Quizá, una de las enseñanzas que nos va a dejar la conmemoración de estos 50 años del Golpe de Estado es que hoy en Chile no existen suficientes garantías de no repetición, no existen garantías de que el orden democrático sea nuevamente aplastado si hay un sector que en cualquier momento puede decidir que, como hace 50 años, es inevitable hacerlo.
por Andrés Aylwin Correa
Imagen / Manifestación en el frontis de la Comisión Chilena de Derechos Humanos por mujeres de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos de Chile (AFEP). Fuente.
La decisión de la UDI, Evópoli y RN de no asistir a la ceremonia oficial de Estado, del día lunes 11 en La Moneda, no es más que actuar en consecuencia. El presidente Gabriel Boric llamó a todos los partidos político a firmar un compromiso que incluye cuatro puntos: respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho ante amenazas autoritarias y la intolerancia; enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia; defender el valor y promoción irrestricta de los derechos humanos; y fortalecer la colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias. El que estos partidos, más Republicanos, se nieguen a firmar, no es más que un reflejo de coherencia ideológica.
Esta conmemoración de los 50 años bien podría ser, también, a los 53 años. Y es que el discurso que plantea que la derecha se vio en la obligación o en el deber de promover el Golpe de Estado debido al rumbo que tomó el país, no es más que de un relato que encubre el hecho de que intentaron sistemáticamente acabar con el Gobierno de Salvador Allende. Esto incluso antes de que asumiera y debiese ser ratificado por el Congreso. Luego, asumido, vinieron diversas formas de boicot económico, realizado no solo mediante una alianza política empresarial, sino incluso con millones de dólares provenientes del gobierno de Richard Nixon, entonces presidente de los EE.UU. También lo intentaron en el plano político, desde donde abiertamente llamaron a derrocar al Gobierno.
Ninguna de estas acciones prosperó (en el sentido de generar la caída del presidente), solo crearon miseria, pero habían algunos que podían sortear la escasez, otros no, y a los primeros no les importaron los segundos. Y no prosperaron porque, bien o mal, los problemas fueron procesados dentro de los marcos de una república democrática, de modo que cualquier nuevo intento implicaba necesariamente eliminar a sus instituciones para imponer sus intereses sin contrapeso alguno. Luego, su disposición para volver a la democracia solo fue posible bajo una constitución que justamente menoscaba la soberanía popular al forzar a que el otro no pueda hacer algo tan distinto de lo que harían ellos.
Hay que decirlo con claridad: el Golpe no fue una medida desesperada, sino una acción lógica, racional, que se deriva de los anteriores fracasos de la derecha por derrocar a un Gobierno democráticamente elegido. Cuando la democracia se convirtió en un escollo se deshicieron de ella.
Ahora, cuando quien los convoca a firmar un compromiso por la democracia, los DDHH y la justicia es del bando contrario, se niegan. Reclaman que además de condenar las violaciones a los DDHH hay que condenar al Gobierno de la Unidad Popular ¿Porque fue antidemocrático? ¿Porque prohibía a los partidos, perseguía y torturaba gente? En suma, arguyen que su respaldo se condiciona a que el Gobierno asuma una interpretación de los hechos históricos que les de la razón y que es conocidamente falsa.
Esto porque para la UDI, Evópoli, Republicanos y RN es más importante mantener vivo el discurso que les permite decir que la forma en la que actuaron fue inevitable que entregar señales de Estado de que algo así no puede volver a ocurrir. No les queda otra alternativa si es que sus propios militantes defienden públicamente el Golpe, denostan a las víctimas y justifican las torturas a las que fueron sometidos nuestros compatriotas. Porque, sí, defender lo uno es defender lo otro, a no ser que haya sido inevitable.
Quizá, una de las enseñanzas que nos va a dejar la conmemoración de estos 50 años del Golpe de Estado es que hoy en Chile no existen suficientes garantías de no repetición, no existen garantías de que el orden democrático sea nuevamente aplastado si hay un sector que en cualquier momento puede decidir que, como hace 50 años, es inevitable hacerlo.
Hoy, las garantías de no repetición se encuentran especialmente en la lucha de las víctimas, de las sentencias de los tribunales y de los sectores políticos que buscan verdad y justicia, y que creen genuinamente que la democracia debe ser defendida con fuerza y convencimiento. Las garantías ni siquiera se encuentran en los programas educativos de los colegios. Cualquier acción que vaya en la línea de condenar la brutalidad -racional, evitable- de la dictadura y defender la democracia producirá enfrentamiento, pero hay cosas que no son negociables. Recuperar los espacios de memoria no es negociable, buscar activamente, desde el Estado, la verdad de los más de mil compatriotas aún desaparecidos no es negociable, perseguir a los criminales civiles y militares no es negociable; no, nada de esto lo es, puesto que son nuestras garantías de no repetición. También, lo somos nosotros.