Este 6 de junio, los peruanos están obligados a elegir entre dos opciones antagónicas. Y, naturalmente, las izquierdas en general, se perfilan en el cierre absoluto contra la posibilidad de la vuelta del fujimorato al Ejecutivo. Aquí está en juego algo más que una simple elección para el cambio en la administración gubernamental. Está latente la posibilidad de volver al pasado y enterrar lo poco que se pudo avanzar en reformas sociales. La maquinaria corrupta y millonaria del fujimorato tiene la capacidad de volver a destruir el incipiente renacimiento popular a nivel de bases y desmontar los peldaños alcanzados en materia educativa con enfoque de género.
por Franz Verne
Imagen / Protestas del 17 de noviembre en el centro de Lima, 17 de noviembre 2020, Samantha Hare en Flickr. Fuente.
Tras la confirmación de los dos candidatos para la segunda vuelta electoral en Perú, no hay duda del evidente panorama de polarización que vive el país, con impactos profundos en forma y fondo respecto al quehacer político nacional. Y esto debido a que la contienda se definirá entre Pedro Castillo de Perú Libre (con 19 %) y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (con 13 %). Uno, representante de un importante sector de izquierda de raigambre y perspectiva eminentemente popular y descentralista; y otra, la hija y heredera orgánica del exdictador Alberto Fujimori, y actual cabeza de una estructura partidaria que ha sido señalada, catalogada y judicializada como organismo mafioso y criminal.
Sobre Fujimori y su historial de corrupción y autoritarismo político se ha dicho ya bastante. Y no nos referimos al periodo dictatorial (1990-2001) que tanto impacto nocivo tuvo en el movimiento popular, la clase trabajadora y los derechos humanos en Perú, sino del trajín de la propia Keiko y su carrera política que inicia “independientemente” a partir del 2006 cuando asume como congresista y cabeza de bancada. No nos ocuparemos ahora de hablar del talante neoliberal y afín a la ultraderecha nacional y regional del fujimorato, ni de su consabida alianza con la oligarquía local a través de millonarios financiamientos (hechos públicos luego de una intensa investigación fiscal) o de sus probados nexos con el gran capital regional en el rubro de la construcción, sino del otro candidato. El nuevo outsider de la política nacional quien, a pocos días de la primera vuelta, nadie tenía en los cálculos victoriosos. Un sindicalista de base y rondero campesino[1], que salió de las filas magisteriales para hacerse de un nombre en el escenario político contemporáneo.
El hombre debajo del sombrero
Pedro Castillo es oriundo de Cajamarca (sierra norte de Perú), tiene 51 años, es un hombre nacido y forjado en el fragor del trabajo agrario. Moldeado por su profesión de maestro y conocedor de la realidad de las regiones del interior. Obtuvo notoriedad en 2017 al dirigir una huelga de profesores en varias regiones del país, que se extendió por 75 días en rechazo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski[2]. En dicho proceso se puso en evidencia las fricciones y fracturas al interior del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) que durante décadas se mantuvo bajo control dirigencial del Partido Comunista del Perú – Patria Roja, generando permanentes rechazos de bases regionales en desacuerdo con las practicas “oportunistas, entreguistas o claudicantes” de la cúpula dirigencial. En este contexto es que Castillo es visibilizado como vocero y líder de una gran facción de base que busca “recuperar” el sindicato y reconstruirlo desde la dinámica regional, contraria el centralismo hegemónico de Patria Roja desde la capital[3].
Tres años después, en 2020, anunció su candidatura presidencial representando a Perú Libre luego de que el líder de dicho partido, Vladimir Cerrón, fuera inhabilitado y condenado a tres años y nueve meses de prisión suspendida por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador de Junín (sierra central). Justamente, este hecho ensombrece directamente a la estructura que rodea a Castillo. Asimismo, vale mencionar que este partido no es de cuño explícitamente “marxista leninista” o “maoísta” como sus críticos señalan, pese que a Cerrón sí se describe como “socialista de izquierda, marxista, leninista y mariateguista”, y su plataforma orgánica apuesta por la nacionalización de los recursos y la industria, el aumento de la financiación de la educación y la creación de una nueva Constitución que anule la impuesta por Alberto Fujimori a inicios de los 90.
En tanto, Castillo no es una figura con tradición de formación política de izquierda, es más bien un dirigente social que asume roles dirigenciales cuando la asamblea lo decide y busca aperturas en espacios políticos que puedan darle voz. Es así que, en 2005, se afilia al partido Perú Posible del expresidente Alejandro Toledo, de clara apuesta neoliberal y “centroderecha”. A esto, podemos sumarle su perfil evangélico que lo ha delineado como una persona conservadora y tradicionalista (siendo, por esto, saludado incluso por excandidatos de la ultraderecha fundamentalista[4]).
Sin embargo, dentro del fragor de la campaña, “el profe” (que es como le llaman sus seguidores) ha sabido sostener un discurso frontal basado en el plan de gobierno de su partido que ellos han denominado “contestatario con el neoliberalismo”, con claros posicionamientos desde una izquierda provinciana y emparentada con las oleadas antiimperialistas regionales, pero incluyendo aspectos polémicos en clave conservadora (rechazo a: enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos, matrimonio igualitario, etc.) que lo han distanciado del asunto programático de Verónika Mendoza y su convergencia Juntos por el Perú, quienes levantaron banderas ligadas a sectores feministas, de disidencias sexuales y grupos étnicos. Sin embargo, dentro del “abanico antisistema”, Castillo fue visto más a la izquierda y Mendoza más centrada desde la socialdemocracia.
Del campo a la ciudad
El resultado de la primera vuelta sorprendió a Lima y a los medios de comunicación internacionales (la CNN de Perú no tenía una foto de Castillo para colocar en sus imágenes y tuvo que recurrir a una silueta general). La atención que prestaron a los candidatos mejor posicionados o a los que contaban con apoyo capitalino, ignoró a la masa de votantes de provincias que están profundamente insatisfechos con el statu quo político y económico de Perú. Hace un mes, “el profe” lograba, con las justas, asomarse a un 3 % o 5 % y se mantenía en el bolsón de los “otros”, por lo que todas las luces y baterías macartistas estuvieron enfocadas contra Mendoza a quien señalaron delirantemente de “terrorista”, “chavista”, “senderista”, “comunista”, etc.
Castillo pasó inadvertido para las encuestadoras y los opinólogos de la derecha. Incluso desde la oficialidad de la izquierda criolla y sus análisis posmodernos, no se tomaba en cuenta el discreto encanto del cajamarquino y su arrastre en regiones históricamente diferenciadas y “ajenas entre sí” como el sur (Puno, Arequipa o Cusco) con el norte (Cajamarca, Amazonas, etc.) donde tuvo enorme acogida, desplazando incluso a otros candidatos nacidos en dichas regiones y con mayor maquinaria de prensa y propaganda. Y esto se reflejó cuando el pasado 11 de abril, el primer lugar lo obtuvo Castillo, dejando a Verónika Mendoza en un quinto lugar, con un 8 %. ¿Cómo explicar estos resultados?
El Perú vive una fractura sociopolítica y cultural de alcance histórico. Con un centralismo abusivo y excluyente que insiste en creer que todo nace y muere en Lima, y que fuera de la capital no existe país, salvo para necesidades turísticas y/o comerciales (extractivismo, principalmente). Con un racismo enraizado en la idiosincrasia nacional, heredera de la brutalidad colonial. Con una política galopante de divorcio entre la modernidad urbana y el desmantelamiento rural. Con extensas regiones devastadas por la depredación de las corporaciones transnacionales que han operado impunemente en las últimas décadas, robando, saqueando y exterminando otras formas de economía y organización comunitaria. Con una casta política destinada a defender los intereses de la burguesía nacional heredera de la oligarquía terrateniente que se resistió a desaparecer con la reforma agraria (1968-1974). Con una partidocracia elitista y corrupta que solo aparece en los rincones del país en jornadas proselitistas pero que después desparecen miserablemente. Con un Estado indiferente y violento que arrasó comunidades, etnias y sectores sociales, bajo el pretexto de la “lucha antisubversiva”. Con todo eso y más, era natural la fermentación de un proyecto político de masas que se construya desde la marginalidad hacia la toma del poder político por asalto.
Tras la caída de la dictadura fujimorista fue muy poco lo que quedó al interior del país en términos organizativos desde el campo popular, pues se implementó una desarticulación sistemática de federaciones obreras y gremios campesinales. El sindicalismo provinciano y sus relaciones con los sectores socialistas fueron perseguidos y prácticamente desaparecidos, por lo que, para efectos electorales, no hubo candidaturas claramente de izquierda en las dos últimas décadas. Por ello, la candidatura de Mendoza en 2016 fue visto como una posibilidad latente de aglutinar las fuerzas democráticas y progresistas con mejor cohesión. Ella quedó en un tercer lugar expectante y con una bancada visible para generar oposición al gobierno neoliberal de PPK. Lo que transcurrió en los años venideros hasta hoy, es un cúmulo de avances y retrocesos que incluyen un cierre del Congreso, una vacancia y la elección de un nuevo Legislativo, donde la izquierda representada por el Frente Amplio (coalición por la que inicialmente postuló Mendoza) tuvo un papel cuestionable y que le ha significado duros rechazos desde la población movilizada (votaron a favor de la vacancia junto a la derecha y fueron señalados como parte de los responsables de la imposición del régimen espurio de Manuel Merino que llegó con represión y muerte)[5].
Este panorama generó un recambio dentro de la percepción ciudadana hacia la izquierda en general. Hoy, el votante izquierdista debía elegir entre tres opciones: Perú Libre (PL), Juntos por el Perú (JPP) y el Frente Amplio (FA). De esta gama de posibilidades, JPP, a todas luces, era el mejor posicionado, pues contaba con mayor presencia mediática, cuadros técnicos de mayor experiencia y prestigio, lista congresal con mayor visibilidad entre la población y el carisma de su candidata Mendoza. Mientras que FA se fue desmoronando severamente, perdiendo bases regionales y militancia que renunciaba por desacuerdos con la falta de democracia interna y en rechazo al caudillismo de su candidato Marco Arana. Por su parte, PL fue visto como el sector más intrascendente, pequeño y prescindible. Nadie se ocupó de su discurso “incendiario”. Cabe mencionar que meses antes de iniciar la campaña electoral, se dieron intentos de alianzas entre estos y más grupos; pero entre idas y venidas, terminó por no consolidarse ninguna relación unitaria y, por el contrario, dispersó aún más las simpatías nacionales dentro de la fragmentada izquierda.
Mirar afuera y hacia adentro
Mucho se dice, ahora, sobre las afinidades del plan de gobierno de PL con regímenes progresistas de la región. ¿Pedro Castillo está más cerca de Evo Morales, Rafael Correa o Hugo Chávez? ¿Perú Libre representa a una izquierda arcaica o beligerante (prosenderista)? ¿Es una posición más socialista pese a su impronta conservadora en temas de reforma sociocultural? Es evidente que Castillo comparte el ánimo de los procesos de cambio social que surgieron a finales de los 90 durante el “Giro a la Izquierda” en Latinoamérica, y que tuvieron como punto en común la crítica a políticas neoliberales (tratados de libre comercio, privatización de servicios públicos, flexibilización de estándares laborales y ambientales, entre otras) que profundizaron la desigualdad y la precariedad social. Estos procesos, sin embargo, tienen muchas particularidades. Más allá de la distinción que se hizo entre la izquierda “moderada” (Brasil, Argentina y Uruguay) y la “radical” (Bolivia, Ecuador y Venezuela), las experiencias ecuatorianas y bolivianas se caracterizan por estar muy arraigadas en el movimiento indígena, campesino y ambientalista, mientras que la venezolana se sustentaba más en la movilización de los sectores urbano-marginales. En el programa de Perú Libre, si bien se hace una alusión general a las izquierdas internacionales, explícitamente sigue al modelo ecuatoriano de Rafael Correa y, en menor medida, al boliviano de Evo Morales.
Es decir, en términos sociales, Castillo se asemeja más a Morales ya que ambos provienen de las áreas rurales olvidadas por el Estado. El profesor cajamarquino, decíamos, se reivindica como rondero, campesino y líder sindical de maestros; mientras que Evo lo hacía como indígena y líder sindical cocalero. Sin embargo, en cuanto a pretensiones políticas, el programa de PL reivindica más la “revolución ciudadana” de Correa, pero la articula con proclamas propias del izquierdismo estructuralista de los años 60. Por ello, la propuesta de Castillo comparte pilares, pero también difiere de ambos modelos. Recordemos que Morales y Correa articularon coaliciones entre sectores urbanos, trabajadores, indígenas y de activismo ambiental, esto les permitió llevar exitosamente un proceso constituyente que cambió reglas sociales y políticas fundamentales.
Aunque Perú Libre aboga por un cambio de Constitución, no se observa en su programa una articulación de esa naturaleza y en la representación política que ha logrado obtener en el Congreso no resaltan líderes afines a los pueblos indígenas o al ambientalismo[6]. Asimismo, sabemos que la política económica post-neoliberal en Ecuador y Bolivia se sustentaba en una fuerte regulación del mercado y la “nacionalización de los recursos estratégicos”. La nacionalización en la práctica no significaba la apropiación de activos, sino el cambio de los términos de negociación para incrementar las rentas extractivas y profundizar la redistribución. En el programa de PL se plantean medidas similares, aunque se pone más énfasis a la nacionalización que a la redistribución. También comparte con esas experiencias las proclamas desarrollistas que emergieron a mediados del siglo pasado sobre la necesidad de industrialización y soberanía económica.
En el aspecto ambiental, Perú Libre le da un tratamiento mucho menor al asunto, incluso utiliza el discurso agresivo que Correa, una vez en el poder, mostró contra lo que llamó el “ambientalismo infantil”. El plan de gobierno de Castillo levanta este punto parecido para criticar a las “ONG ambientalistas” que buscan alternativas al extractivismo y, a su vez, sobrepone el objetivo desarrollista de industrialización nacional sobre los fines ambientales. Mientras que el punto sobre la cuestión indígena también preocupa debido a que solo se menciona la consulta previa y muy tangencialmente al Estado plurinacional. Más bien se enfatiza que el Estado debe ser federal, con autonomía política y fiscal de los gobiernos regionales[7].
En cuanto a la propuesta educativa de PL, observamos que es muy ambiciosa, pues busca incrementar el presupuesto hasta alcanzar el 10 % del PBI, lo que permitiría inversiones en infraestructura, equipamiento y el mejoramiento de los bajos salarios magisteriales. Esto se complementa con políticas de lucha contra el analfabetismo, reformulación de los programas curriculares para una descolonización educativa, un sistema universitario público y de calidad, entre muchas propuestas más. Asimismo, Castillo plantea la restructuración del sistema de salud y su transición hacia un sistema “universal, único, gratuito y de calidad”, además de regular el sistema privado de salud a través de un “tarifario único” y normas antimonopolio.
Entonces, vemos que la propuesta de PL incluye el cambio de la Constitución Política del país, para realizar una reforma económica en la que el Estado asuma un rol de empresario para competir con los privados; pide nacionalizar empresas de diversos sectores económicos como el minero, petrolero, hidroenergético, gasífero y de comunicaciones; pero no hay referencia clara frente a la precariedad y explotación laboral, ni buscan una confrontación real con los grandes grupos económicos que controlan el país. A medida que se acercaba el día de las elecciones han ido “moderando” sus planteamientos en materia económica, tal grado que Castillo llegó a declarar que en un gobierno suyo “no se cobrará un impuesto a la riqueza”. Es decir, lo que tiene de arraigo regionalista e identitario con lo étnico andino, no se condice con inclusiones explicitas en lo programático y discursivo hacia la clase trabajadora peruana que desde hace décadas viene sufriendo los estragos de un modelo que ha golpeado puntualmente en materia laboral llevando a la extrema precarización, desempleo, subempleo y tercerizaciones abusivas.
Nuevo escenario
Este 6 de junio, los peruanos están obligados a elegir entre dos opciones antagónicas. Y, naturalmente, las izquierdas en general, se perfilan en el cierre absoluto contra la posibilidad de la vuelta del fujimorato al Ejecutivo. Es este escenario que las bases de JPP y FA piden una articulación de mayor alcance junto a PL. Existe la demanda de superar diferencias de formas y plantear una plataforma unitaria de fondo para contrarrestar el avance de la ultraderecha que se posicionará detrás de Keiko Fujimori generando un porcentaje de votación muchísimo más amplio. Aquí está en juego algo más que una simple elección para el cambio en la administración gubernamental. Está latente la posibilidad de volver al pasado y enterrar lo poco que se pudo avanzar en reformas sociales. La maquinaria corrupta y millonaria del fujimorato tiene la capacidad de volver a destruir el incipiente renacimiento popular a nivel de bases y desmontar los peldaños alcanzados en materia educativa con enfoque de género.
En una reciente encuesta difundida en medios, se ve que Pedro Castillo lidera las preferencias con 42 % mientras que Fujimori alcanza 31 % de cara a la segunda vuelta. Es decir, el nivel de adhesión se mantiene, pero esto podría revertirse en las semanas venideras de acuerdo al plan estratégico que vaya a desarrollar la derecha y el poder mediático para reducir las simpatías hacia el profesor cajamarquino. Aquí veremos, seguramente, una intensificación en las acusaciones macartistas (terruqueos, le llamamos en Perú) apelando al factor “Sendero Luminoso” que siempre es utilitario para los intereses de la burguesía reaccionaria cuando busca desacreditar cualquier posibilidad de descontento social.
Pero no será el único frente de ataque, pues ya se han visto las intenciones de convertir a Castillo en un “Ollanta Humala nuevo”. Es decir, los gremios empresariales asustados con la posibilidad de ver tambalear su hegemonía capitalista, buscarán cercar y reconvertir al “demonio rojo” en una “carta confiable” de las inversiones y la democracia. Ya en 2011 hicieron esto con Humala a quien atacaron por su plan de la “Gran Transformación” nacionalista y reformista, obligándolo a asumir una nueva “Hoja de Ruta” totalmente funcional al neoliberalismo imperante. Frente a esto, el candidato de PL ha manifestado que esto no ocurrirá, que no habrá giros a la derecha ni sujeciones a directrices corporativas. Lo cierto es que ahora se enfrentará a un nuevo escenario donde debe buscar conquistar el voto de las capas medias, la pequeña burguesía y los partidos llamados “de centro” que durante años se han asumido como “antifujimoristas” en temas de ética y moral, aunque cercanos en el planteamiento económico.
En cuanto al movimiento popular en general y la clase trabajadora en particular, se discute la necesidad de avanzar hacia articulaciones programáticas desde las bases con la inclusión de todas las demandas sociales que hoy se mueven por separado. Y se entiende claramente que con Fujimori en el poder toda posibilidad de reorganización sería prácticamente nula y altamente peligrosa. Más allá de adhesiones a pie juntillas o críticas militantes y necesarias desde la izquierda al proyecto de PL, es importante mantener una postura de alerta frente a lo que pueda suceder. Castillo no cuenta con un bagaje político claro (con simpatías intelectuales) ni con el respaldo a priori de las Fuerzas Armadas, y si bien tendrá mayoría en el Congreso, esta no le garantiza viabilidad total a las reformas que puedan gestarse, por lo que la posibilidad de una nueva vacancia estará latente. Entonces, el panorama se muestra complicado, con proyecciones de nuevas e interesantes aperturas, pero con la posibilidad de un entrampamiento pernicioso para nuestro país. Vivimos horas de lucha que definirán el futuro inmediato y el nuevo mapa de las luchas sociales en el Perú.
Notas
[1] Las rondas fueron creadas por los campesinos en Cuyumalca, centro poblado del distrito y provincia de Chota, región Cajamarca, el 29 de diciembre de 1976, con el objetivo de combatir el abigeato y la delincuencia. Son una organización autónoma.
[2] Los profesores exigían, entre otras cosas, un aumento de sueldos para los maestros peruanos.
[3] Desde el 2006, algunas bases crearon el CONARE (Comité Nacional de Reorientación del SUTEP) para disputarle el liderazgo a Patria Roja.
[4] Rafael López Aliaga, candidato por el ultraconservadurismo fascistoide dijo abiertamente que tenía “afinidades” con Castillo por considerarlo un hombre “provida y profamilia”.
[5] En las jornadas del 14N donde la juventud se movilizó en contra de la vacancia vista como intentona golpista, se pudo observar enormes columnas marchando con afiches en contra de los partidos que votaron a favor de la vacancia, entre ellos el Frente Amplio, a quienes se acusó por la evidente desestabilización democrática que costó vidas valiosas durante la represión policial.
[6] Son más bien personalidades regionales, ligadas al gremio de maestros o con cierto activismo dentro de espacios pequeños dentro de la izquierda local.
[7] Aquí entraríamos en una discusión mayor sobre si el federalismo a secas se opone al plurinacionalismo invisibilizando a las naciones indígenas y fortaleciendo más bien a los regionalismos.
Franz Verne
Periodista e investigador social.
