Los burdos eslóganes nacionalistas levantados en Iquique son la otra cara de la actitud que el gobierno demostró no sólo frente a los mismos migrantes y la población de Iquique durante toda esta crisis, sino también durante la pandemia: mientras atacan al más débil, los que en la crisis económica más fuerte de las últimas décadas nos decían que podíamos vivir con bonos de 65 mil pesos y que no fuéramos flojos, que no querían que nos acostumbráramos a vivir “del Estado”.
por Felipe Ramírez
Imagen / Cartel por una nueva ley migratoria, 2019, Chile. Fotografía de Felipe y Jairo Castilla.
Los hechos de Iquique el 25 de septiembre pasado son una vergüenza para todo el país, y sobre todo la izquierda y las organizaciones sociales deben reaccionar de manera contundente contra esta muestra patente de violencia xenófoba y anti-popular.
La imagen de uno de los miles de manifestantes -cinco mil dicen los medios- lanzando a una gran hoguera el coche de una guagua ya llegó a la prensa internacional, dando cuenta de la brutalidad e inhumanidad a la que pueden llegar algunas personas, y deja en claro un peligro de estos tiempos de crisis: el fascismo está mucho más cerca de lo que pensábamos.
Algunos han salido en defensa de las personas que protagonizaron estos incidentes argumentando la innegable crisis que se vive en la zona, la violencia, el narcotráfico, y el aumento explosivo de inmigrantes que entran al país de forma irregular a través de la frontera. Incluso, algunos han llegado a defender a las 3 o 4 mil personas que marcharon asegurando que el objetivo habría sido el gobierno central y su inacción, y no los migrantes agredidos, a pesar de que el lema era “No más migrantes”, y los gritos y acciones apuntaron contra ellos y no contra el gobierno.
Lo cierto es que, ante una clara situación de crisis, el sábado vimos la peor postal de todas: gente pobre atacando a gente más pobre, mientras el gobierno, que es el encargado de velar por los derechos e intereses de todos los involucrados, miraba desde lejos y se frotaba las manos ante un hecho que perfectamente podrían creer que les puede dar réditos electorales.
¿Cómo manejamos una situación como esta? Resulta claro que no es simple enfrentar una migración masiva como la que hemos estado viendo en el norte del país, otros países más ricos también han tenido dificultades en situaciones similares y en todos han existido brotes de posiciones fascistoides -En Alemania el partido de extrema derecha AfD incluso alcanzó el parlamento sustentado en posiciones antimigrantes-, pero el tamaño del desafío no disminuye la urgencia de enfrentar las distintas aristas del problema.
En primer lugar, el cierre de filas en contra de la violencia fascista debe ser total y rápido. Es injustificable que ante una crisis de este tipo la reacción apuntes al actor más débil de toda la ecuación, cuando las responsabilidades ejecutivas y políticas residen en La Moneda. Incluso cuando entre los migrantes efectivamente haya delincuentes o narcotraficantes, lo cierto es que corresponderían a una minoría, y es labor de las fuerzas de seguridad identificarlos y lidiar con ellos de acuerdo con las leyes vigentes.
Pero la violencia proto-fascista no es nueva en nuestro país: el año pasado lo pudimos ver en Curacautín y Victoria, donde comuneros mapuche que se habían tomado las municipalidades de ambas localidades fueron violentamente atacados entre gritos y consignas racistas. En ese momento fueron mapuche, hoy son los migrantes las víctimas de los ataques de un sector de la sociedad que cree que atacándolos a ellos podrán resolver sus problemas.
Utilizar a los más débiles como chivos expiatorios es una vieja táctica del poder para desviar la atención de la gente afectada por una crisis, sin ir más lejos, en las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, la persecución de migrantes forma parte de la propaganda electoral, y sostenida en los mismos prejuicios raciales presentes en la Araucanía o en el norte de Chile. Así, cada vez que un régimen se ha visto amenazado por la acumulación de tensiones que no podía procesar, recurría al odio nacionalista para mantenerse sin afectar el diseño de privilegios y desigualdades que se sostienen en sus gobiernos.
En este sentido, vale la pena recordar que fue precisamente el gobierno de Piñera el que en febrero de 2019 elaboró un diseño que llevó al mandatario a hacer el ridículo a la frontera entre Colombia y Venezuela en un inútil intento por ejercer liderazgo a nivel regional y encumbrarse como una figura respetada de la derecha mundial. Este error fue seguido luego por la invención de visas especiales y todo un discurso que pretendió atraer a Chile precisamente a los migrantes venezolanos que hoy cruzan por pasos fronterizos ilegales y que son el centro de la polémica actual.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante el desastre que provocó? Expulsiones reñidas con el respeto a los DD.HH. y que ya en su minuto cubrieron de vergüenza al país. Después, la actitud fue ignorar la situación, al parecer bajo la creencia de que la pandemia haría que el flujo migratorio disminuyera y que el problema desapareciera por sí solo. Los hechos demuestran lo contrario.
El grado de desidia -o derechamente de intención de provocar esta crisis- llegó a tal punto, que el gobierno a través del SEREMI local rechazó instalar baños químicos para los migrantes, de manera de mejorar la situación al menos en aspectos sanitarios. Tampoco se comunicó con ACNUR para recibir apoyo en el levantamiento de recintos para albergarlos -o rechazó un ofrecimiento de este organismo, según otras fuentes-.
La ausencia de políticas de integración que permitan disolver los verdaderos territorios de castigo que se generan debido a la precariedad de personas que vinieron a nuestro país buscando un mejor futuro y que encontraron explotación y violencia, es caldo de cultivo para el desarrollo de violencia de todo tipo, y para el poder y la influencia del crimen organizado.
A eso se suma que las policías parecieran ser incapaces de identificar y detener a quienes, aprovechándose de la situación, montan redes de tráfico de personas y narcotráfico. En esta misma revista existen propuestas para reformar tanto las fuerzas de seguridad como el trabajo de inteligencia, tareas claramente indispensables si queremos superar el actual estado de cosas.
Pero esto no se trata de defender sólo a los migrantes por ser tales: aunque el derecho a migrar le corresponde a todas las personas, lo cierto es que quienes impulsan discursos “cosmopolitas” en su “versión fruna”, parecieran estar pensando más en sus pares europeos que disfrutan las facilidades de las fronteras abiertas en sus periplos continentales pagados por becas Erasmus, antes que la realidad de los migrantes de América Latina y sus difíciles condiciones.
Por el contrario, defendemos a los migrantes no sólo por esa razón, si no sobre todo por una razón de clase: las y los migrantes atacados son víctimas de factores externos que los trajeron buscando una mejor vida para ellos y sus familias, son como nosotros, trabajadores y trabajadoras, que sufren los abusos de empresarios, funcionarios, y desalmados que se aprovechan de ellos con arriendos abusivos, redes de tráfico, prostitución, violencia y un sinfín de injusticias.
Los burdos eslóganes nacionalistas levantados en Iquique son la otra cara de la actitud que el gobierno demostró no sólo frente a los mismos migrantes y la población de Iquique durante toda esta crisis, sino también durante la pandemia: mientras atacan al más débil, los que en la crisis económica más fuerte de las últimas décadas nos decían que podíamos vivir con bonos de 65 mil pesos y que no fuéramos flojos, que no querían que nos acostumbráramos a vivir “del Estado”.
El nacionalismo y la defensa de los intereses de los poderosos -y sus representantes políticos enquistados en los partidos de la derecha y la centroizquierda neoliberal van de la mano, el primero siendo el recurso desesperado de quienes ven la posibilidad de perder el poder y revivir viejos prejuicios para dividir a la clase trabajadora desarmando ideológicamente el espíritu solidario y combativo de la revuelta de octubre y el proceso de transformación que abrió.
Ante esa situación no cabe una doble lectura: nuestra posición siempre será la del más débil, la solidaridad y el apoyo mutuo, el rechazo y el combate al fascismo y a los discursos y acciones que lo sustentan y lo proyectan, la defensa de los intereses de la clase trabajadora.
Es cierto que la crisis en el norte no puede continuar, y el Estado debe dar una respuesta coherente a lo que sucede. Debe haber una reforma profunda a las fuerzas de seguridad y al trabajo de inteligencia, debe haber un plan cohesionado de medidas que permita incorporar a la vida nacional en condiciones dignas a las y los migrantes, y un trabajo a nivel regional entre los Estados de cooperación para enfrentar los efectos de la masiva presencia de migrantes evitando los abusos del crimen organizado.
Esta agenda debe ser impulsada de forma contundente por los partidos de la izquierda, pero también por las organizaciones sociales, organizando jornadas de solidaridad y acciones de repudio a la violencia fascista y a la inacción del gobierno. A la violencia racista y sus lemas xenófobos, oponemos una vieja consigna: “Paz entre pueblos, lucha entre clases”, y recordamos y enaltecemos el recuerdo de otro Iquique, ese que en diciembre de 1907 también enfrentó la violencia patronal y oligarca en medio de una histórica huelga obrera, en la que chilenos, peruanos y bolivianos dieron juntos su vida por el derecho a una existencia digna, la misma que desde 2019 reclamamos en las calles.
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
