La invitación de este artículo a revisar la discursividad de El Mercurio en el contexto de la revuelta social de octubre en Chile, no para formar parte de su “audiencia”, sino para acceder y comprender la racionalidad que allí se despliega, entendiendo que ésta es gestora, organizadora y articuladora de posiciones reflejadas en una franja de la sociedad que, hoy en día, mantiene las riendas del país.
por Javier Paredes Godoy
Imagen / Titulares de El Mercurio de Valparaíso por la huelga portuaria de 1903. Fuente: Wikimedia.
Por más que se diga que Chile se detuvo en un octubre eterno, lo cierto es que han pasado más de cien días desde que comenzó la revuelta más grande que ha conocido el país en 40 años. Este tiempo ha sido tomado por algunos actores políticos, sociales e institucionales para salir del desconcierto y reorganizar su iniciativa. Si bien junto a la revuelta social se expresan nuevos actores en el panorama, también reasoman algunos viejos conocidos en la historia de Chile.
El gran empresariado, los medios de comunicación, centros de pensamiento, instituciones políticas por fuera del control democrático (como el CNTV, el Banco Central o el Tribunal Constitucional), poderes políticos y fácticos, han deliberado intensamente sobre cómo actuar. Un espacio activamente articulador de varias de esas instancias e intereses ha sido El Mercurio.
A través de su intervención, han sido capaces de articular un relato general, que involucra distintas partes de una argumentación que va desde quienes quieren anular el proceso constitucional abierto, quienes lo quieren rechazar y quienes están a favor de que éste avances en ciertos términos específicos.
Luego, este relato también asigna determinados roles a lo que conciben como “oposición democrática” y a las dirigencias políticas en general.
Este artículo tiene como fin aportar con un levantamiento antecedentes sobre cómo, a través de los editoriales dominicales de El Mercurio, cierto conjunto de fuerzas (no del todo transparentes), formularon su estrategia durante la revuelta, y cómo intervinieron con un ideario, conceptos y líneas discursivas, en el debate público para incidir hacia los actores políticos involucrados en el proceso.
1. “El Mercurio”, un partido con historia
Más allá de la relevancia en el campo propiamente periodístico, El Mercurio (EM) históricamente ha sido un actor de enorme densidad política e intelectual que ha intervenido en diversos ciclos de movilización y conflicto.
Hacia 1968, Agustín Edwards Eastman -cabeza del diario, interrumpidamente durante los 70’, luego continuamente hasta su muerte en 2017- asumió por un período la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, alianza transnacional de prensa que incluye al Washington Post, a El Espectador de Colombia, y El Comercio del Perú, entre otros de igual calibre. En dicha ocasión, sostuvo “nuestros diarios no podrán ser neutrales absolutamente frente a los derrumbes y temblores de este tiempo”. En 1970, EM escribe en su editorial celebrando su aniversario número 70, “nuestra tarea se identifica con formas de influjo invisibles sobre la colectividad”, “nuestros juicios abarcan a una opinión poderosa, que a su vez gravita sobre los Poderes Públicos”. Fundamentan que, entonces, “la responsabilidad de accionar el instrumento del diario se ha acrecentado día a día” y remata “El Mercurio tiene la fuerza de un partido”[1]. Es decir, su intervención es esencialmente política.
Intelectuales como Eduardo Santa Cruz y Guillermo Sunkel consignan que el rol de “EM” durante la década del 70’, de un lado operaba a nivel masivo hacia la sociedad; pero también a través de su despliegue articulaba y ejercía la vocería “de la propia clase empresarial”. Según Sunkel en los años 1960 “parecía cada vez más evidente que El Mercurio era el portavoz de los intereses del capital monopólico financiero, nacional y transnacional”[2].
En la medida en que el modelo desarrollista se va agotando y deviniendo crisis de dominación, EM se distancia de éste y lo confronta. Enzo Faletto, Rodrigo Baño y Julieta Kirkwood dan cuenta de la densidad histórica de EM al enfrentar a la Unidad Popular: “Durante tres años se dijo ‘o cae El Mercurio o cae Allende’: cayó Allende”[3], resumen. También, describen cómo en las editoriales inmediatamente siguientes el Golpe de Estado, EM despliega la totalidad de su diseño de reforma para los siguientes años, concibiendo cuáles debían ser los roles de la familia, las clases populares, las clases medias, el trabajo, el estado y la sociedad chilena.
En 1980, “EM” fue parte de la fundación del Centro de Estudios Públicos, CEP, encabezado por Eliodoro Matte. El CEP articula a una importante alianza empresarial y política. Participó de la fundación de este influyente think thank Arturo Fontaine Aldunate, entonces director de El Mercurio, y la dirección del CEP quedó a cargo de su hijo, el escritor Arturo Fontaine Talavera, desde 1983 a 2014. En la década de los 80’ la encuesta CEP -concebida para constatar el descontento social- fue un instrumento con el que el empresariado justificó la apertura al fin de la dictadura, pero también de sus límites. Actualmente, la alianza político-empresarial del CEP persiste en manos de los Angelini, Luksic, Yarur, Von Appen, entre otras y otros, y los Edwards se mantienen como parte de su consejo asesor.
El año 1992, Edwards Eastman creó Paz Ciudadana, entidad orientada en específico a la “seguridad ciudadana” y donde la escena de control a través de relatos e idearios es básicamente la misma: una institución de la sociedad civil que sostiene a un núcleo de articulación político-empresarial desde la cual se realiza una coreografía de máscaras para establecer en Chile un fundamento para una agenda pública policial y una política de masas al respecto, a través del sabueso “guardián” de la seguridad, de origen estadounidense, “Don Graf” (“McGruff, the Crime Dog”).
En este sentido, la invitación de este artículo a revisar la discursividad de El Mercurio en el contexto de la revuelta social de octubre en Chile, no para formar parte de su “audiencia”, sino para acceder y comprender la racionalidad que allí se despliega, entendiendo que ésta es gestora, organizadora y articuladora de posiciones reflejadas en una franja de la sociedad que, hoy en día, mantiene las riendas del país.
A continuación, se recogen algunas de las ideas fundamentales que El Mercurio ha aportado a las fuerzas de conservación en torno a la crisis abierta en Chile posterior al “18-O”, a través de la revisión de sus editoriales dominicales publicadas en las ediciones impresas entre el 20 de octubre de 2019 y 20 de enero de 2020.
1.1 La prioridad sobre el orden público antes que el camino democrático
Para El Mercurio, la prioridad es recuperar la paz. Ésta es asociada a la “institucionalidad democrática” como camino para procesar diferencias y que éstas puedan, a su vez, transformarse en reformas. Por ello, sería un “objetivo pacificador” y por tanto prioritario, “el completo restablecimiento del orden público, función básica del Estado” (27 de octubre). Al surgir la demanda por una nueva constitución, alarman que dicha discusión “no podría desarrollarse en condiciones de inseguridad que amenacen el propio funcionamiento del órgano constituyente (17 de noviembre), e insisten en la idea la semana siguiente: “el principal obstáculo que hoy enfrente el acuerdo constitucional es la persistencia de las acciones violentistas” que impiden “retomar su funcionamiento normal” (24 de noviembre).
Reconocen como un “peligro real” la instalación de “la idea de que la violencia constituye un método eficaz para promover el cambio”, que pudiera “terminar lastrando el desarrollo democrático” (8 de diciembre).
Ya hacia fines de diciembre, “EM” pone en duda el proceso constituyente: “La persistencia del violentismo, una polarización que se acentúa, el fuerte desorden en las coaliciones y recurrencia de prácticas deplorables como las ‘funas’, han venido a poner bajo interrogante las esperanzas que ese pacto despertó” (29 de diciembre).
Por cierto, interpreta las convocatorias a “funar” el rendimiento de la PSU como “un nuevo desafío a la capacidad del estado para garantizar el orden público” (5 de enero) y su desenlace como “un nuevo golpe al Gobierno, encargado de resguardar el orden público y las condiciones para que las actividades nacionales puedan desarrollarse (12 de enero).
1.2 “Ni el acuerdo constitucional, ni la agenda social son suficientes”: la agenda policial
La monserga por el orden público está planteada de modo que, si se acepta el principio, se reconoce una urgencia para tomar un tipo de acción determinada: la policial.
Así es como El Mercurio eleva la apuesta del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” suscrito el 15 de noviembre, y acusa: “la genérica frase de rechazo a la violencia incluida”, “se ha mostrado del todo insuficiente, al no traducirse en un efectivo compromiso de los distintos sectores con las acciones necesarias para el establecimiento del orden público”. En cambio, apunta a la oposición por cuestionar “de modo permanente los actos de Carabineros” y pretender infringir daño al Gobierno a través de denunciar “conductas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos”, a partir de un par de “casos condenables” (24 de noviembre).
Advierte a “las dirigencias” -así, en genérico-, que “arriesgan fallar en su desafío más urgente: fortalecer el orden democrático para enfrentar al violentismo y restablecer el derecho de las personas a desarrollar sus vidas con normalidad”. “Ni el acuerdo constitucional ni la agenda social son por sí solos suficientes para ese objetivo”, concluyen (1 de diciembre).
En la misma fecha apoyan el proyecto del Gobierno que permite disponer de Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica ante la omisión de la oposición.
Sugerente, EM se pregunta “¿hasta qué punto la persistencia o disminución de la violencia dependen de la voluntad de quienes la promueven y protagonizan y en qué medida depende de la capacidad del Estado para enfrentarla?” (8 de diciembre).
1.3 Reformas políticas, proceso constituyente y reordenamientos en la derecha
Desde un comienzo EM estuvo contra la posibilidad de un cambio constitucional. Y si bien inmediatamente luego del acuerdo del 15N lo aceptó, antes desarrolló una fundamentación respecto de su inutilidad, lo vinculó a una línea de “reformas políticas” y luego lo caracterizó como una discusión abstracta y confusa, lejana a las vivencias cotidianas y las demandas de la calle.
Una nueva Constitución iría en línea de reformas ocurridas durante algo más de la última década, cuyo objetivo era “recuperar la confianza y sintonía entre los ciudadanos y las instituciones políticas”. Luego de reformas como la inscripción automática y el voto voluntario, el financiamiento público de la política, la reinscripción de los partidos políticos y el fin del sistema binominal, “la confianza en las instituciones, y en particular en el Congreso y los partidos políticos, se sitúa en niveles mínimos”. Se ha “pulverizado la participación electoral”, se mantienen las “prácticas irregulares que dieron origen a gravísimos escándalos” (de financiamiento de la política), se potenció el “clientelismo y los caudillajes, con resultados desastrosos en casos como el del PS y la comuna de San Ramón”, se permitió la incorporación al Congreso de “parlamentarios elegidos con votaciones mínimas, agudizó la fragmentación y posturas extremas de fuerzas políticas y ha dificultado la conformación de mayorías”[4] (3 de noviembre).
En este sentido, infieren que “no es evidente que un cambio constitucional vaya a ser la fórmula que permita revertir esta situación” (3 de noviembre).
Entonces, si bien toman como una señal de “subsistencia de grados de responsabilidad democrática” y valoran el acuerdo político del 15 de noviembre como “la posibilidad de encauzar institucionalmente el conflicto, y por esa vía fortalecer un orden democrático amenazado por el violentismo” (17 de noviembre), lo cierto es que no es su posición. Es una concesión.
En adelante, el debate constitucional, se habría transformado en uno tan lejano y abstracto como El Mercurio plantea que es la política; y además en permanente riesgo a causa del desorden público.
De partida, objeta la exigencia de la oposición de considerar cuotas que “favorezcan a pueblos originarios y mujeres, agregando además la alternativa de reconocer candidatos independientes en el sistema de listas” (1 de diciembre).
Si bien en los editoriales reconocen la necesidad de mecanismos para favorecer mayor presencia de mujeres en cargos públicos, critica la fórmula de paridad aprobada por el Congreso para la elección de delegados y delegadas constituyentes. En su opinión, se habría asumido “la más controvertida de las fórmulas, que pretende imponer paridad en los resultados de cada distrito, aunque eso distorsione la voluntad del elector y que permite que el candidato más votado de una lista pueda ser desplazado, debido a su género, por otro con menos votos” (22 de diciembre).
Por último, se preocupa de habilitar un arco de alianza amplio para las derechas, en que sea legítimo votar a favor o en contra en el plebiscito de abril. “El buen resultado del plebiscito de abril pasa también por reconocer la legitimidad de todas las opciones en juego” (29 de diciembre). Diez días después, constatan que “un natural reordenamiento de posiciones frente al plebiscito de abril empieza a tener lugar”, “los dos partidos más grandes del oficialismo” se inclinan por el rechazo. Y advierten a La Moneda: “todo ello demanda… una posición equidistante, asumiendo su papel de garantes del proceso, antes que dar señales que puedan percibirse como de preferencia hacia una de las opciones” (12 de enero).
1.4 Enemistades
El Mercurio dispone de un conjunto de criterios para identificar adversarios y enemigos políticos, que les permite agruparles de un modo en que estos se puedan distinguir uno de otro, pero también para dibujarlos en grupos más grandes
Una primera línea divisoria es respecto de quienes contravienen “ciertos consensos básicos”, como el “Estado de Derechos y el consiguiente respeto a un marco de reglas” y la voluntad de “hacer reformas dentro del marco de la legalidad”. Este consenso habría sido puesto en duda en la medida en que actores políticos como el PC y el Frente Amplio han “avalado formas de manifestación que violentan el orden jurídico” específicamente, con relación a las evasiones masivas en el pago del pasaje del metro (20 de octubre). Y específicamente el Partido Comunista, por haber planteado la renuncia del Presidente de la República (27 de octubre).
Luego formula la idea de los “grupos organizados” que “la noche del 18 de octubre y en las horas siguientes” ejecutaron “un ataque planificado” contra “el país” (27 de octubre).
El Frente Amplio y el Partido Comunista no entenderían “el valor del orden público para el funcionamiento democrático ni la magnitud de lo que se encuentra en juego”, y se les acusa de haber “legitimado el incumplimiento de la ley” al anunciar “acciones para impedir que el Presidente de la República pueda cumplir su mandato” (10 de noviembre).
Por otra parte, en el desarrollo de las editoriales se observa la promoción de una línea divisoria en el campo de la izquierda entre quienes firman y quienes no firman el acuerdo del 15 de noviembre por una nueva Constitución. Señalan que dicho hito dejó en evidencia “a aquellos sectores radicalizados, como el Partido Comunista y otros grupos de izquierda” que, al no participar, “siguen optando por la agudización del conflicto” (24 de noviembre).
Engrosan la idea hacia comienzos de enero, al sostener que queda claro “el empeño de estos grupos por frustrar el camino que las fuerzas democráticas acordaron el pasado 15 de noviembre para dar un cauce a la crisis” y que estarían en “un intento por crear condiciones de inseguridad y promover iniciativas que agudicen el clima de desencuentro para imposibilitar o dificultar en grado extremo su adecuada materialización” (5 de enero).
1.5 Atender a la “nueva clase media”
La primera aproximación de El Mercurio a la revuelta social fue reflexiva. De hecho, reconocieron un trasfondo en la explosión que debía ser atendido y fue la primera señal que se envió al Gobierno. Sin embargo, no fue sino hasta alrededor de 80 días después que esta línea es verdaderamente atendida.
En este sentido, EM constata que el “importante respaldo electoral” del Gobierno se ancla, principalmente, en la “nueva clase media” a la que se le ofreció a través del programa de Gobierno “retomar la ruta del progreso y enfrentar las inseguridades” que la agobian. Pues bien, señala EM, “los ‘cacerolazos’ que se han sucedido” ocurren “con especial fuerza, precisamente, en las áreas de la ciudad más identificadas con ese sector de la población (20 de octubre).
¿De dónde surge la inseguridad y el agobio? ¿Cómo enfrentarlo?
El primer lugar, se sugiere que nacen del “mal funcionamiento de nuestro Estado”, específicamente “deficiencias en la provisión de servicios fundamentales como la salud y la educación” que “ahondan la desigualdad y la percepción de un trato indigno” (12 de enero)
Constatan una animadversión contra instituciones privadas, sobre las cuales pesa un historial de “colusión, uso de información privilegiada y otras prácticas repudiables”, “protagonizados por agentes del mercado”. Junto a ello, “el trato de las grandes corporaciones hacia los proveedores”, separa la valoración que la ciudadanía hace entre “emprendedores” y “empresarios”. “Lo mismo puede señalarse respecto de cuestiones como las relaciones laborales, el sobreendeudamiento de familias o la atención al consumidor”, concluyen (12 de enero).
Comentarios finales
Tres cuestiones pueden desprenderse de esta revisión. La primera, es constatar que la voluntad de El Mercurio de moverse, comprender, articular posiciones y, en definitiva, intervenir políticamente sobre el proceso social y político en curso está totalmente activa. Por tanto, también debe estar vigente el estudio y seguimiento de este.
En segundo término, la intervención de El Mercurio tiene una forma discursiva concreta en el debate público. Formula la hipótesis de que el proceso constituyente debe estar condicionado al orden público, y tempranamente puso en duda la realización del proceso mismo. Levantó la idea de que había que atender a la “nueva clase media” a través de una agenda social, se abrió al proceso constituyente, y habilitó una agenda policial y represiva como base para garantizar ambas. Restringió la relevancia del proceso constituyente a partir de concebirlo como mera reforma política, abriendo la opción de posiciones de rechazo y aprobación del plebiscito constitucional en el campo de la derecha. Por último, traza líneas de antagonismo en el campo de la “oposición”. Primero respecto de quienes no respetan el orden público; luego, contra quienes no firman el acuerdo del 15 de noviembre.
Podríamos añadir que la suma de estas publicaciones se puede leer como una intervención, que, dadas las características históricas del actor, representan no solo una línea discursiva, sino también una voluntad de articular a un arco de actores políticos, institucionales y fácticos en su influencia hacia la sociedad.
Determinar su correspondencia con el derrotero del proceso social en curso es algo todavía por verse.
[1] Eduardo Santa Cruz A., Prensa y Sociedad en el siglo XX, ed. Universitaria. p.98
[2] Ibidem.
[3] Enzo Faletto; en coautoría con Rodrigo Baño y Julieta Kirkwood; “Proyecto de dominación ideológica en Chile. El Mercurio 1973” en “Enzo Faletto, Obras Completas, Tomo I”; editado por Baño R., Ruiz E., C y Ruiz-Tagle, M.; ed. Universitaria.
Javier Paredes Godoy
Periodista.