Nos adentramos a un nuevo ciclo de conflictividad social que deberá marcar el rumbo inmediato y de mediano plazo para definir los destinos del país. Este proceso de empoderamiento y articulación popular traspasa la propia dicotomía entre dos tiendas políticas. Esto excede la confrontación de dos candidaturas y se traslada a la correlación de fuerzas que se vive en el campo y la ciudad y que busca, desde abajo y a la izquierda, recomponer un nuevo tejido social que logre articularse como fuerza y presión para el gobierno entrante.
por Franz Verne
Imagen / Pedro Castillo en Juliaca, 31 de mayo 2021. Fuente.
El Perú está atravesando uno de sus procesos electorales más críticos en toda su historia. Esta vez asistimos a un periodo de alta polarización que podría definir el futuro inmediato de toda la nación con impactos profundos en materia política, económica y sociocultural. Estamos en medio de una batalla entre dos fuerzas antagónicas con agendas y proyecciones diferenciadas. Por un lado, está Pedro Castillo y el partido Perú Libre que representan a una izquierda descentralista y con arraigo popular, un tanto atípica por ser la conjunción de elementos conservadores en materia sociocultural pero rupturistas con el modelo económico imperante. Y por el otro lado, está Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular que en resumidas cuentas es una maquinaria de ultraderecha, mafiosa y criminal que se ha consolidado a partir del legado de la dictadura cívico-militar de la década del 90 acoplando nuevos elementos de corrupción y criminalidad institucional.
Ambas fuerzas disputaron la segunda vuelta electoral el pasado 6 de junio, con un saldo porcentual a favor de Castillo (50.2%) sobre Fujimori (49.8%) en el conteo rápido propalado la misma noche de los comicios. Estas cifras fueron variando ligeramente a partir del conteo oficial de actas hechas por la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), llegando a colocar a la candidata Fujimori en primer lugar al inicio del recuento. Conforme pasaron las horas y los días, la diferencia favoreció claramente al profesor cajamarquino. Y mientras las actas eran procesadas y el resultado reafirmaba la victoria de Perú Libre, desde la otra orilla activaron diversos planes de contingencia para evitar la inminente derrota. Se trabajaron operativos de desconocimiento de los números con argucias como impugnar actas con argumentos insostenibles pero cargados de odio y racismo elitista (buscando eliminar los votos de las regiones del sur y las comunidades originarias que optaron masivamente por Castillo).
La desesperación fujimorista
La candidata de Fuerza Popular hasta este momento sigue empeñada en denunciar un supuesto “fraude sistemático” a pesar de que no hay ningún indicio que justifique tal reclamo, generando, por el contrario, una innecesaria inestabilidad sociopolítica para el país en plena pandemia. Ya la ONPE llegó al 100% de actas contadas dejando como saldo final un 50.199% a favor de Castillo versus el 49.801% de Fujimori. Asimismo, la ley electoral dice que para anular mesas de votación (como piden los abogados de Fujimori), tiene que haber indicios claros de un “fraude”, es decir, que los organismos electorales hayan mostrado un comportamiento de flagrante favorecimiento a una de las candidaturas por sobre la otra, algo que claramente no ha sucedido en este caso.
Incluso la propia ONPE desmintió, una y otra vez, las denuncias públicas de supuestos fraudes o manipulaciones de actas. Sin embargo, Fujimori todavía tiene esperanzas de que algunas de dichas actas que está revisando el Jurado Electoral Especial (JEE) sean anuladas, aunque de acuerdo a análisis estadísticos no alcanzaría para voltear los resultados finales. Este primer recurso de impugnación de 802 actas (más de 200 mil votos) que le costaron cerca del millón de soles al fujimorismo (se tiene que investigar de dónde sale este dinero para un acto desesperado) no ha surtido el efecto esperado, por eso se barajaron otras posibilidades de presión como las movilizaciones financiadas con dinero del gran empresariado convocando a bases fujimoristas, aliados derechistas y hordas fascistas unidos en su cruzada “contra el comunismo”. Mientras esto sucede, sigue latente la posibilidad de un golpe en mesa (presión al propio Jurado Nacional de Elecciones a través de un fiscal corrupto en su seno), golpe de Estado a través de un llamamiento abierto y desvergonzado a las Fuerzas Armadas para intervenir y “salvar la democracia” o el pedido de asilo y salida con salvoconducto del país por supuesta “persecución política”.
¿Y por qué tanta crispación en Keiko Fujimori? Recordemos que, en marzo pasado, antes de la primera vuelta presidencial, el fiscal Domingo Pérez presentó una acusación de más de 13 000 folios y pidió 30 años y 10 meses de prisión para la señora Fujimori y otros miembros de su partido, por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo (por recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016). Además, la fiscalía pidió la disolución del Fuerza Popular. Keiko Fujimori calificó estas medidas como “persecución”.
Asimismo, vale mencionar que, como parte de la investigación, la señora Fujimori ya cumplió dos periodos de prisión preventiva, entre octubre de 2018 y noviembre de 2019 y entre enero y mayo de 2020, cuando salió con orden de comparecencia restringida luego de pagar una fianza. Fue por ello, que, durante su campaña presidencial, esta candidata debió pedir permisos especiales al Poder Judicial para viajar dentro de Perú, aunque se mantuvo un impedimento de salida del país, como parte de las condiciones que le impuso la justicia peruana.
Y justamente sobre este aspecto el fiscal Pérez pidió revocar la comparecencia debido a que Fujimori incumplió una de las condiciones de este régimen al comunicarse con testigos vinculados a la investigación. La fiscalía se refiere específicamente a Miguel Torres, miembro de Fuerza Popular y testigo del caso. Pues como vimos en televisión nacional, Torres acompañó en días recientes a Fujimori en una conferencia en la que anunció el pedido de anulación de actas de votación. La propia abogada de Fujimori, Giulliana Loza, admitió que Torres “es testigo” en la investigación, pero espera que el juez a cargo del caso “declare improcedente la petición”.
¿Quién es y qué propone Pedro Castillo?
Castillo adquirió notoriedad en 2017 al dirigir una huelga magisterial en varias regiones del país, que se extendió por 75 días. Los manifestantes exigían, entre otras cosas, un aumento de sueldos para los maestros peruanos. Tres años después, en 2020, anunció su candidatura presidencial representando a Perú Libre luego de que el líder de ese partido, Vladimir Cerrón, fuera inhabilitado y condenado a tres años y nueve meses de prisión suspendida por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador de Junín (sierra central del país).
Entonces, el candidato Pedro Castillo fue representando una clara fisura en el establishment nacional. Significó la visibilización y articulación de los pueblos postergados durante siglos. Significó la puesta en marcha de las demandas urgentes de las regiones del interior del país que han sido marginadas y relegadas al ostracismo desde la colonia y aún más con la república que se dijo democrática pero que no solo nunca dejó las alegorías aristocráticas y elitistas, sino que profundizó las brechas racistas y culturales al punto de negarle cualquier derecho ciudadano a los pobladores del “Perú profundo”.
Desde la época de la reforma agraria de 1969, donde se afectó seriamente a los terratenientes latifundistas, no se veía un odio tan explícito ni visceral de parte de la oligarquía y su resonancia burguesa contra la otredad del mundo rural. Es por ello la polarización galopante que hoy estamos viviendo. Es así que, parece factible la posibilidad de tener por primera vez en la historia republicana a un gobierno de izquierdas que llega por la vía democrática. Frente a esto se han activado todas las alarmas del gran empresariado y sus operadores políticos junto a los sectores más ortodoxos de la elite criolla local que no conciben la sola idea de estar frente a un Ejecutivo no alienado a las variantes de la misma derecha que siempre ha gobernado.
Si bien es cierto, Perú Libre se define como un partido marxista, leninista, mariateguista, su discurso y dimensión política tuvo que amoldarse a ciertos parámetros que la misma institucionalidad burguesa y los límites de la democracia representativa en manos de los dueños del poder, le exigieron. Entre la primera y segunda vuelta, se pudo apreciar una suerte de cambios intempestivos que podrían responder a estratégicas comunicacionales para contrarrestar la intensa campaña macartista de la derecha y sus voceros mediáticos. Sin embargo, existe también el resquemor por la posibilidad de una “ollantización” para terminar siendo un gobierno funcional a la agenda de gremios como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP); la Cámara de Comercio de Lima; la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; junto a sus aliados transnacionales.
Es así que vimos pasar de proclamas confrontacionales acerca de políticas de nacionalizaciones de los recursos públicos y sectores estratégicos de la economía en clave socialista, hacia moderaciones en tono socialdemócrata para tranquilizar al empresariado con inversión local. Su nuevo jefe del plan económico, Pedro Francke, declaró públicamente que un posible gobierno de Castillo respetaría la autonomía del Banco Central de Reserva, a la que considera de buena labor por su papel en mantener la inflación baja durante más de dos décadas. Asimismo, descartó estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de exportaciones. A partir de estos elementos, el plan de gobierno de Perú Libre reafirmó su apuesta por lo que ellos llaman “economía popular con mercados”.
Han reiterado su compromiso con el crecimiento de las empresas y pequeños negocios, en particular la agricultura, para fortalecer su énfasis de reactivación y crecimiento económico con dinámicas inclusivas dentro de una perspectiva mayor por mantener la industrialización y el desarrollo productivo nacional. A esto hay que sumarle sus propuestas de garantizar el derecho a la salud y la educación, aumentando necesariamente el gasto social y los niveles de presupuesto partiendo de impostergables reformas tributarias al sector minero para elevar la recaudación en el marco de una política de sostenibilidad fiscal, con reducción paulatina del déficit público y respetando todos los compromisos de pago de la deuda pública peruana.
Creemos que este aspecto debería conjugarse con las propuestas iniciales de cambio (vía referéndum) de la actual Constitución neoliberal heredada de la dictadura fujimorista, así como el avance histórico hacia una Asamblea Constituyente que involucre activamente al conglomerado de partidos políticos, ciudadanía organizada y pueblos originarios o movimientos sociales, con el propósito de desembocar en un nuevo contrato social que rompa la estructura excluyente que hoy perjudica muchísimo a las grandes mayorías en Perú.
Minería y pueblos originarios
Según el Ministerio de Energía y Minas, la minería supone el 61% de las exportaciones de Perú y la mayor fuente de ingresos en divisas para el país, lo que explica por qué se trata de un asunto central en el debate público nacional. Por ello, la candidata Fujimori intensificó una campaña artera en las regiones con actividad minera (Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Apurímac, etc.) lanzando propuestas francamente populistas e insostenibles como otorgar bonos económicos y prácticamente regalar dinero a los pobladores a partir del canon minero en dichas localidades. Y el resultado le fue adverso, porque fue en estos sectores donde Castillo obtuvo un voto contundente, logrando incluso que en ciertos distritos y comunidades se dieran cero votos a favor de Fuerza Popular.
Fue claro que Fujimori pretendió invisibilizar el permanente panorama de conflictos medioambientales en estas regiones, donde la minería ha significado saqueo y contaminación sistemática contra los poblados aledaños, perjudicando seriamente a la agricultura, la ganadería y toda actividad comercial periférica, así como la vulneración de los derechos laborales y humanos de la masa obrera que trabaja en las minas y que debe soportar jornadas inhumanas y sin una defensa sindical clara por el acoso que mantiene la patronal minera. Y son justamente estos sectores empobrecidos y excluidos del “milagro peruano” que pregona una burbuja de crecimiento ficticio, los que le han mostrado un rotundo rechazo a la candidata del mega empresariado y la corrupción.
Y en lo que respecta a la visibilización de las comunidades originarias en la política nacional, es importante entender este proceso dentro de una dinámica regional que involucra a países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, además de Perú, donde se han producido mayores avances (pero aún insuficientes) en la participación política de los pueblos indígenas. Es evidente que las elecciones en Ecuador, Perú y México demuestran que los pueblos nativos son los más interesados en ganar más y mejores espacios de toma de decisiones, al mismo tiempo que también están exigiendo el reconocimiento de sus propios mecanismos de resolución de conflictos. Sin embargo, un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2016 (centrado en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú) dice que dicha participación política sigue siendo baja.
En el caso peruano reciente, podemos ver que las diversas comunidades originarias de los pueblos quechuas, aymaras, waajún, wampis, etc., han dejado a un lado sus diferencias étnicas y ancestrales para avanzar juntos en una misma movilización que exige el cese al racismo y la marginación, además de oponerse al centralismo criollo que hoy representa Keiko Fujimori y su negativa de reconocerles su voto digno por un candidato al que ven como propio, como uno de los suyos. La participación política de los sectores indígenas se está dando a nivel de bases buscando articularse con los movimientos sociales de la ciudad que apuestan por una transformación sociocultural profunda, de rescate de identidades autóctonas frente a imposiciones culturales de ribetes burgueses y fascistoides.
Y este es un claro escenario de confrontación, de lucha de clases y disputa intercultural de hegemonías y contrahegemonías. Lima, como capital del Perú, ha centralizado un panorama de desprecio hacia las regiones. Se ha evidenciado una normalización colonialista que siempre estuvo presente y hoy muestra sus fauces agresivas cargados de revanchismo ante la ola popular que se va consolidando desde las periferias de la urbe. Los elementos en juego y en disputa hoy son muchos, hay una gran responsabilidad en las direcciones políticas que de esto se puedan dar. El pueblo movilizado y en vías a una radicalización por las condiciones objetivas, no permitirá una derechización de Castillo y compañía. Eso lo saben bien.
Unidad para vencer
Como decíamos, estamos atravesando un periodo álgido de lucha a todo nivel. Desde los posibles quiebres dentro del marco institucional hasta su impacto en el desborde popular (con retroalimentaciones permanentes). Nos adentramos a un nuevo ciclo de conflictividad social que deberá marcar el rumbo inmediato y de mediano plazo para definir los destinos del país. Reiteramos que este proceso de empoderamiento y articulación popular traspasa la propia dicotomía entre dos tiendas políticas. Esto excede la confrontación de dos candidaturas y se traslada a la correlación de fuerzas que se vive en el campo y la ciudad y que busca, desde abajo y a la izquierda, recomponer un nuevo tejido social que logre articularse como fuerza y presión para el gobierno entrante.
Siempre estuvo claro que el enemigo mayor fue, es y seguirá siendo el fujimorato y sus aliados políticos. Se sabe, también, que la derrota (por tercera vez consecutiva en segunda vuelta) en las urnas no significa el fin de este espectro político o que por fin se borrará el legado nefasto y reaccionario de Fujimori padre (acrecentado con la hija, hoy cabeza de la mafia). La posibilidad de hacer retroceder a las fuerzas oscurantistas del control del Estado y de la sociedad en general, pasa por la politización a todo nivel con incidencia clara en demandas de mayor envergadura. Hoy Castillo representa un quiebre desde las fisuras de la democracia representativa, pero las grietas reales deben darse desde los movimientos sociales en general y la clase trabajadora en particular, con organicidad política y con criterio amplio para unirse y vencer.
Franz Verne
Periodista e investigador social.
