Uruguay: sintonizando el neoliberalismo autoritario regional

La ley de urgente consideración satisface especialmente a los nostálgicos de las medidas neoliberales y conservadoras para ponerse a tono con los gobiernos de derecha de la región. En ese sentido la LUC flexibiliza los pagos en dinero cash hasta 100 mil dólares, facilitando la evasión de impuestos y el lavado de activos. Además se elimina la obligatoriedad del pago mediante depósito bancario a los trabajadores dependientes, lo que deriva en un aumento de la informalidad laboral y posibles pérdidas de derechos. La legislación, indican especialistas, trae el desafío de tornar nuevamente al país en una plaza financiera como los años 90s, paraíso fiscal que no coopera con los delitos del área.

por Mauricio Vázquez y Andrés del Río

Imagen / Celebración en Montevideo tras la victoria de Luis Lacalle Pou. Fuente: Flickr.

El ocho de julio finalmente fue aprobada en el Parlamento uruguayo una controversial Ley de Urgente Consideración (LUC), ley 19.889. Esta denominada Ley Ómnibus con sus 476 artículos, altera simultáneamente muchas leyes e implica efectos profundos en la sociedad: aumenta el poder de represión del Estado, aumenta el punitivismo para adultos y adolescentes, debilita el derecho de manifestación y huelga, afecta la educación pública, facilita la evasión de impuestos y también el lavado de activos entre otros graves aspectos.

Destacamos que la aprobación de la LUC es un trago amargo para la democracia del Uruguay, por lo imprecente de su presentación teniendo en cuenta el volumen de artículos, la diversidad y peso de los temas tratados con muy poco tiempo para su estudio y debate, más aún en un contexto crítico desatado por el coronavirus.

Destacamos, en total han sido tratados 501 artículos de la ley, que fueron enviados al Parlamento el 23 de abril por el Poder Ejecutivo, encabezado por el derechista Luis Lacalle Pou. El plazo para el tratamiento de la ley tenía un plazo máximo de 90 días para su discusión, ajustes y aprobación.

En este breve texto trataremos los primeros meses del nuevo gobierno, que ha tenido como ejes el manejo de la pandemia y crisis por coronavirus y el tratamiento de la LUC en medio de esta.

¿Cuál era la urgencia?

Luego de tres períodos de gobiernos progresistas del Frente Amplio, Uruguay alcanzó el mayor índice de libertad humana en América Latina (6º lugar en el mundo según Freedom House 2020). Además su democracia es la más desarrollada en la región (15º a nivel mundial según The Economist). En 2019 fue considerada como la única democracia “plena” del continente sudamericano. Este era el escenario de Uruguay antes de la llegada del nuevo gobierno de Lacalle Pou, en marzo de 2020.

Las reformas progresistas en cuanto a regulación del cannabis, matrimonio igualitario, legalización del aborto y Ley integral para personas trans, colocaron al país en la avanzada de la nueva agenda de derechos.

En cuanto a lo económico, el país tuvo un crecimiento ininterrumpido durante los últimos 15 años, aún en un contexto de recesión regional. El salario real de los trabajadores aumentó sostenidamente por encima de la inflación y el sueldo mínimo fue el más alto de la región. El desempleo alcanzó mínimos históricos y no superó el 9 %. Además de crecer se distribuyó mejor, siendo el país menos desigual del continente.

Entonces, teniendo un panorama de estabilidad social, institucional y económica, (más allá del análisis necesario de las razones por las cual el Frente Amplio perdió las elecciones presidenciales de noviembre de 2019), cabe preguntarse ¿cuál era la urgencia que llevó a la elaboración de este frankenstein jurídico por parte del gobierno en los primeros meses del reciente mandato? La única urgencia parecía ser la sed neoliberal.

Lo urgente no es la gente

Al igual que en el resto del mundo, los graves problemas ocasionados por el coronavirus son los principales desafíos. En este sentido, en el plano sanitario, el manejo de la pandemia está siendo correcto y controlado, asentado principalmente por el extenso sistema de salud reforzado por las administraciones anteriores. Pero a pesar de las estructuras existentes, hay señales que nacieron en los últimos meses que son preocupantes tanto a nivel económico como social.

En los últimos meses pasaron al seguro de desempleo más de 200 mil personas. Según estimaciones del Instituto de Economía de la Universidad de la República (IECON), solamente en marzo cuando la pandemia alcanzó al país, existió un aumento de entre 94 y 127 mil personas más en situación de pobreza[i]. Desde el IECON indican que las medidas económica implementada por el gobierno, si bien moderaron la crisis, son insuficientes. Un síntoma alarmante son las más de 50 mil niñas, niños y adolescentes se están alimentando en ollas populares[ii]. Para agravar el escenario por las políticas implementadas, el aumento del precio de los alimentos alcanzó un 21 % en mayo y el salario real de los trabajadores disminuyó 3,6 % durante los 2 primeros meses de gobierno[1].

Nostalgia del neoliberalismo

A pesar de la crisis desencadenada por la pandemia, el Poder Ejecutivo envió al parlamento el Proyecto de ley LUC que dista mucho de atender las necesidades que atraviesa el país.

La ley de urgente consideración satisface especialmente a los nostálgicos de las medidas neoliberales y conservadoras para ponerse a tono con los gobiernos de derecha de la región. En ese sentido la LUC flexibiliza los pagos en dinero cash hasta 100 mil dólares, facilitando la evasión de impuestos y el lavado de activos. Además se elimina la obligatoriedad del pago mediante depósito bancario a los trabajadores dependientes, lo que deriva en un aumento de la informalidad laboral y posibles pérdidas de derechos. La legislación, indican especialistas, trae el desafío de tornar nuevamente al país en una plaza financiera como los años 90s, paraíso fiscal que no coopera con los delitos del área [2].

En materia de seguridad pública, colectivos sociales y activistas especializados [iii] en la materia señalan que la LUC atenta contra el criterio de racionalidad de la legítima defensa y conduce a priorizar el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vida y la integridad física. Un ingrediente básico de la matriz neoliberal conservadora.  Además evapora garantías judiciales, habilitando a la policía a utilizar la fuerza en caso de que en una manifestación un individuo proteja la identidad. Además se mantienen los antecedentes y duplica la pena mínima y máxima a menores de 18 años en caso de conflicto con la ley.

Profundizando el punitivismo y su consecuente reducción de derechos, se crea el delito de “resistencia al arresto” y el de “agravio a la autoridad”, contrarios a un derecho penal democrático, aumentando el riesgo de abuso policial. Además, se autoriza el interrogatorio policial sin autorización judicial y se habilita el porte de armas a policías y militares retirados, entre otras medidas. Recordemos, que desde la elección presidencial de noviembre de 2019, la llegada de Lacalle Pou dio un impulso en la visibilización de sectores conservadores y reaccionarios. En ese sentido no fueron pocos los eventos de notoriedad pública desde que ganaron las elecciones. Talvez la frase más simbólica de este proceso regresivo y profundamente conservador fue: “se terminó el recreo”, declaración realizada por el ex jefe del ejército, Manini Ríos, lider de uno de los partidos integrante de la coalición a nivel de gobierno y parlamento.

Las nuevas medidas fueron condenadas a nivel internacional. Relatores de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido al gobierno y al Parlamento por los artículos referentes a la arbitrariedad y aumento del uso de la fuerza por parte del aparato represor del Estado y además por el derecho a la manifestación pacífica. En la misma línea se manifestaron con relación al carácter regresivo de la LUC en materia de derechos humanos. De la misma forma se manifestaron diferentes sectores, indicando la involución en materia de derechos humano[3].

Es que este “frankenstain” jurídico recientemente aprobado, tiene un perfil conservador y neoliberal, que beneficia a los sectores sociales históricamente privilegiados, tendiendo a aumentar el desequilibrio entre la vida y la propiedad, en favor de este último aspecto. Desde sectores de la oposición existe un debate sobre las posibilidad de impugnar parte de la legislación, la posibilidad de un referéndum, además de existir la posibilidad que varios artículos puedan terminar en los tribunales[4][5].

¿De coalición multicolor a monocromática?.

Luis Lacalle Pou llegó al gobierno del Uruguay tras una reñida elección, en la que le ganó en segundo vuelta, al candidato del Frente Amplio por menos de 1 punto. Esta victoria se apoyó en la denominada coalición  “multicolor”, cuya principal finalidad fue derrotar al progresismo en el poder y luego aprobar la extensa Ley de Urgente Consideración. En palabras de Javier Miranda, presidente del frente amplio, la ley es regresiva y afecta a la gente en su vida cotidiana[6].

Toda coalición tiene sus desafíos y constantes reconfiguraciones. Pero en especial esta coalición además de los enormes desafíos, ya va mostrando fisuras.  En este sentido, Ernesto Talvi , el líder del sector Ciudadanos, el ala más moderada del partido Colorado y además integrantes de la coalición multicolor, renunció a su cargo de Canciller por diferencias de fondo con el Presidente e integrantes de su propio partido. Sectores de la oposición remarcaron que el evento trae clima de inestabilidad e incertidumbre. Y la renuncia del Canciller se dio en el medio de la cumbre que colocaría a Uruguay en la presidencia del Mercosur[7].

En este escenario prematuro de fisuras y reconfiguraciones de la coalición, el sector que parece mas beneficiarse es el partido Cabildo Abierto (CA). De orden filo militar, CA está liderado por el ya mencionadao y controvertido Guido Manini Ríos, ex Comandante en Jefe del Ejército Uruguayo. Son inevitables las comparaciones entre Manini Ríos y el fascista brasilero Jair Bolsonaro, como tratamos en otros textos[8]. Esto se debe a que ambos tienen un pasado militar, además de posturas negacionistas sobre crímenes de Estado en los pasados gobiernos dictatoriales. Ambos comparten un perfil “mesiánico” y populista. Para cerrar la comparación, en la base de los seguidores de CA, se encuentra a los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad uruguaya. Recordemos, fue Manini Rios que hizo su campaña política declarando “ se terminó el recreo”. Manini Ríos fue destituido de su cargo como jefe del ejercito por el ex presidente Tabaré Vázquez en abril de 2019, por haber criticado los fallos judiciales emitidos contra los militares hallados culpables de violaciones a los derechos humanos[9].

Un futuro incierto

Los primero meses de gobierno están mostrando el estilo personal de Lacalle Pou, más los primeros indicios del desilachamiento de su coalición. Por un lado consiguió aprobar la LUC, aprovechando su alta popularidad y su luna de miel política. Actualmente, aproximadamente el 63% de la población aprueba su gestión[10]. Por el otro, no ha pasado medio año de gobierno y no han sido pocos los episodios de diferencias y problemas en su coalición. Se incluyen escándalos en su entorno como la filtración de un audio viralizado de la Vicepresidenta Beatriz Argimón manteniendo una conversación de confianza con un personaje rimbombante del “Jet Set” Uruguayo, donde se hace clara referencia al narcotráfico, amenazas de muerte y escuchas telefónicas no autorizadas en Presidencia.

No han pasado ni seis meses, y parecería que Uruguay optó por el neoliberalismo autoritario regional, incorporando la presencia verde oliva. Pero tiempo al tiempo, esto recién comienza.

[1] Datos que se comparan con febrero de 2020.

[2] https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Uruguay-la-LUC-y-el-desafio-de-evitar-volver-a-integrar-listas-negras-financieras-uc758047

[3] https://www.carasycaretas.com.uy/alicia-esquivel-derechos/

[4] https://radiouruguay.uy/fa-entiende-que-hay-avasallamiento-con-la-luc/

[5] https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/7/en-el-fa-analizan-apoyar-recoleccion-de-firmas-para-derogar-la-luc-si-surge-del-campo-popular/

[6] https://www.elobservador.com.uy/nota/miranda-sobre-referendum-contra-luc-hay-que-hacer-conocer-las-malas-politicas-que-impulsa-la-ley-2020710175844

[7] https://www.republica.com.uy/fa-fisuras-de-la-coalicion-pueden-generarle-conflictos-al-pais-id773519/

[8] https://www.opendemocracy.net/es/uruguayan-bolsonaro-october-es/

[9] https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/4/vazquez-destituyo-al-comandante-en-jefe-del-ejercito-y-les-pidio-la-renuncia-al-ministro-y-el-subsecretario-de-defensa/

[10] https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/uruguayos-aprueban-gestion-luis-lacalle-pou-equipos.html

[i] Ver informe publicado por el Instituto de Economía de la Universidad de la República: http://fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/Estimaci%C3%B3n_del_efecto_de_corto_plazo_de_la_covid-19_en_la_pobreza_en_Uruguay.pdf

[ii] Según la organización Techo Uruguay, para el mes de mayo habían 50.000 niños y niñas alimentándose en las más de 350 ollas populares funcionando en barrios carenciados. Ver entrevista en: https://www.sarandi690.com.uy/2020/05/26/techo-estima-que-hay-50-000-ninos-uruguayos-comiendo-en-ollas-populares/

[iii] A propósito de los aspectos referentes a seguridad pública, se puede citar al Servicio de Paz y Justicia SERPAJ Uruguay, así como al colectivo de Investigadores/as y militantes en temas de seguridad, también al Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay, han elaborado documentos que profundizan sobre la materia en su impacto para adultos, así como para niñas, niños y adolescentes.
Ver en: SERPAJ: https://zur.uy/wp-content/uploads/2020/06/6.-LUC-Seguridad-p%C2%A6blica-SERPAJ.pdf
Grupo de Investigadores/as: https://zur.uy/wp-content/uploads/2020/06/7.-LUC-seguridad-y-criminalidad-Investigadores-y-militantes.pdf
CDNU: https://www.cdnuruguay.org.uy/noticias/posicionamiento-ante-proyecto-de-urgente-consideracion/