Elecciones en Uruguay: Por la presidencia y algo más

Cabe aclarar que el agravamiento de las problemáticas de seguridad, sobre todo derivadas del crimen organizado, son fenómenos que vienen en aumento desde la década de los noventas en toda Latinoamérica. Uruguay no ha sido la excepción. Lamentablemente las respuestas del Estado han sido deficientes en todas las administraciones, yendo siempre por las mismas vías de un aumento punitivo, lo que deriva en un incremento de las personas privadas de libertad, en su mayor parte en cárceles donde las condiciones de vida son inhumanas y degradantes.

por Mauricio Vásquez Correa y Andrés del Río

Imagen / Bandera del Frente Amplio Uruguayo frente al Palacio Legislativo, 1 de mayo 2010, Montevideo, Uruguay. Fotografía de Andrea Mazza.

Rumbo a las elecciones presidenciales del 27 de octubre, el panorama electoral en Uruguay aparece definido en dos bloques. Por un lado tenemos al principal partido de la oposición, el Frente Amplio (FA), conformado por las fuerzas progresistas de centroizquierda e izquierda, que gobernó al país durante 15 años, hasta marzo de 2020. Por otra parte tenemos a la coalición republicana o multicolor, constituida por cuatro partidos de derechas, centro y algunos sectores de ultraderecha, en el poder desde ese entonces.

En filas frentistas, la fórmula quedó definida por el candidato a la presidencia Yamandú Orsi, ex intendente del Departamento de Canelones, que es luego de Montevideo, la segunda jurisdicción más poblada del Uruguay. Como candidata a vicepresidente, fue elegida Carolina Cosse, ex intendenta de Montevideo, quien además ocupó cargos ejecutivos en pasadas administraciones del FA. En filas multicolores son cuatro las fórmulas que compiten, siendo la principal opción presidencial la del Partido Nacional (PN), que integran Álvaro Delgado, ex Secretario de Presidencia del actual presidente en ejercicio, Luis Lacalle Pou. Le acompaña como candidata a vice Valeria Ripoll, ex líder sindical y ex integrante del Partido Comunista, quien hasta un par de años atrás se mostraba muy crítica con la gestión actual.

Sin embargo no se elige solo la presidencia. El último domingo de octubre también se someterán a plebiscito dos iniciativas. Ambas tratan sobre distintos aspectos referentes a la seguridad. En una se impulsa una reforma de la seguridad social. En la otra se pretende la autorización para los allanamientos policiales nocturnos en hogares, como medida de combate al narcotráfico minorista. En ambas se pretende modificar la constitución y para ser aprobadas, necesitarán obtener más de la mitad de los votos válidos.

La in seguridad social

Uruguay tiene la sociedad más envejecida de Latinoamérica (Banco Mundial, 2016)[1], lo que puede atribuirse en parte a una baja natalidad, una alta esperanza de vida y a fuertes olas de migración de población en edad reproductiva, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Esto ha llevado a que la tasa de reemplazo de población sea negativa desde principios del presente siglo (Paredes, 2008)[2]. En este sentido, viene causando preocupación, desde antes del presente gobierno, la necesidad de una reforma de la seguridad social. Desde mediados de los años noventa comenzaron las reformas que apuntaban, según se afirmó en el momento, al fortalecimiento del sistema previsional. Sin embargo, ya en el presente siglo, los problemas siguieron latentes o bien tendieron a agravarse. Así se llegó al año 2023, cuando con los votos de la coalición multicolor, se avanzó en una polémica reforma habilitada por la Ley 20.130, que más que la seguridad social, modificó el régimen de jubilaciones.

Ante esta medida, se organizó un movimiento para revertirla mediante un plebiscito de contrarreforma. Cabe destacar que dicho movimiento es impulsado principalmente desde la central sindical única del Uruguay PIT-CNT, junto a otros actores de la sociedad civil, con el apoyo de sectores del FA como el Partido Comunista o el Partido Socialista, sumando a otros partidos políticos pequeños. La propuesta, a grandes rasgos, permitiría la posibilidad de volver a acceder a una jubilación a los 60 años, ya que en 2023, con la Ley aprobada por el gobierno multicolor, se aumentó el mínimo desde esa edad hasta los 65 años. Por otra parte, también se plantea eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional, conocidos en Uruguay como AFAP´s, que se instalaron con las reformas neoliberales de los años noventas, con la introducción del Sistema Previsional Mixto en 1996. Con la Ley 20.130, las AFAP´s todavía aumentaron su incidencia, ya que se tornaron obligatorias para todas las categorías de trabajadores, desde la actividad privada y pública, sumando a las cajas paraestatales, profesionales y militares. El otro gran pilar reformista trata de equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional, que rondan los 680 dólares nominales por 44 hs mensuales.

Evidentemente, esta iniciativa no cuenta con el respaldo de la actual coalición de gobierno. Por su parte, dentro del Frente Amplio tampoco hay una postura unificada. Existe un divisor de aguas entre los sectores más liberales y progresistas, con la militancia más vinculada a los movimientos sociales y luchas históricas de las izquierdas. Por estos motivos, el FA decidió permitir la libertad de acción a sus dirigentes y militantes. Es importante señalar que la fórmula presidencial frentista ha manifestado que no lo apoyará. Además, más de 100 economistas relacionados esta fuerza política, emitieron una declaración contraria a la propuesta[3]. Como era de esperar, esa declaración no fue bien recibida por diferentes sectores del FA que sí la apoyan, ya que se considera que rompe con el pacto de libertad de acción. Las quejas de la ex senadora Constanza Moreira, entre otros referentes que apoyan al plebiscito, son ejemplo de las luchas internas[4]. En el lanzamiento por la campaña por el Sí a la reforma, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, declaró: “Se han unido en santa cruzada, con argumentos tecnocráticos, al margen de la vida de la gente, muchos que, consciente o inconscientemente, defienden esta sociedad de privilegios”[5].

Tal es así que las encuestas muestran un panorama reñido, algunas indican que la intención de voto no alcanzaría superar el 50 por ciento necesario para su aprobación[6], mientras otras marcan lo contrario[7].

Profanar el hogar como propuesta electoral

El segundo proyecto se refiere a la autorización de allanamientos nocturnos en los hogares por parte de la Policía, bajo orden judicial. La propuesta a plebiscitar fue aprobada por el Parlamento con los votos multicolores. Propone revisar el artículo 11 de la Constitución uruguaya, que está vigente desde 1830. Esta norma establece que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo con orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

La coalición multicolor de gobierno conformada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente han acordado unánimemente “apoyar la iniciativa plebiscitaria”, la cual consideran que “será una herramienta adicional en la lucha contra el delito”[8].

Se corrobora que la seguridad pública, históricamente es una temática que ha sido punta de lanza en la retórica de las derechas. Generalmente presentan propuestas de mayor punitivismo y poder coercitivo por parte del Estado, a la vez de una mayor liberalización de la economía y las finanzas. No en vano en las pasadas elecciones, en 2014 se impulsó la propuesta de reforma para bajar la edad de imputabilidad penal de adolescentes. En 2019 también fue planteada una reforma constitucional para crear una guardia nacional de corte militarista, penas de cadena perpetua, y los allanamientos nocturnos entre otras medidas de corte represivo. Ambas iniciativas fueron rechazadas en las urnas y además, contaron con la oposición del Frente Amplio. Para la presente reforma la fuerza política también se manifestó contraria, tildando a la misma de “demagógica” y “engañosa”, además de no desarrollarse en un escenario adecuado para que exista un “debate franco, informado y honesto”[9].

Se suman otras voces discordantes, son varios los actores sociales que se oponen a esta medida, considerándola innecesaria y riesgosa. Un ejemplo es el posicionamiento de la Asociación de Defensores de Oficio (Adepu), que destaca que “las personas que tienen especiales situaciones de vulnerabilidad se ven siempre más expuestas al poderío estatal, y con esta medida no será la excepción”[10]. Pero además, desde la Coordinadora Nacional de Sindicatos policiales también se han manifestado en contra de la propuesta. Según alegan, no existen las condiciones para llevarlos a cabo. Además denuncian persecución sindical, sostienen que hay sanciones y traslados arbitrarios para quienes participan en movilizaciones[11].

Para agravar las perspectivas, ya se han suscitado situaciones de allanamientos diurnos erróneos en hogares, donde los efectivos policiales además de violentar a la familia, han sido acusados de robo de pertenencias y dinero en efectivo[12].

Pese a las multiplicidades de voces discordantes, hasta el momento según sondeos de opinión, la propuesta contaría con el apoyo necesario para ser aprobada[13].

Rumbo a octubre: entre definiciones y posturas cruzadas.

Como se ha mencionado, para las elecciones presidenciales en Uruguay existen dos bloques bien definidos. Sin embargo, en cuanto a los dos plebiscitos que se van a votar, en específico para la reforma de la seguridad social, tenemos posiciones cruzadas en el Frente Amplio. Esto ha causado una división interna de la fuerza política, lo que ya se advertía previamente a la campaña para recolectar las firmas que aprobaron el plebiscito por vía de iniciativa popular. Uno de los argumentos de quienes no apoyaron la propuesta dentro del FA, es que no es el momento más oportuno para instalar el debate durante las elecciones presidenciales, ni un plebiscito la herramienta más adecuada para generar la reforma. Cabe aclarar que en todo el Frente Amplio es unánime el rechazo a la reforma de la Ley 20.130. En lo que se difiere es en la forma y los alcances de la presente iniciativa, sobre todo en torno a la eliminación de las AFAPs.

En lo referente a los allanamientos nocturnos, sí se distingue una división bien marcada entre los dos bloques, ya que del lado de la coalición multicolor el apoyo es unánime, mientras que el FA se posiciona contrario a ella.

Si bien ambos programas prevén la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se denota que en cada una tratan el tema de la seguridad de diferente manera. En ambos aparece la seguridad pública, pero en el programa del FA está presente en diferentes capítulos del programa. Mientras en el PN se focaliza en un capítulo con seis subsecciones. El FA trata el tema bajo el concepto de seguridad ciudadana, mientras que el PN nunca se refiere de este modo. Aquí radica una diferencia conceptual en el enfoque, ya que la seguridad pública y la seguridad ciudadana son temas relacionados, pero diferentes. La seguridad pública se refiere a las acciones tomadas por los gobiernos y autoridades para garantizar la protección de la ciudadanía, desde un formato unidireccional. En cambio, la seguridad ciudadana además se centra en la participación activa de la ciudadanía, en un ida y vuelta entre las comunidades e instituciones para el mantenimiento de un entorno seguro y protegido de sus comunidades.

Desde el Frente Amplio además se ha hecho hincapié en discutir la temática de seguridad desde una perspectiva global del problema, y fortalecer la prevención y persecución del lavado de activos. En ese sentido, el presidenciable Yamandú Orsi ha declarado que mientras el narcotráfico ha crecido en el país, los reportes por actividades sospechosas por lavado de activos cada vez son menos[14]. Aquí además vale recordar que la Ley de Urgente Consideración (LUC), una ley ómnibus aprobada en el Parlamento por la coalición multicolor, flexibilizó los controles financieros y la trazabilidad de las transacciones monetarias, permitiendo hacer pagos en efectivo por hasta un millón de unidades indexadas, (unos 149.500 dólares aproximadamente). Esto ha sido advertido por expertos antilavado, como un factor de atracción para capitales de origen sospechoso[15].

De seguridades e inseguridades varias

No es casual que en octubre se vayan a plebiscitar dos iniciativas que tratan distintos aspectos sobre la seguridad de la ciudadanía en el Uruguay.

Por un lado tenemos a la seguridad social, en un país que ha visto un deterioro de su tejido social. Según la información presentada por economistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdelaR, entre 2019 y 2023, el índice de Gini se incrementó en más de un punto, lo que representa un cambio significativo en la distribución de ingresos y un consecuente aumento de la desigualdad. Se estima que las rentas del trabajo, (asalariados e ingresos por trabajo de cuentapropistas y patrones) todavía no alcanzaron los niveles de 2019. El cálculo de la pérdida acumulada de su participación en el PIB desde 2019 a 2023 alcanza los 7.440 millones de dólares, un 13,6% del PIB que tenía Uruguay en 2019. Además se señala que el 95% de la población uruguaya ha sufrido una reducción de sus ingresos reales en comparación con 2019, mientras que solo un 5% los ha aumentado[16]. Esto se ve reflejado en un alza de los índices de pobreza en general, pero en especial la infantil. También en un vertiginoso incremento de las personas en situación de calle, que de 2021 a 2023 aumentó un 24 %.

Por otra parte, la inseguridad se ve reflejada en el creciente número de los homicidios y muertes dudosas, tendencia que no pudo disimularse, tras un leve descenso durante la menor circulación social generada por los tiempos de pandemia. Según se estima, se va a cerrar el año 2024 con récord de asesinatos[17], además de observarse un aumento sostenido de muertes de niños y adolescentes por armas de fuego. En cinco años se duplicó la cantidad[18].

Cabe aclarar que el agravamiento de las problemáticas de seguridad, sobre todo derivadas del crimen organizado, son fenómenos que vienen en aumento desde la década de los noventas en toda Latinoamérica. Uruguay no ha sido la excepción. Lamentablemente las respuestas del Estado han sido deficientes en todas las administraciones, yendo siempre por las mismas vías de un aumento punitivo, lo que deriva en un incremento de las personas privadas de libertad, en su mayor parte en cárceles donde las condiciones de vida son inhumanas y degradantes. El país ostenta el triste récord de tener la tasa más alta de personas privadas de libertad de Sudamérica, y una de las más altas del mundo. En 20 años ha triplicado la población de sus cárceles, llegando en el 2023 a la cifra de cuatro de cada mil[19].

Más allá de los resultados, las discusiones generadas en torno a los plebiscitos reflejan buena parte de las principales preocupaciones e inseguridades de la población: la seguridad social, de implicancias socioeconómicas, y la seguridad pública o ciudadana, que atañe a la convivencia democrática. Sobre los posicionamientos de las fuerzas políticas en ambos temas, y por supuesto basándonos en los programas de gobierno, con sus puntos en común, diferencias y salvedades, se puede tener una idea de los modelos de país que proponen ambos bloques políticos.

Para las presidenciales, las encuestas indican el liderazgo del FA, aunque es incierto que alcance la cantidad de votos necesarios para ganar en primera vuelta. Las elecciones están cada vez más cerca, aunque en política, todo puede ocurrir en ese lapso de tiempo.

Notas

[1] Grupo Banco Mundial, (2016). Ver artículo web disponible online en: https://bit.ly/4d8AL7p

[2] Paredes, Mariana (2008), Estructura de edades y envejecimiento de la población. Demografía de una sociedad en transición. La población uruguaya a inicios del siglo XXI. Carmen Varela Petito, coordinadora. Programa de Población, UNFPA. Pág. 17 a 30. Disponible online en: https://bit.ly/3zz4Fnj

[3] Ver artículo publicado en el Observador. Disponible online en: https://bit.ly/4dWIZR7

[4] Ver artículo publicado en UY Press. Disponible online en: https://bit.ly/3MOiXU5

[5] Ver artículo publicado en La Diaria. Disponible online en: https://bit.ly/4emCpTI

[6] Según sondeos de la encuestadora CIFRA publicada el 15 de agosto, la intención de voto positiva es de un 48%. Disponible en: https://bit.ly/4e6QiW5

[7] Para la encuestadora FACTUM, la intención de votos a favor de aprobar el plebiscito es de un 53 % de la intención de votos. Disponible en: https://bit.ly/4cZHRuD

[8] Ver artículo publicado en El País (Uruguay). Disponible online en: https://bit.ly/4e5bhZF

[9] Ver artículo publicado en La Diaria. Disponible en: https://bit.ly/4gb900v

[10] Ver artículo publicado en Telenoche. Disponible en: https://bit.ly/3MJpXBS

[11] Ver artículo publicado en La Diaria. Disponible en: https://bit.ly/3B7zq3i

[12][12] Recientemente trascendió el caso de un allanamiento erróneo en un hogar del barrio Villa Española, en Montevideo. La familia víctima denuncia además de la violencia institucional, el robo de pertenencias y dinero en efectivo por parte de la policía. Ver artículo publicado en El Observador: https://bit.ly/3B3fWgc

[13] Encuesta de CIFRA, publicada el 15 de agosto. Disponible en: https://bit.ly/4e6QiW5

[14] Ver artículo publicado en la Diaria: https://bit.ly/3TtYtUo

[15] Invitado a Uruguay para participar en un evento organizado por la asociación civil Siembra, el jurista peruano especializado en lucha contra la corrupción José Ugaz alertó contra los efectos de la LUC para captar capitales originados en el crimen. Ver artículo publicado en M24. Disponible en: https://bit.ly/3MLRoe3

[16] Artículo publicado en el blog del Instituto de Economía de la Universidad de la República (Iecon), por los investigadores Mauricio de Rosa, Guillermo Sánchez, Andrea Vigorito y Joan Vilá. Disponible en: https://bit.ly/47vOi7I

[17] Los homicidios crecieron en comparación con la anterior administración; si bien el gobierno defiende que frenó la tendencia, al analizar los registros de los últimos cuatro años y medio con relación al mismo período liderado por el Frente Amplio, se constató que hubo 150 más. Ver artículo publicado en El País (Uruguay). Disponible online en: https://bit.ly/3XsnMHJ

[18] En un artículo periodístico publicado en enero del presente año, se detalló que la principal emergencia pediátrica del Uruguay, atiende cada mes a dos menores de 15 años heridos por arma de fuego, de los que más de la mitad son baleados en escenarios de violencia. Hace un lustro las consultas eran menos de una por mes; y hace una década ni siquiera alcanzaban una cada tres meses. Ver artículo publicado en El Observador. Disponible online en: https://bit.ly/4gm9DVf

[19] Datos sustraídos del artículo publicado en el País (Internacional), por Gabriel Díaz Campanella, el 16 de abril de 2023. Disponible online en: https://bit.ly/4gsRbu1