El Partido Democrático de los Pueblos, durante años, se transformó en el instrumento electoral de mucho más que la minoría kurda en el país. Ha reunido en sus filas a un amplio abanico de militantes sociales provenientes de las luchas sindicales y feministas, barriales y por la defensa de los Derechos Humanos, en un contexto marcado por el retorno de organizaciones armadas neofascistas como los “lobos grises” -relacionados con el MHP hoy aliado del gobierno- y por los ataques del terrorismo islamista que el ejecutivo de Erdogan sigue amparando en Siria.
por Felipe Ramírez
Imagen / Marcha de apoyo a Afrin en Berlín, 20 de enero 2018, Montecruz Foto en Flickr. Fuente.
El gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en alianza con los ultranacionalistas del MHP, han dado dos nuevos golpes a la ya débil democracia turca durante las últimas semanas.
La decisión por decreto presidencial de abandonar el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, más conocida como “Convención de Estambul” el pasado 20 de marzo fue la primera señal de que el ejecutivo de Ankara preparaba continuar avanzando en su agenda conservadora y autoritaria, que durante los últimos años ha llevado a miles de políticos -dirigentes partidarios, alcaldes, parlamentarios-, líderes sindicales y sociales y académicos a la cárcel bajo acusaciones de terrorismo.
Bajo la idea de que el documento “ha sido secuestrado por un grupo de gente que intenta normalizar la homosexualidad, incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía” y de que es posible enfrentar la violencia contra la mujer a partir de los “valores tradicionales” del país, Erdogan concretó su amenaza de abandonar el instrumento, firmado en 2011 bajo su gobierno, en un guiño a los sectores más conservadores del país.
La decisión ha enfrentado la oposición de partidos políticos de izquierda, socialdemócratas e incluso varios islamistas creados a partir de quiebres del AKP, así como de organizaciones feministas que convocaron varias manifestaciones en las ciudades del país, en un contexto en el que cada año son asesinadas alrededor de 300 mujeres en contextos de violencia machista.
A la caza del PDP
Pero los derechos de las mujeres no han sido el único blanco de Erdogan estos últimos días. A la larga campaña de ataques y detenciones que ha sufrido el izquierdista y “pro kurdo” Partido Democrático de los Pueblos a lo largo de los años -incluida la detención de sus principales dirigentes, el arresto de cientos de alcaldes destituidos y reemplazados por islamistas, miles de militantes acusados de terrorismo, e incluso atentados con bombas y ataques a sus sedes y actos de campaña- este mes se sumó este 17 de marzo una solicitud de ilegalización del partido.
El Fiscal General realizó la presentación ante el Tribunal Constitucional -que ha ilegalizado 25 organizaciones desde 1963- no sólo para ilegalizar al tercer partido más grande en el Congreso, sino que para prohibir que 687 dirigentes de la organización puedan participar en cualquier actividad política de por vida.
Los cargos apuntan a que el HDP -por sus siglas en turco- busca romper la “unidad del Estado y la nación” a pesar de que nunca ha existido un llamado a la secesión, y ni siquiera se apuntan abiertamente a los supuestos lazos con la guerrilla del “Partido de los Trabajadores del Kurdistan” (PKK).
A ello se ha sumado el retiro de la inmunidad y de su condición de parlamentario al diputado Ömer Faruk Gergerlioglu, por haber compartido en Twitter en 2018 un artículo sobre un llamado de la guerrilla a negociar con el gobierno. Gergerlioglu fue posteriormente detenido en una operación con más de 100 policías en las oficinas parlamentarias del HDP a las 06.30 am mientras se preparaba para sus oraciones matutinas.
Tal como lo destacaron en una declaración[1] los voceros de asuntos internacionales del partido, Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, seis partidos “pro-kurdos” han sido ilegalizados desde 1990, y el anterior dirigente del Selahattin Demirtas se encuentra preso desde 2016 a pesar de que la Gran Cámara de la Corte Europea de Derechos Humanos cerró su caso demandando su inmediata liberación.
De los 65 municipios donde el HDP triunfó en las elecciones de 2019, 48 fueron intervenidas por el gobierno y reemplazados por dirigentes islamistas, mientras a 6 más se les negó directamente asumir sus cargos tras la elección utilizando los decretos de emergencia establecidos tras el fallido Golpe de Estado de 2016.
El Partido Democrático de los Pueblos, durante años, se transformó en el instrumento electoral de mucho más que la minoría kurda en el país. Ha reunido en sus filas a un amplio abanico de militantes sociales provenientes de las luchas sindicales y feministas, barriales y por la defensa de los Derechos Humanos, en un contexto marcado por el retorno de organizaciones armadas neofascistas como los “lobos grises” -relacionados con el MHP hoy aliado del gobierno- y por los ataques del terrorismo islamista que el ejecutivo de Erdogan sigue amparando en en Siria.
En tiempos de violencia paramilitar y del Estado, cuando los militantes de nuestros partidos hermanos caen tras las rejas bajo cargos falsos o asesinados y sus organizaciones son ilegalizadas, la solidaridad es una obligación moral y política. Si no somos capaces de alzar nuestras voces en solidaridad durante momentos como este, no merecemos autodenominarnos militantes de izquierda.
[1] https://www.hdp.org.tr/en/hdp-faces-closure-after-the-appeal-of-the-chief-public-prosecutor-to-the-constitutional-court/15190/
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
