Estrategias sindicales y políticas del profesorado en la posdictadura. 1990-2019

El cierre del conflicto [2019] dejó varios puntos del petitorio sin solución, algunos de los cuales han presentado avances por la vía legal, lo que ha sido entendido por algunos sectores como resultado de la movilización. No obstante, varios de ellos venían trabajándose por esa vía con anterioridad a la paralización, lo cual hace pensar que la iniciativa del paro, por parte de Aguilar, puede haber tenido motivaciones de figuración, pero que terminaron desbordando lo presupuestado, lo cual estaba dentro de las posibilidades. La finalización (forzada) del paro volvió a arrojar en el escenario político-gremial de los docentes viejos fantasmas, especialmente el de la “traición”, lo que puede tener innumerables interpretaciones, pero que sin duda permiten constatar que los discursos de participación, “escuchar la voz de las bases” y, más importante aún, “independencia de los partidos”, nada tienen por sí mismos de identificarse con una línea de izquierda. Avances en esta “línea” necesariamente deberán llevar a, precisamente, politizar a las bases y a volver a enarbolar los principios históricos de la izquierda: proyecto socialista e identificación del magisterio con el conjunto de la clase trabajadora.

por Christián Matamoros

Imagen / Fotografía de Carolina Olmedo C. para el #1 de ROSA impresa.

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El estudio de las estrategias sindicales ha estado concentrado mayoritariamente en los sectores de trabajadores vinculados a los sectores con potencialidad económica-estructural, como son los de las principales áreas exportadoras del país. Si bien esto tiene justificaciones bastante fuertes, en especial desde un posicionamiento marxista, resulta insuficiente para comprender los repertorios de acción de sectores con un bajo poder estructural1 y los del conjunto del movimiento sindical actual, situación que no niega los postulados marxistas referidos a la lucha de clases, la conflictividad o la importancia de las condiciones materiales. Por el contrario, invitan a una aplicación creativa y dialéctica de la teoría marxista.

El análisis sobre las organizaciones de trabajadores del aparato estatal y de “cuello blanco”, como los profesores, emergió en la sociología norteamericana en la segunda mitad del siglo XX, pero estuvo ausente de gran parte de los estudios sobre organizaciones de trabajadores en Chile. Recién en la década de los ´80 aparecen investigaciones más sistemáticas2, tras lo cual solo los años recientes han visto un florecer de los trabajos sobre sindicalismo docente3. En algunas de estas investigaciones se ha mostrado que la debilidad estructural-económica de las organizaciones docentes es subsanada por su extensión nacional, las repercusiones públicas de sus medidas de fuerza y la rápida adopción de un carácter político de sus estrategias. Por esto último, en este artículo hemos decidido analizar junto a las estrategias más propiamente sindicales, también sus posicionamientos políticos con los diversos gobiernos posdictatoriales.

Las características antes mencionadas permitieron que el Colegio de Profesores (CP o Colegio), en cuanto organización hegemónica ‒pero no única‒ del sector docente, y otras organizaciones del sector público (ANEF y FENATS, principalmente) se terminaron transformando en actores de primer orden en el movimiento sindical chileno desde fines de los ´80, siendo las organizaciones fundamentales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En este sentido, el estudio de las estrategias sindicales de una organización como el Colegio de Profesores se presenta como medular, dada su alta relevancia en el conjunto del movimiento sindical chileno.

Preliminares

En el mundo docente ha existido una persistente discusión respecto al carácter de su estructura organizativa, variando desde posiciones que potencian una adopción organizativa en clave “profesional” (como los sectores de derecha y una parte de la ex Concertación) y otros en clave “sindical” (como el PC y la izquierda rupturista), existiendo también perfectas posibilidades de generar un simbiosis entre ambos caracteres, cuestión que han desarrollado inclusive la izquierda sudamericana de raíz clasista, donde el peruano SUTEP y la colombiana FECODE son dos buenos ejemplos de aquello.

La balanza de esta disputa se inclinó ostensiblemente hacia el carácter sindical cuando el Colegio se hizo parte de la fundación de la CUT en 1988, representando a la organización por lejos con mayor afiliación. Esta opción de participar en la Central obrera se debía al aporte que podían realizar los delegados del Colegio ‒en su mayoría militantes de los partidos de la Concertación‒ en la elección de la conducción de la CUT, por lo que la idea original de la Democracia Cristiana de afiliar al CP a la Federación de Colegios Profesionales fue desechada.

Mediante la amplia hegemonía logada por los candidatos democratacristianos en las elecciones internas del Colegio en 1987 y 1989, la estrategia sindical en los últimos años de los ´80 se concentró en contribuir al triunfo del NO y de Aylwin a la presidencia, aplazando a lucha reivindicativa, pues se consideraba que esta sólo tenía condiciones de posibilidad bajo un gobierno civil y democrático. En este sentido, el antiguo gimnasio “Nataniel” del centro de Santiago fue el escenario donde más de 3 mil profesores repletaron el recinto en apoyo a la candidatura del dirigente democratacristiano, quien recordando sus años como profesor en el Instituto Nacional brindó un discurso abierto por un: “queridos colegas”. La llegada del arcoíris tendría al profesorado en una estrecha cercanía con el proyecto de la Concertación, pues representaba una efectiva posibilidad de reparar la menoscabada condición social provocada por las políticas educativas de la dictadura. La suerte de esta “reparación” pondría rápidamente en cuestión dicha cercanía.

Entre la reparación y la cooptación. El profesorado con los camaradas DC: 1990-1995

El arrollador triunfo de Osvaldo Verdugo en las elecciones internas de 1989 reafirmó el respaldo de las bases docentes afiliadas al Colegio de Profesores hacia el camino adoptado por la salida pactada a la dictadura. El discurso del diálogo, la democracia y la reconciliación eran compartidos por el magisterio, el cual esperaba que esto fuera sinónimo de obtener un mejoramiento en sus condiciones laborales. Esta situación provocó una fuerte coincidencia política entre la conducción sindical de los docentes y el gobierno, lo que también ocurrió con la CUT, conducida por Manuel Bustos, todos militantes DC. De esta forma, mientras los máximos dirigentes del Colegio participaban de las conversaciones que dieron como fruto el primer “Acuerdo Marco”, que incluyó al gobierno, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la CUT, el Colegio respaldó el proyecto de Estatuto Docente enviado por Aylwin al parlamento en octubre de 1990. Allí se aseguraba una legislación laboral específica para este sector de trabajadores, lo que de alguna forma marcaba un quiebre con el Plan Laboral de 1979, reconociéndoles algunos aspectos propios de los trabajadores del sector público, como fueron la estabilidad laboral y un régimen salarial universal. Además, el Estatuto representó un verdadero espaldarazo para el Colegio de Profesores pues le entregaría un carácter similar al resto de las organizaciones del sector público, no facultadas legalmente para negociar colectivamente, pero que en los hechos lo realizan debido a existir un Estatuto específico que regula condiciones y remuneraciones. De esta forma, el CP aseguraba transformarse en el interlocutor de los maestros frente al gobierno. Sin embargo, este importante logro tuvo una medular limitación. El Estatuto estaba restringido a los profesores del sector municipalizado, abarcando mínimamente algunos aspectos de quienes se desempeñaban en el sector subvencionado y no teniendo validez para los docentes de establecimientos particulares pagados. Así, el apoyo irrestricto de la conducción de Verdugo al proyecto del gobierno le aseguró un poder de negociación al CP, pero limitando su representatividad al sector municipal, dejando en la orfandad al creciente sector subvencionado, quienes deberían regular sus reajustes salariales y laborales mediante negociaciones colectivas limitadas a la empresa, al igual que el resto del movimiento sindical. La oleada de huelgas vivida en estos establecimientos durante 1990-1991 demostró lo poco efectivo de este tipo de negociación fragmentada, situación que repercute hasta el día de hoy.

Si bien existen varias obras que han dado cuenta de la estrecha cercanía de la conducción docente con el gobierno de Patricio Aylwin, estas visiones se han perspectivado desde miradas etapistas, donde el consenso impreso por la sintonía política con el gobierno, y que llevó a aceptar acuerdos insatisfactorios, solo habría sido roto al haber cambios en la conducción sindical4. No obstante, desde la misma negociación por el Estatuto Docente las posiciones más rupturistas al interior del profesorado, lideradas por el magisterio comunista, comenzaron a ganar adhesión por su decidida oposición al proyecto de Estatuto, denunciando que no representaba un mejoramiento salarial para el sector municipal y que excluía al sector subvencionado de los beneficios de estabilidad. Fue así como el sector conducido por Jorge Pavez, ex líder de la AGECH en el periodo 1982-1987, fue instalando el discurso del “Estatuto indecente” y denunciando la persistencia de las políticas neoliberales en educación. Esta posición de mayor conflictividad atrajo a un sector del profesorado socialista y a los moderados profesores vinculados al Partido Radical, quienes mantenían sus manifestaciones identitarias ancladas en el Estado docente de la educación pública.

En este contexto, el magisterio comunista dio forma al Movimiento de Recuperación Gremial (MRG) apelando a un cierto “gremialismo” que buscara el fin de la subordinación a los partidos políticos (de la Concertación). El MRG atrajo a profesores socialistas reacios a la renovación y a sectores de la izquierda rupturista, como algunos pocos profesores identificados con las experiencias del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista-Acción Proletaria. Los resultados en las elecciones internas de mediados de 1992 dieron cuenta del rechazo a la conducción de Verdugo y su estrategia de subordinación al gobierno. Pavez logró la primera mayoría, desplazando al líder DC que conducía el gremio desde 1986, pero por los Estatutos, Verdugo continuó en la presidencia al ser su lista la más votada. Estas manifestaciones representaron los años más fructíferos del magisterio comunista como oposición, lo que se tradujo en la “primera rebelión de las bases” del año 1993, donde a pesar de las resistencias de la conducción nacional, varias regiones sostuvieron una paralización durante varias semanas, algunas de ellas lideradas por militantes socialistas y radicales, en todos los casos respaldados por el MRG. A esas alturas ya había aparecido en las bases docentes un discurso que sería bastante común durante las dos décadas siguientes: la acusación de “traición” sobre la conducción5.

Sacrificando el poco capital político que aún mantenía, la conducción nacional no dio pie atrás en su estrategia de subordinación al gobierno de Aylwin y luego al de Frei Ruiz-Tagle, respaldando el llamado Informe Bruner de 1994, donde se proyectaba la consolidación de las políticas neoliberales en educación, ahora con el consenso del profesorado. El único intento de Verdugo de desmarcarse del gobierno se produjo cuando Ernesto Schiefelbein, en su breva paso por el Ministerio de Educación, introdujo una serie de modificaciones al Estatuto Docente que hizo perder una parte importante de la estabilidad laboral lograda. No obstante, a esas alturas la suerte ya estaba echada. En las elecciones de fines de 1995, el PC obtuvo la primera mayoría y consiguió el visto bueno de los camaleónicos dirigentes del Partido Radical para conformar la directiva, pudiendo acceder Jorge Pavez a la presidencia del Colegio de Profesores.

Así la estrategia sindical de subordinación al gobierno, con el objetivo de mejorar la condición del profesorado, llegaba a su fin. El rechazo a adoptar repertorios de paralizaciones nacionales había llevado a paros provinciales o regionales y al recambio en la conducción gremial, lo que ocurrió durante esos años en otras importantes organizaciones gremiales como en los trabajadores públicos y los trabajadores del cobre, donde militantes socialistas relevaron a las conducciones DC.

El PC en la conducción del Colegio: 1996-1999

La conducción liderada por Pavez introdujo dos innovaciones importantes en las estrategias sindicales: por un lado, dio paso a establecer paros nacionales indefinidos para el logro de las reivindicaciones económicas, y por otro, enfocó el quehacer gremial también hacia el aspecto pedagógico, ya sea avanzando hacia una propuesta educativa, como también posicionándose críticamente a la reforma educacional iniciada en 1996.

Esta mayor conflictividad tuvo sus puntos más altos en las negociaciones con el gobierno de 1996 y 1998, donde dos paralizaciones de 15 y 26 días respectivamente marcaron un importante quiebre en las tácticas seguidas con anterioridad, siendo catalogadas por El Mercurio como los “octubres rojos” del magisterio. Los resultados de estas prácticas fueron desiguales, pues si bien representaban la primera vez en que se lograba elevar la remuneración básica, antes se había agregado mejoras en bonos, la paralización había provocado el descuento de los días de paro, lo que representaba una reacción clara del gobierno al quiebre de la estrategia de subordinación del periodo 1990-1995.

No obstante, lo que hemos mencionado como una mayor conflictividad no se tradujo en la adopción de prácticas de conflicto radicalizadas. Los repertorios de acción tenían un carácter de base, con paralización efectiva en las escuelas, y cuando adoptaban un carácter masivo hacían referencias a concentraciones o marchas en Santiago o Valparaíso, al igual que en las principales ciudades del país. Con estos repertorios el magisterio lograba transformarse en un actor político, similar, durante esos años, a la influencia lograda por las movilizaciones de los obreros del carbón.

Además del fin de la subordinación, se introdujeron las preocupaciones educativas, cuestión que a diferencia de lo que ha destacado la bibliografía cercana al profesor de castellano6, no fue una acción individual de Pavez a la manera de los “grandes personajes” de la historia. Este objetivo había estado desde sus orígenes en las preocupaciones del MRG y tuvo su mayor hito en el Congreso Nacional de Educación de 1997. Allí se criticó aspectos medulares de la reforma educativa y se acordó luchar por una evaluación docente bajo determinados requisitos y con determinadas características, cuestión que sacaría chispas en la década siguiente. Además de esto, la nueva conducción auspició la publicación de la revista Docencia desde 1996 y respaldó la conformación del Movimiento Pedagógico.

Sin embargo, hacia fines de siglo el principal dirigente del magisterio comunista comenzó a tener serios roces con su partido. Esto fue de la mano con el abandono de las estrategias conflictivas que predominaron entre 1996 y 1999, pasando a buscar la construcción de vínculos con un sector de la Concertación7. Esto se tradujo en el explícito apoyo de Jorge Pavez a Ricardo Lagos en la segunda vuelta de la campaña presidencial de inicios de 2000, cuestión que distaba de la “libertad de acción” decidida por el PC.

Nuevos consensos viejos conflictos: ¿movimiento pedagógico o sindical?

El giro dado por Pavez fue paulatino e implicó a un sector del, hasta entonces, magisterio comunista. Si bien a nivel de los actores de este viraje, como también de una parte importante de los investigadores que apoyaban la gestión de Pavez, las diferencias se traducían en una mayor importancia otorgada a los aspectos pedagógicos frente a una limitación a aspectos clásicamente sindicales, como las reivindicaciones económicas, creemos que esto es más que nada retórica un tanto caricaturesca. Al contraponer a figuras como Jorge Pavez con su archirrival, el profesor de matemáticas Jaime Gajardo, representante de la línea oficial del PC, la diferenciación hace sentido, pero pierde validez cuando deja de verse a nivel de los “grandes personajes”, pues en el PC continuaban militando importantes profesores con cargos de responsabilidad partidaria que otorgaban una fuerte importancia a los aspectos pedagógicos, como Guillermo Scherping.

Consideramos que esta crisis tardía en los militantes comunistas8 representó cuestiones mucho más profundas referidas principalmente a dos aspectos: una línea política de tipo movimientista enfrentada a una lógica partidaria clásica, como la del PC; un abandono de las estrategias de conflicto por la adopción de nuevos consensos. El primero de los puntos representó una materialización de las tesis de “hacer política desde los movimientos sociales”, las que venían siendo defendidas teóricamente por historiadores como Gabriel Salazar y Mario Garcés, pero que en el sindicalismo no habían tenido mayor adhesión. Los escasos resultados electorales de la izquierda extraparlamentaria durante toda la década de los ´90 y las consecuencias de haber rotó a nivel sindical el pacto DC-PS, privilegiando en cambio un acuerdo PS-PC, llevó a numerosos dirigentes sindicales a adoptar las tesis movimientistas, como por ejemplo los ex mapucistas, hoy socialistas, Arturo Martínez (CUT) y Raúl de la Puente (ANEF), además de comunistas como Miguel Soto (metalúrgicos). Mediante estas posiciones se podría lograr un acuerdo con quienes eran considerados como “sectores de izquierda de la Concertación”, pero traería obvias tensiones con las estructuras partidarias. Así lo vio la mayor parte de los dirigentes socialistas, quienes abandonaron este proyecto, que a la larga se terminó transformando en el referente Fuerza Social y Democrática, el que quedó reducido casi exclusivamente al magisterio. La fuerte adhesión a nivel de bases permitió a Pavez mantener la conducción tras romper definitivamente con el PC (2003) hasta las elecciones de 2007, pero redujo su margen de maniobra.

Junto al carácter movimientista, Fuerza Social también implicó el regreso de las estrategias de consenso, pero tal cual en el periodo 1990-1995, estas lograron ser ejercidas desde la conducción nacional, pero sin erradicar las posiciones conflictivas, las que se encontraban presentes en un sector minoritario del directorio nacional, pero también en algunas estructuras locales, destacándose de forma especial la más importante de estas: el regional Metropolitano, conducido por Jaime Gajardo. Desde esa estructura se atacó a la conducción nacional y se ejercieron prácticas mucho más conflictivas, aunque limitadas a los dirigentes sindicales o a lo sumo a movilizaciones en la capital9. Esta táctica reflejó un cierto paralelismo que también había estado presente en la rebelión de las bases de 1993, aunque esta vez los militantes de partidos eran la oposición, mientras que los “autónomos” eran quienes ejercían mayor subordinación respecto al gobierno.

Fue respecto de una temática que afectaba directamente al docente de base donde el “empate catastrófico” generado entre el directorio nacional y el metropolitano comenzó a inclinarse hacia este último. La conducción del CP exhibía a su haber pésimos resultados en las negociaciones salariales durante la primera mitad del gobierno de Lagos, lo que daba cuenta que el apoyo a este y la mayor cercanía demostrada no había sido efectiva como estrategia. Esto contribuyó bastante al abandono de la participación sindical de un importante porcentaje de docentes, como también al malestar hacia Pavez, el cual se terminó encauzando principalmente por el tema de la Evaluación Docente. En el Congreso de Educación de 1997 se había aprobado la sanción de una Evaluación con determinadas características que no estaban siendo respetadas en la negociación tripartita que se estableció entre el Colegio, el gobierno y las municipalidades, en una suerte de revival de los acuerdos marcos de inicios de los 90. Numerosas investigaciones han destacado que el establecimiento de esta evaluación fue un caso atípico a nivel latinoamericano, pues fue consensuada con el gremio sin conflictos10. No obstante, si bien la conducción fue parte del acuerdo para implementar este sistema de evaluación docente, a nivel de las bases emergieron numerosas experiencias de resistencias a ser evaluado. Liderados principalmente por el MRG, pero abarcando también a otros sectores políticos, como los socialistas, miles de profesores devolvieron los “portafolios” de evaluación en blanco en las oficinas del Ministerio. Esta situación desencadenó un profundo rechazo hacia la figura de Pavez, volviendo a revivir el “fantasma de la traición” en las bases docentes, lo que fue utilizado hábilmente por el PC11.

De esta forma, hacia fines del gobierno de Lagos el Colegio de Profesores se encontraba atravesado por una profunda pugna interna que se traducía en la adopción de una estrategia de mayor búsqueda de consensos v/s una de mayor confrontación. Mientras la primera agitaba un discurso centrado en superar las reivindicaciones economicistas, respaldado por un importante contingente de investigadores vinculados al CP, dando pasos hacia los planteamientos pedagógicos, la segunda enfocaba su discurso en representar realmente al magisterio frente a la “traición” de Pavez. De esta forma, al cumplir 10 años en la conducción máxima del magisterio, Pavez comenzaba a experimentar las mismas críticas que él antes dirigió a Verdugo.

Si los escasos avances en las negociaciones salariales, sumado a la resistencia a la Evaluación Docente, terminaron deslegitimando a Pavez al interior del Colegio, lo ocurrido durante la revolución pingüina (secundarios) del año 2006, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, puso en tensión su capital político. Los interesantes procesos de articulación donde participó el Colegio durante esta movilización fueron puestos en tela de juicio en los meses posteriores, cuando un acuerdo referido a temas salariales y laborales del profesorado provocó que las organizaciones secundarias criticaran duramente a los dirigentes docentes por no solidarizar con su lucha, cuestión que no era efectiva, aunque no se ejercieran los mismos repertorios de protesta. Esto demostraba la escasa capacidad para lograr articular las demandas propiamente económicas con las de tipo político. Más aún si se consideraba que gran parte del petitorio estudiantil también era parte de las reivindicaciones del magisterio, como el fin de la LOCE, por ejemplo, pero sin haber tenido éste capacidad alguna para luchar por estas aspiraciones políticas. Este distanciamiento mostraba que las acciones sindicales del magisterio continuaban siendo bastante moderadas frente al disruptivo movimiento secundario. Mientras que el discurso pedagógico no lograba traducirse en movilización real de las bases, por estar orientado principalmente por investigaciones de temáticas educativas, más que por efectivamente educadores de aula que lograran articular el desarrollo de una pedagogía crítica con la radicalidad del movimiento secundario.

Más allá de la fuerte tensión que provocó la irrupción del pingüinazo en el gremio, al no lograr articular lo económico con la demanda política (educativa), la cual venía siendo agitada desde hace años por el CP, sin resultado alguno, el 2006 representó para el profesorado un cambio en el contexto político de la condición docente. Fueron muchos los establecimientos donde los profesores críticos, de izquierda y con experiencia organizativa reciente en sus estudios universitarios estuvieron en la primera línea de apoyo a las manifestaciones estudiantiles. Estos fueron quienes apoyaron la conformación de Centros de alumnos y colectivos estudiantiles, respaldaron las tomas, consiguieron apoyo legal y visitaron las comisarias en los casos de estudiantes detenidos. Inclusive en algunas zonas aportaron en la organización de la autodefensa de las tomas, las que eran amenazadas por grupos de neonazis. No obstante, este cambio no fue masivo, pero si permitió también reimpulsar las formas más clásicas de asociatividad, como el sindicato, pues desde el año 2006 se comenzó a experimentar una reactivación en la generación de sindicatos de trabajadores de colegios particulares subvencionados, los que han protagonizado un porcentaje importante de la cantidad de huelgas, lo que se iría incrementando en la década siguiente. Como contraparte, el CP incrementó su deslegitimación y pérdida de participación en sus elecciones internas, cuestión que ha tenido sus momentos de mayor descenso en participación en las elecciones de 2007, 2010 y 2013. Esto se hacía aún más severo al continuar creciendo la cantidad de establecimientos del sector subvencionado, con lo cual el sector municipal, base del Colegio de Profesores, perdía presencia dentro del total del sistema, con lo que el CP representaba a un porcentaje menor del total de docentes.

Y qué fue… y qué fue… Gajardo a la conducción

Las críticas a la conducción de Fuerza Social por los escasos logros en las negociaciones salariales con el gobierno de Lagos y, principalmente, las consecuencias y resistencias a la evaluación docente habían dejado a Pavez en un muy mal pie que hacía peligrar la adhesión que le había permitido mantenerse en el cargo por un periodo aún sin el respaldo del PC.

En medio de numerosas acusaciones cruzadas, azuzadas por la prensa, especialmente mercurial, Jaime Gajardo logró acceder a fines del 2007 a la dirección del Colegio de Profesores, con lo cual el PC retornaba a este importante actor social y sindical del país. La llegada de Gajardo traía un discurso crítico de la participación en mesas negociadoras institucionalizadas, mucho más confrontacional hacia las políticas de la Concertación. La adhesión lograda por el líder comunista no se refería a aspectos ideológicos, ni tampoco a su carisma, sino más bien era producto de un rechazo a la figura de Pavez por su extrema moderación presentada frente a los gobiernos, suscribiendo acuerdos que una y otra vez eran incumplidos por las autoridades. En ese sentido, Gajardo representó la voz de la “consecuencia” frente a, nuevamente, el “fantasma de la traición”.

Un mes después del triunfo del PC, el gobierno y la Alianza (coalición de derecha) firmaban el acuerdo que daría origen a la Ley General de Educación (LGE), lo que supuestamente cambiaría estructuralmente la educación chilena. En la práctica, este acuerdo mantenía la herencia dictatorial, al no alterar las líneas fundamentales del sistema: escasa presencia del Estado, subvención a la matrícula vía voucher, fomento de la educación particular, etc. por lo que el movimiento social generado el 2006 veía una restauración del bloque en el poder. El Colegio enfrentaba en el horizonte, ahora con una conducción que había agitado las banderas de la confrontación, un escenario difícil, donde era muy probable que saliera mal parado. Durante la discusión del proyecto de la LGE, en 2008, el Colegio manifestó decididamente su oposición, convocando a algunas movilizaciones parciales, aunque suspendió un paro nacional anunciado para junio, pero posicionó la demanda contra el lucro y la defensa de la educación pública. Al mismo tiempo, mantuvo su rechazo a la evaluación docente llamando a suspenderla por un año si es que no se introducían los acuerdos anunciados. Sobre este punto, el gobierno reaccionó con despidos de los profesores que se resistieran a la evaluación, los que fueron respaldados legalmente por el CP. Por último, y a diferencia de otras conducciones nacionales, el CP respaldó acciones más radicalizadas de los estudiantes, como el “jarrazo” hacia la ministra Mónica Jiménez lanzado por una estudiante, hecho que no justificó, pero si apoyó12.

La nueva conducción demostró durante su primer año sostener posiciones de mayor conflictividad en búsqueda de las aspiraciones docentes. Esto a pesar de que desde fines de 2008 una nueva variable amenazó con poner en tensión esta táctica. El Juntos Podemos Más, coalición de izquierda conducida por el PC, comenzó a realizar acercamientos para suscribir un pacto instrumental con la Concertación en vías a las elecciones parlamentarias del año siguiente. No obstante, esto no se tradujo de inmediato en una mayor cercanía con el gobierno de Bachelet. Es más, presionado por las bases, durante 2009 el CP realizó una nueva paralización nacional indefinida que alcanzó cerca de tres semanas, pero que había comenzado varias semanas antes por el magisterio de la región de Valparaíso. Esta movilización fue en demanda al pago del Bono SAE, una bonificación establecida por ley para mejorar los bajos salarios docentes cuyos recursos habían sido traspasados por el Estado a los municipios, pero estos los habían destinado a otros ítems durante los dos años anteriores. En esta movilización, emergieron por primera vez prácticas más radicalizadas, como cortes de calles y barricadas, repertorios ajenos a la cultura sindical docente, pero que ahora eran desarrollados en su mayoría por profesores jóvenes. La conducción de Gajardo fue presionada por esta radicalización y tuvo posiciones duras frente al gobierno, aunque en diversos puntos se actuó de manera autoconvocada porque algunos municipios se negaban a cumplir con la ley.

Los profesores y la movilización del estudiantil del 2011

2010 fue un año contradictorio respecto a las principales variables que habían venido influenciando en las estrategias del gremio. Se acababan los 20 años de gobierno de la Concertación y el empresario derechista Sebastián Piñera llegaba a La Moneda. Esto sucedía en momentos en que, si bien Gajardo había liderado prácticas mucho más confrontacionales que su antecesor, el PC venía acercándose cada vez más a la Concertación, especialmente al haber logrado 3 diputados gracias al pacto parlamentario. Esto se había traducido en que el Colegio dio apoyo público a Frei en las elecciones presidenciales de diciembre de 2009, una cuestión a todas luces incoherente conociendo el desempeño de este en su gobierno. Bajo este escenario, lo más probable es que el CP se transformara en un importante agente de la oposición al gobierno de Piñera, cuestión que no auguraba buenas relaciones al conocer el nombre del ministro de educación: el militante UDI y miembro del Opus Dei Joaquín Lavín.

No obstante, el terremoto del 27 de febrero provocó una cierta tregua, pero donde no estuvieron ausentes denuncias de aprovechamientos de sostenedores y municipios que redujeron plantas y horas pedagógicas por los problemas de infraestructura suscitados. La tregua terminó en agosto de ese año, cuando se hizo entrega de un petitorio y se iniciaron rondas de negociaciones con el MINEDUC, las que se extendieron hasta octubre, momentos en que se provocó una nueva elección interna, donde la conducción de Gajardo fue ratificada. Por su parte, el gobierno respondió el petitorio en noviembre, pero una consulta nacional docente rechazó la respuesta, pues comprendió que, si bien existían algunos puntos favorables, estos iban de la mano con introducir mayor flexibilidad al Estatuto Docente, lo que era una vieja aspiración de la derecha. Ante esto se convocó a un paro nacional a mediados de diciembre, fecha de escasa potencialidad, lo que no incomodó al gobierno, el cual junto al apoyo de numerosos diputados de la Concertación logró la aprobación de su proyecto de reforma, por lo que la cercanía que el PC mantenía con esa coalición no lograba traducirse aún en el magisterio, el cual convocaba a movilizarse a amplios sectores contra estas reformas, pero sin lograr adhesión en esas últimas semanas del año. En los primeros meses del año siguiente, el Colegio fue un activo agitador de la movilización, desarrollando articulaciones con la Confederación de Estudiantes de Chile y la CUT, participando y convocando a alagunas de las movilizaciones más masivas de ese año, las que estuvieron hegemonizadas por los estudiantes universitarios.

No obstante, la radicalización que adquirió la movilización del 2011 hacia el mes de agosto, la cual logró adoptar un carácter popular que desbordó al estudiantado de las Universidades tradicionales, también dejó damnificado al Colegio. En la madrugada del jueves 25 de agosto, la sede del CP fue atacada por jóvenes encapuchados. Durante esos días (24 y 25 de agosto) se realizó un paro nacional convocado por la CUT, el cual representó uno de los momentos más álgidos de las movilizaciones de ese año, con enfrentamientos directos de jóvenes en todo el país con las fuerzas policiales (donde ya no se pudo hablar de una “minoría”), respaldados por “cacerolazos” masivos, lo cual tuvo como resultado, de la represión estatal, el asesinato del joven Manuel Gutiérrez en la comuna de Macul. El ataque a la sede del CP fue símbolo de la radicalidad que había adquirido el movimiento y de la distancia de este respecto a las organizaciones más institucionalizadas como el Colegio. Esta situación era producto de que si bien el gremio mantenía prácticas de confrontación, éstas eran leídas como interesadas en generar oposición al gobierno de Piñera, pues el PC ya estaba cada vez más cerca de la Concertación. De esta forma, los cuatro años del gobierno derechista (2010-2013) fueron un buen escenario para que la conducción del Colegio desarrollara el viraje hacia la Concertación, pues pudo mantener prácticas más conflictivas, pero fue leído por el mundo popular y de izquierda, como también por las bases del magisterio, como de una profunda (nueva) subordinación partidaria, lo que se tradujo en que en las elecciones del año 2013, se provocará el descenso más importante en la participación docente, logrando sólo 21 mil votos en total, de los cuales un tercio corresponden a profesores jubilados. En ese contexto, la conducción de Gajardo no tuvo problemas para lograr la reelección, aunque ahora en una lista conjunta de la Nueva Mayoría (ex Concertación, con la inclusión del PC). Esta situación, que sin dudas lleva a hablar de una crisis orgánica-estructural del Colegio de Profesores, pues a la fecha existían más de 200 mil docentes en el país, no impidió que un importante sector del profesorado, principalmente joven, estuviera en las primeras filas de apoyo a las movilizaciones estudiantiles.

La orden de partido: adiós al conflicto… en la senda de la Nueva Mayoría

En el año 2014, el PC volvió a ser gobierno, participando del segundo periodo de Bachelet. La tesis que defendió el partido fue que mantendría “un pie en la calle y otro en el gobierno”. No obstante, la subordinación a la Nueva Mayoría de numerosas conducciones sociales les pasó la cuenta, primero a nivel de Federaciones universitarias, las que comenzaron a ser lideradas por sectores de izquierda revolucionaria en varias casas de estudios, mientras que en organizaciones como la CUT o el Colegio, sus líderes fueron severamente cuestionados13. Esta situación de subordinación llegó a su paroxismo durante los años 2014 y 2015, cuando cansados de la extrema dependencia del gobierno el profesorado se movilizó de forma autoconvocada en lo que se denominó la “rebelión de las bases” y en un extenso paro docente en el 201514. En este contexto la conducción del gremio quedó profundamente deslegitimada, e inclusive fue sobrepasada en algunas zonas, desarrollándose además prácticas sindicales mucho más radicalizadas, las que fueron continuidad de lo vivido en algunas comunas en el 2009. Frente a esta situación, una amplia lista unitaria denominada “Disidentes unidos” desplazó a la Nueva Mayoría de la conducción del Colegio, anclada en un discurso de participación de las bases, de democracia interna y también de mayor radicalidad, características todas que se pondrían en cuestión en su periodo de tres años al mando de la mayor organización sindical del país.

El turno de la “disidencia”

Las elecciones internas de fines de 2016 representaron un freno para la tendencia histórica de descenso de la participación docente, pasando de 21 mil votos a 26 mil, tendencia iniciada desde las primeras elecciones en 1985. Rápidamente la conducción del humanista Mario Aguilar congeló la participación del Colegio en la CUT, mientras esta no regularice sus cuestionadas elecciones de directorio. El rechazo al proyecto de “desmunicipalización” propiciado por el gobierno de Bachelet también fue una medida destacada. Todo esto dio pie para que algunos pensaran que el Colegio se podría posicionar a la izquierda del sindicalismo que propicia la principal Central sindical del país. No obstante, durante parte importante de su gestión, Aguilar no convocó a prácticas de conflicto, sino que más bien replicó prácticas caudillistas al estilo de Verdugo, mientras que los restantes sectores de la conducción (Darío Vásquez o Eduardo González) mantenían distancias, pero no conflictuaban con los lineamientos trazados por el líder humanista.

Durante el año 2018 se vivió un proceso bastante importante, como fue la modificación de estatutos, la cual restringió la reelección de dirigentes a máximo dos administraciones en un mismo nivel dirigencial. Esto puso en tensión el discurso de “respetar a las bases” de Aguilar, pues con esta modificación se le impidió a él, y a numerosos miembros del directorio, volver a postularse en 2019, ante lo cual se opuso, pero fue aprobado de todas formas. De la misma manera, durante esta gestión, salvo la labor de González y el MUD a nivel de la conducción nacional, el Colegio se ha distanciado de parte importante del movimiento sindical, ya sea de sus tradicionales aliados del sector público y más aún del sindicalismo obrero. La voz del líder docente ha estado ausente en conflictos como el de los portuarios a fines del 2018, situación que representa una falta de identificación con los presupuestos básicos de una corriente de izquierda.

Fue solamente en el último año de su gestión, 2019, cuando emergió el conflicto15. El extenso paro de este año tuvo importantes continuidades con el ciclo de movilización docente abierto el año 2014, pero a diferencia de ese año, en la reciente paralización el Colegio salió fortalecido como estructura, pues no existieron casos de paralelismo sindical que disputasen espacios de conducción del paro. Inclusive las prácticas más radicalizadas, como las barricadas docentes levantadas en numerosos puntos del país, no se hicieron desde estructuras paralelas, salvo en Independencia y Puerto Montt, sino desde instancias que reconocen la representatividad del CP, a pesar de ser sumamente críticos de sus dirigencias nacionales y locales.

El cierre del conflicto dejó varios puntos del petitorio sin solución, algunos de los cuales han presentado avances por la vía legal, lo que ha sido entendido por algunos sectores como resultado de la movilización. No obstante, varios de ellos venían trabajándose por esa vía con anterioridad a la paralización, lo cual hace pensar que la iniciativa del paro, por parte de Aguilar, puede haber tenido motivaciones de figuración, pero que terminaron desbordando lo presupuestado, lo cual estaba dentro de las posibilidades. La finalización (forzada) del paro volvió a arrojar en el escenario político-gremial de los docentes viejos fantasmas, especialmente el de la “traición”, lo que puede tener innumerables interpretaciones, pero que sin duda permiten constatar que los discursos de participación, “escuchar la voz de las bases” y, más importante aún, “independencia de los partidos”, nada tienen por sí mismos de identificarse con una línea de izquierda. Avances en esta “línea” necesariamente deberán llevar a, precisamente, politizar a las bases y a volver a enarbolar los principios históricos de la izquierda: proyecto socialista e identificación del magisterio con el conjunto de la clase trabajadora.

Conclusiones sobre las estrategias del magisterio en la posdictadura

El recorrido histórico que hemos realizado respecto a las estrategias sindicales del profesorado chileno da cuenta de varias características que han persistido durante todo el periodo posdictatorial y al mismo tiempo presentan importantes tareas para los sectores identificados con proyectos de izquierda.

En primer lugar, se destaca la alta capacidad que ostentan las estrategias sindicales de transformarse en estrategias políticas. Esto viene dado principalmente por la extensión nacional del gremio, la importancia pública del sector educación y la presencia de todo el arco político en el magisterio, incluido los diversos nucleamientos de izquierda.

En segundo lugar, ha existido una permanente tensión entre una estrategia de subordinación hacia los gobiernos (y sus partidos) v/s una estrategia de autonomía y mayor conflictividad, relacionada o no con determinadas organizaciones políticas. Como producto de lo anterior, ha sido persistente también la emergencia del “fantasma de la traición”, el que se presenta cuando se refuerza la subordinación a los gobiernos y se desplazan las aspiraciones gremiales. Sin embargo, este “fantasma” debe ser analizado cuidadosamente, pues también ha existido una utilización oportunista de esta denuncia, donde determinados sectores adoptan en contextos específicos posiciones maximalistas para aparentar radicalidad, pero que en realidad no pasa más allá de ser un artefacto retórico. Esto debe llamar bastante la atención para los sectores de izquierda, pues la denuncia de “traición” no representa necesariamente una política de izquierda, tal como hemos visto con la conducción de Aguilar.

Por último, más allá de las diversas estrategias en juego, se presenta como prioritario para un proyecto de izquierda, poder responde a la crisis estructural que arrastra el Colegio de Profesores. Al representar básicamente a los profesores municipales su nivel de adhesión respecto al total del magisterio continuará estando limitado, cuando no decayendo. A esto se suma la importante presencia de profesores jubilados en sus filas, lo que representa una situación crítica, pues hoy en día la mayor parte del profesorado se encuentra en el sector subvencionado. Sobre esto las estrategias sindicales de la izquierda deben materializarse en el Colegio, pero esta organización no representa una estructura pertinente para el sector subvencionado, donde los trabajadores se agrupan directamente en sindicatos de empresa, por lo que el llamado debe ser a fortalecer estas experiencias organizativas y a avanzar estratégicamente en sus procesos huelguísticos. Estos últimos han experimentado un interesante incremento, llegando a representar en el año 2018 al sector de la economía con mayor cantidad de huelgas16. Avanzar en procesos de unificación de estructuras sindicales superiores, como Federaciones o Confederaciones, donde se destacan las experiencias de la FENATED y el SUTE-Chile, y en la centralización de las fragmentadas huelgas deben ser tareas prioritarias para las corrientes de izquierda en un sector del sindicalismo con altas perspectivas de adquirir connotaciones políticas.

Notas