“Se ha intentado orientar la perspectiva de la movilización hacia la re constitución del movimiento pedagógico. No obstante, esta perspectiva, sin una necesaria autocrítica por el rol cumplido en el desenlace de la movilización, puede volver a revivir el fantasma levantado en el periodo más crítico de la conducción de Jorge Pavez, el cual hacía referencia a dos líneas de perspectiva organizativa, una enfocada en la reivindicación economicista y otra centrada en la construcción de un movimiento pedagógico. Si algo nos puede enseñar la historia de las organizaciones docentes, es que las perspectivas pedagógicas tienen margen de acción en el profesorado solamente si son ejercidas por organizaciones definidamente sindicales y en estricta articulación con el resto de la clase trabajadora, y no separado de esta”.
por Christián Matamoros F.
Imagen / movilización de profesores, Santiago de Chile, 2017. Fuente: flickr CdP.
El teatro de operaciones
Tal como lo hemos mencionado en anteriores artículos (Matamoros 2019)[1], la extensa paralización docente de este año se circunscribe dentro de un ciclo de movilizaciones docentes iniciada con la rebelión de las bases de 2014 y continuada con la paralización de 57 días del año siguiente. Este ciclo estuvo caracterizado por el rechazo a la extrema subordinación de la conducción nacional del Colegio de Profesores, liderada por Jaime Gajardo (PC), a los intereses del gobierno de Bachelet. Esto suscitó el malestar de las bases, adquiriendo la movilización un carácter de “autoconvocada”, poniendo de alguna forma en cuestionamiento al Colegio como estructura representativa del profesorado.
El mencionado cuestionamiento hizo inclinar la balanza hacia quienes apostaban a conformar una organización paralela, lo que adquiría condiciones de posibilidad por la persistente crisis estructural del Colegio de Profesores, manifestada en: su imposibilidad de representar al creciente y mayoritario sector de profesores de establecimientos particular-subvencionados; el mayor peso adquirido por los afiliados jubilados; y, tal vez lo más grave, su pérdida de afiliados en el sector municipal. No obstante, las elecciones internas de fines de 2016 representaron un espaldarazo para quienes sostenían la persistencia del Colegio como la estructura hegemónica de representación del profesorado. En esa ocasión, se logró frenar la caída histórica en la participación electoral, logrando un incremento de 5 mil profesores con respecto a los escrutinios del 2013. Junto a esto, la lista “Disidentes Unidos” logró un aplastante triunfo (68%) por sobre la lista de la Nueva Mayoría (16%), lo que generó en algunos la ilusión de que se vendrían tiempos de profundos cambios en la organización del magisterio.
Basada en un discurso de participación y respeto a las decisiones de las bases esta lista llevó a la conducción nacional a un experimentado Mario Aguilar, el que teñido del pacifismo del Partido Humanista pretendía imponer un estilo democratizante, pero que ocultaba algunas significativas situaciones vividas en épocas pasadas, como su participación en un importante cargo en el MINEDUC durante el gobierno de Aylwin, su rol en el acuerdo de la Evaluación Docente a inicios del nuevo siglo, y finalmente su oportunismo político. Aguilar había accedido al Directorio Nacional al “ser arrastrado” por la votación del ex comunista Jorge Pavez, pero al poco tiempo se distanció de este y pasó a respaldar al sector de Jaime Gajardo, debido a la alianza suscrita por el PC y el PH en lo que fue el Juntos Podemos. Esto llevó a que el mismo Pavez catalogara en sus memorias a Aguilar de “una actitud descaradamente oportunista (…) Casi no vale la pena dedicarle muchas líneas, solo decir que en mi trayectoria como dirigente social me hago cargo de haber cometido más de un error político, pero quizás uno de los más graves es haberlo defendido para integrarlo a la lista de Fuerza Social, pasando por alto los serios cuestionamientos que respecto a su persona manifestaron varios compañeros” (Pavez, 306-307)[2]. En este sentido, cabe preguntarse por la evaluación que hacen los diversos sectores de Disidentes Unidos en haber respaldado la candidatura de Aguilar el 2016, pues su desempeño durante el reciente paro no tiene nada de novedoso.
Tras la efervescencia del triunfo de la disidencia, se abrió pasó a una conducción que durante sus tres años de gestión no mostró una radicalidad acorde a las críticas realizadas a la anterior conducción. Tal vez en el punto donde existió mayores oposiciones fue en el rechazo a la ley de desmunicipalización de los establecimientos, tema ampliamente respaldado por el PC bajo el subterfugio de que ahora las escuelas volverían al Estado, lo que a todas luces no ha sido real[3]. No obstante, el rechazo de la conducción del Colegio, no existieron mayores movilizaciones, salvo una solitaria y poco contundente marcha de dirigentes hacia Valparaíso. Así transcurrieron los dos primeros años de la nueva conducción (2017-2018), los que tuvieron su punto más tenso con la modificación de los estatutos del Colegio de Profesores, donde se desatacó la medida que puso límite a la reelección de dirigentes a un máximo de dos periodos consecutivos en el mismo nivel, situación que dividió a la “disidencia”, pues impedía que Aguilar, y varios otros, pudieran volver a ir a la reelección, con lo cual la agrupación Refundación (identificada con el Partido Humanista) develó sus contradicciones respecto a su discurso de mayor democracia y respeto a las bases. Al mismo tiempo, esta tensión anticipó una cuestión que se vería con mayor intensidad durante el paro de este año: la carencia de unidad de posiciones de los militantes identificados con el Frente Amplio[4].
Antes de finalizar de escudriñar el “teatro de operaciones” en que se llevó a cabo la presente movilización, es necesario destacar dos hechos. En primer lugar, el mencionado ciclo de movilizaciones docentes se enmarca en un proceso de mayor duración y participación, como es la demanda por el derecho a la educación, lo cual no es un hecho que haya aparecido desde la nada en este año, sino que ha sido un proceso sostenido al menos durante 13 años (desde la revolución pingüina de 2006). Durante este tiempo, la identidad de los docentes ha ido conformando una importante experiencia organizativa, ya sea de los noveles profesores que eran estudiantes durante estos años o de quienes recientemente habían ingresado a la docencia y hacían sus primeras armas frente a estudiantes movilizados, los que requerían el respaldo de profesores que compartieran sus ideas de transformaciones radicales de la sociedad. Arturo Martínez, ex líder de la CUT, fue preclaro en identificar esta situación cuando en el 2011 culpó a los profesores de filosofía de ser los causantes de la radicalización de los estudiantes secundarios: “les llenan la cabeza de porquerías, para que salgan a tirar piedras y hacer desórdenes” acusó Martínez en radio Cooperativa[5]. Por otro lado, junto a esta conformación de experiencia organizativa acumulada, el paro docente recibió en los días previos a su inicio una nueva noticia que azuzó al magisterio más activista y crítico. El gobierno llevaría a cabo una modificación curricular que haría perder la obligatoriedad en tercer y cuarto medio de las asignaturas de Historia, Artes y Educación Física. Rápidamente, principalmente los docentes y estudiantes de historia se articularon de diversas formas y convocaron a una masiva manifestación frente a la Moneda tres días antes del inicio del paro, lo que tensionó a que este rechazo fuera incluido en el petitorio, a pesar de las resistencias de Mario Aguilar.
Bajo este contexto se llevó a cabo la movilización más extensa y masiva de un sector de la clase trabajadora durante los gobiernos de Piñera. Por esto, sus resultados eran difícilmente predecibles y podían tener importantes repercusiones en las elecciones internas de noviembre del presente año.
El paro: auge, radicalización y repliegue
El lunes 3 de junio se dio inicio a una paralización indefinida, la cual fue decidida por la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, tras haber realizado una consulta nacional, donde 40 mil profesores rechazaron la respuesta del gobierno a su petitorio. Sobre este punto es necesario aclarar algunas especificidades. Las Consultas nacionales son una práctica común desde los años ´90, y no responden a una influencia de la reforma laboral del gobierno de Bachelet, la cual impuso la consulta recurrente a las bases de los sindicatos de empresas privadas respecto a la reafirmación de las huelgas legales. Ahora bien, lo vivido en esta larga paralización es un hecho inédito por lo reiterativo de las “consultas”, cuestión que da cuenta de intereses similares a los que se buscó con la reforma laboral: generar más instancias en que los trabajadores puedan desistir de continuar en huelga. La participación en estas “consultas” fue abierta, es decir, se permitió la participación de todos los docentes que quisieran hacerlo, colegiados y no colegiados. Si bien esto representa una abierta práctica de pérdida de la potencialidad de estar efectivamente sindicalizado fue algo que se venía realizando desde la conducción anterior. Es más, cuando Gajardo quiso restringir las consultas solamente a los profesores colegiados fue acusado por la disidencia de estar limitando la participación con fines oportunistas. Los cuestionamientos recientes de una parte de la dirección actual a las consultas dan cuenta de que el oportunismo no es algo exclusivo de Gajardo, sino que está también presente en la “disidencia”, especialmente en dirigentes nacionales electos con 40 votos.
La importancia de aclarar este punto permite entender la situación del Colegio. Hoy en día es una organización que en su interior persiste una crisis de tipo estructural, pero que tiene una capacidad de convocatoria que desborda a sus afiliados. Allí radica su potencialidad, pero también sus peligros. El hecho de que haya sido reconocido por los gobiernos de la Concertación como el único interlocutor válido de los docentes, lo dotó de una representación monopólica, pero lo obligó a hacer extensivos sus logros a docentes no afiliados, por lo que su capacidad de movilización se ve limitada, ya que una parte importante de profesores no se moviliza ni está afiliado al Colegio, pero tiene la seguridad de que las reivindicaciones obtenidas también serán extendidas a él. Esto nos permite entender la situación real de las primeras semanas de paralización, donde muchos docentes se sumaron activamente en algunas comunas sin estar colegiados, mientras que, en otras, especialmente en la Región Metropolitana, la paralización era declarativa, pues nada obligaba a los docentes a paralizar. De esta forma, al momento de votar en la consulta miles de profesores manifestaban su rechazo a la respuesta del gobierno y marcaban su opción por paralizar, pero al momento de suspender las funciones educativas esto no ocurría. Conociendo esta situación, en numerosos comunales y regionales se desarrollaron diversas actividades para fomentar la paralización, como marchas locales y jornadas culturales, de reflexión, etc. Entre estas diversas prácticas se destacaron dos, las que permitieron que la paralización haya sido un hito en la historia reciente de los trabajadores chilenos. La primera fue la utilización de creativas presentaciones, actuaciones y cánticos, siendo el “Bella Ciao” creado por los profesores de Pudahuel el más representativo de todos. Esto dotó de masividad al paro y de vinculación con la opinión pública, extendiéndose sus canciones por aulas, carreteras y malls, lugares todos que fueron ocupados por profesores que se enfrentaban a una ministra Cubillos, representante directo del empresariado criollo. La segunda de las prácticas, y la de mejores resultados en la negociación, fue la convocatoria a paralizaciones nacionales en días puntuales. Si antes habíamos hablado de los problemas de acatamiento del paro en las escuelas y liceos municipales, que es donde se encuentra en el grueso de los afiliados al Colegio, las “jornadas de movilización” fueron las únicas instancias donde el gremio paro de forma sólida, robusta y unificada, logrando la extensión hacia los sindicatos docentes del sector subvencionado, los cuales a pesar de la persistente fragmentación sostienen un crecimiento durante los últimos 10 años, con un incremento de la cantidad de huelgas legales ejercidas. Tras estas “jornadas” nacionales, siempre el ministerio se vio obligado a llamar a negociaciones, sin muchos resultados concretos, pero al menos dando cuenta de que el paro lograba sus propósitos. Frente a esto, de inmediato surge la interrogante ¿Por qué la dirección nacional, conociendo esta situación, no convocó a una última jornada de movilización antes del repliegue forzado? ¿Por qué no fue capaz de convocar a otros sectores de la clase trabajadora, a los estudiantes, apoderados, etc. para que ejercieran su solidaridad con los docentes?
Hacia la tercera semana de paralización se provocó un importante quiebre en la movilización. No fue algo orgánico, ni “divisionista”, como algunos acusaron. Fue una escisión de líneas políticas. La conducción de Refundación daba cuenta de incapacidad o simplemente desidia para lograr mayores grados de adhesión en las regiones donde poseían la conducción, especialmente en la región metropolitana. La conducción del humanista Carlos Díaz quedaba a la zaga de regiones como Antofagasta, Atacama, Valparaíso y una parte del Biobío, lo que también demostraba algo que fue persistente durante toda la paralización y ya hemos esbozado: la división existente en las filas de los militantes del Frente Amplio. Si por un lado los humanistas representaron posiciones disciplinadamente moderadas, en el resto no existieron líneas comunes, como tampoco en el conjunto de la disidencia, donde sus dirigentes nacionales se subordinaron a la moderación de Aguilar, muy diferente a lo ocurrido en una parte del Biobío o en el comunal Valparaíso, bastiones de la movilización decidida e identificada con conducciones de izquierda. Por su parte, la izquierda revolucionaria y clasista, vivió la paralización principalmente desde la solidaridad del espectador, pues salvo la conducción de Nuestra Clase en Antofagasta, las posiciones clasistas siguen siendo débiles en el magisterio[6]. El sector clasista nucleado en el SUTE si bien han tenido un interesante crecimiento, no tuvo una participación tan activa como en las luchas del 2014-2015. La crisis orgánica que vivió el Colegio durante estas le había permitido sostener un visible espacio de disputa a partir de la coordinadora paralela conformada en la región metropolitana, desplazando a varios comunales durante el paro mismo. No obstante, en esta paralización no existieron esas características, pues los sindicatos comunales agrupados en el SUTE esperaron sumarse a las iniciativas de las conducciones de los comunales del Colegio, los que en su mayoría no lograron ejercer tales roles.
La grabación de una profesora de Estación Central a la “funa” que realizó a la ministra Cubillos representó un símbolo de las diferencias de líneas. Aguilar rechazó esa situación, mientras las bases del profesorado y el conjunto del pueblo legitimaban la acción. Algo similar ocurrió cuando el líder del Colegio se opuso explícitamente a la inclusión del rechazo a la ley Aula Segura en el petitorio o cuando tildó de “tontitos” a los estudiantes que se enfrentaban con Fuerzas Especiales. Sólo unos días después, decenas de profesores, en ocasiones unidos con otros sectores de trabajadores, encendían barricadas y cortaban calles en diversas ciudades del país. Aunque difícilmente se puede hablar de un actuar orgánico en estas prácticas, este contexto fue el mejor escenario para poner en tensión a los sectores de izquierda al interior de la disidencia y posibilitar el acercamiento de los sectores revolucionarios al magisterio rupturista.
En ese contexto, cuando se iniciaba la sexta semana de paro, y con un notable descenso de la movilización, la conducción del Colegio, a los que no se sumaron los dirigentes de la NM (como en toda la movilización) llamó a un “repliegue”, aceptando la propuesta del gobierno en la consulta nacional que se realizaría el miércoles 10 de julio. Este llamado demostraba lo estrecho y limitado del discurso de “respetar a las bases”. En esta ocasión se haría una nueva consulta, pero para volver a preguntar algo sobre lo que el magisterio ya se había pronunciado, inclusive con la introducción de una tercera alternativa en la anterior consulta. Si a esto sumamos el llamado explícito a deponer la movilización la dirección estaba dando por desahuciada la negociación. Con qué peso sindical se presentarían a negociar con la ministra en caso de ser rechazado su llamado. El gobierno ya conocía que la conducción no quería mantener la movilización, por lo tanto, Cubillos recibía desde el mismo magisterio el mejor galón de oxigeno que podía haber esperado. La justificación del llamado al repliegue se basa en un hecho objetivo, al llegar a la sexta semana la paralización efectiva había descendido ostensiblemente, por lo tanto, la crítica a su llamado no es desde la idealización de la huelga indefinida. Mientras más se extienda una huelga, más desgaste provoca en el sindicato, por lo que la crítica se hace al llamar a un repliegue sin la estructuración de dicha táctica. Si bien las fuerzas estaban mermadas, estas aún existían, por lo que llamar al desarme cuando la batalla aún se mantenía fue un disparo en los pies como recurso táctico.
Independiente de que hasta el día de hoy esto no se reconozca, el llamado al “repliegue” no solo fue derrotado en la consulta, aunque por un estrecho margen, sino que desató dos fantasmas en la organización: por un lado, el carácter reaccionario de Refundación al acusar de “ultras”, “paralelistas”, “ilusos”, a todos quienes hayan defendido la continuidad del paro. La situación llegó a tanto, que se cuestionó la validez de la consulta, cuando había tenido las mismas características que en las ocasiones anteriores, lo que daba cuenta de que el discurso democratizante del respeto a las bases al parecer era mera retórica para identificarse como “disidencia”. Mientras que, por otro lado, con el llamado al repliegue en el video de los 8 dirigentes, nuevamente apareció el sentimiento de “traición” que recurrentemente emerge en el magisterio cuando sus dirigentes no han representado fielmente sus aspiraciones.
Como el llamado al repliegue no surtió efecto, una nueva asamblea nacional provocó el consenso necesario para bajar el paro por secretaria. Se volvería a realizar una consulta, ahora en vacaciones, independiente de que no existiera ninguna nueva respuesta del gobierno. Volvería a participar el conjunto del profesorado, desechando las restricciones exigidas por algunos dirigentes, pero ahora consultando explícitamente si se optaba por sostener el paro o darlo por finalizado. La primera de las opciones se impuso, aunque más del 30% de quienes participaron se mantuvieron firmes por la opción del paro. Así, en vacaciones de invierno se terminaba una de las movilizaciones de trabajadores más importantes de los últimos años. Sin grandes logros, pudiendo haberse terminado mucho antes pues no existieron nuevos ofrecimientos. La evaluación de esta situación debe ser realizada por el conjunto de la clase trabajadora, independiente de que de forma inminente tendrá consecuencias en la organización del profesorado.
¿El momento de las evaluaciones?
Si a alguien le ha llamado la atención el hecho de que no se hayan provocado grandes evaluaciones y autocríticas sobre la movilización esto tiene una indiscutible razón: las elecciones internas del Colegio que se deben realizar a fines de noviembre.
Al momento del término de la paralización se habló de continuar exigiendo las reivindicaciones por otros caminos. Pero como lo sabe todo trabajador que ha estado en huelga, un paro que se pone fin pierde toda posibilidad de lograr nuevas demandas, pues la contraparte deja de sentir la presión del paro, y retomarlo se hace una tarea imposible. En este sentido es particularmente sensible la situación ocurrida con tres puntos del petitorio: la deuda histórica, el pago de mención a las educadoras diferenciales y de párvulos, y el rechazo a la reforma curricular. Sobre la primera de estas, desde el Colegio se celebra la conformación de una “mesa de trabajo”, como si no se tuviese conciencia histórica de lo que esto significa. Es incierta la posición que adoptará el importante número de profesores jubilados con presencia en el Colegio frente a estos escasos resultados, pero puede tornarse especialmente reactivo, pues muchos consideraban que esta era la última oportunidad de lograr algo respecto a esta histórica reivindicación. Respecto al pago de mención y la reforma curricular la situación es aún más curiosa. El 2 de agosto el Colegio emitió un díptico titulado “Balance de la movilización”, donde se pasa revista a la situación de los puntos del petitorio y al compromiso suscrito por el gobierno. Más allá de los aires optimistas, llama la atención la exclusión del “balance” del pago de la mención y la reforma curricular. Respecto a esto y a numerosas otras prácticas, difícilmente podemos hablar de una conducción que se diferencie de las anteriores prácticas de la Nueva Mayoría.
El mencionado “balance” ha sido particularmente displicente con los resultados y carente de todo tipo de autocrítica. Es más, se ha intentado instalar la idea de que más allá de los logros concretos, se habría logrado un triunfo moral, basado en el respaldo ciudadano. Esta tesis, similar a la esgrimida por Luis Santibáñez en el mundial de fútbol de 1982, será poco fructífera para las bases del profesorado, quienes saben muy bien lo que significan los discursos morales en contextos de precarización laboral: una revitalización de la figura del profesor como “apóstol”, que puede subsistir frente a las precariedades por su fuerte “vocación”.
Por otro lado, también se ha intentado orientar la perspectiva de la movilización hacia la re constitución del movimiento pedagógico. No obstante, esta perspectiva, sin una necesaria autocrítica por el rol cumplido en el desenlace de la movilización, puede volver a revivir el fantasma levantado en el periodo más crítico de la conducción de Jorge Pavez, el cual hacía referencia a dos líneas de perspectiva organizativa, una enfocada en la reivindicación economicista y otra centrada en la construcción de un movimiento pedagógico. Si algo nos puede enseñar la historia de las organizaciones docentes, es que las perspectivas pedagógicas tienen margen de acción en el profesorado solamente si son ejercidas por organizaciones definidamente sindicales y en estricta articulación con el resto de la clase trabajadora, y no separado de esta.
Es de esperar, que el proceso electoral refuerce la satanización hacia los sectores de izquierda llevada a cabo por la conducción de Aguilar y compartida por una parte del resto de la conducción. Este verdadero macartismo pondrá en tensión a las diversas fuerzas de izquierda, las cuales deberán optar entre hacerse parte, de forma pragmática, de la satanización hacia el PC y los sectores “ultras”, pero sin problemas para incluir a su lista a dudosos candidatos, y, por otro lado, el sostenimiento de banderas político-ideológicas intransables para quienes se posicionan desde la izquierda, como son la identificación del profesorado con el resto de la clase trabajadora, la búsqueda de una educación pública bajo responsabilidad del Estado, y la perspectiva de largo plazo de contribuir a una sociedad sin clases. Bajo estas disputas, la izquierda chilena deberá sacar sus mejores enseñanzas.
Notas
[1] Christián Matamoros, “Lo viejo y lo nuevo en el extenso paro docente. Disputas políticas y radicalización”, Revista ROSA, una revista de izquierda, www.revistarosa.cl
[2] Jorge Pavez Urrutia, Un hombre en la multitud. Recuerdos de un luchador social (Das Kapital Ediciones, Santiago, 2010), pp. 306-307.
[3] Sin embargo, se debe señalar que existen agrupaciones de profesores vinculadas al Frente Amplio que tienen una valoración positiva de la “desmunicipalización”, siendo este un punto en común con el magisterio del PC.
[4] Uno de los pocos puntos donde hemos detectado una plena coincidencia del profesorado identificado con el Frente Amplio, y también del Movimiento por la Unidad Docente, es la aceptación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) como el instrumento sindical óptimo para el sindicalismo chileno. En este punto, las coincidencias con el profesorado vinculado a la Nueva Mayoría son absolutas.
[5] https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/trabajo/gremios/arturo-martinez-los-profesores-de-filosofia-estan-detras-de-la/2011-08-31/065912.html visitada el 4 de agosto de 2019.
[6] «El extenso paro de profes», La Intersindical, AIT, n° 29, julio 2019, pp. 4-5.
Christián Matamoros Fernández
Parte del Núcleo de Investigación “Educación, trabajo y sindicalismo” y el Centro de Investigación Político Social del Trabajo.
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