Crisis sanitaria, trabajo y proceso constituyente

Más allá de la necesaria discusión normativa sobre los contenidos de la nueva Constitución, habilitar una discusión seria sobre el trabajo al proceso constituyente es preguntarse sobre el rol que juega el trabajo en la sociedad, o cuestionar por qué mientras los grandes empresarios tienen derecho a organizarse a través de organizaciones de carácter nacional que interlocutan directamente con el Estado, los trabajadores solo pueden organizarse con plenitud de derechos a nivel de empresa. O por qué en Chile no se permite la negociación colectiva por rama ni la existencia de sindicatos que agrupen a trabajadores de una misma actividad económica de alcance regional o nacional.

por Pablo Delgado

Imagen / Esperando frente al Consulado de Perú. Fuente.

La crisis sanitaria ha golpeado con fuerza a la inmensa mayoría de la población que vive de su trabajo. En algunos casos, a través de despidos y  suspensiones laborales financiadas con los ahorros de los propios trabajadores. En otros, a través de la imposibilidad de seguir desarrollando con normalidad sus trabajos informales, independientes y/o autónomos. Incluso para quienes han logrado mantener sus puestos de trabajo, esto ha sido a cambio de prestar sus servicios de manera presencial en condiciones de riesgo para la salud o bien en modalidades de teletrabajo que difuminan casi totalmente la frontera entre trabajo y tiempo libre. Como si fuera poco, muchas mujeres deben seguir conciliando sus trabajos con un aumento de labores domésticas no remuneradas.

En definitiva, los efectos de la crisis sanitaria sobre el trabajo han impactado de forma transversal a prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras, acentuando distintas características del modelo de relaciones laborales vigente como la ausencia de derechos laborales, la precariedad laboral, la debilidad sindical y la falta de certidumbre sobre el futuro laboral inmediato, haciendo aún más pesada la carga que deben soportar trabajadores y trabajadoras para ganar su sustento.

A pesar de lo evidente, la cuestión del trabajo parece no ser una prioridad política para la izquierda ni el progresismo, actualmente enredados en una discusión sobre los llamados a la unidad de las fuerzas políticas de la oposición para “derrotar a la derecha” y los nombres de las posibles candidaturas presidenciales para el próximo año. En cambio, la discusión sobre los proyectos políticos a implementar y las formulas para incorporar políticamente al pueblo que se movilizó a partir de octubre no han sido formuladas abiertamente.

El proceso constituyente sin duda es una oportunidad inédita para discutir distintos proyectos de sociedad. Como han planteado algunos sectores de izquierda, la discusión constituyente no puede quedar restringida al plano de la institucionalidad política y los procesos de formación de la ley para evitar una “Constitución tramposa”, sino que debe además orientarse a materializar los proyectos de sociedad que puedan encarnar las aspiraciones sociales y de conquista democrática del pueblo que se movilizó a partir de octubre.

Una nueva Constitución que exprese un verdadero pacto social debe partir de la base de reconocer al trabajo como la principal actividad que genera riqueza y que ejerce la mayoría de la población, terminando con la actual  asimetría de poder entre capital y trabajo que consagra la actual Constitución. Durante la crisis sanitaria quedó al descubierto que sin trabajadores y trabajadoras ejerciendo sus funciones no hay creación de riqueza ni economía que funcione. Pero esta realidad tan evidente no ha tenido una correlación con el rol que han jugado trabajadores y trabajadores durante esta coyuntura, invisibilizados como actores sociales y políticos. Ni las centrales de trabajadores ni los partidos políticos de izquierda han logrado poner en el centro del debate público los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Abordar con esta inercia el proceso constituyente solo puede llevar al mismo resultado: la invisibilización del trabajo y el despojo de poder de la mayoría de la población que vive de su trabajo.

Más allá de la necesaria discusión normativa sobre los contenidos de la nueva Constitución, habilitar una discusión seria sobre el trabajo en el proceso constituyente es preguntarse sobre el rol que juega el trabajo en la sociedad, o cuestionar por qué mientras los grandes empresarios tienen derecho a organizarse a través de organizaciones de carácter nacional que interlocutan directamente con el Estado, los trabajadores solo pueden organizarse con plenitud de derechos a nivel de empresa. O por qué en Chile no se permite la negociación colectiva por rama ni la existencia de sindicatos que agrupen a trabajadores de una misma actividad económica de alcance regional o nacional.

Desde un punto de vista político, el modelo de relaciones laborales consagrado en la actual Constitución se basa en la expulsión del sindicato de la vida pública y su relegación en la empresa. Tanto para el Plan Laboral de José Piñera como para la Constitución de Jaime Guzmán, proyectos profundamente antisindicales, el conflicto laboral debe ser eliminado de la sociedad y de la empresa. Desde un punto de vista jurídico, se optó por disminuir la actuación sindical al mínimo posible, lo que implica que la regulación sobre el trabajo,  salario y derechos laborales laborales en general, fue expulsada del ámbito del conflicto entre capital y trabajo, y pasó a ser regulado directamente por el Estado a través de la dictación de leyes. Ese es el motivo por el que los problemas de carácter laboral, en general, no se resuelven a través de la negociación directa entre capital y trabajo sino en el Congreso, que además posee una baja representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y que solo puede dictar normas de carácter general.

Incluso la última reforma laboral, impulsada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que concitó una fuerte oposición empresarial y fue cercenada por el Tribunal Constitucional, se movió dentro de los márgenes del Plan Laboral, compartiendo su presupuesto esencial: que la huelga es una situación indeseable que debe ser evitada. Pese a  pequeños avances en materias puntuales, en líneas gruesas terminó ahogando aún más a los sindicatos con una frondosa regulación plagada de procedimientos administrativos y judiciales durante la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a huelga, que hacen más lenta la acción sindical y más técnico (y menos político) el trabajo sindical.

Sin pretender ser exhaustivo, me permito proponer algunos puntos que debería incorporar una futura discusión constitucional sobre el trabajo. Primero, el rol que como sociedad le otorgamos al trabajo, reconociéndolo como la principal fuente de creación de riqueza y actividad vital de la mayoría de la población. Segundo, la protección del trabajo y el derecho a la estabilidad laboral. Tercero, la incorporación de los trabajadores a la vida pública a través de los sindicatos, con atribuciones que les permitan expresar sus legítimos intereses en el ámbito público, frente a las organizaciones patronales y frente a los empleadores. Cuarto, el reconocimiento constitucional pleno de la libertad sindical entendida como la consagración expresa y amplia de los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga de todos los trabajadores, sin excepción, con una plena autonomía sindical. Quinto, consagrar la negociación colectiva por rama o actividad económica, que permita a todos los trabajadores y trabajadoras de un sector negociar en un plano de igualdad sus condiciones de trabajo con organizaciones representativas del capital. Y sexto, la consagración constitucional de la seguridad social como derecho fundamental regido por los principios de universalidad y solidaridad social.

El proceso constituyente requiere un debate sobre el trabajo a la altura de su importancia en la sociedad. En esta tarea, es fundamental que sean los propios trabajadores y trabajadoras, estén o no sindicalizados, quienes protagonicen esta arremetida. Por su parte, sería deseable que las organizaciones políticas de izquierda abran espacios de deliberación al mundo del trabajo y promuevan la participación directa de trabajadores y trabajadoras en el proceso constituyente. Solo así podrá comenzar a cerrarse la brecha entre la izquierda política y el mundo del trabajo, y a expresarse políticamente la diversidad del pueblo que se movilizó a partir de octubre.