En ambos programas destaca el compromiso con la pluriculturalidad en todas las dimensiones políticas abordadas -no solo en la cultura-, así como la autodeterminación cultural de las comunidades a partir de sus propios lenguajes. El cómo resolver su reconocimiento en formas de vinculación efectivas y no burocráticas con la sociedad es un paso clave para desarrollar un proyecto cultural vanguardista en términos políticos, esto en ámbitos del desarrollo estatal que hace décadas acusan recibo de la multiculturalidad de nuestros territorios. Y a su vez aprovechando el instinto de muchas comunidades de creadores que los acerca a la organización y resolución mancomunada de los conflictos, producido por el avanzado estado de precarización laboral que experimentan hace más de dos décadas.
por Carolina Olmedo Carrasco
Imagen / Colectivo La cueca sola en la marcha del 8 de marzo, 2019. Fotografía de Carolina Olmedo Carrasco.
En el avance hacia una definición de cultura que la garantice como un derecho fundamental en la nueva constitución, diversas candidaturas presidenciales -progresistas y de izquierda- han querido aproximarse a este ámbito de producción de saberes, conocimientos y prácticas profesionales. Cuestión que se recibe con gran ánimo por parte de las y los miles de trabajadores de la cultura que, de manera colectiva o individualmente, han debido sortear la crisis en un contexto de profunda destrucción de los empleos precarios, tercerizados y estacionales (predominantes en el ámbito cultural), al tiempo que han sido interpelados sistemáticamente desde el desconocimiento de su calidad profesional por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP). De esto último hay ejemplos absurdos, como la rendición total de la ministra Consuelo Valdés Chadwick del presupuesto para su propia cartera en 2021, llamando públicamente a priorizar “las necesidades de los ciudadanos” representados en otras carteras (El Mostrador Cultura), desconociendo la condición profesional y laboral de miles de personas que se emplean en cultura, a las que el MINCAP arrojó directamente a la cesantía por medio de dichas políticas. Otro ejemplo, más sofisticado, es el relato ministerial constante sobre las conversaciones políticas con otras carteras para acelerar las ayudas de emergencia y replantear la reconstrucción en tiempo futuro, cuestión que a 16 meses de iniciada la pandemia, sin efectos visibles, resulta una falta de respeto e invisibilización de necesidades propias de las vidas trabajadoras en este sector productivo (Gómez).
En este contexto, se dio un ejercicio muy interesante. Un debate organizado por el movimiento Fuerza Cultural entre las candidaturas presidenciales del Apruebo Dignidad únicamente dedicado a la cultura. En este evento, los candidatos no estuvieron presentes, sino que otorgaron la palabra a sus equipos programáticos especializados, quienes fueron puestos a evaluación no solo por el panel organizado por Fuerza Cultural, sino que también por las más de 480 personas que asistieron a la transmisión en vivo del debate a través de Facebook. Un gesto de “cesión de la voz” muy estimulante para conocer sus respectivas propuestas, así como los orígenes sociales de las mismas dentro de los ámbitos culturales existentes en el país. Por el comando de Daniel Jadue, participaron Alessandra Burotto y Giorgio Varas -próximos a las artes visuales, la música, la producción y la economía cultural-, mientras que por la campaña de Gabriel Boric lo hicieron Isabel Orellana y Óscar Núñez, cercanos al ámbito de la producción fílmica y sus crecientes organizaciones sindicales.
A continuación, relevamos algunos aspectos interesantes de este debate en torno los diferentes proyectos culturales en juego en la campaña presidencial del Apruebo Dignidad, que sin duda responden a los mundos sociales de la cultura que se aglutinan tras estas dos iniciativas, así como al sentido que esta coalición otorga a la cultura como un derecho universal, también en el marco del debate constitucional. En este sentido, y más que redundar en los significados originales de la metáfora escogida por Gaspar Galaz y Milan Ivelic para titular a su programa televisivo de los años ochenta, en que la “Demolición” signaba más bien la existencia de una grieta porfiada, horadada apenas por la contracultura para percolar la pomposa y sobrecargada tradición cultural de la dictadura -cruce aberrante entre lo militar, lo portaliano y el borramiento (Errázuriz y Leiva 13-25)-; este escrito propone en el entramado de este debate la necesidad de echar abajo como izquierda el dique burocrático que contiene los límites de la imaginación política sobre la cultura, encarando su responsabilidad frente a unas comunidades que anhelan tanto la expresión de sus memorias e historias, como el acceso a una vida digna por medio del trabajo vinculado a la cultura
I. Primeras impresiones
Pese a destacar las similitudes y filiaciones entre ambos referentes dentro del Apruebo Dignidad, lo cierto es que el lugar de enunciación inicial de cada equipo fue bastante diferente, e incluso deliberadamente contrastante entre los referentes del Partido Comunista de Chile (PC) y el Frente Amplio (FA). Mientras el equipo del candidato “del PC y más allá” decidió presentarse por medio de la canción Cultura Jadue de la cantora Andrea Andreu, enunciando desde el inicio un vínculo estrecho con la cultura izquierdista de la segunda mitad del siglo XX; el equipo de Boric se presentó a través de un video del propio candidato, quien a través de un discurso orientado a un público general expresó el deseo de replicar a nivel nacional la experiencia de La Idea, centro cultural de su diputación en Punta Arenas. Ambas partidas hacían visibles los puntos distintivos en cada programa: en la propuesta de Jadue, un aumento del financiamiento estatal de la cultura a un 2% que revitalice y oriente el actual sistema de subsidios hacia un nuevo horizonte de integración social; en la propuesta de Boric, el volcamiento de los esfuerzos para generar puntos de cultura a lo largo del país que sostengan un proceso de democratización cultural y empleo profesional más permanentes.
Como en otros momentos de la campaña, el debate hizo patente las diferencias existentes al interior de la coalición de izquierda, pero también dio cuenta de que dicha diferencia no responde a las identidades de lo partidario o lo autogestivo como un calco, sino que expresa una diversidad de relaciones portadas por sus artistas e intelectuales, como la experiencia de la dictadura y la transición, la formación en las movilizaciones del ciclo político 2001-2011, la participación en revuelta feminista del 2018 y/o en la revuelta de octubre de 2019, por nombrar algunas de las más ineludibles. Ello define la aparición de nuevas identidades culturales y fronteras de cohesión que “desorganizan” la clásica confrontación de generaciones (exacerbada en las campañas de Sichel y Briones en la derecha), así como las propias autoconcepciones propagandísticas del PC y el FA como “izquierda tradicional” y “nueva izquierda” respectivamente. El énfasis en estos cruces es sin duda uno de los elementos más enriquecedores del debate, y uno de los potenciales de cambio -para mejor- más importantes con que cuentan ambos programas culturales en este momento.
En este escenario de base, que ha llevado a múltiples figuras y colectivos a tornarse protagonistas de las movilizaciones sociales de la última década a partir de su honesto malestar, los programas de ambos candidatos fueron recibidos desde una amplia crítica a los fondos concursables y su dinámica de “tierra salada”, en que se privilegia la novedad antes que la continuidad, y que en los últimos 20 años han producido experiencias que aunque sofisticadas y positivas, no han podido institucionalizarse en las comunidades receptoras a lo largo del tiempo. Si bien ante esta situación ambos programas acusaban recibo de crítica a las formas subsidiarias en cultura, así como del agotamiento del sistema de fondos culturales en su dimensión de justicia social, sus propuestas ahondaron poco en la superación de la lógica concursable, y apenas sugirieron sutilmente el “audaz” horizonte de generar empleo permanente en cultura, reservado para los observatorios que buscan seguir (sobre)diagnosticando la crisis. Un punto de base sería avanzar en el financiamiento real de las instituciones culturales del Estado a nivel nacional, regional y municipal, evitando su ingreso a la competencia general de los fondos actual, así como promoviendo la permanencia de sus propios equipos y programas. Sin embargo esta propuesta apenas está trazada a nivel general en alguno de los programas (como en la propuesta de Boric de otorgar un “financiamiento basal robusto” a las instituciones culturales del Estado), y debe solidificarse en una propuesta concreta que vaya más allá del diagnóstico: que frene y revierta la precarización y concursabilidad de los propios programas estatales.
II. ¿Qué es lo nuevo?
De lleno en las propuestas, en el equipo de cultura de la candidatura de Daniel Jadue destacó una definición amplia (quizás demasiado) de la cultura como un “ecosistema” complejo, trascendente a cualquier definición profesional o disciplinar. Este aspecto tiene ventajas y desventajas, en cuanto piensa a la cultura como una dimensión integral de la totalidad del proyecto de gobierno, articulando su acción con el ámbito de pertinencia de otras carteras ministeriales y recursos. Sin embargo, si no se definen con fortaleza estos anclajes estratégicos, se corre el riesgo de que el MINCAP y cualquier instancia cultural estatal termine siendo ilustrativa de la línea política de las carteras más prioritarias, alienándose de su propio rol como entidad responsable de la interculturalidad y acceso a la cultura de las mayorías en el país. Conocer la dinámica de ejecución de presupuestos de este ecosistema cultural urge, por cierto, ante la propuesta estrella de la candidatura: el aumento del presupuesto anual del MINCAP a un 2% del PIB, cuestión que permitiría, por cierto, diversificar la acción cultural del Estado, pero también debe ser considerada para dar continuidad y fortalecer a sus actuales programas eficaces en dicha orientación.
Ante el deficitario estado de las instancias culturales y sus vínculos a lo largo de todo el país, la idea de “sistema cultural” propuesta por Jadue resulta más interesante pensada, en primer lugar, para regenerar la trama de la institucionalidad cultural de Chile, antes que para la generación de articulaciones con otras carteras, cuya iniciativa, urgencia y/o mayor fortaleza funcionaria puede terminar arrastrando al MINCAP fuera de su propia pertinencia (como ocurrió muchas veces con el CNCA con diversos gobiernos a inicios de este siglo). En este sentido, la oportuna reacción de las universidades como “primera línea” del Estado ante los evidentes fallos del gobierno frente a las condiciones para realizar una Convención Constitucional es un hito no menor para imaginar la restitución de la educación artística a lo largo de todo el país, herida de muerte por la Dictadura y su desarticulación de la universidad pública nacional.
Ahondando en esta línea y en términos de institucionalidad, el programa de Jadue propone “contribuir decididamente al establecimiento de derechos culturales que garanticen condiciones de vida dignas, desarrollo integral y acceso a los bienes y servicios culturales para todas las y los habitantes del país” (Jadue 107), promoviendo la acción coordinada de las diversas instancias culturales estatales actualmente existentes. Sin embargo, no se define en qué condiciones se dará esta coordinación y -lo más importante- si ello implicará el fin al empleo precario en los programas del Estado, otorgando contratos de mediana duración e incluso indefinidos, en lugar de la tendencia actual del Estado a la fragmentación de las jornadas y proyectos, considerando a las y los trabajadores como “servicio”. Al contrario, parece ir en otra dirección en su “evaluación de eficiencia del gasto público”, que busca propiciar una instancia intermedia para revisar el actual empleo público en cultura, ya de por sí famélico. Muchas de las propuestas en el programa cultural de Jadue redundan en restaurar los modos de distribución de fondos y aumento de los fondos regionales, de acuerdo a los lineamientos vinculados al emprendimiento y el desarrollo social, instituyendo instancias intermedias de empleo, como observatorios y espacios de investigación. Sin embargo el carácter concursable sigue primando, y los amarres ministeriales parecen tener un mayor peso que las instancias abiertas de participación de las comunidades, únicamente reservadas a la dimensión programática. Es posible pensar la participación de las comunidades barriales y comunales en la definición de la composición de los equipos de trabajo, espacios públicos y carteras de empleo de las nuevas instituciones culturales, así como de las ya existentes que reciban financiamiento público, entre muchas otras iniciativas que van más allá de la consulta pública. La participación no puede estar reservada únicamente a una parte del proceso político, sino que debe pensarse de manera integral y permanente, y hacer que valga la pena dar ese salto del 0,3% al 2% en una participación sustancial de las comunidades en torno al patrimonio, las culturas y las artes.
En el debate no hubo referencia a la gestión del PC en ciertas carteras durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, como el Ministerio de Desarrollo Social y el propio MINCAP. Un periodo en que dichas instituciones tendieron a continuar las lógicas neoliberales en clave de focalización, en lugar de proponer transformaciones estructurales (Boccardo). Más que un gesto simbólico, lo que resulta sumamente urgente es realizar un balance serio respecto de dicha gestión del MINCAP, y proponerse una recomposición institucional sólida, que revierta las lógicas clientelares y propagandísticas que actualmente priman en el ministerio, logrando al mismo tiempo una reintegración de los sindicatos funcionarios a una mesa de diálogo. Como el propio comando de cultura de Jadue propone a nivel de principios, abrazar las “Economía de las Culturas” implica desprivatizar ciertos ámbitos fomentados por la actual política de fomento a las industrias culturales, que le cuesta cientos de millones de pesos al año al Estado para la mantención de instancias culturales empresariales. ¿Cuáles serán los agentes protagónicos de esta nueva economía de las culturas?
La propuesta estrella del equipo de cultura de la candidatura de Gabriel Boric en el debate fueron los espacios culturales locales o puntos de cultura, así como la propuesta de un aumento inmediato al 1% del PIB en cultura, con miras de avanzar durante el periodo presidencial al 2%, para generar esta institucionalidad territorial. La generación de condiciones permanentes para el financiamiento en cultura está representada en el programa en el compromiso de generar un “financiamiento basal robusto” a las instituciones culturales del Estado, lo que sumado a los puntos de cultura fortalecería las escenas culturales regionales. Cabe destacar, felizmente, el parecido o familiaridad de estos centros culturales propuestos por la campaña de Boric con aquella promesa que en las “40 medidas” proponía la creación de Institutos de la Cultura a lo largo de todo el país.
Entre los comentarios del público abundó la pregunta sobre cuál sería el programa de dichos espacios. Esto, por cierto, tras 21 años de centros culturales que fueron arrojados al mercado como “fundaciones privadas sin fines de lucro”, sin patrimonio cultural propio o con uno en riesgo, muchas veces paralizados por el desfinanciamiento. Quedaron al debe sus representantes en explicitar los lineamientos que van a potenciarse, o cómo estas entidades van a encarar un esqueleto cultural nacional profundamente deteriorado, en regiones que ni siquiera cuentan con espacios de educación artística profesional que estimulen la construcción de una carrera en torno a la creación.
Otro de los puntos relevantes en el programa de Boric es la protección al trabajador y la trabajadora de la cultura, la promoción del trabajo digno y sindicalizado, y la generación de lazos efectivos entre la institucionalidad ministerial y dichas organizaciones. Se promete en este punto “un diálogo social vinculante con las organizaciones sindicales y gremiales del sector a cargo de un organismo interministerial” para generar su propio marco de reformas (Boric 5): un aspecto que funciona bien en aquellas áreas de interés cultural que cuentan con sindicatos fuertes y profesionalizados (audiovisual, música, teatro), y que sin embargo para el caso de otras prácticas menos masivas, más individuantes (como la danza, las artes visuales, ) son menos claras o representativas. Aquí se debe plantear claramente una instancia sindical profesional de las y los artistas articulada y reconocida por el Estado a través del MINCAP, ello ante las reiteradas experiencias fallidas del pasado desde los propios sujetos debido a su disparidad.
Si en el caso de la propuesta de Jadue resultaba preocupante la naturalización de la forma subsidiaria, en la propuesta de Boric la construcción de instancias de “apoyo técnico para la postulación de fondos de cultura” resulta preocupante, pues asume casi como parte de su paisaje de gobernanza la actual estructura subsidiaria del financiamiento en cultura. La apertura de puntos de cultura, dependientes del MINCAP aunque promovidos por iniciativa presidencial, corre el riesgo de generar instancias paralelas de promoción cultural, y -en la medida que prosigue lo concursable- profundizar la competencia en los territorios por recursos limitados debido a la profusión. Se deben pensar políticas de reversión de lo concursable, ello ante el compromiso del propio programa por revertir las lógicas neoliberales de competencia, estandarización y mercantilización de las culturas promovida activamente por el actual sistema subsidiario.
El arraigo del programa cultural de Boric a las iniciativas presidenciales, no avanzando hacia la articulación de un programa político mayor que oriente la vinculación de la totalidad de las instituciones estatales relacionadas a la cultura en un mismo esfuerzo, abandona la posibilidad de imaginar políticamente los alcances totales de la cultura como un espacio a construir en medio de un proceso general de transformación política plurinacional. Sin duda un paso a dar es el evitar que los municipios, escuelas, museos nacionales, universidades públicas y otras instancias de interés social prioritario no deban participar de fondos de cultura para financiar de manera esporádica sus programas culturales, y reciban financiamiento directo: es un compromiso mínimo a la hora de promover la diversidad cultural educativa que se ambiciona, otorgar el fondo antes que muletas o ayudas para seguir en la tómbola.
Una de las propuestas más interesantes del programa es su inclusión de los alcances de una nueva ley de medios que proteja la libertad de expresión y que promueva un nuevo sistema de medios públicos. Contrario a lo que algunos sugirieron a viva voz en el debate, que esto se trata de otro tema, me parece que hace falta tejer un hilo firme entre un problema que ha afectado a la cultura en los últimos años y este ámbito de debate: el asedio de la censura conservadora sobre las nuevas formas de expresión cultural presente en las ciudades de todo el país, que van desde las manifestaciones y acciones feministas, las marchas del orgullo LGTBIQ+, a las acciones de memoria en torno a las víctimas de la dictadura y el arte callejero. La judicialización del Colectivo LasTesis a causa de una performance por parte de Carabineros de Chile ha recorrido el mundo como imagen de la degradación democrática que vivimos, y un futuro gobierno debe afrontar también la censura en las artes y la cultura a todo nivel, así como facilitar el ejercicio público y seguro de todas estas acciones esenciales para la generación y vida de cualquier tejido social. Una nueva ley de medios es sin duda pertinente a la imaginación cultural, en cuanto promueve nuevas publicaciones, ediciones, canales de televisión, producciones cinematográficas, radios y otras formas de comunicación social.
Ambas propuestas poseen potencias singulares, así como también abismos que conviene destacar de inmediato, a fin de que en el tiempo restante de la campaña y en el camino a las elecciones de noviembre puedan ser abordados con la seriedad y profundidad que corresponde. Uno de estos abismos es la ausencia en ambos programas de una definición precisa sobre qué queremos decir al hablar de cultura, herramienta que sería de gran utilidad en el proceso de instalación de la cultura como derecho humano inalienable, singular, materialmente existente ambicionado por la convención constitucional. A partir de esta directriz, es que sin duda podemos imaginar con firmeza de qué hablamos al decir que la cultura es uno de los lenguajes esenciales del “buen vivir”, y cómo es que ello debe verse reflejado en una infraestructura institucional abierta a la iniciativa social. La ausencia de esta definición en el debate se hizo sentir en algunos de los comentarios del público, que acusaron en las intervenciones una aproximación todavía muy superficial a las políticas públicas en cultura actualmente existentes, asumidas muchas veces como los límites factuales de lo posible o como un “mal menor”.
Parece haber un diagnóstico certero sobre la imposibilidad de cambiar el sistema nacional de financiamiento cultural de golpe. Sin embargo, esta dificultad temporal no impide reorientar sus fines sociales, y replantear su efectividad como inversión de los dineros estatales a largo plazo. Sin embargo, ello debe hacerse con medidas sustanciales, como generar empleo en cultura de calidad a lo largo de todo el país, antes que una diversidad de proyectos que -aunque impliquen a más agentes- signifiquen continuar la lógica de inestabilidad permanente en la que vivimos. Se requieren compromisos transversales a ambas candidaturas por mecanismos de reconocimiento patrimonial de archivos e investigaciones de interés público, así como también nuevas formas de relación entre cultura y sociedad, que impliquen los usos comunes de los bienes y colecciones nacionales, así como del espacio público y los medios de comunicación.
Algo positivo en ambos programas es su compromiso con la pluriculturalidad en todas las dimensiones políticas abordadas -no solo en la cultura-, así como la autodeterminación cultural de las comunidades a partir de sus propios lenguajes. El cómo resolver su reconocimiento en formas de vinculación efectivas y no burocráticas con la sociedad es un paso clave para desarrollar un proyecto cultural vanguardista en términos políticos, en un ámbitos del desarrollo estatal que hace décadas acusan recibo de la multiculturalidad de nuestros territorios; aprovechando al mismo tiempo el instinto de muchas comunidades de creadores a la organización y resolución mancomunada de los conflictos, producido por el avanzado estado de precarización laboral que experimentan hace más de dos décadas. En este sentido, es interesante advertir la presencia de Alessandra Burotto e Isabel Orellana, cada una con diversas experiencias de luchas en la cultura y en la sociedad en sus trayectorias. Resulta clave, desde su rol, asegurar la paridad como una ley al interior de las políticas propuestas, y que no quede este derecho ganado por todas en una mera “perspectiva de género” que sabemos es insuficiente por sí misma.
III. Ideas al cierre
Como apuntan algunas de las hipótesis sobre las causas sociales de la revuelta de octubre, ante el conflicto social que vive nuestro país, “el problema no es solamente el de encontrar liderazgos o instituciones adecuadas -capaces de encausar discursivamente una política de paz social-, sino principalmente poder comprender los fundamentos estructurales del conflicto social que estamos experimentando”, encarando el hecho de que la tensión entre élites y población proviene de conflictos de clase materialmente existentes, que horadan esa situación de paz y generan la inestabilidad (Muñoz, Lima y Luna). Relacionando este escenario con el ámbito local de la cultura, el problema de las políticas subsidiarias no es con su calidad como instrumento, su correcta utilización y/o la generación de más observatorios / diagnósticos sobre su funcionamiento; sino con su evidente arbitrariedad, el perjuicio que genera a ciertos agentes y el beneficio que procura a otros, reproduciendo acríticamente dentro del desarrollo cultural estatal las desigualdades estructurales en la sociedad chilena. Una actitud ensimismada, que replica la indiferencia de las élites en sendos círculos de exclusión generados en torno a los aparatos subsidiarios del Estado, que empantana cualquier iniciativa de cambio que amenace los arbitrarios códigos de legitimación y prestigio que genera hace más de 30 años. En dicho contexto, el avance hacia modelos de mayores beneficios culturales disponibles a la sociedad resulta inviable dentro de la lógica de tercerización y estandarización actualmente existente, ello debido a su importante basamento en el despojo, precarización y marginalización de las y los trabajadores de la cultura en los diversos medios de reconocimiento profesional estatal. Este es un problema a encarar que no puede ser idealizado o esquivado en lo que es: intensificación de la forma neoliberal en cultura.
Llama profundamente la atención la ausencia de propuestas de emergencia ante la gran destrucción de empleo propiciada por la pandemia y los confinamientos en los años 2020 y 2021. Urge demostrar desde ambas candidaturas una sensibilidad suficiente para sortear la visión idealizada de una gestión pública sin crisis ni fisuras, encarando con anticipación los efectos que ha significado la catástrofe inédita implicada en el cierre de todo espacio de cultura abierto al público. De este modo, es imprescindible destinar medidas, alianzas y recursos que apunten directamente a la recomposición de las condiciones creativas, educativas, investigativas y recreativas -entre muchas otras- asociadas a las producciones culturales, y que no van a ser reconstruidos por la (ya a estas alturas) mitológica mano invisible.
Pensarse fuera de la caja, fuera del muro de contención, implica explorar los límites que las administraciones anteriores del Estado no se atrevieron a impulsar: el inmediato aumento del financiamiento estatal de cultura al 2% del PIB a partir de la reducción del gasto militar, la defensa de la libertad de expresión sin apostillas para las expresiones culturales del país, la paridad en todas las oficinas gubernamentales de cultura -ya no basta con la “perspectiva de género”-, y una política de generación de empleo permanente para la formación de diversas plataformas culturales de larga duración a lo largo del país son lo más concreto que podemos ofrecer. No desde el vanguardismo utópico, sino que desde la mera observación de la izquierda del siglo XX a la que día por medio declaramos superada como base: una defensa irrestricta de la libertad de expresión, el aseguramiento de condiciones de base para el acceso universal y el empleo digno en cultura, y una imaginación política sin límites orientada por el deseo de que quienes habitan este territorio y le dan la vida, las y los trabajadores, sientan orgullo de lo que son, lo puedan recordar y lo disfruten merecidamente.
Referencias
Andrés Gómez, “Consuelo Valdés Ministra MINCAP: ‘Quizás mi voluntad de servir ha sido insuficiente para la crisis del sector”, La Tercera 7 de julio de 2021, https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/consuelo-valdes-ministra-de-cultura-quizas-mi-voluntad-de-servir-ha-sido-insuficiente-para-la-crisis-del-sector/MQGBYICHQZDOZHNPHMWZLW2A3U/
Daniel Jadue, Jadue presidente: programa de Gobierno para un Chile digno, verde y soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario, julio 2021, https://pcchile.cl/2021/06/16/conozca-las-bases-de-la-propuesta-de-programa-presidencial-de-daniel-jadue-se-presento-cronograma-de-participacion-y-modalidad-para-la-construccion-del-mismo/
El Mostrador Cultura, “Ministra Valdés y presupuesto 2021 para su cartera: ‘Un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos’”, El Mostrador 2 de noviembre de 2020, https://www.elmostrador.cl/dia/2020/11/02/ministra-valdes-y-presupuesto-2021-para-su-cartera-un-peso-que-se-coloque-en-cultura-es-porque-se-deja-de-colocar-en-otro-programa-o-necesidad-de-los-ciudadanos/
Gabriel Boric, Programa presidencial: culturas, artes, patrimonios y medios de comunicación, julio 2021, http://boricpresidente.cl
Giorgio Boccardo, “La vía comunista a la focalización universal”, Bío Bío Chile 5 de junio de 2017, https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2017/06/05/la-via-comunista-a-la-focalizacion-universal.shtml
Luis Errázuriz y Gonzalo Leiva, El golpe estético. Dictadura militar en Chile, 1973-1989, Santiago: OchoLibros, 2012.
Manuel Muñoz, Mauricio Lima y Juan Pablo Luna, “Sobreproducción de elites: una explicación al 18/O desde la teoría demográfica estructural”, CIPER Académico 30 de junio de 2021, https://www.ciperchile.cl/2021/06/30/sobreproduccion-de-elites-una-explicacion-al-18-o-desde-la-teoria-demografica-estructural/
Historiadora feminista del arte y crítica cultural, integrante fundadora del Comité Editorial de Revista ROSA.
El mejor análisis comparativo que he leído; echo de menos en ambos programas la dimensión patrimonial, y en ambos también la posibilidad de ejercicio de democracia directa por parte de las comunidades para definir qué es cultura, arte o patrimonio. Felicitaciones Carolina por este trabajo!!