En Uruguay, la explosión de conflictividad consiguió detener la caída del salario real en el año 2022. ¿Qué cabe esperar para este año?
por Luis Ibarra
Imagen / Día y Noche, M. C. Escher.
Los conflictos laborales aumentaron en forma extraordinaria durante el año 2022, en Uruguay, poniendo en entredicho a los planes del gobierno. Ya decía Mario Tronti que se debe considerar a la coyuntura como un resultado de la acción de los trabajadores. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las perspectivas para este año? Las hipótesis del 2023 no son un horóscopo. Simplemente tratan de aclarar las alternativas políticas que se abren a partir de la situación existente.
Una conflictividad excepcional
En el año 2022, se perdieron 1.476.516 jornadas de trabajo por conflictos en Uruguay, según la Universidad Católica. La cifra, advierte el informe[1], “se ubica dentro los niveles más altos de los últimos veinte años”.
Esta conflictividad es completamente excepcional no sólo por la cantidad, sino, sobre todo, por el hecho de escapar a los plazos contractuales. Los conflictos de trabajo en el país siguen el ritmo de la negociación colectiva. Se concentran en las rondas de negociación, decaen tras la firma de los convenios y son seguidos por períodos de relativa calma.
Elaborado a partir de datos de la Universidad Católica
En esta ocasión, la conflictividad duplicó a la registrada en la ronda de negociación y ocurrió a pesar de la existencia de convenios colectivos vigentes, que comprometían la paz laboral hasta el mes de julio del año 2023. Si en lugar de comparar la cifra con los máximos de rondas anteriores, como hace el informe, lo hacemos con las situaciones de convenios vigentes, similares a la actual, vemos que no existe nada semejante desde la instalación de los consejos de salarios. El pacto social quedó en entredicho
La concertación conservadora
El gobierno uruguayo había concertado un acuerdo con la central sindical y con las gremiales empresariales en la pandemia. El acuerdo dispuso una baja general de los salarios equivalente a la caída del producto interno bruto. Es ciertamente un compromiso histórico. Nunca en Uruguay una central sindical había acordado una rebaja de salarios con algún gobierno. En contrapartida, el gobierno se comprometió a recuperar gradualmente la pérdida, a partir de la reactivación económica, y llegar al final de su mandato con un nivel de salario real similar al que tenía al comienzo.
La baja de los salarios se justificó por el aumento del desempleo. En realidad, reconoce que la presión del desempleo no es capaz por sí sola de ajustar los salarios en el mercado de trabajo. Cuando los trabajadores están organizados, el capital requiere de mediaciones políticas para proteger a la ganancia.
Una rebaja de salarios disminuye entonces los costos en la misma medida en que caen las ventas, y restablece los márgenes de ganancia de las empresas. El acuerdo, en cambio, excluye un aumento de los salarios equivalente al crecimiento del producto, al reactivarse la economía. Si el producto interno bruto recobró el nivel anterior en el año 2022, los salarios recién lo harían para el 2025. El retraso garantiza una mayor apropiación del crecimiento económico por el capital y permite absorber la recuperación salarial con la disminución de los costos.
Por un lado, el gobierno programa cuidadosamente los ajustes salariales con el fin de conseguir simultáneamente dos fines en apariencia contradictorios, aumentar la ganancia y recuperar los salarios, sin subas de precios. Por otro lado, consejos de salarios integrados por el gobierno, el sindicato y los empresarios, negocian la aplicación de esos lineamientos generales según la situación particular cada grupo de actividad y garantizan la paz laboral.
La coalición de derecha confiaba en recorrer ese estrecho pretil [2] y llegar hasta las elecciones del año 2024 mostrando dos objetivos cumplidos: una inflación dentro de la meta monetaria y un nivel del salario real similar al que existía cinco años atrás.
Pero, lejos de alinearse con las expectativas del gobierno, los astros dispararon en direcciones opuestas. La producción creció rápidamente y disminuyó el desempleo. Sin embargo, la inflación sobrepasó largamente las proyecciones monetarias y la suba de los precios prolongó la caída de los salarios. Quedaron obsoletos los convenios colectivos firmados según la inflación proyectada y se volvieron incapaces de mantener la paz laboral
Fracasó la tentativa de sustraer la reactivación económica a la acción de los trabajadores. La explosión de conflictividad consiguió detener la caída del salario real en el año 2022. ¿Qué cabe esperar para este año?
Las alternativas del 2023
A partir de la nueva coyuntura, se dibujan cursos de acción que apuntan en distintas direcciones.
La reacción de la coalición de derecha pasa reanudar la aplicación de su programa, ahora dentro de plazos más ajustados. El Poder Ejecutivo se dispone a programar los ajustes de salarios por los próximos dos años, con la doble finalidad de conducir la inflación hacia la meta monetaria y de recuperar el nivel del salario real. Cuenta con una colaboración de los sindicatos y las empresas, para aplicar esas pautas por grupos de actividad y asegurar la paz laboral.
La ronda de negociación colectiva del mes de julio adquiere entonces una importancia decisiva, para el gobierno.
En primer lugar, la dispersión de las negociaciones por grupos de actividad dificulta la comunicación de los contenidos y la coordinación de las acciones. Busca evitar que los sindicatos más importantes movilicen a todos los trabajadores contra las pautas del Poder Ejecutivo. Permite, en cambio, a las organizaciones más fuertes acordar mejoras con las empresas y hace depender a los sindicatos más débiles de los lineamientos del gobierno.
Por esta vía, apunta a reencauzar la conflictividad laboral dentro de los plazos contractuales. Una vez acordados, los convenios colectivos aíslan a los trabajadores dentro de cada rama de actividad, convierten al sindicato en un vigilante de la paz laboral y oponen una barrera contra la propagación de las luchas. Si no puede excluir que surjan situaciones conflictivas, procura impedir que se conviertan en un punto de convergencia de todos los trabajadores contra los planes del gobierno.
En conclusión
El extraordinario ciclo de conflictos del año 2022 mostró en los hechos una capacidad de los trabajadores de ir más allá de los planes del gobierno. De la nueva coyuntura política creada, parten cursos de acción que van en direcciones opuestas. La coalición de derecha apunta a restablecer la paz laboral y recobrar el mando sobre los salarios. Como reverso de su estrategia, se revela la otra línea de acción que el gobierno pretende derrotar: una que, a partir de los conflictos, une a los trabajadores, no ya por la imposible recuperación de algo perdido, sino para tomar la iniciativa por sus propias necesidades y deseos.
Un conocido grabado de M. C. Escher puede verse tanto como una bandada de patos blancos que vuela hacia la derecha, rumbo a la noche, o como una bandada de patos negros volando en dirección a la izquierda, hacia la luz del día. También los dos cursos de acción que vimos son parte del mismo cuadro. Depende de la acción de las fuerzas presentes que el resultado lleve hacia una u otra alternativa.
Notas
[1] Universidad Católica de Uruguay, “Informe de conflictividad laboral. Las relaciones laborales en el 2022 y perspectivas para 2023”.
[2] Luis Ibarra, “Uruguay: La fina cornisa de una concertación conservadora”, Sin permiso, https://www.sinpermiso.info/textos/uruguay-la-fina-cornisa-de-una-concertacion-conservadora
Luis Ibarra
Licenciado en Ciencia Política y magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Trabaja como docente en la Universidad de la República, Uruguay.
