De todas las medidas tomadas pareciera que las únicas con cierta coherencia son las que han tenido que ver con el establecimiento de cordones sanitarios, o las llamadas “aduanas sanitarias” en diversos puntos del país. Sin embargo ¿Era necesario asignarle a las FFAA el control del orden público para realizar ese despliegue? ¿No resulta, por el contrario, un desvío de recursos hacia acciones poco efectivas y que no resultan prioritarias, frente a la necesidad de reforzar el control de traslados hacia balnearios, o el refuerzo de la cadena de abastecimiento, el apoyo a la fabricación de insumos e infraestructura médica, entre otras? Como se ha evidenciado durante estos días, si no se toman medidas de protección laboral y facilidades para sostener las necesidades básicas de las personas, las medidas para asegurar el cumplimiento de cuarentenas y aislamientos (por cierto, necesarias y urgentes), pierden su fondo y se convierten en una incógnita, más no en una solución.
por Juan René Maureira y Nicolás Galvez
Imagen / Militares durante octubre del 2019. Fuente: Flickr.
Fue en el mes de diciembre del año 2019 cuando la Organización Mundial de la Salud recibió la primera alerta por una extraña neumonía en un mercado de la ciudad de Wuhan, China. La evolución de los primeros casos y los estudios desarrollados durante los primeros días de enero permitieron concluir que se trataba de un nuevo coronavirus, pero sin dimensionar la magnitud de lo que vendría en los meses siguientes. Desde los primeros casos detectados, la cifra de contagios y muertes solo fue en alza, afectando no solo a países de Asia (Tailandia, Japón, Corea del Sur, entre otros), sino que también países de Europa y el continente americano. Así, el 12 de marzo de 2020 la OMS declara la emergencia sanitaria como una pandemia, instando a todos los países del mundo a tomar medidas para contener la propagación del virus. Hasta la fecha, ya van más de 16.000 muertes en todo el mundo y las cifras de contagios siguen siendo sumamente altas en todos los reportes nacionales e internacionales.
¿Y Chile? El primer caso confirmado de COVID-19 en nuestro país fue el 3 de marzo, y de ahí en más la cifra de contagios ha ido en un sostenido aumento. Por dicho motivo y por las fuertes críticas recibidas por parte del Colegio Médico y de los alcaldes y alcaldesas, el pasado 18 de marzo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó Estado de Catástrofe nacional por un plazo de 90 días, y junto con ello, convocó a la Fuerzas Armadas para tomar el control del orden público, en apoyo a las policías y las autoridades nacionales. Este anuncio incluía una serie de medidas y asignaciones al Ejército, de acuerdo a lo propio anunciado por el gobierno, como es el resguardo de cuarentenas y medidas de aislamiento social, garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento y la seguridad de recintos hospitalarios y el personal de salud. La medida tuvo, en general, una amplia aceptación por parte de expertos y ciudadanía por lo que ha significado en otros países el avance de la pandemia, pero lo cierto es que con el pasar de los días, no ha quedado claro el verdadero propósito de la decisión del gobierno.
Si nos aventuramos a hacer una primera evaluación, la medida resulta claramente fuera de lugar en relación al resto de medidas que el Ejecutivo ha tomado y anunciado para enfrentar la dispersión y contagios del nuevo coronavirus. Mientras el gobierno llama a “quedarse en casa”, no se ha anunciado prácticamente ninguna medida concreta que permita a los y las trabajadoras dejar de concurrir a sus lugares de trabajo, ni siquiera con la recién decretada cuarentena total en 7 comunas de Santiago. En su lugar, el Ejecutivo ha apelado reiteradamente en un llamado “de buena fe y voluntad” a las empresas y empresarios a flexibilizar criterios, favorecer el teletrabajo y evitar los despidos, sin ejercer su autoridad como poder estatal en favor de todas las personas, e incluso argumentando que no tienen las herramientas para hacerlo. Así, más que medidas que aporten a un aislamiento social efectivo, ha avanzado una verdadera agenda de precarización laboral casi sin contrapesos por el difícil escenario construido por esta crisis sanitaria. Cuando lo correcto en una situación de catástrofe debe ser anteponer el interés público por sobre los intereses particulares, nuestras autoridades han profundizado el vacío de gobernabilidad pidiendo un “favor” a los gremios empresariales, otorgando vocerías de prensa a gremios empresariales en conjunto con ministros y ministras como un verdadero acto de renuncia, comprendiendo -en su propia lógica- que dichas medidas tendrían un costo importante para la productividad del país y, especialmente, para la economía de las empresas. Las recientes declaraciones del presidente de la CPC, Juan Sutil, no dejan de confirmar que la principal preocupación del empresariado chileno es el crecimiento económico y una posible recesión que dado el contexto económico mundial era absolutamente inevitable, mostrando un absoluto desinterés por la salud de los trabajadores y sus familias. El reciente dictamen de la Dirección del Trabajo, da cuenta finalmente de una institucionalidad y un cuerpo legal que no ha sido capaz de estar a la altura de este momento histórico, y que con miopía, se empecina en defender la productividad, aún cuando el costo de esa apuesta se pagará en miles de vidas humanas. Esos fueron riesgos nunca asumidos en la profundización neoliberal en materia laboral, tanto por los gobiernos de Piñera como por los gobiernos de Bachelet.
Sumado a lo anterior, se suma una innecesaria militarización que da cuenta de que el gobierno aborda el problema de la pandemia desde una perspectiva de orden y protección del aparato económico más que de salud pública, lo que es la piedra angular de cualquier medida ante una catástrofe de esta naturaleza. Entre las medidas que han tomado las FFAA ninguna resulta particularmente efectiva, sino por el contrario, incluso podría ser un obstaculizador y aumentar los focos de contagio. El mayor ejemplo de ello, sin duda, es la declaración del toque de queda en la Región Metropolitana que -pese a las advertencias y al sentido común- resultó en que aquellas personas que ingresan a sus trabajos entre 5 y 9 am se concentran masivamente a la espera de la apertura del metro de santiago. Así mismo, ¿Resultan de algún modo útiles los controles de identidad anunciados que se aplicarían en el centro de la ciudad?. Hace unos días vimos cómo se decretó una cuarentena total en 7 comunas de la Región Metropolitana y, sin embargo, no se ofreció ninguna protección a los trabajadores, arrastrandolos -especialmente a los cuentapropistas o informales- a elegir entre trabajar o llegar a fin de mes. Nuevamente, los costos humanos y económicos los pagan los trabajadores y trabajadoras, no las empresas.
De todas las medidas tomadas pareciera que las únicas con cierta coherencia son las que han tenido que ver con el establecimiento de cordones sanitarios, o las llamadas “aduanas sanitarias” en diversos puntos del país. Sin embargo ¿Era necesario asignarle a las FFAA el control del orden público para realizar ese despliegue? ¿No resulta, por el contrario, un desvío de recursos hacia acciones poco efectivas y que no resultan prioritarias, frente a la necesidad de reforzar el control de traslados hacia balnearios, o el refuerzo de la cadena de abastecimiento, el apoyo a la fabricación de insumos e infraestructura médica, entre otras? Como se ha evidenciado durante estos días, si no se toman medidas de protección laboral y facilidades para sostener las necesidades básicas de las personas, las medidas para asegurar el cumplimiento de cuarentenas y aislamientos (por cierto, necesarias y urgentes), pierden su fondo y se convierten en una incógnita, más no en una solución.
Resulta llamativo que, tanto desde el oficialismo pero especialmente desde la oposición, se haya recibido esta medida con cierta pasividad. Lejos de cuestionar el rol de los militares en el enfrentamiento de la pandemia o de preguntar y presionar por medidas complementarias, el debate político pareció descansar en que las Fuerzas Armadas -esta vez sí- eran un componente necesario ante la emergencia sanitaria. No hubo mayores cuestionamientos -más allá de los efectuados por el Colegio Médico- a la asignación del control del orden público a los Jefes de Zona, ni tampoco al patrullaje en comunas de escasos recursos como San Bernardo, que con fusil en mano, parecieron salir más a amedrentar que a colaborar con la población civil en su abastecimiento de necesidades básicas para contribuir al resguardo en sus hogares. En paralelo, las filas y atochamientos para cobrar el seguro de cesantía o para poder tomar el metro continuaban, al igual que el atochamiento en las micros que recorren la ciudad con cientos y cientas de trabajadoras que se exponen diariamente a los contagios. Qué decir de los sucesos en los barrios altos de la capital durante los primeros días, en donde las personas desobedeciendo la cuarentena asistían recintos que las mismas autoridades ordenaron cerrar y sin mucho interés en el real peligro que significaba para el resto de las personas presentes en esos lugares. Pero quizás lo más demostrativo de este verdadero juego de adivinanzas, es que hace pocos días vimos que un piquete de habitantes del litoral, tanto en San Antonio como en Algarrobo, realizaron cortes de ruta para impedir el paso de personas no residentes, lo que claramente favorecía las propias recomendaciones del gobierno, y sin embargo, fueron dispersados por policías y militares quienes, finalmente, liberaron el tránsito, inclusive a quienes se desplazaban a segundas viviendas en los balnearios. En virtud de todo lo anterior, incomprensible.
En definitiva, el despliegue de militares en distintas ciudades que prometía significar un apoyo trascendental para reforzar las medidas de distanciamiento social y control de tránsito de personas, que se observa claramente como una estrategia de militarización del país para enfrentar la pandemia, está resultando en un absoluto fracaso: no ha implicado un atenuante ni en el tránsito de personas, ni en la reducción de los contagios; mucho menos ha implicado una mejor preparación para enfrentar los futuros momentos críticos. Países como Perú y Argentina, si bien han recurrido al apoyo de los Ejércitos, lo han hecho sin delegar funciones como el control del orden público a Jefes de Zona, si no más bien en un esfuerzo en que las autoridades civiles han contado con el apoyo de las fuerzas militares para tareas, tan básicas e importantes en este momento, como fabricar mascarillas o distribuir alimentación gratuita en sectores de bajos recursos. La “fórmula” chilena contra la pandemia -la militarización- está siendo un fracaso, pues deja expuesta la insuficiencia del modelo de Estado chileno para proteger a la población civil ante una amenaza sanitaria, limitando el actuar de sus instituciones, por un lado a reforzar el orden público (militarización) y por otro, a proteger la productividad económica (empresariado), dejando como última prioridad la salud, la dignidad, y la integridad física y sicológica de las personas trabajadoras y sus familias. Así, ya no solo vuelve a quedar en evidencia que el modelo de Estado chileno es ineficiente y débil, sino que también es peligroso para amplios sectores de la población.
Estamos en un momento en que se requieren medidas rápidas, útiles y efectivas contra una pandemia que ha desbordado a prácticamente todos los países del mundo. Chile tuvo tiempo de evaluar experiencias comparadas y discernir entre fracasos y verdaderos diques de contención al avance del virus, pero el foco nunca estuvo allí. Primero, la pandemia se convirtió en una enorme oportunidad de retomar el control de la agenda política que nuevamente desbordaba a toda la institucionalidad en su conjunto, una inexorable excusa para nuevos llamados a la mesura, la unidad y la responsabilidad, es decir, un nuevo intento de llenar el verdadero desgobierno que viene ocurriendo desde hace meses. Segundo, se convirtió en el velo que descubrió para la inmensa mayoría -una vez más- una cruda y escalofriante verdad: Para ellos, sus ganancias valen más que nuestras vidas. La militarización, nuevamente, se torna una medida ineficiente e inútil si el foco del actuar estatal no estaba orientado a resguardar la salud de la población, pero a una semana de decretado el Estado de Emergencia seguimos esperando medidas que protejan directamente a las y los trabajadores que cruzan todo Santiago, exponiéndose a contagios y, con ello, exponiendo su vida y la de otros, a sabiendas de que nuestro sistema de salud pública muy probablemente no sea suficiente en algunas semanas más. ¿Es esta “solución a la chilena” una verdadera solución? Nuevamente, para algunos y sus propósitos sí, y ya sabemos quiénes son. Para otros, es simplemente el recordatorio constante de estos últimos meses de revueltas e impugnación. Esto también debe ser un llamado de atención a la izquierda que, ante todo lo ocurrido en estos meses, ha sido incapaz de pensar -desde su propia cosmovisión y rol opositor- el rol de las Fuerzas Armadas y de Orden en momentos de normalidad y situaciones de emergencia, ya que si ello no se erige como una urgencia para el sector, en lo inmediato seguirá avanzando sin contrapesos efectivos en la peligrosa agenda que atribuye labores de orden público a las Fuerzas Armadas, pero a largo plazo se seguirá acrecentando una deuda histórica que se arrastra incluso desde antes del golpe de Estado. Queda esperar la conferencia de prensa diaria de la CPC desde el palacio de gobierno, apelar a la solidaridad y capacidad construida durante los últimos meses para frenar una verdadera la agenda de precarización y la crisis sanitaria y política más profunda de nuestra historia reciente.