El asesinato del Weychafe, tocó una fibra que pensábamos desaparecida entre lxs chilenxs. El día de su muerte, miles marcharon en las ciudades más importantes del país, exigiendo verdad y justicia. Las manifestaciones se prolongaron por días, dando cuenta que no callaremos ante los abusos de la policía y el silencio cómplice del gobierno. Responsabilidades políticas siempre hubo, el problema estaba en dónde y cómo direccionarlas. Hasta el día de hoy, la justicia no ha llegado por completo, manteniendo en la impunidad a un Estado que nos violenta día a día.
por Zoe Zabala
Imagen / Adiós Peñi, José Arriagada.
La violencia perpetrada por agentes del Estado chileno en las últimas semanas no ha dejado indiferente a nadie. “Chile Despertó”, grito de lucha presente en todas las manifestaciones, remeció las bases de la impunidad y desigualdad en la que vivíamos hasta ese 18 de Octubre. A casi un mes del inicio del estallido social, las querellas por violaciones a los Derechos Humanos, como la mutilación ocular pandémica de la que estamos siendo víctimas y las muertes que hemos llorado, dan cuenta de una violencia de Estado desatada, sin precedentes desde la caída de la Dictadura. Carabineros ha sido la institución responsable de la mayoría de estos casos, sumándose a un historial criminal que ha marcado su relación con la protesta social durante la Transición. No es para nada exagerado afirmar que, dentro de este historial, el pueblo mapuche ha sacado la peor parte.
El 14 de noviembre se cumple un año del asesinato de Camilo Catrillanca, muerto en manos de agentes del Estado, de manera injustificada y cobarde, en el contexto de la militarización del Wallmapu. El caso Catrillanca no es el único en su tipo. En Chile, se ha asesinado o desaparecido misteriosamente a más de 15 mapuche, entre ellos Matías Catrileo, Jose Huenante, Alex Lemunao y Macarena Valdés, todos ocurridos en democracia, e independiente del gobierno de turno, dando cuenta de una acción sistemática del Estado.
La historia de lucha y dignidad de Camilo estuvo presente en buena parte de su vida. Ya en el liceo fue un activo dirigente estudiantil, que denunció desde su adolescencia los abusos cometidos por Carabineros de Chile en las comunidades, exigiendo justicia y libertad para su pueblo. Así mismo, fue activo participante en su comunidad y de diversas acciones que exigían la desmilitarización del Wallmapu y la liberación de los presos políticos mapuche. Hoy en día en Chile, ser dirigente social, participar activamente demandando los derechos que nos fueron alguna vez prometidos, o simplemente alzar la voz, son motivos para la persecución política y, en el caso de Camilo, para la muerte. No es casualidad que quienes han sido asesinados por el Estado en democracia son activos participantes de sus espacios. En un país en que se te persigue por luchar, la vida es el precio de la resistencia.
El asesinato del Weychafe, tocó una fibra que pensábamos desaparecida entre lxs chilenxs. El día de su muerte, miles marcharon en las ciudades más importantes del país, exigiendo verdad y justicia. Las manifestaciones se prolongaron por días, dando cuenta que no callaremos ante los abusos de la policía y el silencio cómplice del gobierno. Responsabilidades políticas siempre hubo, el problema estaba en dónde y cómo direccionarlas. Hasta el día de hoy, la justicia no ha llegado por completo, manteniendo en la impunidad a un Estado que nos violenta día a día.
En medio del estallido social que comenzó el 18 de Octubre de este año, los excesos de la policía uniformada, y las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas ante los órganos competentes recuerdan una realidad que muchxs chilenxs pensaban que había desaparecido con la vuelta a la democracia. Sin embargo, esta siempre estuvo presente en la Araucanía. Con el asesinato de Catrillanca se develó uno más de los numerosos montajes realizados por Carabineros de Chile, dejando entrever la ocultación de información y la obstrucción a la justicia en manos de la institución que, como canta su himno, suponen ser “(…) del débil el protector”.
La militarización del Wallmapu es la continuación de una política de Estado que tiene sus inicios en la Ocupación de la Araucanía a principios del siglo XIX. La obsesión del Estado por unificar el país, desconociendo la multiplicidad de naciones existentes en nuestro territorio, no puede ser llamado de otra forma que colonialismo. En este caso, los responsables políticos no pueden distinguirse por color político; la violencia de Estado en el territorio mapuche se ha convertido en un legado institucional validado tanto por la ex Nueva Mayoría con el gobierno de Michelle Bachelet como por la derecha con Sebastián Piñera. En Chile, existe violación sistemática a los Derechos Humanos antes del estallido social. La diferencia es que hoy el recuerdo de nuestros muertos lucha a nuestro lado, señalando que un nuevo pacto social no puede construirse sobre la impunidad.
Zoe Zabala
Consejera Metropolitana del Partido Comunes y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Católica de Chile.