobre sus realidades sociales, sin embargo, Guerrero (1993 y 2016) da cuenta de la baja capacidad de las entidades públicas para hacer frente a las severas necesidades de la población costera y para tomar un rol en las tensiones producidas por un aumento en la demanda de la apropiación del territorio costero.
En ese sentido, si delineamos la diversa gama de actividades que se presentan a lo largo de este territorio y que conviven con los asentamientos costeros, vemos la presencia simultánea de la pesca artesanal, una actividad tradicional de la zona, las actividades portuarias para embarque de minería metálica y no metálica, transporte aéreo civil y militar, turismo y actividades industriales de pesca y minería.
Guerrero (2016) apunta una clasificación ilustrativa realizada por el “Diagnóstico microzonificación de usos del borde costero”, la cual describe la costa Sur a Iquique de acuerdo con las siguientes zonas:
- La primera hasta Playa Quinteros, destacándose la actividad portuaria, pesca artesanal, turismo, hospedaje y gastronomía. Uso residencial y recreacional, además de infraestructura vial y portuaria.
- Luego hasta Punta Lobos, donde se señala una función productiva, con centro en la actividad industrial y portuaria. Aquí se realiza el desembarco de minerales provenientes de la provincia del Tamarugal, y se embarcan productos hacia destino internacional. Hay presencia de minero ductos conectados a faenas mineras y constante transportes de camiones de carga.
- Por último, hasta el límite con la Región de Antofagasta. Este sector es eminentemente pesquero artesanal, aun así, esta franja se encuentra cubierta por un gran número de concesiones mineras en exploración entre San Marcos y Chipana (Guerrero, 2016)
En los últimos años, teniendo en cuenta la diversidad de actividades y usos del espacio, ha tenido lugar un aumento de tensiones entre agentes económicos y sociales. Así, la proyección de Guerrero (1993, 2016) indica que esta tendencia a diversificar las actividades incrementaría en los próximos años las disputas por el uso del espacio costero, parece mostrar certeza al corroborar la participación de estos asentamientos costeros en las jornadas de protesta del año 2019, además de las últimas movilizaciones locales por demandas sociales durante el 2020 y en marzo del 2021.
La población dedicada a rubros artesanales en el mar de estas localidades ha desarrollado características importantes, la estabilidad y antigüedad ocupacional en esta área ha redundado en una mayor consolidación de sus prácticas laborales, lo que fortalece la construcción actual de su identidad cultural. Incluso, poblaciones provenientes de otros sectores ocupacionales se han convertido con el tiempo en trabajadores del mar tras el cese de sus ocupaciones originales, y otros locales han renovado su oficio integrando el turismo y la gastronomía, coincidiendo de esta manera con aquella hipótesis relacionada con pensar los limites regionales como zonas de relegación, exclusión y castigo.
En ese sentido, es necesario mencionar la vulnerabilidad de los trabajadores del mar, especialmente en algunos oficios como la recolección de huiro, buzos y mariscadores, quienes se han visto afectados por una serie de accidentes ocupacionales con resultado de muerte o afectación importante a la salud, debido entre otras cosas a precariedades en el equipamiento, condiciones adversas del medio submarino y a la falta de seguros de salud laboral.
En suma, como se aprecia en el Gráfico 1, desde el año 2002 al 2017 es posible notar cambios demográficos en ciertas localidades, algunas de las cuales han disminuido su población y otras han aumentado sus habitantes como es el caso de Los Verdes, Chanavayita, Caramucho y Caleta San Marcos, lo cual sugiere la importancia de fortalecer la cobertura de bienes societales en dichas localidades.
Gráfico 1. Población total (INE 2002 – 2017)
Por otro lado, es relevante visualizar el fenómeno de la migración estacional que viven actualmente las familias o algunos miembros de ellas, tendiendo a establecerse en las caletas, pero manteniendo viviendas en la ciudad de Iquique, desde donde se desplazan periódicamente con fines productivos, educativos, etc. En ese sentido, si bien Guerrero (2016), refiere el mejoramiento de los niveles de educación familiar, nos parece importante mencionar la escases de infraestructura básica para el desarrollo educativo de la población costera, considerando que solo Caleta Chanavayita y Caleta San Marcos poseen establecimientos educacionales, los cuales solo dan cobertura a la educación básica.
Hacia Iquique, la capital de la comuna, miran los caleteros a la hora de buscar la oportunidad de educación. Pero la experiencia de migrar a Iquique trastoca la integración familiar y sea que se muden solos o acompañados de uno de sus padres, no es una experiencia fácil.
La construcción de establecimientos de educación en estas localidades es una necesidad apremiante para brindar al desarrollo local de esta población, la oportunidad de no verse obligados a desprenderse de su territorio en busca de educación u otras necesidades, y es un apremio emocional para las generaciones de niños y jóvenes, como puede apreciarse en lo señalado por un poblador de Chanavayita:
“A mí por ejemplo me hubiera gustado, si tú me pregunta en estos tiempos, me hubiera gustado haber seguido acá porque yo ahora que volví pa acá fueron muchas amistades que se perdieron, que yo no sé dónde se fueron. O hay muchos amigos que uno ya no tiene el mismo lazo que teníamos antes, antes éramos yuntas, pero uno se va y uno pierde muchas amistades, mucho, muchos lazos.”
Precariedad y habitabilidad
Al salir de Iquique por la Ruta 1 en dirección a Antofagasta, es posible apreciar un monumento a la Virgen del Carmen, de forma aledaña se encuentran el sector Lobito y Punta Gruesa, no muy lejos de Iquique, pero donde es impresionante el aumento abrupto de la precariedad habitacional, registrándose que el 67% de las viviendas son catalogadas como mediaguas o chozas en el caso de Lobito, y 47% en Punta Gruesa (INE, 2017).
Respecto a este primer sector, es ilustrativo comprobar que mientras las viviendas de materialidad aceptable representan el 70% del total de viviendas en la comuna de Iquique, las localidades costeras en promedio solo registran un 13%, cuestión que se agrava en Lobito y Zermeño donde ninguna de las viviendas es considerada aceptable La precariedad habitacional es patente y visible, cuestión que es refrendada por los datos expuestos para el caso de Punta Gruesa donde un 28,5% de las viviendas posee características irrecuperables de materialidad.
Esta situación se refuerza y agrava gracias al abandono institucional y estatal que viven dichas localidades, lo cual muestra cómo la exclusión no solo se vive entre la capital y las regiones del país, sino también dentro de las mismas comunas. En consecuencia, el borde costero ha sufrido una constante indiferencia, que se observa en la realidad de cientos de viviendas y barrios construidos por los habitantes locales, que actualmente son definidos por las autoridades como “ilegales”, estado que los mantiene sin acceso a la red pública de agua potable, alcantarillado y electrificación.
Así, mientras el 82% de la comuna de Iquique posee acceso a la red pública de agua, en promedio, un 85% de las viviendas del borde costero no posee acceso a la vital red, esto evidencia la marginación de esta población de la comuna y demanda la atención de las políticas públicas emanadas desde las entidades de administración territoriales como sectoriales.
Caleta San Marcos y Caleta Chipana, ubicadas a alrededor de 1 hora a las afueras de Iquique, se caracterizan por una alta presencia de recursos oceánicos y una población que practica diferentes actividades tradicionales ligadas al mar. Sin embargo, se hace necesario exhibir precaria realidad que viven el conjunto de generaciones de estas caletas. Destacamos que en ambos asentamientos ninguna vivienda cuenta con acceso a la red pública de agua, mientras que el 38% de ellas son mediaguas o chozas.
Ambas localidades han buscado mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con insistentes proyectos que buscan regularizar su situación, como es el caso de la Escuela de San Marcos, conocida popularmente por haber sido puesta en funcionamiento en manos de los mismos habitantes de las caletas. Esto cambió la vida de sus jóvenes y actualmente han logrado una reconstrucción del establecimiento (Ver al final de la nota: Documental Escuela Caleta San Marcos).
De aquello se desprende que comparadas con las otras localidades, Chipana y San Marcos posean un número más equilibrado de población infantil (13%), teniendo en consideración que en el conjunto de estos asentamientos esta población es severamente más reducida. En la comuna, la población infantil es de un 20% aproximadamente, mientras que en promedio el borde costero presenta solo un 8,2% de niños y jóvenes de entre 0 a 14 años.
Esto puede relacionarse directamente con la nula existencia de establecimientos de salud y educación. Debido a esto, en muchas familias, algunos miembros de ella han debido distanciarse y migrar estacionalmente a Iquique para la educación o el tratamiento de sus hijos o familiares. Lo que da paso a que solo uno de los padres permanezca en la playa o caleta con fines laborales, como es el caso de asentamientos donde no se registra población infantil: Punta Gruesa, Chanavaya, Pozo Toyo, Playa Quinteros, entre otras (INE, 2017).
A su vez, en Rio Seco o Chanavaya, asentamientos ubicados a algunos km al sur del Aeropuerto Diego Aracena, donde se exhiben actividades económicas ligadas a la gastronomía, la pesca artesanal, la recolección de algas y productos alimenticios de orilla, se percibe un notable número de población adulto mayor, relativamente lejana de centros de atención de salud.
En Chanavaya, mientras existe un 0% de habitantes entre 0 a 14 años, los adultos mayores abarcan el 22,37% de la población, al igual que en Rio Seco, que presenta un 7% de población infantil mientras la tercera edad representa alrededor del 15% de los pobladores. Esta realidad ha sido visibilizada y denunciada por los pobladores costeros en algunas de las últimas protestas llevadas a cabo por ellos en marzo del 2021.
Amenazas socio-ambientales y la regulación del estado
Es preciso añadir que esta vulnerabilidad social se agrava toda vez que el territorio es objeto de usos que dañan el equilibrio ecosistémico, perjudican la sustentabilidad del modo de vida de los habitantes locales e intensifican la disminución de especies oceánicas.
El paisaje costero, la temperatura del mar, la pradera marina, los suelos y otros aspectos antiguos y emergentes, son objeto de apropiación de parte de diversos actores económicos (V. Guerrero, 1993). Así, son principalmente los usos industriales del espacio y la desvaloración del borde costero al sur de Iquique, los que han provocado alteraciones ecológicas y perjuicios medioambientales a las comunidades aledañas.
En ese sentido es importante recalcar que las relaciones que establecen las sociedades con los territorios, las dimensiones geográficas de los hechos sociales de los que son a la vez producto, constituyen un contexto donde se establecen un conjunto de relaciones y acciones que van a componer un espacio vivido, interiorizándose en los sujetos en forma de representaciones y significaciones (Gilbert 2012).
Entre estos conflictos y acciones desplegadas en el territorio costero se encuentran la constante pugna entre la sobrepesca industrial y las familias de pescadores artesanales que se ven afectadas por los problemas de sustentabilidad.
Además, las organizaciones vecinales señalan la afectación a la fauna provocada por la mayor temperatura del mar en las zonas inmediatas a los puertos e instalaciones mineras costeras, como es el caso de Collahuasi al sur de Chanavayita. Otros problemas tienen como raíz la depredación de la flora marina en manos de extractores ilegales de huiro, la contaminación marina y del aire, y la fragmentación de hábitats debido a la instalación de proyectos industriales (Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Tarapacá, 2013).
Una graduación del daño provocado por algunas de estas situaciones se expone en el Cuadro 1, elaborado en base a una investigación de CONAMA y la Agencia Internacional para el Desarrollo (1990).
Cuadro 1. Problemas ambientales en Tarapacá y su graduación
Al respecto, el año 2006, pobladores locales presentaron una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la minera Doña Inés de Collahuasi, por los daños provocados a los habitantes de la caleta de Chanavayita (Olaechea, 2010), periodo en que los comuneros vivieron y trabajaron en la localidad sufriendo un impacto ambiental derivado de la liberación de partículas contaminantes producidas por la minera Collahuasi en Patache, a 10 kilómetros de la localidad de Chanavayita.
Estas molestias fueron expuestas por la población y se concluyó con una multa por parte de la COREMA (Olaechea, 2010), debido principalmente a las constantes manifestaciones y protestas de los pobladores que insistieron en la excesiva gravedad de la situación, obteniendo la formación de una mesa de trabajo liderada por el Gobierno Regional para lograr dar solución a sus justas denuncias.
Otro caso de esta naturaleza se vivió el 2016, año en que de manera conjunta, los Sindicatos de Trabajadores Independientes de Recolectores de Orilla y Pescadores de la Caleta Caramucho, Buzos Mariscadores y Ramos Similares de Caleta Cáñamo, y Armadores Nueva Esperanza, denunciaron ante la SMA “la presencia de un derrame de líquidos provenientes de un rebalse de piscinas de operaciones que contiene agua utilizada en el transporte de concentrado de cobre desde la faena cordillerana hacia las instalaciones de Puerto Patache” (Diario el Economista, 2017).
De conjunto, estas situaciones son parte de la exclusión social y la devaluación socioambiental del territorio costero sur de la región, las que afectan al paisaje, la salubridad y la sostenibilidad del modo de vida de las poblaciones que habitan estas localidades.
Espacios de reclusión para poblaciones indígenas y migrantes.
Desde el punto de vista de la población perteneciente a pueblos originarios, existe una alta presencia indígena en el conjunto del borde costero. En el caso de algunas localidades como Lobito, esta población abarca el 78,26%, al igual que en Chanavaya (35,53%), Zermeño (28,57%), Punta Gruesa (28%), Caramucho (23,08%) y Los Verdes (22,11%), entre otras. Siendo relevante señalar que persisten y conviven familias provenientes de diversas identidades étnicas , desde familias mapuches, hasta diaguitas o aymaras, gran parte de ellas desvinculadas de las estructuras sociales de origen , al menos desde un punto de vista funcional, pero sin lugar a dudas permite expresar la manera en que desde el espacio regional la temática indígena relacionada con la población migrante deja de ser una preocupación toda vez que se trata de grupos que no tributan a las dinámicas de patrimonialización y folklorización de los grupos humanos regionales.
En general es posible sostener que, tal como se aprecia en el Gráfico 2, existe una cantidad significativa de población indígena en los asentamientos costeros del sur de la comuna de Iquique que tiende a coincidir con una presencia significativa de población migrante, llamando la atención la forma en que esta coincidencia se da con más fuerza en asentamientos de menor densidad poblacional y condiciones precarias de habitabilidad. En el Gráfico 3 es posible apreciar como parecen estar fuertemente relacionada la presencia de población indígena y migrante con indicadores de habitabilidad precarias, cuestión que no se expresa en el caso de medir la relación entre población no indígena y no migrante y estas condiciones de habitabilidad.
Gráfico 2. Correlación entre población indígena, migrante y total.
Gráfico 3. Correlación entre viviendas no aceptables, inmigrantes y población indígena.
No queremos señalar con esto que exista población en los asentamientos costeros que tenga condiciones favorables de vida respecto del promedio comunal, lo que nos interesa destacar que ser indígena y migrante en las caletas del sector sur de Iquique parece ser un castigo caracterizado por la exclusión e invisibilización social.
Bosco González es Doctor en Historia y docente de la Universidad Arturo Prat.
Diego Jiménez es estudiante de sociología en al Universidad Arturo Prat.
Alexandra Gómez es egresada de sociología en la Universidad Arturo Prat.
Bosco González
Presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile, Dr. en Historia (UCH).
