Militarización de la política: Una forma de hacer Estado en Chile postdictatorial

Y es que la militarización de la política no sería “el mero intervencionismo de las Fuerzas Armadas, pues ellos, en general, no ocurren en sociedad con sistemas políticos estables, con capacidad de resolver conflictos, sino en sociedad débiles o enfrentando crisis graves, de extrema polarización”. En este caso, el gobierno de Piñera llevaba meses de inestabilidad, con divergencias en su coalición y la pérdida de su agenda legislativa. Comenzando con las evasiones masivas en el metro, la decisión de llamar a los militares puede ser interpretado como una medida desesperada para retomar el rumbo perdido: un fuego que terminó incendiando más la pradera, pues ¿quién toma buenas desciones cuando está desesperado?

por Camila Silva Salinas y Nicolás Acevedo Arriaza

Imagen / “Pinochetista piñerista” en Santiago, 2010

Sebastián Piñera conoce la famosa House of Cards. En el 2014, se refirió a Frank Underwood: “él es una caricatura, porque concentra todo el cinismo, hipocresía, pero seguro que hay muchos Frank Underwood dando vuelta no solamente en la política […] Y en Chile también”.2 Las similitudes no eran forzadas: el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, planteó que existía cierta cercanía entre ellos: “Siempre se lo toma todo como personal”.3 El escenario político -nunca antes sirvió mejor la metáfora-, se acercaba peligrosamente hacia los excesos e intrigas de la ficción.

Al finalizar la cuarta temporada de House of Cards, Underwood utilizó un conflicto armado para ocultar las acusaciones criminales que se estaban generando contra su Gobierno. Si bien en el caso de Piñera los motivos podrían ser diferentes, la utilización de palabras como “guerra”, “batalla” u “organización criminal” lo acercan, increíblemente, al personaje de ficción. El domingo 20 de Octubre, Piñera sorprendía a la opinión pública desde la Guarnición de Santiago, justificando el Estado de Emergencia en diez regiones del país declarando que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del Metro, nuestros supermercados”.4 La primera dama fue más hilarante, comunicándoles por redes sociales a sus amigas: “Estamos absolutamente sobrepasados; es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”.5 ¿De qué guerra o invasión estaban hablando?

Al día siguiente, el propio encargado del Estado de Emergencia de la Región Metropolitana, Javier Iturrieta descartó la guerra: “la verdad es que no estoy en guerra con nadie”.6 Esa noche, la Institución, acusada por un fraude de miles de millones de pesos, pasaba de 500 a 9.500 militares como garantes del orden de las calles. Aunque reiteró que no estaba en guerra, las cifras de muertos y desaparecidos fueron diciendo lo contrario.

1. Militarización o la guerra del gobierno

La Guerra anunciada por Piñera hacía referencia a la pasada “Guerra Fría”, la cual dividía al mundo en bandos. En este caso, o se respaldaba la decisión del gobierno de instaurar el Estado de Emergencia; o se facilitaba “el camino a quienes quieren destruir nuestra democracia”.7 Esto último estaba dirigido hacia los partidos de oposición que se negaron a reunirse con el mandatario hasta levantar el Estado de Emergencia.8 Para Piñera no debían existir supuestas ambigüedades frente a quienes representaban el mal y la destrucción de la democracia.

Esta vez el enemigo interno no serían los “subversivos” o los “comunistas”, como en otras épocas anteriores, sino los “delincuentes” o “vándalos”, nomenclaturas ambiguas que podían servir para denominar tanto a quienes saquearon un supermercado, como a quienes se enfrentaban a carabineros en las protestas en contra el alza de la tarifa del metro. En el fondo, se trataba de una línea delgada que buscaba desacreditar a las manifestaciones sociales y el accionar de la sociedad civil, con especial saña contra los jóvenes y los sectores populares. Esto estaría detrás de la decisión de convocar a los militares a la calle.

Según la historiadora Verónica Valdivia, la creación del Chile del siglo XX estuvo marcada por la militarización de la política, analizando el avance del movimiento obrero en 1918 y las políticas sociales que los militares impulsaron con sus bayonetas entre 1924-1931. Y es que la militarización de la política no sería “el mero intervencionismo de las Fuerzas Armadas, pues ellos, en general, no ocurren en sociedad con sistemas políticos estables, con capacidad de resolver conflictos, sino en sociedad débiles o enfrentando crisis graves, de extrema polarización”.9 En este caso, el gobierno de Piñera llevaba meses de inestabilidad, con divergencias en su coalición y la pérdida de su agenda legislativa. Comenzando con las evasiones masivas en el metro, la decisión de llamar a los militares puede ser interpretado como una medida desesperada para retomar el rumbo perdido: un fuego que terminó incendiando más la pradera, pues ¿quién toma buenas desciones cuando está desesperado?

Nos referimos sobre todo lo que venía sucediendo en materia legislativa en los dos ejes principales: la economía y la seguridad pública. A pesar de los pronósticos auspiciosos de tiempos mejores, las cifras lo negaban: el desempleo ha bajado 0,1 punto porcentual entre agosto del 2018 y agosto de este año, pero la región de Concepción subió de 78 a 9,2.10 La propuesta del gobierno era flexibilizar los horarios y la suspensión del contrato laboral.11 Al contrario, fue surgiendo con fuerza el proyecto de 40 horas, el cual no sólo avanzó su discusión en el parlamento, sino que tenía un 64% de aprobación en las encuestas.12 El gobierno pidió informes a la Comisión Nacional de la Producción y los ministros de Economía, Hacienda y Trabajo tuvieron reuniones con expertos para calcular los impactos en la economía.13 El 1 de octubre Piñera invitó a comer a empresarios de primer nivel, quienes se mostraron preocupados por la lenta recuperación de la economía, las pensiones y la disminución de las horas. Finalmente, se improvisó una mesa técnica con economistas de derecha y ex ministros de la concertación como Osvaldo Andrade, quien explicó su asistencia porque quería defender las 40 horas: “Este proyecto se anotaron un gran triunfo: tienen a Chile discutiendo de este tema”.14 Una semana después esa mesa técnica no sería necesaria. Los tiempos se agilizaban y los sueños de más flexibilidad laboral se escurrían entre las manos sudorosas del neoliberalismo.

En materia de seguridad, antes del estallido social, el gran caballo de batalla era el proyecto de rebajar el control de identidad a menores de 14 años, medida que, según la Unicef, vulnera la Convención de Derechos del Niño firmada en 1990.15 Otros expertos han puesto el énfasis clasista de su aplicación. Sólo el año pasado Carabineros realizó más de un millón y medio de controles, la mayoría en las comunas de Puente Alto, Santiago y Pudahuel. En La Cisterna, por ejemplo, se realizaron 34.083 controles en una comuna de 90.000 habitantes (37%), mientras en Las Condes, de 290.000 habitantes, sólo tuvieron 30.752. (10%).16 En esas mismas semanas, mientras ingresaba dicho proyecto, en las aulas del Instituto Nacional continuaba profundizándose la crisis interna, haciéndose cotidiano los enfrentamientos entre carabineros y jóvenes. La imagen de Fuerzas Especiales apostados en la techumbre del antiguo edificio se transformó en una postal del invierno santiaguino17. Piñera justificó el ingreso de carabineros al recinto porque los consideraban un “puñado de delincuentes [que] tiene capturada a esa comunidad a punta de violencia y bombas molotov”. De hecho, la excusa para admitir el ingreso de las Fuerzas Especiales a las salas de clase fue precisamente la captura del enemigo interno: “Ellos estaban persiguiendo a un delincuente”, dijo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.18 Para eso se optó por la revisión masiva de mochilas, asunto que finalmente la propia Contraloría descartó porque no era “compatible con el respeto a la honra y la dignidad de las personas”.19 En el caso del Liceo 1, las manifestaciones en contra del proyecto Aula Segura también fueron reprimidas, dejando una serie de detenidas el 14 y 21 de junio de este año.20 Esto pudiera explicar que, tanto este liceo, como el liceo 7 de Providencia hayan participado masivamente en las evasiones. Una de ellas fue el mismo 14 de octubre, cuando 300 estudiantes se movilizaron en la estación Pedro Valdivia, mientras la estación Santa Ana fue cerrada en la mañana del 15 de octubre por evasiones de mujeres secundarias.21

Es decir, las políticas de seguridad pública continuaron enfocándose en el control de los jóvenes participantes de movilizaciones estudiantiles y de los sectores populares, criminalizando sus demandas, una tendencia, por lo demás, que tenía más de treinta años, ejercida tanto por gobierno de la Concertación, como la derecha.22

2. “No estamos en guerra, estamos unidos”

Con ese nivel de presión, no es de extrañar que haya sido el propio movimiento secundario el que comenzó con las protestas contra la cuarta alza de tarifas de 2019. Las palabras empresariales del Ministro de Economía, tampoco ayudaron: “se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”. Más que una burla, sonó como provocación.23 Las evasiones masivas se multiplicaron desde el lunes 14 siendo nuevamente denostadas por las autoridades y descalificadas como actos delincuenciales: “son acciones para llamar la atención”, expresó la ministra de Transporte, mientras el presidente de Metro acusó que “no es evasión, es violencia” y el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, las calificó como “delincuencia pura y clara […] verdaderas bandas, hordas (que) llegan a los lugares y generar cuadro de violencia”.24 La estrategia del gobierno fue intentar clasificar estas acciones como actos fuera de la ley, legítimos de ser reprimidos: aislar a los manifestantes de la opinión pública. El problema estuvo cuando se evidenció que gran parte de los consultados estaba a favor de la acción. Una de ellas fue una adulta mayor de Maipú que le respondió a un notero de un matinal:

“Yo no estoy de acuerdo que estén diciendo que esto es vandalismo. Esto no es vandalismo. La gente está protestando porque ya no damos más de los robos. Nos roban de las AFP, del agua, ‘la luz’ y más encima los pasajes. Todo el año han estado subiendo los pasajes de las micros; nosotros somos de la tercera edad, no nos alcanza para pagar tanto pasaje. Así que yo se los digo a ustedes”.25

Presionado por los errores de estrategias y con la incapacidad de meses sin controlar la agenda política, el gobierno optó por la militarización de la política: llamar a los militares a la calle, con todo lo que eso implicaba. En un comienzo, según la encuesta CADEM, el 53% respaldó la decisión, pero pasado una semana, con 19 muertos oficiales y más de 6.000 detenidos, el 78% de los encuestados rechazaba al gobierno y el 84% estaba de acuerdo con las movilizaciones.26 Después de una de las marchas más masivas de la historia del país, con un millón y medio de personas en La Moneda y miles en regiones, Piñera decidió cambiar su discurso: “La multitudinaria marcha, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro”. Pero, era demasiado tarde.27

A una semana de la militarización del conflicto, no hay cambios de rumbos ni autocríticas en el programa neoliberal del gobierno. No hay capacidad de diálogo ni respeto al Estado de derecho. Las imágenes de abuso policial y militar se multiplican en las redes sociales, evidenciando que nos enfrentamos a un monstruo de varias cabezas: además de la tozudez política del Gobierno y de los amarres constitucionales de la Dictadura, la ciudadanía se enfrenta al inmenso problema para la democracia que es el tener Fuerzas Armadas que no han sido educadas en el respeto irrestricto e incuestionable a los derechos de las personas, incluyendo los derechos de los protestan. ¿Estaremos experimentando un sistema democrático regresivo con estas medidas de militarización de la política? Así lo confirma Sebastián Piñera en su anuncio de “pacto social” en la noche del 22 de octubre: la ceguera y sordera de un gobierno que no dudó en utilizar armas contra niños, niñas y adolescentes, que ha llenado las calles de tanques y casos, que sólo ha sido capaz de proponer una agenda que reitera el modelo neoliberal. La historia de Chile del siglo XX nos indica que, a pesar de algunas reformas sociales, si estas se hacen bajo Estados de Excepción, la militarización de la política se naturaliza y la presencia de militares en las calles se hacen una peligra cotidianidad.

La Florida, 25 de octubre de 2019.

Notas

2 La Segunda, Santiago, 10 de marzo de 2014, p. 10.

3 Las Últimas Noticias, Santiago, 12 de febrero de 2016, p. 26.

4 Radio Cooperativa, Santiago, 20 de octubre de 2019. Regiones en Estado de Sitio desde el 20 de octubre de 2019: Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’ Higgins, Maule, Ñuble, Concepción, Los Ríos y Magallanes.

5 Radio Cooperativa, 21 de octubre de 2019.

6 RTV, 21 de octubre de 2019. Sitio: https://www.youtube.com/watch?v=HDSBVYrMMZk

7 Canal 13, 20 de octubre de 2019.

8 El Mercurio, Santiago, 19 de octubre de 2019, Cuerpo C, p. 11.

9 Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938), Lom Ediciones, Santiago, 2017, p. 45. Caso de Ley de Residencia en 1918 y movimiento obrero en: Raymond Craib, Santiago subversivo 1920. Anarquistas, universitarios y la muerte de José Domingo Rojas, LOM ediciones, Santiago, 2017.

10 El Mercurio, Santiago, 1 de octubre de 2019, Cuerpo B, p. 3.

11 El Diario Financiero, Santiago, 3 de mayo de 2019, pp. 2-3.

12 Publimetro, Santiago, 17 de octubre de 2019, p. 12.

13 El Mercurio, 25 de septiembre de 2019, Cuerpo B, pp. 2-3; El Diario Financiero, Santiago, 26 de septiembre de 2019, pp. 14-15.

14 La Tercera, Santiago, 12 de octubre de 2019, p. 12.

15 La Tercera, Santiago, 4 de abril de 2019, p. 8.

16 La Tercera, Santiago, 5 de mayo de 2019, pp. 16-17.

17 Referencia.

18 El Mercurio, Santiago, 20 de junio de 2019, Cuerpo C, p. 5.

19 La Tercera, Santiago, 12 de septiembre de 2019, p. 12.

20 El Mostrador, Santiago, 14 de junio de 2019. Sitio: www.elmostrador.cl; El Ciudadano, Santiago, 21 de junio de 2019. Sitio: www.elciudadano.cl

21 El Mercurio, Santiago, 15 de octubre de 2019, Cuerpo C, p. 1; El Dinamo, Santiago, 15 de octubre de 2019. Sitio: www.eldinamo.cl

22 Luciano Sáez Fuentealba y Nicolás Acevedo Arriaza, “Juventud bajo sospecha. Gestión gubernamental de la juventud popular en los inicios de la transición democrática chilena (1990-2000)”, en: José Ignacio Ponce, Aníbal Pérez y Nicolás Acevedo, Transiciones. Perspectivas historiográficas sobre postdictadura chilena 1988-2018, América Latina en Movimiento, Valparaíso, 2018, pp. 143-173.

23 El Mercurio, Santiago, 9 de octubre de 2019, Cuerpo B, p. 4.

24 Radio Cooperativa, 15 de octubre de 2019; Radio Bío Bío, 17 de octubre de 2019.

25 Radio Agricultura, Santiago, 18 de octubre de 2019.

26 Radio Bío Bío, 24 de octubre de 2019; Hoy X Hoy, Santiago, 24 de octubre de 2019, p. 3