Teniendo en consideración estos elementos, me arriesgo a decir que independiente del debate sobre el papel de los retiros en la inflación o de la crítica “moral” que se puede hacer a algunos parlamentarios por oponerse a este retiro y no a los anteriores, la situación actual hace indispensable rechazar este proyecto y otros futuros que se puedan presentar, evidenciando aún más el error que significó plantear la posibilidad de un retiro parcial. El desafío del gobierno radica más bien en impulsar la recuperación de la economía en el corto plazo y con ello la del empleo, mientras la izquierda debe fortalecer la lucha por mejorar la distribución de la riqueza. Ahí su despliegue a nivel sindical es estratégico, al igual que el trabajo ligado al debate Constitucional y la posibilidad de que el Estado cumpla un papel más activo en el proceso productivo a futuro, partiendo por la persecución de la colusión empresarial.
por Felipe Ramírez
Imagen / Billetes emitidos por el Banco de Reserva de Zimbabwe entre julio 2007 y julio 2008, un período de hiperinflación, 2 de enero 2009, Zimbabwe. Fuente.
Durante las últimas semanas se ha desarrollado una a veces muy desordenada discusión en la izquierda, a partir de un nuevo proyecto para un retiro de fondos de pensiones rechazado de manera clara por el gobierno, pero defendido por algunos de sus aliados e incluso por algunos opositores, incluidos algunos en la derecha que abogan por un “retiro del 100%”.
El debate ha abarcado distintas aristas, pero hay algunos elementos clave que es necesario despejar. En primer lugar, pareciera haber un consenso en que todos los retiros fueron una “mala política pública” que se debió adoptar ante la desidia de la derecha –en el Congreso y en el gobierno– que se negó a ir en ayuda de la ciudadanía hasta que era demasiado tarde.
En segundo lugar, que el reforzamiento de la lógica individualista detrás de los retiros no sólo permitió que la peor crisis económica en décadas terminara siendo pagada por las y los trabajadores con sus fondos de retiro (en una medida intrínsecamente injusta, ya que “cada uno se rascó con sus propias uñas”, afectando gravemente sus pensiones mientras las grandes empresas acumulaban ganancias históricas), sino que además torna cada vez más difícil defender la introducción de mecanismos de reparto solidario en una futura reforma previsional.
Lamentablemente, nada de ello ha impedido que la izquierda se enfrasque en una lucha fratricida por el quinto –en realidad cuarto– retiro previsional, mientras un segmento de la población reclama la posibilidad de echar mano a sus fondos de retiro con distintas explicaciones: pagar deudas, comprar bienes o servicios (urgentes o no), hacer frente a alguna enfermedad, o sencillamente con que “es su dinero”.
Lo cierto es que tal como lo explicara la semana pasada el ministro Mario Marcel en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, la situación económica muestra índices de una lenta recuperación, con una mejora tanto del IMACEC (de un -13% para el primer retiro a un 6,5% en la actualidad), como de la tasa de ocupación (que subió de un 45% a un 55% en el mismo período), e incluso en la recuperación de 349 mil empleos formales de los 420 mil perdidos para el momento del primer retiro, habiendo empeorado sólo la inflación, que pasó de un 2,5% a un 9,4%, con previsiones de que continúe aumentando hasta julio o agosto del presente año[1].
Por lo mismo, con la situación de emergencia en lo que pareciera ser el inicio de su retroceso –y bajo el supuesto de que no se podrá solucionar las deficiencias estructurales del actual modelo económico, menos en un contexto de crisis local e internacional, con medidas excepcionales como un retiro–, la agenda del gobierno ha apuntado con las 21 medidas económicas del “Plan Chile Ayuda” tanto a la contención de los precios que más golpean a los más pobres en ítems como los combustibles o el transporte colectivo, como a la generación de mecanismos que permitan fomentar el empleo de manera de reincorporar a sectores como mujeres y jóvenes a la economía formal.
¿Significa esto que el gobierno no debe continuar pensando en formas de apoyar a la población ante situaciones de emergencia? Por supuesto que no, pero implica reconocer una situación clave que marca el despliegue del gobierno: la derrota que Apruebo Dignidad sufriera en la última elección parlamentaria generó una correlación de fuerzas en el Parlamento que ha condicionado la posibilidad de impulsar una agenda de amplias transformaciones, forzándonos a llegar a acuerdos con distintos sectores de la centro-izquierda, lo que se ha traducido en una posición precaria del Ejecutivo.
Esto, sumado a la crisis económica, a la guerra en Ucrania y a que las consecuencias de la crisis sanitaria global continúan sintiéndose en términos de las cadenas de suministros, hace que el gobierno deba avanzar con sumo cuidado si quiere lograr cumplir con sus compromisos transformadores y sentar las bases para futuros cambios, sobre todo una vez que, esperamos, se logre un triunfo en el plebiscito constitucional de salida.
¿Qué tiene que ver esto con el quinto retiro? Mucho, y si bien el componente económico es importante y se ha reiterado estos días, hay quizás una razón política que debe plantearse antes: un nuevo retiro hará más difícil aún la realización de la ansiada reforma previsional, tanto en un plano ideológico –continuar reforzando la lógica individual de los fondos de pensiones– como práctico: si hay pocos fondos o si gran parte de la población queda con sus actuales cuentas vacías, más cara saldrá una reforma, llegando incluso a la posibilidad de que sea imposible.
Los retiros, por lo tanto, no dañan al sistema de AFP, por el contrario, permiten que se proyecte en el tiempo a pesar de todas las críticas que han acumulado. De hecho, de acuerdo con la misma exposición ya comentada del ministro Marcel, las administradoras han acumulado enormes ganancias por cada retiro de 10% que se ha realizado, al liberarse cientos de millones de dólares por concepto de encaje, que se suman a sus propias utilidades, que no se relacionan con la rentabilidad de los fondos si no con las cotizaciones. Pero esta lectura no es sólo del gobierno, porque en la misma línea, la Fundación SOL explicó que la política general de retiros de fondos previsionales –incluido el retiro parcial del gobierno– ha ido en directo beneficio del capital financiero, perjudicando además al ahorro previsional.
Otro elemento político –y al mismo tiempo económico– que hay que tener en cuenta, es que la subida de tasas de interés provocada por la inflación ha generado un encarecimiento de la capacidad del Estado para endeudarse, el que además deberá gastar más de su presupuesto para hacer frente a su deuda, haciendo muy difícil contar con recursos para futuras inversiones en proyectos del gobierno ya sea para elevar la Pensión Garantizada Universal, o para impulsar iniciativas en el plano económico y productivo.
Es precisamente por ello que el proyecto de quinto retiro acotado que anunciara el gobierno representa un error político. No sólo no dejó contento a nadie, ya que por un lado pareciera representar una “quitada de piso” a la posición de Hacienda de rechazar un nuevo retiro, y por el otro no satisfizo la demanda de quienes quieren un retiro “sin condiciones”. La medida acusa, además, la débil posición del Ejecutivo, a pesar de lo sólido de los argumentos que puede esgrimir para rechazar la iniciativa.
En este punto conviene comentar brevemente la intensa discusión que se ha generado sobre la inflación. Si bien existe debate sobre el grado de impacto que tuvieron los retiros en el aumento de ésta –mientras el Banco Central calcula que representó cerca de la mitad de la inflación[2], un estudio de Ramón López y Kevin Sepúlveda lo limita a un tercio[3]–, lo cierto es que hay cifras que se deben tener en consideración: entre ayudas directas del Estado[4] y retiros de fondos previsionales[5] se inyectaron a la economía casi 80 mil millones de dólares, más que el monto del presupuesto del Estado, o lo que es lo mismo casi un tercio del PIB, gran parte de lo cual se fue a consumo tal como lo muestran los siguientes gráficos elaborados por el Banco Central:
En el primer gráfico podemos observar una comparación entre la inflación del cuarto trimestre de 2021 y del mismo trimestre en 2020, con un aumento concentrado en el salto sufrido por la demanda (segmento rojo), aunque afectado también por el tipo de cambio y factores externos.
En el segundo cuadro, se compara las ventas minoristas en 2021 con 2020 y 2019, observándose un salto importante en la demanda tras cada uno de los retiros (en color amarillo), llegando a niveles mucho más altos que los años anteriores.
Pero eso no es todo. De acuerdo con el siguiente gráfico elaborado por el Banco Central, por cada peso de sueldos que se perdieron durante la pandemia, se entregaron al menos 4 o más en formas de ayuda ya sea por los retiros desde las AFP (fuente principal) como a través del IFE (en color rojo), superando con creces las pérdidas registradas en los ingresos:
Es cierto que un quinto retiro no tendría el mismo impacto en términos de demanda, ya que la población más pobre simplemente ya no tiene fondos por retirar. Quienes puedan retirar será la población con más recursos, que muchas veces no gasta esos fondos en consumo. No obstante, de acuerdo con la presentación del ministro Marcel, la presión inflacionaria provendría de su impacto en el tipo de cambio, pudiendo subir cinco puntos porcentuales durante los próximos meses debido a ese factor.
Cabe considerar que es posible que haya nuevas presiones inflacionarias producto ya sea por la guerra en Ucrania, o por las dificultades que se mantendrán en las cadenas de suministro a nivel internacional, que pueden empeorar por las medidas de restricción impuestas en Shanghai por el gobierno chino por un agresivo brote de Covid en la ciudad de 26 millones de personas, lo que tiene a cientos de barcos sin poder acceder a su puerto.
Teniendo en consideración estos elementos, me arriesgo a decir que independiente del debate sobre el papel de los retiros en la inflación o de la crítica “moral” que se puede hacer a algunos parlamentarios por oponerse a este retiro y no a los anteriores -lo que no quiere decir que el apoyo al cuarto retiro por integrantes de la bancada de Apruebo Dignidad no haya sido un error, al contrario, el rechazo a esa medida debió haber sido claro ya en ese momento-, la situación actual hace indispensable rechazar este proyecto y otros futuros que se puedan presentar para despejar la mayor cantidad de factores que compliquen el escenario, algo que no hace más que evidenciar más el error que significó plantear la posibilidad de un retiro parcial.
El desafío del gobierno radica más bien en impulsar la recuperación de la economía en el corto plazo y con ello la del empleo, mientras la izquierda debe fortalecer la lucha por mejorar la distribución de la riqueza. Ahí su despliegue a nivel sindical es estratégico, al igual que el trabajo ligado al debate Constitucional y la posibilidad de que el Estado cumpla un papel más activo en el proceso productivo a futuro, partiendo por la persecución de la colusión empresarial[1].
Junto con ello, se pueden generar planes de emergencia específicos para hacer frente a urgencias particulares: deudas médicas que agobien a las familias, el pago de créditos hipotecarios, bonos o apoyos específicos por tiempos acotados para quienes estén cesantes y que estén ligados a la búsqueda de trabajo, entre otras. Es importante también que La Moneda aclare pronto en qué consistirá la reforma previsional y qué se necesitará para asegurar su éxito, de manera de aclarar a la ciudadanía lo que sucederá con los fondos de pensiones que aún quedan.
El actual gobierno enfrenta condiciones extremadamente complejas a nivel económico y político, en términos nacionales e internacionales. El entorno torna muy fácil que las reformas planteadas queden olvidadas en un rincón. Urge, por lo mismo, ser capaces de definir algunos elementos específicos que logremos sacar adelante en estos cuatro años de manera de sentar bases para una nueva administración, que cuente con mejores condiciones, mayor solidez política, y una mejor correlación de fuerzas a nivel parlamentario. Un salario mínimo más lejano a la línea de la pobreza, una inflación bajo control, detener el narcotráfico y el crimen organizado, el Banco del Desarrollo, la posibilidad de iniciar una diversificación de la matriz productiva, son sólo algunas de las ideas que pueden abrirnos ese camino.
Notas
[1] Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=UwsYZ9fWUE8
[2] Disponible en: https://www.bcentral.cl/documents/33528/3314166/Relevancia+de+los+factores+globales+y+locales+en+la+inflación.pdf/7d18b511-2114-85d1-34d7-692b5e67463a?t=1639568287020
[3] Disponible en: https://econ.uchile.cl/es/publicacion/Cual-es-el-efecto-de-shocks-de-demanda-interna-sobre-la-inflaci%C3%B3n-en-una-economia-pequena-y-abierta-Chile-2000-2021
[4] Disponible en: https://www.lanacion.cl/gobierno-ayudas-durante-la-pandemia-llegaron-a-los-us30-mil-millones/?fbclid=IwAR0Ji0GjfwPRhCS1nPY_MltCB66NPN7DaL3R-sNg06lRhb1GINlDqQheJKE
[5] Disponible en: https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-14562.html?fbclid=IwAR1WiQ92NVoDy9AIt8kIB7gnszzG_D6lzj2jU1CD_ADxpUW1B8HbfC5w4zo
[6] En algún momento apareció en redes sociales la idea de establecer controles de precios. Más allá de que sea una medida que difícilmente se pueda implementar con éxito sin que degenere en mercado negro y/o despidos, la posibilidad de reflexionar sobre controles “estratégicos” o localizados se puede trabajar. Dos textos interesantes en esa línea son los siguientes: “Price Controls: How the U.S. Has Used Them and How They Can Help Shape Industries”, del Roosevelt Institute, y “¿Podrían los controles de precios estratégicos ayudar a combatir la inflación?”, una columna de Isabella Weber en The Guardian traducida por el Centro de Investigación Político Social del Trabajo (CIPSTRA).
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).