La Unidad Popular estableció que existía una profunda conexión entre desarrollo, fuerzas armadas y el proceso de cambios profundos que necesitaba el país, en este caso la revolución socialista. La profesionalización constante de las FF.AA. a la par de la relación directamente proporcional entre desarrollo de una nación y sus instituciones castrenses fue un tema base del proyecto la Unidad Popular, entendiendo que si un país es víctima de la poca educación, incultura, la enfermedad o de la dependencia económica, un ejército será reflejo de esto, carentes de poderío […] La dictadura militar truncó todo este esfuerzo
por Vicente Ramírez S.
Imagen / De la serie Memorias de Chile, 2020, Magdalena Jordán.
Más de un año ha pasado desde octubre y del proceso político abierto a partir de este. Diversas han sido las consecuencias que han saltado a la luz pública y que expusieron una situación nacional que contrasta con la expresión del “oasis de Latinoamérica”, expresión usada por Sebastián Piñera para compararnos con nuestros países vecinos y sus crisis sociales, económicas y políticas.
Una de las situaciones más complejas, y que ha tenido duras consecuencias en los habitantes del país, es el cuestionado control civil sobre las Fuerzas Armadas (FF.AA.). No se trata de un problema nuevo. Casos como el Milicogate, la venta de armadas al crimen organizado y declaraciones sobre la necesidad de la defensa corporativa de su sistema de pensiones[1] lo demuestran; el aumento de los casos de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) durante las masivas protestas que siguieron el 18 de octubre impidieron que esta situación siguiera siendo ignorada. Esto no solo se suma a la larga historia de las instituciones castrenses de violaciones a los DD.HH, incluido lo sucedido en dictadura, sino que también ocurre a la par de un proceso de “policialización” de sus funciones evidenciando una profunda crisis que ha descompuesto tanto sus labores como la brújula moral de sus efectivos.
Las denuncias sobre la degradación de las FF.AA. del país y de un control civil cuestionado no han sido escasas, pero ha faltado poner manos a la obra. Las soluciones planteadas solo han actuado bajo un marco de medidas parches que ven el problema como uno de gestión, cuando la necesidad es atender una institución que requiere un cambio tanto en su estructura como en su cultura organizacional.
Es posible explicar la crisis a partir de la interacción de dos factores. El primero es la estrecha relación que mantiene el mundo castrense con la derecha y los sectores más conservadores del país. Esto incluiría la negativa a una cooperación por parte de las instituciones castrenses a aportar en los procesos de verdad, justicia y reparación tras la ocurrido en dictadura y la existencia de una denominada Familia Militar. El segundo factor no proviene desde las FF.AA, sino de la inmovilidad de todos los sectores políticos de hacerse cargo de la actual situación militar y pensar una planificación al largo plazo de las instituciones castrenses.
La falta de un proyecto político-estratégico que incluya el quehacer militar ha inhibido cualquier esfuerzo por hacer de las FF.AA. una institución que se atenga al control civil, se aleje de las labores del orden público para concentrarse netamente en la defensa, mantenga una formación de respeto irrestricto a los DD.HH. y evite que sean dotadas de una autonomía de facto legitimada por una legislación limitadas respecto a las necesidades actuales, y solo potenciando el carácter autoritario del Estado[2].
Es posible rastrear esta crisis aún más y ver que a lo largo de la historia se ha visto cómo una oligarquía se ha adueñado del actuar del desarrollo nacional acaparando puesto burocráticos, empresariales y militares[3]. Desde estos puestos han logrado “supervisar”, influenciar y hasta dirigir directamente el desarrollo del país. El esfuerzo más reciente en donde se intentó crear un proyecto que fuera en contra de esto fue durante la presidencia de Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Desde el mismo gobierno, es decir desde la sociedad civil, se construye un proyecto político militar para las FF.AA. con tal de ponerlas al servicio de las necesidades del país.
El proyecto de la Unidad Popular debía enfrentar un escenario mundial donde Richard Nixon y su ministro Henry Kissinger, así como sectores importantes de la derecha chilena abogaban por una salida golpista al gobierno de izquierda. Con este antecedente, la Unidad Popular trabajó con tal de evitar un escenario de confrontación interna y su objetivo principal era consolidar el control civil de los cuerpos armados. Esto se hizo reforzando el carácter constitucionalista de las FF.AA. y el respeto de las jerarquías de mando, a través de la “Doctrina Schneider”, y la incorporación a las tareas del desarrollo nacional y al proceso de cambio económico, social y político de la época. En este encuadre, el Estado sería el protagonista y así se garantizaría una jerárquica relación civil-militar que integrara lo militar en su nuevo papel social y en los nuevos procesos de cambios.
En primer lugar, la política militar impulsada por Salvador Allende, basado en la Doctrina Schneider, hacía alusión al hipotético pasado y tradición constitucionalista, respeto al mando civil y el alejamiento de la política. Si bien, esto es discutible, Verónica Valdivia menciona que las críticas existente desde lo castrense y la exigencia de ser tomados en cuenta al momento de hablar sobre el desarrollo del país no sobrepasaban el respeto a la institucionalidad y apuntaba a la necesidad de un reacomodo de acuerdo con las nuevas condiciones sociales[4]. El general Carlos Prats, sucesor de René Schneider en el mando del Ejército luego de su asesinato por parte de organizaciones representantes de la derecha nacional, continuó su legado constitucionalista plegándose al proyecto que venia desarrollando la Unidad Popular. Es así como en varios de sus discursos apeló a un deber histórico de las FF.AA. donde próceres como Bernardo O’Higgins representaban la virtud militar de cumplir con su deber siendo leal a su superior, al igual que el fallecido René Schneider, ligando la doctrina con el ethos fundacional de las FF.AA.
El segundo eje importante es la unión de la sociedad chilena –campesinos, obreros, estudiantiles, mineros, las mujeres y soldados– en la construcción de un Chile justo y solidario. La exigencia del mundo militar por ser integrados ya tenia sus años en la palestra y en su momento solo fueron escuchados por Carlos Ibáñez del Campo en su periodo legítimo de gobierno (1952-1958). La Unidad Popular retomó la exigencia y en un intento resignificatorio se intentó integrar a las FF.AA. en las tareas del desarrollo acentuando el carácter antiimperialista del proceso de Independencia de Chile de la corona española y ligándolo con el proceso de una “Segunda Independencia”, una independencia económica del norte americano, combinando de esta manera la tradición castrense con los anhelos libertadores.
Este intento de cambio cultural no fue el único esfuerzo del proyecto político-militar. La Unidad Popular estableció que existía una profunda conexión entre desarrollo, fuerzas armadas y el proceso de cambios profundos que necesitaba el país, en este caso la revolución socialista. La profesionalización constante de las FF.AA. a la par de la relación directamente proporcional entre desarrollo de una nación y sus instituciones castrenses fue un tema base del proyecto la Unidad Popular, entendiendo que si un país es víctima de la poca educación, incultura, la enfermedad o de la dependencia económica, un ejército será reflejo de esto, carentes de poderío.
Desgraciadamente la dictadura militar truncó todo este esfuerzo. Todo programa fue reemplazado por un nuevo proyecto político, guiado por la Doctrina de Seguridad Nacional desde el cual no solo se persiguió hasta el exterminio a cualquier oposición, sino que también fragmentó a la sociedad chilena y sus espacios de decisión soberana con tal de instalar una supremacía castrense apoyada por los sectores civiles representantes de la derecha y la oligarquía[5]. Es así como se dejó una cultura dentro del mundo castrense colocándolos en contra de la consolidación democrática y el gobierno soberano del pueblo.
En los últimos años ningún sector político ha demostrado un esfuerzo público por modificar la crisis de las FF.AA. Por parte de la derecha es por la comodidad que esto les significa, mientras que la izquierda se vio excluida del mundo castrense luego de la purga efectuada por la dictadura de todo exponente que como mínimo expresara un atisbo constitucionalista. De forma paralela todo lo militar quedó definido como algo a lo que aborrecer, con justa razón, pero esta posición finalmente devino en una cancha libre a una consolidación de los sectores oligárquicos y conservadores en las filas castrenses, especialmente en las filas de oficiales.
Los casos en que las FF.AA. se han visto envueltos con la ley y la denigración de derechos civiles no son pocos. Aún así, a modo general, los proyectos de cambios y reformas pueden ser clasificados de parciales y reducen el problema a uno de control de gestión. Una visión de insuficiencia también puede verse en las repercusiones de los procesos judiciales que solo se han individualizado. Este camino sin ningún tipo de estrategia solo posterga el cambio real y profundo y no evita que casos como violaciones a los DD.HH. se repitan en el futuro. Existe un problema estructural, cultura y de clase dentro de las FF.AA. Vemos en nuestra historia, ligada estrechamente a la historia militar del país, que cuando se ha pensado en un proyecto que abarque la totalidad de las funciones de las instituciones castrenses, en conjunto de un proyecto nacional, grandes cambios han podido desarrollarse, aunque desgraciadamente en nuestra historia reciente estos tuvieron un costo de miles de vidas perdidas.
Desde octubre estamos viviendo un proceso político de gran envergadura, y en el camino del proceso constituyente existe la oportunidad que desde una izquierda transversalmente organizada y cohesionada pueda superar el obstáculo permanente que ha significado para la consolidación democrática y la conquista de los derechos sociales un mundo castrense coaptado por los sectores más conservadores del país. La construcción de un proyecto político que incluya lo militar es una prioridad al momento de construir democracia y gobernabilidad.
[1] Mauricio Weibel, “Comandante en jefe del Ejército revela que oficiales traficaron armas para bandas de narcos”, The Clinic, 22 de noviembre de 2018. En línea: https://www.theclinic.cl/2018/11/22/comandante-en-jefe-del-ejercito-revela-que-oficiales-traficaron-armas-para-bandas-de-narcos/
[2] Vicente Ramírez, “Estado policial: la falta de proyección estratégica y su reemplazo por una agenda represiva para el pais”, Revista ROSA, 22 de junio de 2020. En línea: https://www.revistarosa.cl/2020/06/22/estado-policial-la-falta-de-proyeccion-estrategica-y-su-reemplazo-por-una-agenda-represiva-para-el-pais/
[3] Verónica Valdivia Ortiz de Zarate, Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del Siglo XX (1918-1938) (Santiago: LOM Ediciones, 2017).
[4] Verónica Valdivia Ortiz de Zarate, “‘Todos juntos seremos historia: Venceremos’, Unidad Popular y Fuerzas Armadas”, en Julio Pinto Vallejos, Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular (Santiago: LOM Ediciones, 2005), pp. 177-206.
[5] Jorge Tapia Valdés, El Terrorismo de Estado: La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur, (México: Editorial Nueva Imagen, 1980).
Vicente Ramírez Sánchez
Militante Convergencia Social. Sociólogo especializado en temas de seguridad y defensa y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
