Pregunta obligada es cómo un gobierno con una ideología autonomista termina aplicando una ley especial, cuyo único fin es la represión de carácter político (fue la ley que terminó con Alejandra Matus como la primera exiliada de la democracia chilena), a un sujeto cuya agencia política está sustentada en el mismo discurso teórico-político público que enarbola no sólo ya un intelectual (¿orgánico?) del frenteamplismo, sino también en el pasado el propio presidente, quien el 16 de octubre de 2021 declaraba que “la militarización de La Araucanía sólo va a traer más violencia”. Me parece que esta disociación produce efectos devastadores en la subjetividad de izquierda, porque si bien al nivel práctico de la llamada realpolitik y el “maquiavelismo fruna” del muñequeo parlamentario un cambio de opinión puede ser admitido, la vivencia de estos meses ha sido un travestismo de los conceptos, una capitulación de los principios teóricos. Pasó con los “retiros”, donde surgieron discursos perfectamente monetaristas para contener la inflación, se repitió con los estados de excepción en el sur y ahora con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior a Héctor Llaitul.
por Claudio Aguayo Bórquez
Imagen / Artesanía mapuche, Museo de Artesanía Chilena. Fuente.
“Siempre hemos mirado la conquista de Arauco como la solución del gran problema de la colonización y del progreso de Chile,
y recordamos haber dicho con tal motivo que ni brazos ni poblamiento es lo que el país necesita para su engrandecimiento industrial y político, sino territorios,
y esta es sin duda una de las fases más importantes de esta gran cuestión nacional”
El Mercurio de Valparaíso, 24 de mayo de 1859
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El 22 de junio del presente año la CONADI restituyó 172 hectáreas a algunas comunidades mapuche en el sur. Parece una suma importante para un pequeño agricultor que trabaja dos, tres, cuatro hectáreas: pero asumida la cifra en su globalidad, cabe decir que, más allá de las buenas intenciones, constituyen una migaja. Las plantaciones forestales en Chile representan 2,3 millones de hectáreas. Sólo la forestal Mininco, de propiedad de la familia Matte, posee más de 700 mil hectáreas de terrenos acumulados en una disputa constante con comunidades mapuche. Múltiples, centenas de fundos—algunos de ellos de más de 1600 hectáreas—son parte de reclamaciones históricas de diferentes comunidades. También, Mininco se arroga—y ejerce—derechos territoriales sobre humedales, cerros, sitios de memoria y centros ceremoniales de las comunidades mapuche en el sur de Chile. Lo mismo sucede con grandes mineras e hidroeléctricas instaladas al sur del Biobío.
En 2012, Héctor Llaitul explicaba: “las empresas que tienen concesiones para la extracción de minerales han hecho un sin fin de artimañas para obtener los permisos de manera lo más reservada posible con el beneplácito de las autoridades: se trata de hechos catastróficos en lo que al ambiente natural se refiere”. La actividad forestal, hidroeléctrica y minera habría destruido, dice Llaitul, “la morada del Ngen Kintuante, en la rivera del río Pilmaiken, los distintos ngen mapu de esa territorialidad como Wenteyao”, etc. Se trata, en otros términos, de una actividad extractivista incesante, posibilitada por el apoyo de las distintas configuraciones estatales de la república en Chile desde 1883, con la refundación de la ciudad de Villarrica.
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En 2022 el sociólogo Simón Ramírez publicó su libro El gran ensayo, donde pretende establecer una lectura sobre el neoliberalismo chileno y, de paso, invocar algunas soluciones para lo que él llama su “desmonte” que sería irrealizable “de un plumazo”, que necesitaría los gradualismos asegurados del paso a paso y el “palmo a palmo”. Dejo de lado mis discrepancias epistemológicas con el libro, que utiliza la obra de los filósofos foucaultianos Dardot y Laval para explicar el concepto de “neoliberalismo”—recuperando, contradictoriamente, el concepto de “acumulación por desposesión” del geógrafo norteamericano David Harvey. Me interesa destacar más bien un dato tangencial, pero que se vuelve importante: Simón Ramírez es un intelectual del frenteamplismo. Alto funcionario de gobierno y militante del partido del presidente, Convergencia Social. No lo digo porque ello constituya un obstáculo, sino porque me ayuda a retratar el tipo de disociación en el que estamos imbricados en la coyuntura actual.
En su libro, Ramírez favorece una distinción rigurosa entre el concepto de acumulación originaria de Marx y el concepto de acumulación por desposesión: “el origen del capitalismo puede acontecer por una sola vez”, escribe. Creo que el autor no entiende lo que dice—porque de hecho no hay un solo tipo de capitalismo, lo que impide una única génesis ubicable en términos estrictamente históricos—pero tiene razón en torno a la historicidad de la acumulación primitiva u originaria: constituye el punto de partida de un proceso de extracción y privatización, de desposesión de las comunidades y de despojo de grandes masas de territorio y riquezas para convertirlas en medios de producción privados de la clase capitalista. Mi punto es que lo que describe un alto funcionario de gobierno, con una prosa probablemente leída y legitimada por sus pares políticos, contribuyente a la configuración de un discurso político oficialista: y que es de hecho una transmutación teórica de lo mismo que Llaitul señaló en 2012 como “liquidación del pueblo mapuche, expoliación del territorio, desplazamiento forzado y exilio”. Si se asume radicalmente la tesis de la acumulación primitiva lo que está detrás del conflicto entre Llaitul, su discurso político (“política autonomista”, “recuperación del territorio”, “reconstrucción del pueblo mapuche” en sus propios términos), es precisamente la forma más evidente, más viva, más sobredeterminada de la contradicción entre acumulación primitiva y comunidad territorial—algo que Ramírez también hace suyo en el libro: sin ir más lejos su proyecto abstracto es la reconstrucción de lo común.
Pregunta obligada es cómo un gobierno con una ideología autonomista termina aplicando una ley especial, cuyo único fin es la represión de carácter político (fue la ley que terminó con Alejandra Matus como la primera exiliada de la democracia chilena), a un sujeto cuya agencia política está sustentada en el mismo discurso teórico-político público que enarbola no sólo ya un intelectual (¿orgánico?) del frenteamplismo, sino también en el pasado el propio presidente, quien el 16 de octubre de 2021 declaraba que “la militarización de La Araucanía sólo va a traer más violencia”. Me parece que esta disociación produce efectos devastadores en la subjetividad de izquierda, porque si bien al nivel práctico de la llamada realpolitik y el “maquiavelismo fruna” del muñequeo parlamentario un cambio de opinión puede ser admitido, la vivencia de estos meses ha sido un travestismo de los conceptos, una capitulación de los principios teóricos. Pasó con los “retiros”, donde surgieron discursos perfectamente monetaristas para contener la inflación, se repitió con los estados de excepción en el sur y ahora con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior a Héctor Llaitul.
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Esta disociación, sin embargo, no se soluciona con un mapuchismo de izquierda que no asume la condición ambivalente de la identidad chilena, la imposibilidad de hacer coincidir los ideales de una ciudadanía democrática y emancipatoria en Chile con los ideales de la recuperación territorial y la reconstrucción de la nación mapuche emulados por Llaitul y su organización. El mapuchismo como ideología casi siempre recubre una falta propia: la condición proyectiva de la “causa mapuche” no puede reemplazar la trágica ausencia de un camino autónomo por parte de la izquierda—y las clases que dice representar—la pérdida de una conceptualidad propia y de una estrategia que no sea la del inmovilismo negativo y melancólico.
Cuando en mayo de 2021 la periodista Mónica González entrevistó a Llaitul, toda la opinología de izquierda y algunos de los dirigentes públicos del actual gobierno celebraron su serenidad y claridad política. ¿Explica la pura realpolitik el desplazamiento?, ¿o hay más bien elementos adicionales que considerar en esta mutación?
Es inevitable que surja la pregunta por la pertinencia y el alcance de nuestros valores universales. En un texto sobre la relación entre fascismo y universalismo, el filósofo francés Etienne Balibar enuncia un principio claro: evitar todas las simetrías. La relación entre los universales emancipatorios y los deseos de orden de los que se nutre el fascismo debe permanecer como una de asimetría profunda y de incompatibilidad. El fascismo, explica Balibar, debe su emergencia a la exclusión de los desamparados, surge sobre una violencia de los que están abrumados por la devastación de sus espacios de vida, y se nutre de un desafío nihilista a los universales de la justicia, de la emancipación, y del antiparlamentarismo que “es su fondo de comercio”. Aun así—y este es el desafío—por más que el fascismo contenga en su génesis y desarrollo “deseos de orden” y “desafíos nihilistas” al poder genuinamente populares, surgidos de los barrios de desamparados y excluidos, cualquier relación simétrica con sus contenidos involucra el peligro de una derechización prematura de las fuerzas emancipatorias.
El arresto de Llaitul representa este tipo de simetría, la tentativa de asimilar el deseo de orden asumido por segmentos sociales conservadores en la agenda política del gobierno. Después de décadas reclamando por su libertad, de cientos de marchas exigiendo el fin de la Ley de Seguridad Interior del Estado, se ha hecho un daño al universalismo de la izquierda. Un tipo de debacle en el que ya no somos capaces de reconocernos en las ideas de lo justo, en la universalidad de nuestros propios enunciados cuando cuestionamos el fin a la militarización del Walmapu o la libertad de los presos políticos—lo que al mismo tiempo deja un saldo de afectos tristes, toda vez que se cree que las tácticas del enemigo son neutrales, y que pueden también servirnos. En términos spinozistas, la utilización de este arresto, del contenido de llamadas telefónicas privadas, y finalmente lo denostación pública de Llaitul (un indio radicalizado que no entiende la política) por los antiguos defensores de su causa, es una disminución de la potencia de obrar de la izquierda, un descalabro afectivo.
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¿Por qué circuló entonces, y sigue circulando, la bandera mapuche, la wenufoye, por todas las marchas del estallido, por las campañas del apruebo de entrada y de salida, por el triunfo de Gabriel Boric?, ¿qué significa esta bandera para capas sociales confiadas en su acción política, en el poder de su voto, grupos de profesionales y sectores ascendentes? Y sobretodo, ¿qué significa para la nueva izquierda ñuñoína que ha conquistado el gobierno a mazazos de centrismo y realpolitik gradualista?
Después de la “pacificación” de La Araucanía muchos intelectuales intentaron reorganizar el imaginario social de la identidad chilena para lidiar con el evento traumático de haber expoliado a la población mapuche al sur del Biobío. Surgió entonces la doble leyenda de la “raza chilena” constituida a partir de la unión de los españoles con una raza guerrera—el comandante en jefe Indalicio Téllez llegó a decir “raza militar” en un opúsculo de 1940—y de la historia de Arauco como origen guerrero de la chilenidad. Se trataba de ocultar a los mapuche reales. Estatuas de Lautaro con rasgos caucásicos. Nombres de caciques para comandos especiales de la DINA. Este esfuerzo de incorporación dio resultados: la presencia de lo araucano en la identidad chilena pudo convivir perfectamente con un racismo y un antimapuchismo rabioso. El significante araucano quedaba enterrado en lo más hondo de la chilenidad. Me pregunto si, habida la situación actual, de nuevo la circulación de la wenufoye y la transmutación del mapuchismo de izquierda en una justificación insólita de la prisión política, no constituye un nuevo tipo de incorporación. Una incorporación neoliberal “Mininco” que sólo acepta lo mapuche ahí donde es funcional al gradualismo de la izquierda y las clases medias—con la wenufoye haciéndolas de estandarte identitario de la revuelta santiaguina y el gobierno de las “grandes transformaciones”, atascado en una catástrofe estratégica
