Lo cierto es que detrás de la pantalla que construyeron durante estos años de una derecha democrática, liberal y “moderna” se escondía la derecha tradicional de nuestro país, profundamente conservadora, patriarcal, latifundista, la que ante el estallido social no se arredró en invocar a que los militares salieran a imponer su orden en el país, un discurso que nos recuerda la impronta colonial del Estado chileno que busca disciplinar a la población antes que responder a las urgencias políticas y sociales demandadas por la mayoría del país.
por Felipe Ramírez
Imagen / Fuente: Radio UChile.
La entrevista dada por Carlos Larraín al periódico La Segunda, en que acusó a Mario Desbordes de estar “llevando a RN hacia la izquierda”, fue tomada por muchas personas como algo chistoso, como una muestra de lo desconectado que estaría el ex timonel de Renovación Nacional de la realidad del país.
Sin embargo, me parece que sus declaraciones no sólo no son chistosas, sino que conllevan una dura advertencia respecto a la postura que la derecha en general -ese entramado social que incluye no sólo a sus representantes políticos, sino que a sus votantes, a los gremios empresariales, centros de estudio, intelectuales e incluso algunos intentos iniciales de organizaciones de masas- ha tomado desde al menos el 18 de octubre de 2019.
Si bien durante los últimos años se instaló la posibilidad de que se constituyera una derecha liberal desde desprendimientos de RN, con la gente reunida alrededor de Andrés Velasco en Ciudadanos, la misma Evópoli y los renegados de la Democracia Cristiana que optaron por emigrar a la derecha –“Progresismo con Progreso”-, lo cierto es que esos intentos o bien desaparecieron consumidos por rencillas internas, o adoptaron la pauta de los sectores más recalcitrantes de la derecha tradicional.
Cuando Carlos Larraín denuncia que la izquierda montó un “carro paramilitar” para “destruir nuestras instituciones”, no está hablando de defender instituciones de todos los chilenos acosadas por acciones de un sector minoritario del país, sino llama a resguardar el orden institucional que asegura los privilegios que la Constitución de 1980 ha reservado para él y el sector social que representa: la oligarquía nacional, el empresariado rentista y extractivista.
Las diatribas de Larraín no están muy lejos de las acusaciones que la diputada Hoffman lanzo en un canal de televisión hace pocos días contra un alcalde de no estar en sus cabales o estar preparando “un golpe de Estado” junto a Daniel Jadue, ni tampoco de la actitud cerrada del gobierno a la hora de establecer mecanismos que permitan que la población, acosada por el espectro del hambre y la miseria, pueda guardar cuarentena durante la pandemia.
Ese discurso, al contrario de lo que puede pensar una izquierda mal-acostumbrada por la idea de haber instalado pautas de comportamiento cultural desde lo políticamente correcto -y con ello haber “ganado” en esa lucha ideológica-, representa fielmente a su base social. Así lo atestiguan las burlas que sus partidarios expresan en redes sociales hacia quienes en El Bosque se manifestaron por falta de alimentos, o que jóvenes de familias privilegiadas exponen en plataformas como Instagram o TikTok, espacios que consideran seguros, donde comparten sólo con “gente como ellos”.
Lo cierto es que detrás de la pantalla que construyeron durante estos años de una derecha democrática, liberal y “moderna” se escondía la derecha tradicional de nuestro país, profundamente conservadora, patriarcal, latifundista, la que ante el estallido social no se arredró en invocar a que los militares salieran a imponer su orden en el país, un discurso que nos recuerda la impronta colonial del Estado chileno que busca disciplinar a la población antes que responder a las urgencias políticas y sociales demandadas por la mayoría del país.
El desprecio por la vida de los más pobres, por quienes deben seguir trabajando para poder llevar el pan a sus hogares mientras ven a sus vecinos o familiares contagiarse de COVID-19 en las comunas de la zona poniente, norte o sur de la capital ha sido explícito en la defensa a rajatabla de la labor del ahora ex ministro Mañalich, un personaje siniestro, que se negó a escuchar a expertos, a la evidencia internacional, a la oposición, en función de una agenda que acumula alrededor de 8 mil personas fallecidas desde marzo, miles de familias que deben lamentar la pérdida de al menos un integrante por culpa de esta emergencia sanitaria. Esa soberbia, finalmente, es producto de la conciencia de clase que la derecha mantiene viva en sus barrios, en sus colegios y universidades, en sus partidos políticos, sus clubes deportivos, todos esos dispositivos que le permiten mantener un ambiente cerrado y ajeno al resto del país.
Es bajo ese prisma que tenemos que entender el resurgimiento de expresiones filo-fascistas. Grupúsculos como Capitalismo Revolucionario, Acción Identitaria, Partido Social Patriota, Chile Digno y demáses, pudieron salir a la calle a agredir personas con total impunidad, bajo la mirada de Carabineros y la cobertura que le entregaba la campaña del “Rechazo” precisamente porque representan un recurso al que la derecha jamás ha renunciado para disciplinar al peonaje y a los asalariados: la violencia.
Una violencia que puede ser institucional -Estado de Emergencia, toque de queda, militares desplegados en las calles y en el campo para frenar la demanda nacional de las comunidades mapuche- o de masas -grupos paramilitares, barras bravas, agrupaciones neofascistas-.
¿Existe entonces en Chile una derecha liberal? La respuesta pareciera ser que no, o al menos no con capacidad de influir en el proyecto histórico que defiende ese sector para nuestro país. Detrás de los carteles de la UDI, RN, Evópoli emerge la insignia del viejo Partido Nacional, y de la bota militar para resguardar los límites de una democracia que siempre han entendido como limitada y protegida.
Cuando esa derecha habla de buscar acuerdos nacionales para superar la crisis, recordemos que no se refieren a un trato que permita incorporar a la comunidad nacional a todos los sectores, a responder a las demandas planteadas por los oprimidos y explotados desde octubre, sino a reacomodar el estatus quo. ¿Estamos dispuestos a eso?
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
