La historia pasada y reciente justifica con creces el argumento de que la única transformación estructural posible ocurre con ciertos grados de movilización social que permitan a las propuestas de cambio, cruzar la valla institucional.
por Benjamín Infante
Imagen / Marcha por la educación, 14 de julio 2011, Santiago, Chile. Fotografía de Osmar Valdebenito.
Tal como un segmento de la izquierda viene planteando, en estos momentos, “no hay más salida que el conflicto” (Comité Editorial Revista ROSA, 2023). Las izquierdas con programas de transformación estructural en el gobierno, en general tienen claro que la lucha es tanto dentro como fuera del gobierno, dado que se cuenta con un proyecto político de disputa del poder que dialoga con las relaciones de fuerza a nivel social. Sin embargo, en la experiencia comparada, han sido pocos los proyectos de izquierda, que, una vez llegados al gobierno, empujan el protagonismo popular.
Hemos anteriormente caracterizado la vigencia de la distinción entre reformismo y revolución justamente en el grado de protagonismo popular dispuesto en los programas de gobierno. En general las reformas que plantean tanto reformistas como revolucionarios son las mismas de tipo democrático populares que previamente articulaba la socialdemocracia. La diferencia, no obstante, reside en la voluntad de movilizar al pueblo de manera activa en la concreción de dicho programa. De esto también depende la posibilidad de que dichas reformas sean concretadas, sobre todo aquellas dirigidas a horadar el poder social de las clases dominantes, o, en otras palabras, a cambiar aspectos del régimen de propiedad vigente (Infante, 2022). De no activar la movilización social, los gobiernos de programa socialdemócrata se verían constreñidos a realizar una revolución pasiva, es decir, “todo para el pueblo, pero sin él”, cuyo fin último sería la “restauración progresista” del régimen que supuestamente se intentaba cambiar (Fiori, 1966).
Nuestro gobierno progresista, no ha adoptado hasta ahora la tesis de un programa de transformaciones con protagonismo popular tal como lo sugiere la comprensión del desafío modernizador por parte del socialismo chileno, en tanto “inclusión de las mayorías marginadas en la estructura socio-productiva” (Arrate & Ruiz, 2020), o las experiencias contemporáneas del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela y Bolivia. Es más, tempranamente demostró voluntad de querer respetar a rajatabla los contornos de lo que Juan Pablo Luna entre otros llaman el “laberinto estatal neoliberal” (2012), debido a la baja “estatalidad” de nuestro Estado, es decir, su baja capacidad de llevar adelante las competencias que le corresponden como soberano de la nación. Naturalmente esta condición de baja capacidad, tiene como mecanismo causal, entre otros, la realidad dependiente de nuestra economía y estructura social.
En un momento políticamente de “suma cero” emerge la movilización docente y de asistentes de la educación. La correlación de fuerzas con la derecha es más que desfavorable y la izquierda en general volvía al familiar lugar de defensiva estratégica que había abandonado durante la convención constitucional. Así mismo lo demuestra el petitorio de los profesores, que únicamente se hace cargo de vociferar lo que el gobierno ya había prometido. Es, en estos casos, cuando urge que la izquierda plantee una estrategia política y social para los sectores populares históricamente en disputa. No necesitamos sectores movilizados condescendientes, sino que empujen la historia hacia adelante en el sentido de un programa pos neoliberal.
En una movilización, un grupo que articula sus demandas, puede hacerlo distinguiendo las de corto con las de más largo alcance, aunque sea para posicionar un horizonte político. Las y los profesores nos hemos movilizado años anteriores en contra de la Subvención por Asistencia, que es, sin lugar a dudas, el mecanismo de financiamiento que sostiene el mercado educativo en la educación tanto pública como particular subvencionada, a través de diversos mecanismos, psicológicos, administrativos y de gobernanza debidamente señalados por la academia.
La historia pasada y reciente justifica con creces el argumento de que la única transformación estructural posible ocurre con ciertos grados de movilización social que permitan a las propuestas de cambio, cruzar la valla institucional. Tal vez la amenaza portaliana pueda más que la evidencia empírica y teórica para quiénes están en el centro del poder, y este mismo centro, se amplió a tal nivel que la empatía, y la falta de estrategia, haga que el 38% se esté convirtiendo más en un comité de aplausos que en una franja de pueblo comprometida críticamente con un programa.
Lo que la lógica simplista de amigo y enemigo instalada en el clivaje gobierno y oposición no nos permite ver, es que atrincherados detrás del Estado en contra de los que realmente tienen poder social, solamente vuelve nuestro programa de cambio más impotente, dado que no aportamos a que el Estado pueda aumentar su estatalidad o capacidad estatal, sino que, al contrario, manteniendo el laberinto aportamos a que la capacidad estatal se reduzca y asfixie por el poder social de quiénes son actualmente hegemónicos y persiguen una restauración progresista. La lógica agonista (amigo/enemigo) se creó pensando en la influencia de cierto “príncipe colectivo” hacia la estructura social, no en la relación entre el Estado y la sociedad.
Lo que estamos viviendo probablemente responda a la poca capacidad política de los partidos de autonomizar su reflexión y funcionamiento de aquello que ocurre en la esfera estatal. La falta de política más allá de la administración, dificulta las iniciativas por activar demandas estructurales y ejecutar políticas públicas con protagonismo popular. Ahora, ¿qué sería una demanda estructural en esta disputa?
En términos simples, una demanda estructural es aquella que intenta cambiar elementos de la estructura socio-productiva de la sociedad, el cómo ésta se reproduce. En educación, una demanda estructural, quizás de las más importantes respecto al funcionamiento del sistema educativo, es la subvención por asistencia. Cambiar dicho mecanismo por uno de financiamiento basal ha estado en el corazón del programa progresista desde hace más de 30 años, dado que es ahí donde se realiza el Estado subsidiario en educación y la lógica de mercado que impone a todos los establecimientos, independientemente de su propiedad. Este mecanismo incluso ha sido productor de la matriz cultural neoliberal (Apple, 2005).
Las demandas gremialistas del conflicto en educación obligan un aumento en la inversión en Educación, al mismo tiempo que Chile supera el promedio OCDE de presupuesto orientado a Educación, por lo que la derecha, ante cualquier partida presupuestaria que integre educación, argüirá que no es necesario aumentar el financiamiento, sino que mejorar los mecanismos de inversión para aumentar la eficiencia del gasto. Frente a ello, en este momento, la izquierda no tiene capital para hacerla cambiar de opinión. Es por esto que renunciar a la instalación discursiva del cambio al sistema de financiamiento, es renunciar a las demás demandas mínimas actualmente presentes en el petitorio de asistentes, ya que ellas dependen de la posibilidad de cambiar el registro de la discusión pública hacia posibilidades donde la derecha sí tenga intereses en juego. Naturalmente, las demandas estructurales, al trastocar el sistema socio-productivo, sí afecta los intereses conservadores.
Ideal sería que el movimiento social por la educación, actualmente representado por los asistentes de la educación, sobre todo aquellos de zonas extremas, y los profesores, articulara en conjunto demandas que trasciendan lo gremial y se refieran a la reproducción del sistema educativo neoliberal. Ocurre que, siendo de derecha la dirección de los asistentes de la educación, la salida política del conflicto que se visualiza es el desgaste tanto del gobierno como de los asistentes. Mientras que la dirección de izquierdas del Colegio de Profesores, articula una salida política que hace viable la consecución de algunas de sus demandas, pero renunciando a su posibilidad de apoyar el programa de transformaciones estructurales que se duerme en medio de una crisis de legitimidad que no se va a resolver desde la pura gestión estatal. Ya que, ese nunca ha sido el campo donde tengamos posibilidades de ganar batalla semántica alguna, dado que siendo gobierno estás arriba y no abajo.
La legitimidad se construye desde abajo, con capacidad estatal, algo que el Estado actualmente tiene muy poca. Es necesario aumentar ese poder con participación popular, y apoyar el programa con movilización y acción social.
Referencias
Altman, D., & Luna, J. P. (2012). Introducción: El Estado latinoamericano en su laberinto. Revista de Ciencia Política, 521-543.
Apple, M. (2005). Are Markets in Education Democratic? Neoliberal Globalism, Vouchers, and the Politics of Choice. Counterpoints Magazine, 280(Globalizing education: policies, pedagogies, & politics), 209-230.
Arrate, J., & Ruiz, C. (2020). Génesis y ascenso del socialismo chileno. Una antología hasta 1973. Santiago: LOM.
Fiori, G. (1966). Vitta di Antonio Gramsci. Bari: Editori Laterza.
Infante, B. (2022). Tras la ruptura: hacia un cambio democrático revolucionario. Revista Rosa.
Comité Editorial Revista ROSA (2023). No hay más salida que el conflicto. Revista Rosa.
Benjamín Infante
Profesor de Educación Media, Licenciado en Historia, y Coordinador de la Cooperativa de Unidad Social de Coyhaique.
