Quizás por esto es que la permisología aún no cuenta con una definición en la RAE, ya que no existe consenso ni certeza acerca del futuro que construirá una economía de mercado incapaz de cumplir los estándares mínimos para las operaciones que la sostienen.
por Esteban Stutzin y Cristóbal Rodríguez
Imagen / Oficina, 1922. Librería del Congreso de EE.UU.
A modo de aclaración, habría que comenzar diciendo que la palabra que definirá este 2024 ni siquiera existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Con más de trescientos años de historia y la no despreciable cantidad de 93.111 entradas, el diccionario de la RAE siempre estará en construcción, pero al realizar la búsqueda de la palabra que definirá este 2024, nos encontramos con que el término “permisología” (aún) no se encuentra en el diccionario. ¿Llegará a ser incorporado?
Concretamente, la palabra “permisología” es un neologismo utilizado por sectores económicos y políticos de nuestro país que critican la excesiva burocratización de los permisos asociados a proyectos comerciales y/o industriales de diversas características, antes o durante sus operaciones, considerándolos una amenaza para el desarrollo de sus intereses. De manera casi espontánea surge la pregunta: ¿qué entienden los sectores económicos anclados al corazón del modelo por excesiva burocratización? En el editorial de un conocido diario nacional se propone un análisis que comienza con la audaz premisa del expresidente Eduardo Frei sobre esta materia, quien señala que “la permisología nos está matando”.
Por otra parte, el ex ministro de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, ha señalado que “los tiempos de permisología en varios sectores claves son sencillamente demenciales”, de lo cual se desprende que cumplir las normas mínimas ambientales, sociales e incluso de diseño de cualquier proyecto de inversión es algo potencialmente patológico. Quizás para el ex ministro, en cuyo gobierno se licitó y construyó el tristemente famoso puente Cau Cau, no era necesario revisar el proyecto antes de aprobarlo y solo bastaba con darle luz verde para, en el mejor de los casos, acelerar la conexión dentro de nuestro país, dinamizar la economía y abrir rutas para un comercio más diverso y competitivo. Como sea, lo que sí queda claro es que no por ir más rápido vamos a llegar más lejos.
En tanto, el ex Ministro de Educación, Gerardo Varela, en su columna “El Sexo de las Lagartijas” , hace unos días señaló que “en Tomé se prohibió un proyecto de 130 millones de dólares para explotar «tierras raras» porque se afectaba un árbol nativo denominado «Naranjillo». Por cuidar unos pocos naranjillos descuidamos miles de trabajos para personas de carne y hueso.” Lo primero que omite Varela es que en nuestro país no existe una legislación que regule la explotación de tierras raras, por lo que cualquier explotación operaría sólo bajo la “ley de la selva”, algo muy alejado del desarrollo y estabilidad institucional necesaria para garantizar que inversionistas locales y extranjeros decidan invertir su capital en nuestro país y obtengan los dividendos necesarios para tener una operación rentable en el mediano y largo plazo. Asimismo, el ex ministro tampoco explicita que de cada tonelada de tierra extraída se obtienen sólo 3,7 kilos de lantánidos y que en el proceso de obtención de tierras raras se utilizan ácidos que contaminan los suelos y las cuencas hidrográficas, las cuales tienen un impacto directo en las actividades agrícolas y pesqueras desarrolladas por personas de carne y hueso que deciden que sus vidas, las de las futuras generaciones y el bosque nativo que cuenta con flora y fauna protegida por el Estado de Chile, tiene un valor superior a la inversión propuesta por una empresa privada. Nuevamente, se pone en perspectiva un desarrollo sostenible de mediano y largo plazo por sobre el espejismo de desarrollo que podrían generar 130 millones de dólares, casi lo mismo que pagó el club inglés Chelsea por el mediocampista argentino Enzo Fernández el año 2023.
En un contexto de crisis socioambientales que se agudizan y multiplican, los críticos de la permisología confunden la diligencia que cada proyecto de inversión requiere con la necesaria adaptación y resiliencia frente a los eventos extremos que estamos enfrentando. La ley 21.455 llamada “Ley Marco de Cambio Climático” promulgada en mayo de 2022 sienta las bases de un desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Esta ley, discutida y revisada por todos los sectores del espectro político nacional y grupos de interés, establece la obligación de priorizar las medidas que “representen menores costos económicos, ambientales y sociales”. Del mismo modo, señala en su principio precautorio que “cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas” y finalmente, incluye el principio de Justicia Climática resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
Por otro lado, el Gobierno de Gabriel Boric reaccionó a la ofensiva economicista neoliberal y presentó un proyecto de Ley Marco de autorizaciones sectoriales que busca generar un nuevo “Sistema Inteligente de Permisos”, con el cual se promete aumentar la inversión y consolidar el empleo y el crecimiento económico. Nuevamente, el foco se pone en la eficacia al momento de mejorar ciertos indicadores macroeconómicos, y no en la discusión de fondo sobre la necesidad de pensar un nuevo modelo de desarrollo para Chile que nos permita enfrentar las urgencias y crisis actuales con una perspectiva de futuro. Y si bien es necesario modernizar y mejorar el sistema de otorgamiento de este tipo de permisos haciendo más eficiente y participativo el proceso, lo realmente importante es que cumplan una función regulatoria clara y apegada a los fundamentos valóricos y científicos que sostienen en análisis de los riesgos que implican estos proyectos para las personas, territorios y ecosistemas afectados. Aunque “lento, engorroso y con tiempos demenciales”, el actual sistema de permisos tampoco ha sido capaz de contener el avance de megaproyectos industriales que vulneran en distintas zonas del país a comunidades y ecosistemas, ya sea en el salar de Atacama, los archipiélagos australes, la cordillera de Los Andes o la bahía de Quintero-Puchuncaví.
Así, los sectores críticos de la permisología nos demuestran que no tienen un modelo de desarrollo capaz de hacerse cargo de la actual crisis climática, el estancamiento económico y las consecuentes tensiones que por ello enfrentarán las futuras generaciones en caso de que el actual modelo se siga profundizando. Es más, en el apuro por producir nos invitan al caos absoluto de la desregulación y a tener una matriz productiva igual a la de los tiempos del salitre, el cobre y ahora último del litio: sacar piedras, subirlas a un barco y luego comprarlas transformadas en mercancías con alto valor agregado. Esta mirada de los bienes comunes como materias primas, sumado a la exacerbación descontrolada de la cultura del consumo, nos lleva a pensar que el modelo económico que siguen defendiendo con uñas y dientes busca emular al popular Doctor Simi con su internacionalmente conocido “lo mismo, pero más barato”.
Al parecer los detractores de la permisología aún no se enteran de la normativa publicada en 2021 por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que incorpora exigencias de información sobre sostenibilidad para reportar sobre políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza (ASG) y que procura resguardar mediante el acceso a más y mejor información los intereses tanto de inversionistas como del público en general. Es decir, mejores estándares que permitan aplicar el principio de competencia y poder dejar atrás décadas de un “liberalismo económico a la chilena”, con escasa competencia, altos niveles de acumulación y actores que evitan por todos los medios posibles diversificar la oferta de inversiones.
Quizás por esto es que la permisología aún no cuenta con una definición en la RAE, ya que no existe consenso ni certeza acerca del futuro que construirá una economía de mercado incapaz de cumplir los estándares mínimos para las operaciones que la sostienen. Nuestra invitación es dejar atrás las visiones económicas hiper ideologizadas a las que nos hemos acostumbrado, ancladas en el corazón del siglo pasado y que, dada las condiciones actuales, podemos calificar como un rotundo fracaso, y abrir la discusión incorporando de manera efectiva a las comunidades, al mundo científico y la sociedad civil organizada para estar en condiciones de construir una alternativa al precipicio que tenemos enfrente.