De la incertidumbre a la acción ¡Que viva el 1° de Mayo!

El principal problema para quienes enfrentamos la coyuntura desde el mundo del trabajo radica en que no es uno sino que son tres desafíos simultáneos los que tenemos enfrente: la crisis sanitaria -el riesgo de contagio-, la económica -desempleo masivo- y la política -el itinerario constitucional-, y con herramientas orgánicas extremadamente debilitadas: nuestros sindicatos cuentan con baja capacidad de influencia política y casi nula de movilización dado el contexto, y los partidos de la izquierda están totalmente volcados a lo institucional, por lo tanto, están restringidos a la capacidad de una oposición que en los hechos es minoritaria en el Congreso.

por Felipe Ramírez

Imagen / Trabajadores de la vicaría de la solidaridad, c.1986. Fuente.

La imagen de un grupo de obreros de la construcción paralizando una obra en la comuna de Providencia el pasado 29 de abril, debido a que varios de sus compañeros habían dado positivo por COVID-19, es una postal clara de la antesala del 1° de mayo más complejo y duro que hayan vivido los/as trabajadores de nuestro país en las últimas décadas.

A la crisis política abierta el pasado 18 de octubre con la irrupción de las masas populares en la escena pública a través de una violenta insurrección que se expresó durante semanas en una incesante muestra de acción directa inorgánica a lo largo del país, se sumó en marzo oficialmente la pandemia de COVID-19, que volteó el tablero político dispersando las fuerzas que durante los meses previos se habían acumulado en torno al enfrentamiento constitucional en el plebiscito fijado para el 26 de abril.

Con el telón de fondo de la amenaza de la crisis medioambiental -con características de tener alcance civilizatorio-, debemos hacer frente a una coyuntura especialmente difícil en materia económica, con un alza sostenida del desempleo (que alcanza al menos las 800 mil personas, sin contar todos aquellos que dependen del Seguro de Cesantía porque sus empresas se han acogido a la mal llamada “Ley de Protección del Empleo) y un gobierno que se niega a generar mecanismos que alivien la situación del conjunto de la clase trabajadora, y de quienes se ven obligados por la estructura económica del país a depender del auto-empleo en sus diferentes modalidades, y a quienes hacen parte del amplio y heterogéneo sector informal.

Todos los indicadores advierten que el segundo semestre del 2020, y MÁS QUE probablemente el 2021, estén marcados por una crisis económica mundial que esta generación no ha vivido nunca, más cercana a la de 1929 que a la de los años 80. La desaceleración de la economía de la República Popular China es un hecho, lo que afecta el mercado de los recursos naturales como el cobre, principal exportación de economías periféricas y subordinadas como la nuestra, y Estados Unidos cuenta ya con 30 millones de desempleados y subiendo en cosa de pocas semanas, por mencionar sólo dos factores que lastraran la economía del planeta en los próximos meses.

Es así como a poco más de 40 días del inicio de la emergencia el gobierno se encuentra de lleno sumergido en la retórica de una “nueva normalidad” que permita la reapertura parcial del comercio y el retorno paulatino de los trabajadores a sus labores presenciales, así como de los estudiantes a colegios y universidades. La presión del gran capital es alta en este sentido, espoleado por las grandes pérdidas provocadas por las medidas de resguardo sanitario como cuarentenas localizadas y restricciones al derecho de reunión y movimiento, a pesar de ser parciales.

En sintonía con la extrema derecha mundial, que tienen a Donald Trump y Jair Bolsonaro como principales exponentes, Piñera pretende utilizar a la clase trabajadora como carne de cañón para asegurar el funcionamiento de la economía en un esfuerzo desesperado por evitar que los índices continúen bajando, sobre todo tomando en cuenta que la caída en el IPSA es casi 4 veces la sufrida tras el estallido de octubre pasado, y la del IMACEC 3 veces más. La oligarquía chilena sabe que se juega no sólo las utilidades de sus empresas, sino también el riesgo de un estallido más fuerte que el del año pasado cuando sea el hambre de los hijos lo que atice la rabia de las masas, y por eso se debate entre medidas que frenen la expansión del COVID-19, y desplegar el limitado arsenal que el estrecho marco ideológico les permite desde el Estado para contener la crisis económica.

El principal problema para quienes enfrentamos la coyuntura desde el mundo del trabajo radica en que no es uno sino que son tres desafíos simultáneos los que tenemos enfrente: la crisis sanitaria -el riesgo de contagio-, la económica -desempleo masivo- y la política -el itinerario constitucional-, y con herramientas orgánicas extremadamente debilitadas: nuestros sindicatos cuentan con baja capacidad de influencia política y casi nula de movilización dado el contexto, y los partidos de la izquierda están totalmente volcados a lo institucional, por lo tanto, están restringidos a la capacidad de una oposición que en los hechos es minoritaria en el Congreso.

Si bien las condiciones objetivas pueden hacer creer que el ímpetu de octubre no se ha acabado, ya que todas las razones detrás del estallido se mantienen ahí, y hasta marzo existía un fuerte proceso de polarización debido sobre todo a un acelerado aunque aún minoritario proceso de fascistización de la campaña del “Rechazo”, en la práctica la revuelta fue consumiéndose debido a tres debilidades generales que la afectaban: no había “programa” en tanto agenda política general compartida por todas las sensibilidades agrupadas en el amplio y heterogéneo “bloque crítico”; no había “partido” en tanto organización política capaz de impulsar una transformación radical del país; y no había organizaciones sólidas de masas. El espontaneísmo era característica central del proceso de revuelta.

Resulta quizás importante detenerse en este punto para hacer hincapié en la idea de que octubre representó sobre todo una revuelta, y no una revolución -aunque pueda dar pie a ella más adelante- en la medida en que la primera es en buena medida espontánea e inorgánica, mientras la segunda implica un programa, una política para transformar la sociedad. Octavio paz en su ensayo “Revuelta, revolución, rebelión” lo explica así:

“Para que la revuelta cese de ser alboroto y ascienda a la historia propiamente dicha debe transformarse en revolución. Lo mismo sucede con rebelión: los actos del rebelde, por más osados que sean, son gestos estériles si no se apoyan en una doctrina revolucionaria. Desde fines del siglo XVIII la palabra cardinal de la tríada es revolución. Ungida por la luz de la idea, es filosofía en acción, generosa como la rebelión, las engloba y las guía. La revuelta es la violencia del pueblo; la rebelión, la sublevación solitaria o minoritaria; ambas son espontáneas y ciegas. La revolución es reflexión y espontaneidad: una ciencia y un arte”¹.

En nuestro caso, el salto entre la revuelta y la revolución se encuentra aún trunco, a la espera de un programa y de instrumentos más adecuados para proyectar la acción espontánea de las masas. Si bien durante el primer momento de la revuelta hubo momentos en que se vislumbró una articulación virtuosa entre organismos espontáneos de base -asambleas territoriales-, organizaciones de masas desde el mundo del trabajo y la producción -sindicatos- y partidos políticos en el Congreso, hoy pagamos las consecuencias de la firma de un acuerdo que antepuso las fórmulas de la vieja política a la posibilidad de dotar de mayor protagonismo a las masas, disgregando las fuerzas críticas y reventando el proceso de convergencia que se estaba gestando al calor de la movilización.

Pero como dice el dicho, cuando hemos tocado fondo no queda nada más que subir, y cuando la incertidumbre cunde entre la clase trabajadora ante amenazas que no comprendemos a cabalidad, como un nuevo virus, se hace más urgente adoptar una pauta programática básica que nos permita enfrentar simultáneamente las tres crisis: reivindicar nuestro derecho a la vida, al salario, y una nueva Constitución.

Urge entonces que los sindicatos, como únicas organizaciones formales con cierta capacidad de actividad y legitimidad -aunque sea ante sus mismas bases sindicales- tomen un papel preponderante en la pelea por las condiciones de vida y trabajo ante la ofensiva de una parte de la patronal por suspender o disminuir las medidas de contención del virus. Cuando vemos que en zonas de China o Japón ya sufren una segunda ola de contagios por adelantarse al bajar las cuarentenas, debemos insistir en que el Estado y los ricos deben poner los recursos para enfrentar esta situación, y no sólo para los asalariados con contratos formales, sino para el conjunto de los trabajadores del país: auto-empleados, informales y formales.

Renta Básica de Emergencia con carácter universal, que permita dar un respiro al conjunto de la clase trabajadora y las capas medias que se ven afectadas por la crisis; revitalización de la salud pública y fin al subsidio indirecto de los recintos privados con fondos estatales; impuesto especial para las grandes riquezas; medidas de apoyo para pequeñas y medianas empresas, suspensión de pagos de créditos hipotecarios y de consumo; que los bancos privados bajen las tasas; respaldo del Estado al pago de los sueldos en el sector privado; extensión del post-natal; devolución íntegra de los fondos a los trabajadores a honorarios; inversión estatal para rescatar grandes empresas a cambio de propiedad y aseguramiento de la situación laboral de sus empleados -incluida su incorporación en los organismos de dirección a través de su sindicato- reorientación de CORFO para que deje de tercerizar funciones en la banca privada o intermediarios dependientes de los gremios empresariales; inversión en innovación y desarrollo de tecnologías limpias; subsidio directo al arriendo de domicilios y locales comerciales de pymes para contener las quiebras y el aumento del número de allegados; cuarentenas efectivas para evitar el contagio de COVID-19; suspensión del trabajo presencial excepto en labores esenciales hasta el fin de la emergencia; calendario claro y seguro del proceso constituyente, son sólo algunas medidas que se pueden levantar para enfrentar esta durísima coyuntura.

Junto con ello urge enfrentar una serie de proyectos de ley regresivos que el gobierno ha impulsado para poner sobre los/as trabajadores el peso de la crisis: la mal llamada “ley de protección al empleo”; la ley de teletrabajo, la ley anti-barricadas que criminaliza la protesta social, y el mismo despliegue de las FF.AA. que debe reorientarse hacia el apoyo directo de la población a partir de la infraestructura con la que cuentan, son ejemplos de ello.

Una agenda de este tipo necesita además levantar espacios que articulen a esa ingente masa de trabajadores desempleados, un actor que será fundamental en la lucha política que enfrentamos, al representar a los que más fuerte están sufriendo los efectos de esta crisis. La organización a nivel barrial de quienes están sin trabajo, y su posterior distribución de acuerdo a los sectores productivos donde se desempeñaban, abre la doble perspectiva de organizar la resistencia a la crisis, y sentar las bases para demandas específicas para la reactivación económica.

Sin duda nos encontramos ante un 1° de Mayo difícil, donde el denominador común es la incertidumbre y la angustia. Pero en momentos como estos, donde la distancia física es un imperativo para asegurar la salud de nuestras familias, la unidad de la clase trabajadora y el fortalecimiento de sus organizaciones -sindicatos, asambleas territoriales, organizaciones de trabajadores desempleados- es más necesaria que nunca.

Notas