No se puede decretar el fin de un proceso cuando estamos justamente cabalgando sobre un primer ciclo de movilizaciones populares que se ha iniciado tal como hace doscientos años se realizaron una serie de “ensayos constitucionales” en algo que la historiografía conservadora llamó “la Anarquía”. Hemos de recobrar el significado profundo de un pueblo que se moviliza, no desde la confrontación directa que nos llevaría a una guerra civil, sino desde la confluencia de los movimientos sociales que pugnan por la defensa de nuestros derechos, desde el feminismo que ha conquistado el derecho a voto de las mujeres en este suelo sólo hace 70 años y la protección de la representación política de los pueblos originarios que recién constatamos con este último proceso constituyente. A diferencia de lo ocurrido en los primeros años de la República, esta vez el pueblo no aceptará que por la vía de las armas se imponga el orden de Portales y del capital financiero. Si algo nos ha enseñado este proceso constituyente es la potencia de este “nuevo” Chile que busca alcanzar un alto estándar en protección de derechos, derechos que han sido conculcados en pos de un desarrollo económico que beneficia a la minoría de la población y que hasta ahora detenta el poder político.
por Nicolás Morales Sáez
Imagen / Marcha por una vivienda digna, agosto 2022, Santiago, Chile. Fotografía de Paulo Slachevsky
¿Venció el miedo a la esperanza? No, sólo la hace replegarse tras un incuestionable triunfo de la opción “Rechazo” a la propuesta del primer borrador de nueva Constitución Política. En estas líneas no pretendo responder al por qué de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, ya que se requeriría de un estudio previo para tal fin. Más bien, me sumerjo en un mar de memorias que me rondan en torno a qué nos dice del país en que vivimos, y qué procesos históricos de largo alcance se entretejen en nuestras pisadas.
La primera imagen que me ronda es la del repliegue del pueblo ante la reprimenda de la clase patronal. Una semana antes del plebiscito de salida presenciamos una imagen de otra época: hombres con traje de jutre (patrón de fundo) “palomeando rotos”. En la principal avenida de Santiago un grupo de carretoneros del sector por el “Rechazo” atropellaba ciclistas por el “Apruebo” y un jinete con poncho laceaba a sus anchas a quienes defendían a los ciclistas heridos. ¿Qué nos dice esta escena desde la memoria histórica de la represión sobre la sociedad campesina previa al golpe de Estado de 1973? Basta recordar el genocidio de los campesinos que se organizaron en la Reforma Agraria y que forman parte de los detenidos desaparecidos en Paine, Lonquén y en muchas otras comunidades de este país. Las secuelas a largo plazo de la represión política operan de forma colectiva en un proceso que llamamos “trauma social” justamente por su dimensión grupal, que remite a la historia en común, a los miedos y a los silencios ante la violencia que acaeció tras los procesos democratizadores de la sociedad chilena a fines de los sesenta y durante la Unidad Popular. La campaña del miedo que extendió el sector del “Rechazo” se caracterizó por apelar a mentiras respecto de la posible pérdida de la propiedad de la vivienda y de los fondos previsionales, entre otros. Y justamente estamos en medio de una gran crisis económica que acrecienta la incertidumbre y los miedos sobre el futuro.
La segunda imagen surge de observar la fuerza magmática que emergió en Octubre de 2019 y contrastarla con el apresurado funeral que se pretende realizar respecto del movimiento social y popular que generó el antecedente inmediato para este proceso constituyente. Si bien este primer borrador de Constitución ha sido rechazado ayer, esto no implica la clausura de este movimiento. No se puede decretar el fin de un proceso cuando estamos justamente cabalgando sobre un primer ciclo de movilizaciones populares que se ha iniciado tal como hace doscientos años se realizaron una serie de “ensayos constitucionales” en algo que la historiografía conservadora llamó “la Anarquía”. Hemos de recobrar el significado profundo de un pueblo que se moviliza, no desde la confrontación directa que nos llevaría a una guerra civil, sino desde la confluencia de los movimientos sociales que pugnan por la defensa de nuestros derechos, desde el feminismo que ha conquistado el derecho a voto de las mujeres en este suelo sólo hace 70 años y la protección de la representación política de los pueblos originarios que recién constatamos con este último proceso constituyente. A diferencia de lo ocurrido en los primeros años de la República, esta vez el pueblo no aceptará que por la vía de las armas se imponga el orden de Portales y del capital financiero. Si algo nos ha enseñado este proceso constituyente es la potencia de este “nuevo” Chile que busca alcanzar un alto estándar en protección de derechos, derechos que han sido conculcados en pos de un desarrollo económico que beneficia a la minoría de la población y que hasta ahora detenta el poder político.
En estos últimos 50 años hemos vivido las consecuencias de la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. La impunidad es uno de las principales perpetuadores del “trauma social”, y sus efectos involucran a las siguientes generaciones no por un fenómeno estrictamente individual que remita a las familias de las víctimas. Hablamos también de la participación de “civiles” en las delaciones y persecuciones políticas, en las justificaciones de la violencia en dictadura y de los “cómplices pasivos” en la derecha chilena. Aún hoy los criminales tienen su “red de protección”, cuentan con privilegios carcelarios, los hay prófugos de la justicia, y muchos otros aún siquiera han sido procesados. Por el caso de Paine recién este año la Corte Suprema condenó a 10 funcionarios del Ejército como autores del homicidio calificado de 38 personas y a un Carabinero por el secuestro calificado de dos víctimas. La “impunidad biológica” ha implicado el fallecimiento sin sanción penal de muchos perpetradores y sus cómplices, así como la muerte de madres y esposas de los detenidos desaparecidos antes de alcanzar un mínimo de justicia.
La impunidad también impera sobre los caídos y los sobrevivientes de la violencia estatal desde Octubre de 2019, salvo excepciones. Aún tenemos compañeros y compañeras presos desde entonces y no se vislumbra una salida cercana. Este gobierno aún le otorga la dirección de la policía uniformada a un general de Carabineros responsable de cientos de personas mutiladas y con lesiones de trauma ocular que reclaman un apoyo deficitario a su recuperación. Al mismo general le comanda las operaciones bajo Estado de Emergencia en el sur de Chile, que en los medios de comunicación suelen llamar la “macrozona sur” reproduciendo la jerga militar.
Otra impunidad más antigua también campea hoy en este territorio, la nación llamada Chile ha sido construida sobre el despojo de la vida, los territorios y las memorias de los pueblos originarios. El fantasma de la “plurinacionalidad” hoy parece difuminarse en los paneles televisados que solazan los emblemas patrios. La educación colonial que hemos padecido recrudece hoy ad portas de las fiestas patrias, para reforzar una unidad nacional que nunca estuvo en riesgo como afirma el sector del “Rechazo”.
¿Padece este país de un “Síndrome de Estocolmo”? Tampoco hay tal cosa. No se puede reducir un país a un fenómeno individual, así como no es adecuado simplificar el análisis al grado de psicologizar fenómenos sociales. Y si bien puede encarnarse en sujetos que dentro de las propias familias de las víctimas pueden contar a una hija y nieta identificada con el bando opresor, también se expresa de forma grupal en la negación de la diferencia, en la sorna contra las manifestaciones culturales propias de los pueblos originarios, y en el rechazo de colectivos marginalizados por razones de pertenencia de clase, etnia, género, orientación sexo-afectiva y nacionalidad. El “trauma social”, entonces, nos remite a un fenómeno complejo, cultural e histórico, que requiere ser abordado como tal.