Qué duda cabe que los fundamentos de la crisis social que vive Chile y la crisis climática global tienen estrecha relación con el modelo productivo impulsado por el capitalismo donde una minoría se beneficia de las enormes ganancias por actividades económicas cuyas consecuencias negativas las debe soportar la mayoría. A nivel global, desde el comienzo de la era industrial, 90 corporaciones han sido responsables del 63% de los gases de efecto invernadero (GEI) y si consideramos sólo a las primeras 20 de la lista, todas gigantes del sector energético, estas producen el 30% de los GEI. Son los sectores sociales más empobrecidos de las regiones del mundo más empobrecidas -Asia, Latinoamérica y África- las que sufren y sufrirán las peores consecuencias de la emergencia climática, esto a pesar que el 10% más rico de la población mundial es responsable de generar el 50% de los gases efecto invernadero globales, mientras que el 50% más pobre, unos 3.500 millones de personas, generan solo el 10% de los GEI totales.
por Maximiliano Proaño
Imagen / We are on fire act now. Fuente: Pexels
El gobierno de Chile ha comunicado el pasado 30 de octubre que debido a la crisis social y política que vive el país, no podrá cumplir su compromiso de recibir la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), a la que iban a concurrir 192 países, y se esperaban más de 20 mil visitantes. Probablemente nunca sabremos si la decisión se tomó por las presiones internacionales que ya se comenzaban a sentir por las graves violaciones a DDHH[1]; o porque el gobierno está comenzando a aceptar la magnitud de la crisis y que no era capaz de tener certeza que la situación estaría más tranquila a principios de diciembre o que, incluso si lo estuviera, la misma COP25 podría haber servido para un resurgimiento de las movilizaciones; quizá también pesó lo escándoloso que podría resultar en el contexto actual, organizar un evento mundial, con grandes y costosas recepciones a delegaciones oficiales que significarían un gasto total de más de 100 millones de dólares.
La COP25 es la última antes que entre en vigencia el Acuerdo de París en 2020, esto significa que los gobiernos deberían llegar con sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), -compromisos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero por país- que permitan lograr el objetivo de un alza de la temperatura global de 1.5º al 2030 comparado con la era preindustrial, y de esta manera reducir los ya devastadores impactos del cambio climático. Por lo tanto, la COP25 es de gran importancia para el mundo y para Chile era sin duda un gran desafío su organización. Pero los especuladores, incluso los que ganan casi siempre, a veces pierden feo. La osada ambición de Piñera de construir un liderazgo internacional en materia ambiental, mientras el país tiene graves problemas en la materia, terminó por explotarle en la cara.
Que duda cabe que los fundamentos de la crisis social que vive Chile y la crisis climática global tienen estrecha relación con el modelo productivo impulsado por el capitalismo donde una minoría se beneficia de las enormes ganancias por actividades económicas cuyas consecuencias negativas las debe soportar la mayoría. A nivel global, desde el comienzo de la era industrial, 90 corporaciones han sido responsables del 63% de los gases de efecto invernadero (GEI) y si consideramos sólo a las primeras 20 de la lista, todas gigantes del sector energético, estas producen el 30% de los GEI[2]. Son los sectores sociales más empobrecidos de las regiones del mundo más empobrecidas -Asia, Latinoamérica y África- las que sufren y sufrirán las peores consecuencias de la emergencia climática, esto a pesar que el 10% más rico de la población mundial es responsable de generar el 50% de los gases efecto invernadero globales, mientras que el 50% más pobre, unos 3.500 millones de personas, generan solo el 10% de los GEI totales[3]. En Chile esta situación se plasma en las zonas de sacrificio con el negocio de las termoeléctricas, la contaminación, destrucción de glaciares y enorme consumo de agua por parte de la gran minería; la crisis hídrica en la zona central de Chile donde la agroindustria ha jugado un rol fundamental; en el exterminio de la pesca artesanal por parte de la industria salmonera en el sur del país; y en el empobrecimiento de los territorios donde se desarrolla la industria forestal, entre muchos otros.
Este era el país que iba a recibir la COP25, y por estas razones muchas organizaciones territoriales y de la sociedad civil, habían visto allí una oportunidad para visibilizar y ejercer presión sobre las luchas que vienen dando hace años por la justicia ambiental y climática, que no es otra cosa que una lucha por la justicia social. Por esto, más allá de la importancia del COP25 en sí, cuyos resultados no variarán mayormente por hacerse en otro país, ha existido desazón entre las organizaciones que venían trabajando durante todo el año para que la COP25 marcara un hito en el avance de las demandas socioambientales en el país. Y sin duda lo hubiera sido, pero el nuevo cuadro que se abre luego del estallido social es de mucho mayor alcance, donde desbordar cualquier agenda previa y avanzar en los grandes temas pendientes que tiene el país, entre ellos una transformación socioecológica, son una posibilidad real.
Que aún no hemos logrado nada, es cierto, que nada nos asegura que lograremos algo, también, pero sin duda, nunca dependió tanto de nosotros.
NOTAS
[1] https://www.theclinic.cl/2019/10/29/mas-de-40-eurodiputados-piden-a-la-union-europea-su-solidaridad-con-el-pueblo-chileno/
[2] Heede, R. (2014). Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010.
[3] OXFAM. (2015). La desigualdad extrema de las emisiones de carbono.
Maximiliano Proaño
Abogado, Máster (c) en Estudios Latinoamericanos por el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam y columnista en la red digital www.energytransition.org. Es también militante del partido Convergencia Social, integrante del Frente Amplio Chile.