“La construcción de lo común se suspende sin la crítica a la construcción del migrante como sujeto indeseable” – Entrevista a Eduardo Domenech

Luego de su participación en el Seminario Internacional sobre “Trayectorias Migrantes”, organizado por la red de académicos UNómades y llevado a cabo en Santiago a fines de agosto del presente año, tuvimos un espacio de conversación con Eduardo Domenech sobre las transformaciones recientes de los procesos migratorios en Latinoamérica, la disputa política que existe en la producción de la figura del migrante y la lucha por la construcción de lo común. Eduardo es académico de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, participó como Coordinador del Grupo de Trabajo de Migraciones, Cultura y Políticas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y actualmente se dedica al estudio crítico de los regímenes migratorios en Sudamérica. Agradecemos, por el espacio y la hospitalidad al grupo Migraciones, Interculturalidad y Derechos Humanos de la Universidad Católica Silva Henríquez, especialmente a Fernanda Stang y Antonia Lara.

por Afshín Irani

Imagen / Eduardo Domenech en una conferencia de 2015, Córdoba. Fuente: Youtube extensión UNC

---

Afshin Irani (AI): ¿Cómo llegas a la noción de ‘régimen migratorio’? ¿Desde dónde se construye y en qué procesos se enfoca?

 

Eduardo Domenech (ED): Empecé a utilizar la noción de “régimen” para hablar de las transformaciones en el campo de la regulación internacional de las migraciones a escala planetaria y analizar el contexto sudamericano. A diferencia de la noción convencional de régimen empleada en la disciplina de las relaciones internacionales, recurrí a la noción de régimen global de control de las migraciones que proponen autores como Franck Düvell y Sandro Mezzadra, entre otros. Después lo usé para analizar la producción de la figura del “inmigrante ilegal” en el contexto nacional argentino. En este caso, me referí a la conformación histórica de un régimen de control de la “migración ilegal”. Más recientemente, para analizar la emergencia de un régimen regional en el espacio sudamericano, entendido como zona de frontera, he recurrido a las últimas contribuciones de los llamados estudios críticos de la migración y las fronteras, recuperando especialmente el modo en que lo entienden quienes trabajan desde la mirada de la autonomía de las migraciones.

Desde esta perspectiva, el régimen de migración y fronteras es concebido como un espacio de conflicto, negociación y contestación en el que interviene una multiplicidad de actores de diversa naturaleza. Además, es un espacio en el que se despliegan prácticas de control de distinta índole, coexistiendo prácticas represivas, punitivas, asistenciales, humanitarias, etc. El concepto de régimen permite reconocer también la historicidad de dichas prácticas. Así, en lugar asumir la idea dominante de “cambio de paradigma” para explicar los cambios en el campo de las políticas migratorias de la región, opté por empezar a elaborar una interpretación a partir de la noción de régimen sudamericano de migración y fronteras, la cual es la categoría central del proyecto que estamos trabajando como grupo actualmente. Para ello, recurro a los aportes de la autonomía de las migraciones y a elaboraciones sociológicas que provienen de los estudios críticos de la seguridad como las de Didier Bigo sobre la securitización de las migraciones.

AI: ¿Qué elementos del ‘giro progresista’ sugieren un cambio del régimen migratorio en Latinoamérica y qué otros elementos sugieren límites a la idea de cambio?

 

ED: A mi modo de ver, durante la primera década del siglo XXI, con el giro progresista, en un contexto dominado por un movimiento migratorio intrarregional y una fuerte emigración hacia Europa y Estados Unidos, tuvo lugar una serie de acontecimientos históricamente inéditos en la región: para mí, el más significativo por su carácter transgresor, fue la medida de suspensión de visado a ciudadanos del mundo entero que resolvió el gobierno de Ecuador en el año 2008, a partir del principio de ciudadanía universal. Su implementación tuvo numerosas dificultades y no duró demasiado, es cierto. Paulatinamente se volvió a imponer visa a los ciudadanos de aquellos países que mayor rechazo generan a nivel mundial. Pero no hay antecedentes de este tipo o comparables en la historia moderna del control migratorio.

Por otra parte, en estos años hubo reformas importantes en materia de legislación migratoria. Se empezaron a cuestionar y se derogaron las leyes de migración dictadas durante las dictaduras cívico-militares y se aprobaron normativas que contemplaron el reconocimiento de determinados derechos y garantías a los sujetos migrantes y, en algunos casos, como el argentino, se introdujo en su articulado el derecho a migrar. En el caso de Ecuador, la reforma de la Constitución Nacional contempló la figura de “ningún ser humano es ilegal”. En estos cambios, las organizaciones de migrantes y movimientos sociales tuvieron un papel fundamental. Todas estas medidas convivieron con prácticas de control migratorio y fronterizo de tipo punitivo y represivo que, en buena medida, fueron invisibilizadas o quedaron fuera de discusión durante largo tiempo en los análisis de académicos o expertos. Los límites a la idea de cambio están dados, en mi opinión, por la visión estatocéntrica que ha permeado y permea los modos de pensar y actuar sobre los movimientos migratorios y el predominio de las ideas liberales de derechos humanos que, junto con mecanismos multilaterales, han contribuido a desactivar formas alternativas de lucha por una presencia migrante en condiciones de igualdad.

 

AI: ¿Hay ruptura o hay continuidad con las derechas políticas en el gobierno?

 

ED: La noción de régimen permite pensar estos procesos más bien en términos de reconfiguración y no necesariamente como rupturas o continuidades. En términos analíticos tiene consecuencias significativas. En este sentido, disiento, por ejemplo, con quienes postulan que recién con la llegada de los nuevos gobiernos de derecha empezamos a asistir a un proceso de securitización de la migración o se introduce o reintroduce el llamado paradigma securitario. Desde mi punto de vista, hay que mirar el proceso de securitización de la migración en la región más en el largo plazo y no tan atado a la coyuntura. ¿Acaso la introducción y expansión de leyes y programas contra la trata y el tráfico de personas, así como la incorporación de las fuerzas de seguridad en esta esfera de intervención, durante la primera década del presente siglo, no fue parte de un proceso securitario? Lo mismo podría decirse respecto a la introducción de distintas tecnologías de vigilancia en el campo de la migración y las fronteras.

Habría que analizarlo más a fondo, pero la diferencia con momentos anteriores tiene que ver con una nueva configuración securitaria en la región, que articula criminalización, seguridad e incluso humanitarización. Lo que para mí ocurre con los gobiernos neoconservadores y neoliberales actuales es la intensificación de la violencia de Estado hacia los migrantes, legitimada con la producción de la figura del migrante delincuente o criminal. Esta violencia trajo aparejada una transformación de las llamadas luchas migrantes, con campañas que denuncian la criminalización de la migración y que movilizan diferentes recursos materiales y simbólicos en contra de las expulsiones. A diferencia del ciclo político anterior, en este momento, predomina un discurso oficial criminalizante de la migración y los migrantes, acompañada de prácticas específicas de ostentación del control migratorio. Si bien existía en los gobiernos progresistas, no predominaba en ellos la estrategia criminalizadora, que era más bien marginal. Ahora, no solo expulsan, sino que la expulsión también es espectacularizada. Se trata de prácticas punitivas pero sobredimensionadas. Y justamente parte de la estrategia oficial es mostrar que en gobiernos anteriores no había control, lo cual es un planteo absurdo.

En estos años, en contextos nacionales como el chileno o el argentino, hay un desarrollo de lo que llamaría una política de la hostilidad, combinada con una política de la hospitalidad selectiva. Estos gobiernos de derecha actualizan la dicotomía histórica migrante deseable e indeseable, hay un trabajo de producción del migrante o el extranjero como un sujeto criminal, perteneciente a las clases peligrosas, que debe ser expulsado, y al mismo tiempo la construcción de la figura del buen inmigrante, merecedor de los procesos de regularización y de una residencia formal. Esto complejiza la lectura, no se trata solo de criminalización de la migración. Estos gobiernos de derecha también apelan y hacen uso del discurso humanitario, en particular con ciertos grupos nacionales como el venezolano.

AI: Un chantaje político que mueve a la derecha las posiciones políticas

 

ED: Sí, es redituable en términos políticos, no sólo es recaudación de votos, es una apuesta mucho mayor. Hay que dimensionarlo en términos de la revolución conservadora que buscan gestar.

 

AI: ¿Cuál crees que es el límite de comprender al fenómeno de la migración desde la cultura nacional? entendiendo que, como se viene trabajando, son categorías para dividir clase trabajadora y suspender al internacionalismo dentro del país, para tener control sobre variables como salarios, etc.

ED: Ciertamente, hay modos de regulación y prácticas de control específicas destinadas a la población migrante como la expulsión que operan sobre la división entre trabajadores nacionales y extranjeros, que colaboran en la producción de una mano de obra flexible o precaria, y que además afectan las formas de organización o los reclamos de derechos laborales. También me parece importante tomar en cuenta que, más allá de la relación entre la migración y el mercado laboral, hay actores con otros intereses económicos o que los tienen en otra dimensión que no están directamente vinculados al mercado laboral, que tienen que ver más con la economía de la guerra o la de la seguridad, donde hay un mercado enorme. Ahí hay sectores del Estado, agentes locales o nacionales y redes transnacionales que también operan y donde conviven sectores de la industria del armamento, asesores económicos, empresas de la seguridad y la información, etc.

AI: A partir del rol del ‘Grupo de Lima’ en el caso de la diáspora venezolana ¿Cómo logran los consorcios de derecha sus lecturas regionales? ¿Consideras que traducen sus intenciones políticas a medidas migratorias sistemáticas?

ED: En estos momentos, el Grupo de Lima representa claramente la posición regional de los gobiernos de derecha en materia de migraciones. Para analizar en profundidad el escenario actual, creo que hay que mirar la alianza de estos gobiernos con organismos internacionales, particularmente la OIM y ACNUR, porque estos últimos son artífices de lo que es entendido como respuesta regional al movimiento de venezolanos. En ese sentido, la salida masiva de venezolanos, lo que llaman el éxodo venezolano, es producida como ‘crisis migratoria’, la cual es establecida como una categoría de intervención política. Desde ahí se pueden entender los planes de asistencia humanitaria externa para presionar al gobierno venezolano a recibirla. La emigración venezolana se ha convertido en un objeto de política exterior. Los gobiernos nacionales están delegando su plan de acción en estas dos organizaciones internacionales.

La noción de crisis migratoria justifica la creación de diversos programas e instrumentos destinados a estas poblaciones en movimiento, además de partidas presupuestarias enormes. Se trata de una estrategia de contención del movimiento que se inscribe claramente en lo que ahora circula internacionalmente como “migración ordenada, segura y regular”. Es el carácter masivo y repentino lo que preocupa en tanto es entendido como un posible elemento de desestabilización en la región. De ahí también que la respuesta esperable sea en términos de cooperación regional.

AI: Si la formación del sujeto migrante refiere de esta forma al fenómeno de la  gobernabilidad o al management para producir cierto tipo de migrantes –refugiado, exiliado, el precario– priman, entonces, nociones despolitizantes para entender a los migrantes como sujetos activos que buscan transformar su realidad pero también la del país en el que viven.

En tu experiencia académica y militante ¿Qué tipo de prácticas permiten derrotar esta concepción economicista? ¿Qué tipo de praxis nos orienta hacia una comunidad política dentro de la cual entendamos también a los migrantes como participantes activos?

ED: Creo que es importante comprender, como dices, que estos esquemas de gobernanza o management responden a concepciones tecnocráticas, neoliberales y también securitarias. Convierten a la migración en un asunto técnico, la despolitizan. Conciben a la migración en términos de costos o beneficios, generalmente en términos económicos, aunque también entran otros elementos en juego. Desde una perspectiva crítica, la migración no puede ser reducida a explicaciones que solo tengan en cuenta estructuras y procesos económicos. La migración es principal y profundamente, como dice Abdelmalek Sayad, un acto político. Si no fuera por su carácter político, por su politicidad, por el desafío que supone para las fronteras, la construcción de la migración como problema social o como amenaza a nivel nacional, regional o mundial hubiera tenido otra historia. En este sentido, habría que señalar todas aquellas prohibiciones o restricciones que tienen los y las migrantes para participar en la vida política de una sociedad. Tendría que ser una participación política sin quedar sujeta a condicionamientos. Se trata del voto político, pero también del derecho a la protesta social, que generalmente es cercenada y puede tener consecuencias penales.

AI: ¿Que sería en este caso la construcción de lo común, a propósito de los procesos de lucha que se abrieron en este período en la región?

ED: Hay que apelar a la creatividad social y política de los propios migrantes. Hay experiencias de todo orden. Como lo han expresado otros colegas amigos, existe la necesidad de interconectar diversas luchas sociales, más allá de los contextos nacionales. Las luchas migrantes son luchas que también se enmarcan en los procesos de otras luchas sociales, no están desconectadas de la producción de desigualdad general.  La noción de desplazamiento, como diría Bela Feldman-Bianco, nos abre otra discusión, nos abre a comprender otras violencias materiales y simbólicas.

Es medular una crítica a la producción de la frontera, a su legitimación, su naturalización y su interiorización en la vida cotidiana; a su justificación de la desigualdad permanente a través de categorías que es preciso trastocar como la del migrante ilegal o irregular. En ese sentido, lo común podría ser entendido como la apuesta por relaciones de igualdad que no se limitan a la división entre nacionales y extranjeros. Hay que apuntar también a la división existente entre regulares e irregulares, legales e ilegales, hay que cuestionar esa división. Mientras tanto, se podría trabajar en la generación de condiciones de igualdad más allá de la nacionalidad, condiciones de igualdad entre una y otra categoría. Es decir, asumir la crítica radical a la frontera y desde ahí construir lo común. En el trabajo territorial de las organizaciones, son fundamentalmente las mujeres quienes están activando espacios de construcción de lo común.

Este es un punto crucial: tenemos que cuestionar los modos en que las diversas presencias migrantes, varones y mujeres, son deslegitimadas a partir de la figura del migrante llamado ilegal o irregular. Hay una producción histórica del migrante como sujeto indeseable, como ilegal, con mayor o menor intensidad según los diversos contextos y coyunturas, con un tratamiento diferencial según el género o los géneros. La construcción de lo común se suspende sin la crítica a la construcción de esa figura. Es necesario un importante trabajo de imaginación política, según las especificidades de cada contexto, para deshacernos de esa representación conflictiva de los inmigrantes.

La regularización, en ese sentido, es entendible como medida coyuntural, pero en el fondo no hace más que reforzar el poder soberano del Estado. No lo cuestiona, tampoco las fronteras. La pedagogía de la conversión que le sirve de fundamento, no contribuye a disolver la división entre migrantes regulares e irregulares. Más bien, como dice De Genova, refina el campo de la ilegalidad migratoria. No es posible, a partir de estos programas, pensar en otro orden social, otro orden migratorio, porque la persistencia del esquema legalidad-ilegalidad erosiona la legitimidad de la presencia inmigrante. La regularización es un terreno de disputa ambiguo o ambivalente, con múltiples limitaciones, pero la discusión queda generalmente enmarcada en los códigos o modos estatales de pensar la inmigración. De hecho, muchas de las observaciones o críticas que recibe la implementación o los resultados de los programas de regularización como si fueran cuestiones técnicas tienen que ver, en realidad, con la manera en que operan las categorías del pensamiento de Estado.

AI: Porque pensamos más en que el objetivo es la nacionalización de los inmigrantes que la construcción activa de sus derechos sociales

ED: Sí, de algún modo nunca no se deja de apelar al migrante en clave nacional. Además, como decía, no se suele trabajar sobre la disolución de la dicotomía regular-irregular o legal-ilegal, se descarta rápidamente esta posibilidad por ser considerada utópica. Es necesario comprender los efectos que tiene esta división para construir otros mundos. R.