Momento constitucional y momento constituyente

La democracia popular y de base que estamos viendo en cada cabildo, barrio, colegio, Universidad, Sindicato, gremio, etc., es ya un acto “extra-constitucional”, que se le escurre a la Constitución de 1980. De allí la desesperación de sus defensores, pues ella mediante el Estado Subsidiario y la potencia desarticuladora del mercado intentó construir una hegemonía que diluya el tejido social, elevando los costos de la organización popular. Pero, conquistar el derecho de organizarse por fuera de los moldes impuestos por la Constitución, no es suficiente para fundar una nueva estructura favorable a los intereses populares. Para ello resulta fundamental la tarea de la militancia política, con todo lo impopular que parece ser en estas épocas. No hablo de la firma de una ficha por supuesto, sino del despliegue de una lucha políticamente organizada, es decir, que apuesta a confrontar la rebeldía y protesta social con el poder constituido.

por Leandro Paredes

Imagen / Fuente: Flickr.

Distintas han sido las reacciones al acuerdo constitucional al que llegaron los partidos con representación parlamentaria el pasado 14 de noviembre. A favor o en contra, lo que prima entre las líneas más movilizadas, activas y radicalizadas de la protesta popular es un ambiente de desconfianza. La desconfianza y sospecha popular no es tan ingenua, ni despolitizada. Es la expresión intuitiva de un momento constitucional que puede no ser constituyente, que puede no constituir nada nuevo, para enterrar lo viejo.

Estamos viviendo un momento constitucional, en el sentido que el texto constitucional vigente – la obra de Guzmán de 1980- pende del hilo del resultado del Plebiscito de Abril de 2020. De ganar el SÍ a la nueva Constitución, se termina por cerrar el proceso destituyente de los contenidos de 1980. Sin embargo, no está del todo claro que este momento constituya la apertura de un proceso constituyente.

En un proceso constituyente no basta que el pueblo se agrupe y organice con tiempos y formas autónomas de los poderes constituidos: cabildos auto-convocados, Unidad Social, Asambleas Territoriales, etc. Todo aquello hay que hacerlo, es condición necesaria, pero no condición suficiente.

Si el desborde popular se desacopla de las relaciones de fuerza fundamentales que resguardan la Constitución vigente tendrá 2 alternativas:1) o asume la necesidad de una estrategia insurreccional de enfrentamiento directo al poder, incluso en su versión más radical, sin mediación democrática, que es el lenguaje de la fuerza militar pura, cuyas limitaciones son evidentes, desde un punto de vista material, así como desde un punto de vista estratégico; o 2) terminará en una autoexclusión que deje campo abierto para que otras fuerzas sociales y políticas, incluso en nombre del pueblo (“sin partidos”, sobre todo), configuren los rasgos del nuevo Chile que nazca, y que como todos los dispositivos constitucionales, defenderá su legitimidad con todas las herramientas que tenga a la mano, incluso la represión. La posibilidad de populismos, con caudillos de izquierda o en la forma de populismo autoritario, en el caso de la autoexclusión es altamente probable: ojalá no pavimentemos ese camino.

Para no caer en alguno de tales caminos, la tarea política central consiste en evitar el desacople de la protesta social y popular, de alta capacidad de impugnación al poder constituido y potencia constituyente, con las relaciones de fuerza que sostienen la Constitución de 1980, las cuales se sirven del aparato constitucional de la dictadura y la transición para evitar el protagonismo popular en los cambios y transformaciones sociales y políticas que la movilización demanda. En consecuencia, los ritmos y tiempos autónomos del pueblo para deliberar de manera soberana tendrán que combinarse con la elaboración de una táctica – aun no elaborada- que permita alterar las correlaciones de fuerza de los poderes constituidos por el rayado de cancha de Guzmán, es decir, intervenir con cabeza y conducción propia en ese campo de la lucha política.

La democracia popular y de base que estamos viendo en cada cabildo, barrio, colegio, Universidad, Sindicato, gremio, etc., es ya un acto “extra-constitucional”, que se le escurre a la Constitución de 1980. De allí la desesperación de sus defensores, pues ella mediante el Estado Subsidiario y la potencia desarticuladora del mercado intentó construir una hegemonía que diluya el tejido social, elevando los costos de la organización popular. Pero, conquistar el derecho de organizarse por fuera de los moldes impuestos por la Constitución, no es suficiente para fundar una nueva estructura favorable a los intereses populares. Para ello resulta fundamental la tarea de la militancia política, con todo lo impopular que parece ser en estas épocas. No hablo de la firma de una ficha por supuesto, sino del despliegue de una lucha políticamente organizada, es decir, que apuesta a confrontar la rebeldía y protesta social con el poder constituido.

En este sentido, esta oportunidad histórica que se le abre a la soberanía popular se erige también en parte de aquellas condiciones esperadas por ciertas fracciones de izquierda que apuestan a una táctica de emergencia de intereses populares al campo de la política, y que bien identificada y conducida puede revertir el derrotero de proyectos como los del Frente Amplio que habían decantado en la conducción de un tipo de progresismo que vuelca toda energía social movilizada en avance institucional. Es ese último rostro el que no pudo revertirse por la militancia frenteamplista desde el 18 de octubre hasta el 14 de noviembre, impidiéndole explicar razones distintas de su participación en el acuerdo constitucional. Y es que por más que su programa sea anti-neoliberal, sustantivamente distinto de las fuerzas que gobernaron durante la Nueva Mayoría por ejemplo, y aquello no haya sido tranzado ni negociado, el rostro preponderantemente parlamentarizado con que llegó el Frente Amplio conspiró para alentar una lectura de reproducción de una forma transicional de hacer política. La izquierda del Frente Amplio tiene parte de responsabilidad en ello, lo que no necesariamente se asume con renuncias, fracturas partidarias, o aprobar o rechazar el acuerdo constitucional, sino más bien en seguir trabajando para que este aparato, nacido desde las mismas fauces de la mercantilización neoliberal, se convierta efectivamente en herramienta de intereses populares.

Por tanto, para avanzar en la formulación de una táctica que altere las correlaciones de fuerza que sostienen la Constitución de Guzman, aquellas fracciones de clase que se constituyeron por fuera del pacto transicional y bajo las garras del neoliberalismo, como las generaciones estudiantiles, feministas, profesores, trabajadores contra las AFP y ambientalistas, de 2006 primero y del ciclo 2011-2016 después, con sus aparatos políticos, tendrán que ajustar sus prioridades y formatos de construcción política para formar junto al pueblo movilizado un bloque constituyente de una democracia plena: tarea histórica que ninguna fuerza binominal pudo consolidar. De este modo, se va configurando un proceso constituyente y no puramente constitucional.