Durante los últimos 20 años Irak ha sufrido las consecuencias de la invasión y posterior ocupación militar de Estados Unidos. Tras dos décadas de represión, insurgencia y conflicto sectario, las protestas de 2019 abren la puerta a una salida popular a la crisis estructural.
por Felipe Ramírez
Imagen / Protesta del Partido Comunista de Irak. Fuente: Partido Comunista de Irak.
El 20 de marzo de 2003 la historia de Iraq se detuvo: las tropas de cuatro ejércitos (Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia) inició la invasión del país para derrocar la larga dictadura militar de Saddam Hussein y de su partido Baath, que se había cobrado la vida de miles de comunistas, kurdos, shiíes y suníes moderados durante décadas de represión.
La principal justificación de la invasión fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en manos del régimen baazista, en el marco de la “guerra contra el terrorismo” que el gobierno de George W. Bush lanzó a nivel global después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Vale recordar, que dichas armas nunca existieron.
El resultado de la posterior ocupación estuvo lejos de la prometida democracia: Estados Unidos no tenía ningún plan para el país tras el derrocamiento de Saddam, las primeras medidas apuntaron a la disolución del partido Baath y de las FF.AA. lo que dejó a cientos de miles de personas sin trabajo ni oportunidad de incorporarse al nuevo sistema político, y el régimen instalado sentó las bases de un sistema político sectario y corrupto, y destruyó la economía -privatización salvaje y saqueo de sus riquezas naturales y culturales de por medio-, así como su infraestructura.
Hay que recordar, además, que, a principios del siglo XXI, Irak era un país devastado. Por un lado, la dictadura de Saddam Hussein había destruido la sociabilidad básica en el país mediante una salvaje represión. Por otro, tras la derrota en la primera guerra del Golfo, el aplastamiento de la rebelión de shiíes y kurdos, y las brutales sanciones, el país lamentaba miles de muertos y una sociedad dislocada.
A lo largo de estas dos décadas, Irak ha debido enfrentar numerosos desastres: al saqueo del país se sumó una seguidilla de enfrentamientos sectarios, una larga ocupación militar y la consiguiente insurgencia, sucesivas oleadas de un sangriento conflicto sectario, y el auge y posterior derrota del ISIS, para terminar en un proceso masivo de protestas desde 2019.
A eso se suma el papel geopolítico del país, en medio del conflicto soterrado entre el denominado “Eje de la resistencia” y las fuerzas de la OTAN, y que incluyen junto a Irán, el gobierno sirio y Hezbolá, a una miríada de milicias iraquíes, además de la existencia de decenas de milicias armadas suníes, shiíes, cristinas y turcomanas, además de kurdos.
Pero más allá de lo que podemos denominar como “alta política”, el principal drama de Irak se encuentra en el nivel de vida de su población: décadas de dictadura y de ocupación militar han hecho que las masas trabajadoras del país hayan visto sus condiciones de vida derrumbarse: el acceso a salud y educación, trabajo y también seguridad, son cosas difíciles de obtener en el Irak actual.
Las protestas de 2019 ¿un auge “nacional-popular”?
Si durante todo el período 2003-2019 la clave sectaria-religiosa fue quizás la más relevante a la hora de analizar el conflicto interno en Irak, desde el inicio del actual ciclo de protestas pareciera presentarse una nueva clave que buscaría instalar la demanda “nacional” o “patriótica” a partir de un reclamo por las condiciones de vida de la población.
Así, en octubre de 2019 -de forma similar a sus símiles de Chile, Colombia o Líbano- se generó una ascendente movilización de masas en numerosas ciudades iraquíes, sobre todo en las zonas de población shiíes pero no limitadas a ese segmento religioso, que puso sobre la mesa materias como el desempleo, la corrupción y los malos servicios básicos.
El eje de los manifestantes rápidamente cristalizó en una oposición al sistema político instaurado desde 2003 por Estados Unidos y administrado posteriormente por los partidos, conocido como “Muhasasa”, y que si bien es informal, ha dividido los cargos de gobierno por grupos religiosos y étnicos asegurando aproximadamente el 54% del gabinete a los shiíes, el 24% a los suníes, el 18% a los kurdos y el 4% a minorías como cristianos o turcomanos.
La represión policial a las primeras manifestaciones gatilló un aumento masivo de quienes protestaban, sacudiendo al país con importantes grados de violencia, en particular porque se ha denunciado que junto a la policía participaron grupos paramilitares -como algunos sectores de las Unidades de Movilización Popular, que fueran centrales en el esfuerzo militar para derrotar al ISIS-, graficando el carácter sectario del Estado.
Aunque las protestas han sido acusadas de representar únicamente a la población shií, lo cierto es que han sido transversales. De acuerdo al periodista Shaho Qaradaghi la falta de mayor masividad en zonas suníes se debió a la represión vivida por la población local en los años 2012-13, a lo que se agrega los traumas vividos durante la reciente ocupación del “Estado Islámico”.
Si bien numerosos partidos políticos tradicionales han intentado mostrarse como representantes de las demandas de las manifestaciones, varios de los movimientos que surgieron al calor de las mismas formaron el año pasado la alianza “Fuerzas por el Cambio Democrático”, que agrupa a los partidos Beit al-Watani, Beit al-Iraqi, Tendencia Social Democrática, Nazl Akuth Haqi, Movimiento Democrático “Tishreen”, Wa’ad al-Iraqi y Tendencia Democrática Colectiva, además del histórico Partido Comunista.
Desde el año pasado las FCD han buscado dar expresión política a las aspiraciones de las masas iraquíes buscando un cambio político estructural “mediante métodos pacíficos” para construir un Estado civil y democrático, basado en “la ciudadanía y la justicia social”, como propuesta opuesta a la división sectaria actual.
De todas maneras, las perspectivas electorales de esta nueva alianza son difíciles de predecir, dado el fuerte arraigo de los partidos tradicionales, los importantes intereses geopolíticos en disputa en Irak, y la profunda desorganización heredada luego de la invasión y la ocupación estadounidense, que hoy agrega también la presencia militar turca en el norte del país.
En esa línea, la Séptima Conferencia General del Partido Comunista de Irak, celebrada el pasado mes de febrero de 2023, reiteró que la actual crisis que vive el país tiene un carácter estructural, que debe ser enfrentada a través de una oposición nacional, democrática y popular capaz de movilizar a la población, de manera de reemplazar el actual sistema de cuotas, y que el cambio es el único camino para mejorar las condiciones de vida de la población.
Por su parte, y como una nueva expresión de las dificultades políticas que vive Irak, el sábado 18 de marzo las FCD en conjunto emitieron una declaración rechazando la decisión del Congreso de votar la propuesta de ley electoral, movimiento que condenan como un intento por perpetuar la exclusión política y la marginalización de las voces críticas en el país.
Queda la duda de la capacidad real que tengan estos partidos en instalar un nuevo proyecto político para Irak, que anclado en las necesidades de la población más allá de su comunidad étnica o religiosa, imponga una agenda transformadora centrada en la transformación del país y en el responder a las necesidades urgentes de la población. Dos décadas de muerte, violencia y destrucción, han sido suficiente sufrimiento para el pueblo iraquí, y en las protestas y en los partidos transformadores yace la esperanza del anhelado cambio, la paz, y el bienestar.
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
