Tenemos el desafío de transformar esta revuelta en un esfuerzo de masas que gane a corto plazo la realización de una Asamblea Constituyente; determinar los contenidos y orientaciones centrales que deseamos en la futura Constitución (Estado plurinacional, fin al carácter subsidiario del mismo y con un papel más activo en la economía, entre otros elementos) y generar los organismos de masas y políticos capaces de instalarlos como hegemónicos.
por Felipe Ramírez
Imagen / Firmas de Pinochet y la Junta Militar en la Constitución de 1980.
Han pasado casi 3 semanas desde el estallido de la mayor revuelta social que haya visto nuestro país en las últimas décadas, y no cabe duda de que muchas cosas han cambiado. La masividad y persistencia de las manifestaciones han dejado sorprendidos a todos: dirigentes sociales, activistas, políticos, analistas, y autodenominados “expertos” fuimos totalmente tomados por sorpresa por la protesta, a pesar de que muchos la vaticinamos desde hace tiempo.
En todo este tiempo el gobierno se ha negado a entregar respuestas concretas a las problemáticas detrás del estallido social, optando por insistir en una agenda “social” que profundiza la lógica subsidiaria del Estado, aumentando periódicamente la tensión apelando a la violencia y la represión para desgastar la movilización. Así, hemos sido testigos de un total descontrol de Carabineros, con innumerables casos de abusos abiertos a los DD.HH. incluyendo disparos de balines en contra de estudiantes al interior de un liceo de niñas, denuncias de abusos sexuales, secuestros, agresiones, atropellos, entre otros, mientras vemos una total inacción ante incendios y saqueos desde el inicio de la crisis, y fuerte represión a masivas concentraciones aunque sean pacíficas.
El último episodio de esta escalada represiva lo conforma la presentación este 7 de noviembre, coincidiendo con el anuncio de la nueva convocatoria a Huelga General y Paro Nacional para el martes 12, de su “Agenda para fortalecer el orden público y resguardar la seguridad ciudadana”: leyes antisaqueos, antiencapuchados, un proyecto para criminalizar las barricadas, un equipo de abogados especial en el Ministerio del Interior, mejoras en el sistema de Inteligencia, aumento de la capacidad de vigilancia aérea, reforzamiento de la capacidad de ciudadanos para “perseguir violentistas”, estatuto de protección para fuerzas del orden, y modernización de las policías, junto con convocar el Consejo de Seguridad Nacional.
En el escenario actual es difícil que el gobierno logre contar con los votos para aprobar este conjunto de medidas legales, lo que nos fuerza a analizar las razones detrás del diseño que está desplegando el Ejecutivo durante estas semanas. Es posible que Piñera busque cerrar su flanco derecho ante la amenaza de que en dos años más el Partido Republicano de José Antonio Kast busque hegemonizar el sector con un discurso centrado en la seguridad y represión.
Junto con ello, este gesto político puede buscar amedrentar a los segmentos movilizados provenientes de sectores medios y medios altos, posiblemente más vulnerables al discurso de rechazo a la “violencia” como elemento genérico, quebrando el amplio bloque crítico que se ha ido configurando detrás de la consigna de Nueva Constitución y Asamblea Constituyente (AC), y cuadrar al mismo tiempo a una derecha que hasta el día de ayer se presentaba disgregada, con alcaldes y dirigentes oficialistas (sobre todo ligados a RN) desmarcándose de los cabildos ciudadanos impulsados por el ministro Sichel, y abiertos a discutir sobre la realización de una AC.
Esta maniobra contrasta con una oposición, y una izquierda, que da muestras de una desorientación general, aunque avanzando hacia coordinaciones -sobre todo parlamentarias- para responder a la obstinación del gobierno. Es que a pesar de llevar tiempo hablando sobre las tensiones acumuladas en la sociedad, y de denunciar la incapacidad del modelo de ceder un ápice bajo el riesgo de que se desmorone el entramado institucional construido por la dictadura, ningún partido se encontraba en condiciones de entregar una orientación -mucho menos “conducir”- una lucha de tal envergadura y radicalidad.
Hasta principios de octubre la discusión que copaba los pocos espacios de discusión que existían, tenían que ver con recolección de firmas o con la definición de candidatos para las próximas elecciones municipales, reflexiones muy lejanas a un escenario donde más de un millón de personas se reunieron en Plaza Italia en una sola jornada de protestas.
En un período extremadamente breve de tiempo, la fuerza y el empuje de la movilización de masas llevó la discusión política de exigir la anulación de un alza del precio del transporte colectivo en la capital, a exigir una Asamblea Constituyente que nos permita reemplazar la ilegítima Carta Fundamental escrita en 1980 y reformada por Ricardo Lagos el 2005.
En otras palabras, como justo corolario del largo proceso de luchas de masas desarrollados en el ciclo 2006-2011, el 2019 da cuenta de una efectiva crisis de hegemonía del “Bloque en el Poder” neoliberal, que es incapaz no sólo de cerrarle el camino a la idea de una Asamblea Constituyente, sino que tampoco pudo frenar la movilización apelando a las FF.AA. y de Orden, profundamente desacreditadas por los casos de corrupción, de montajes, y abusos a los DD.HH. ocurridos desde el 18 de octubre.
En este escenario general me parece que varios son los elementos a destacar de esta revuelta:
- La radicalidad de las demandas populares, que rápidamente apuntaron al elemento clave del actual modelo: la Constitución, generando cientos de cabildos para explorar contenidos y orientaciones para un nuevo documento.
- La durísima represión desplegada por el gobierno a través de Carabineros y las FF.AA., quebrando todos los supuestos consensos establecidos por la transición en 1990, la que se ha saldado con decenas de muertes, cientos de heridos y detenidos, denuncias de torturas y abusos sexuales.
- La división de la derecha, con un gobierno cerrado a las demandas sociales, y sectores buscando cualquier tipo de acuerdo para blindar la Constitución, ofreciendo lo que hasta el 17 de octubre era imposible (condonación de deudas del CAE).
- La amplia legitimidad de la movilización a pesar de la violencia, sobre todo los primeros días.
- La incapacidad de la derecha más extrema de capturar la movilización -como intentara el PSP-, o de lograr enfrentar a los manifestantes con segmentos conservadores de la sociedad mediante la apelación a los llamados “chalecos amarillos”.
- El liderazgo, aún inestable, representado por “Unidad Social” (US) como referente de convergencia de un amplio segmento de organizaciones sociales y sindicales.
Proyectar la lucha, transformar el país: el retorno de la clase trabajadora a primera línea
A estas alturas es consenso que la Constitución es la madre de todas las batallas. Es ahí donde se juega el carácter del Estado que tenemos, la legitimidad de nuestra democracia, y la capacidad de modificar el modelo de desarrollo actual. Otro acuerdo mayoritario pareciera ser que para cambiarla se desea mayoritariamente una Asamblea Constituyente.
Sin embargo, queda todavía duda respecto a los contenidos que se disputarían en ese espacio, y también las herramientas que utilizaremos para enfrentar esa lucha, que necesariamente se extenderá al menos durante los próximos dos años.
“Salvo el poder todo es ilusión” decía una canción que escuchamos bastante durante el año 2011 junto a varios compañeros con los que militaba en el espacio estudiantil, y no está mal traerla a colación en estos tiempos, cuando muchos parecieran creer que basta con marchas -por más masivas que sean- para botar un gobierno, o trastocar completamente un sistema económico instalado mediante una brutal dictadura.
Ni el espejismo de la inserción institucional que pareciera haber mareado a varios en el Frente Amplio, ni la proliferación de asambleas territoriales o cabildos constituyentes son espacios de poder: el primero porque aunque responde a una tarea política indispensable, significa hacerse parte de una dinámica profundamente desacreditada de cara a la gente y difícilmente permiten ejercer liderazgo hacia las masas movilizadas, y el segundo porque esas iniciativas, si bien importantes para impulsar el proceso constituyente y generar contenidos de cara a ese debate, son también instancias temporales y débiles orgánicamente.
Como afirma Luis Thielemann en su artículo “Asamblea Constituyente: Pesimismo de la razón histórica” publicado en la revista RedSeca en marzo de 2015, los procesos constituyentes desarrollados en América Latina fueron “la expresión de que el equilibrio político previo estaba hecho trizas y que había nuevas fuerzas sociales con capacidad de imponer sus términos. Es por ello que todos esos procesos fueron precedidos por el triunfo electoral de gobiernos basados en grupos sociales que emergían con autonomía de la vieja clase política, principalmente indígenas pobres y sectores populares urbanos”.
En otras palabras, los textos constitucionales fueron la cristalización de nuevos equilibrios entre clases sociales, luego de que los sistemas políticos establecidos previamente -y con ellos las hegemonías establecidas por las correspondientes clases sociales dirigentes- entraran en crisis. Las Asambleas Constituyentes no fueron lugares de disputas de este enfrentamiento entre las clases emergentes y las derrotadas, sino espacios de sistematización de luchas ya finalizadas.
Esto es importante porque tal como hace unos días el historiador Sergio Grez explicó en la nota de prensa que publiqué en el sitio web de la Universidad de Chile, titulada “¿Cómo puede el país crear una nueva Constitución?”, en 1925 los sectores populares ya intentaron llegar a disputar a una AC los contenidos de la nueva Carga Magna, para lo cual realizaron una “Constituyente Chica” previamente, sólo para descubrir que el Presidente Alessandri no sólo no la realizó, sino que elaboró una Constitución Política con ayuda de una comisión de expertos dejándolos fuera de juego.
De esta lección histórica debemos aprender que la revuelta no es suficiente si queremos verdaderamente transformar los pilares que sustentan el modelo de “desarrollo” de nuestro país, y que no podemos caer en el error de pensar que la sola Asamblea Constituyente -o la realización de masivos cabildos en “los territorios”- nos permitirán triunfar en ese objetivo.
Tenemos el desafío de transformar esta revuelta en un esfuerzo de masas que gane a corto plazo la realización de una Asamblea Constituyente; determinar los contenidos y orientaciones centrales que deseamos en la futura Constitución (Estado plurinacional, fin al carácter subsidiario del mismo y con un papel más activo en la economía, entre otros elementos) y generar los organismos de masas y políticos capaces de instalarlos como hegemónicos.
Para ello resulta fundamental tomarle el peso a la constitución del “Bloque Sindical” al interior de US ya que representa el esfuerzo unitario más importante de los últimos años por generar, desde las y los trabajadores, la capacidad de disputar política a nivel nacional.
Así, la tarea de la izquierda en este momento pasa necesariamente por combinar su actual despliegue en los cabildos locales, con un decidido fortalecimiento de los sindicatos en tanto organizaciones de masas. Son ellos, en tanto organizaciones y estructuras formales, con capacidad de afectar la economía e impulsar demandas políticas, la herramienta clave para que los sectores populares del país sean capaces de ganar en esta lucha. No existen hoy otros organismos que cuenten con la legitimidad y el poder de convocatoria para reemplazarlos.
La izquierda debe evitar perderse en desvaríos basistas o ciudadanistas en torno a los cabildos territoriales, o caer en ansiedades inmediatistas por lograr pequeñas reformas en aspectos parciales -como los ofertones realizados por el gobierno en su “agenda social” que profundizan el traspaso de recursos estatales a privados- si quiere estar a la altura del desafío histórico que tiene enfrente.
Contra todos los “cantos de sirenas” que se escucharon los últimos años haciendo referencia a que el trabajo no construía identidad, que los sindicatos no eran espacios a partir de los cuales construir organización para la defensa de nuestros intereses como clase, la realidad nos ha golpeado en la cara y nos ha obligado a asumir el error garrafal que se cometió cuando se dejó abandonados a nuestros propios recursos a quienes desarrollamos nuestra militancia cotidiana en los espacios sindicales, casi como si fuera un “resabio” de una izquierda pasada de moda.
El 12 de noviembre hay anunciado un paro nacional por parte de Unidad Social, instancia que será clave para dar un nuevo aire a la movilización de cara a lograr instalar sin dudas la necesidad de cambiar la Constitución –y no mejorarla o reformarla, como insiste el gobierno-. La fuerza sindical será un elemento central en esa disputa.
En un escenario en el que decenas han perdido su vida durante las últimas, tenemos que tomar en serio la responsabilidad que nos cabe: tenemos que trabajar para que todo lo sacrificado estos días se transforme en las bases de un nuevo Chile, más justo y digno para todos sus habitantes.
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
