Los ocho integrantes del grupo “La Vanguardia” ligado al ex neonazi Sebastián Izquierdo -que participó del grupo Legión 38 responsable del asesinato de una persona-, que durante las marchas del Rechazo protagonizó diversos ataques físicos a personas que no compartían sus posiciones, no sólo “tenían armamento”: se articularon orgánicamente para realizar amenazas, se desplegaron en diversas acciones de agitación durante meses atacando símbolos ligados a la revuelta del 18 de octubre, y asumieron un discurso ideológico en el que se declaraban dispuestos a tomar “las medidas que consideremos necesarias, sean cuales sean, para defender a nuestro país”.
por Felipe Ramírez
Imagen / Oath keepers en la marcha de derecha en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, 12 de agosto 2017, Anthony Crider. Fuente.
La detención durante la semana de una célula armada de extrema derecha acusada de amenazas de muerte a la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, en el marco de su investigación a Carabineros en contra del uniformado responsable de botar a un joven al río Mapocho generó amplio revuelo.
No sólo la evidencia dejó clara la existencia de grupos terroristas de extrema derecha que cuentan con acceso a armamento de guerra prohibido, como la subametralladora Uzi, sino que además el Estado chileno a través del gobierno de Sebastián Piñera, está dispuesto a protegerlos y bajar el perfil a sus acciones, como lo demostró el subsecretario Galli con sus declaraciones y la formalización de una sola persona.
Los ocho integrantes del grupo “La Vanguardia” ligado al ex neonazi Sebastián Izquierdo -que participó del grupo Legión 38 responsable del asesinato de una persona-, que durante las marchas del Rechazo protagonizó diversos ataques físicos a personas que no compartían sus posiciones, no sólo “tenían armamento”: se articularon orgánicamente para realizar amenazas, se desplegaron en diversas acciones de agitación durante meses atacando símbolos ligados a la revuelta del 18 de octubre, y asumieron un discurso ideológico en el que se declaraban dispuestos a tomar “las medidas que consideremos necesarias, sean cuales sean, para defender a nuestro país”.
A pesar de la amenaza que representa la existencia de un grupo abiertamente paramilitar en su despliegue y terrorista en sus acciones -amenazar de muerte a una fiscal en una investigación de alto perfil para amedrentarla califica como tal-, que reivindica al grupo fascista “Patria y Libertad” y que ataca a opositores con escudos y otros implementos de lucha cuerpo a cuerpo, el gobierno no se querelló ni por Ley de Seguridad Interior del Estado (LSI) ni invocó la existencia de una Asociación ilícita.
Es más, el subsecretario Galli le bajó el perfil a la situación calificando como utensilios sin importancia los encontrados en manos del grupo, integrado por empresarios ideológicamente afines a la derecha más extrema y que pusieron su infraestructura -vehículos y domicilios- al servicio de su organización, lo que abre la duda sobre sus formas de financiamiento y relación con otros grupos que se han articulado desde el año pasado.
La situación contrasta con la forma como se ha manejado el Estado frente a situaciones mucho menores en las que se han visto involucrados por ejemplo, comuneros mapuche. El montaje de la “Operación Tauro” (2017) con su supuesta escuela de guerrillas que tuvo al Werkén Hugo Melinao 8 meses en prisión preventiva, o los cientos de detenidos bajo la misma cautelar tras la revuelta o bajo cargos de la LSI por barricadas o incendiar infraestructura sin daños ni amenazas a personas, dejan en claro el carácter racista y de clase con el que se maneja el gobierno.
Hasta el momento nadie en el gobierno ha corregido a Galli por sus acciones, que en los hechos le entregan cobertura política al grupo detenido. A ello se suma las características de las acciones judiciales realizadas, que permitieron que sólo una persona quedara formalizada por la ley de Control de Armas, protegiendo al resto de los integrantes de la célula terrorista.
Cabe preguntarse entonces dos cosas: si según versiones de prensa este grupo planificó las amenazas en un comando del Rechazo ¿qué vínculo existe entre la derecha armada y neo-fascista y los partidos de gobierno como para que los protejan de esa manera? Y ¿los protegen para tenerlos preparados en caso de necesitarlos a futuro en caso de que continúe avanzando el proceso constitucional hacia un final que no es del agrado de los sectores privilegiados que representan?
El paramilitarismo sólo puede crecer en un país si cuenta con la anuencia del Estado y los partidos políticos que detentan el poder. Así ha sido en Colombia con los grupos armados de derecha -responsables de la mayoría de las muertes de ese conflicto- o en Turquía con los ultranacionalistas de los “Lobos grises” ¿Está la derecha chilena en camino a aplicar la misma receta? Y más importante aún ¿cómo actuará la izquierda ante la amenaza?
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
