Constitucionalismo contrahegemonico como expresión de las luchas sociales en el neoliberalismo avanzado

En el artículo, se proponen algunos elementos significativos, que se enmarcan en demandas sociales que encarnaron las luchas movilizadoras del último siglo, y que un constitucionalismo que se pretende transformador debe considerar para la elaboración de una nueva carta fundamental. Dicho de otra forma, para que la Constitución Política sea verdaderamente la expresión de las legítimas reivindicaciones del conjunto del pueblo – que en su contenido se encuentre expresada la consagración de conquistas sociales muy sentidas – debe necesariamente considerar como inspiración creadora, los anhelos y deseos de vivir una vida digna.

por Diego Saavedra

Imagen / Against the current, 16 marzo 2015, Hans-Jörg Aleff. Fuente.

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Te recuerdo amor que te amo
Para que me recuerdes
que solo quiero vivir
para ser libre.

Matías Catrileo

Los vencedores implantaron,
dentro de las fronteras reducidas por el despojo,
el librecambio y el latifundio.
Todo fue saqueado y todo fue vendido:
las tierras y los bosques, las minas, los yerbales,
los edificios de las escuelas.

Eduardo Galeano

 

1. Introducción

Desde el día que llegamos a este mundo, se nos ha dicho que existe una sola forma de hacer las cosas. Nos han educado para naturalizar esa idea. La idea de que el mundo es como es y que las utopías son elucubraciones de soñadores, que más vale no seguir para no sufrir portentos, como la miseria y la pobreza. La cultura, el derecho y la economía, han colaborado en dicha noción y tras la caída de los socialismos reales esta idea se ha consolidado.

Tras la derrota del mundo socialista, Francis Fukuyama declaro el fin de la historia, el término de la lucha de las ideologías, el término de la batalla por las ideas. El final de la historia es la victoria de un modelo social, político y económico determinado, el neoliberalismo. Vale decir, la única forma posible en el mundo de hacer las cosas. Aunque las palabras de Fukuyama expresan, la arrogancia de los victoriosos, reflejan al mismo tiempo, la aplastante derrota de los oprimidos y explotados del mundo. Los subalternos.

En una larga y angosta franja de tierra llamada Chile, es donde el neoliberalismo caló con mayor hondura y radicalidad. Es en Chile donde el neoliberalismo nació chorreando sangre y lodo.

La historia de esta forma de vida llamada neoliberalismo inicia con la dictadura militar que llega al poder en 1973. Dictadura que inicio una revolución radical en el país, transformando profundamente los cimientos de la nación. Como en toda revolución, la implantación del nuevo régimen, implica necesariamente derribar los cimientos del régimen anterior.

Es así, como el desmontaje del “antiguo orden” comienza con las conquistas sociales alcanzadas durante el siglo XX, y las instituciones democráticas que consagraba la constitución de 1925. Elementos que fueron totalmente desmantelados, junto con esto, las empresas públicas del periodo nacional-popular, “una subasta que castiga entre un 27 y un 69% el valor real de las empresas y con ello se crea una subvención estatal al patrimonio del emergente empresariado local.” (Ruiz y Boccardo 22)[1]. Al desmantelar la industria nacional, se abre la economía a las inversiones extranjeras en el capital financiero y a las importaciones de toda clase de bienes.

De esta forma se implanta una nueva forma de Estado, y su respectiva “política social”. Nace de esta forma el Estado subsidiario, concepción en la cual el estado focalizara el gasto social, a un grupo muy determinado de la sociedad “los más vulnerables” implementado una serie de insumos técnicos (Ficha CAS, posteriormente llamada ficha de Protección Social) para determinar quiénes son realmente “los verdaderos pobres”, de esta forma se focaliza el gasto social en dichos sectores. Junto con ello se “desmantelan los servicios públicos mediante el traspaso a privados de gran parte de la provisión estatal de salud, educación y previsión social. Con ello se mercantilizan especialmente las condiciones de reproducción social de los sectores medios y obreros” (Ruiz y Boccardo 24)[2].

De esta forma se crea por ejemplo las Administradoras de Fondos de Pensiones (1978), sistema previsional que se caracteriza por ser un sistema de capitalización individual obligatorio de ahorro para la vejez, el cual es administrado por instituciones privadas (Sociedades Anónimas), que ganan una respectiva comisión por su gestión.  Posteriormente esos ahorros comienzan a funcionar como inversión a los mercados financieros, lo que lo convierte en un sistema muy riesgoso, ya que las inversiones están sujetas al ritmo del “crecimiento de la economía y, de manera especial, al funcionamiento del mercado financiero” (Rivadeneira 144)[3].

El sistema se abre a la inversión extranjera, “en 1986 tres consorcios financieros de USA adquieren la mayoría de las acciones de las entonces tres más grandes AFP, llegando a controlar más del 60% de los fondos de pensiones chileno” (Rivadeneira 145)[4]. Posteriormente y ya en democracia, la legislación se modificará para que las perdidas producidas por las AFP en los fondos de pensiones sean asumidas por los propios trabajadores, beneficiando de esta forma a las instituciones administradoras. El sistema es muy resistido por los trabajadores, con el transcurso del tiempo ha demostrado tener tremendas falencias, en lo concreto porque “ha resultado un fracaso para garantizar pensiones decentes y dignas para la mayoría de la población chilena […] según datos oficiales, al 30 de abril de 2017, el 56,3% de los pensionados percibe una pensión por menos del salario mínimo de ese entonces $264.000; y un 80,7% lo hace por ingresos menores de $300.000.” (Rivadeneira 99)[5]. En un país donde el costo de la vida aumenta considerablemente, y junto con ello los precios de la canasta básica de alimentos, el sistema de pensiones ha demostrado su éxito de forma negativa, ya que es exitoso en producir pensiones de miseria y hambre.

En educación pasa algo similar, en 1980 comienza la descentralización y municipalización de la educación, ahora las instituciones públicas son traspasadas desde Estado hacia el municipio. “El cambio incorpora al sector privado como proveedor de servicios educacionales subvencionando con recursos estatales” (Ruiz y Boccardo 25)[6]. En la educación superior comienza la privatización con la Ley General de Universidades (1981) dividiendo a la Universidad de Chile en una serie de instituciones regionales, junto con ello, fomenta la creación de instituciones privadas, cuestión que posteriormente abre la puerta a la inversión nacional y extranjera, donde ingresan grupos económicos con fines de lucro a controlar instituciones universitarias, transformando la educación en un bien de consumo.

Durante los gobiernos de la concertación la demanda por la educación fue en aumento, y para posibilitar el acceso de los sectores medios y populares es que en 2005 “se crea el Crédito con Aval del Estado (CAE) que licita carteras de deudas de estudiantes de la educación superior a la banca privada donde el Estado hace de aval” (Ruiz y Boccardo 34)[7], esto genera un alto nivel de endeudamiento de los estudiantes y sus familias. Deudas que después el Estado compra a la banca privada, y a su vez se “estimula la ganancia de grupos empresariales privados ligados al mercado de servicios universitarios” (Ruiz y Boccardo 35)[8]. Nace de esta forma una educación masiva-lucrativa con preponderancia del mundo privado, que “sería imposible sin los subsidios públicos, independiente de la naturaleza cambiante de los mismos” (Orellana y Miranda 121)[9], ya sea que estos subsidios se presenten mediante la lógica del voucher o del crédito.

Esta forma de privatización de la vida, y de la reproducción de la misma, no solo afecta a los hombres, la noción de estado subsidiario que sustenta el neoliberalismo, y la forma de división del trabajo, tiene como sustento el que las mujeres, se encuentren subordinadas a roles de cuidado y protección, excluyéndolas de los espacios de participación y deliberación política que principalmente monopolizan los hombres. Esta forma de subordinación es totalmente perjudicial para las mujeres, al punto que su propia vida se encuentra en constante peligro. En el núcleo central en el desarrollo del trabajo doméstico no remunerado se evidencia la existencia de una forma de desigualdad tan profunda que llega a configurarse como injusticia vital.

Este trabajo doméstico no remunerado en la lógica neoliberal es necesario para la adquisición de bienes, esto en cuanto a que “la privatización de derechos sociales conlleva que el acceso a servicios dependa del poder adquisitivo, lo que en concreto es que las familias adineradas resuelven su vida pagando en los servicios privados y a costa de la explotación de otras mujeres a cargo de las labores domésticas, mientras las familias populares se sostienen a costa de mayor explotación no remunerada de las mujeres.” (Saavedra y Toro 142)[10]. Ahora, esta forma de subordinación implica necesariamente la ampliación de la mercantilización de la vida, al mantener las tareas domésticas dentro del ámbito de la esfera privada, y a su vez negarle su esfera de deliberación democrática.

En dicho sentido, la total privatización de la vida, genera pauperización en la población, aumento de endeudamiento en las familias producto de los bajos sueldos, y las alzas sostenidas en los precios de bienes básicos. Esta situación asfixiante de incertidumbre sobre él porvenir, pone totalmente en riesgo a las mujeres, ya que se agudiza profundamente la violencia doméstica. Esto en consideración a las condiciones de precariedad y despojo que hombres y mujeres se encuentran bajo el neoliberalismo, y que en cuentas los hombres expresan en la violencia hacia las mujeres como “uno de sus únicos ejercicios de poder y propiedad.” (Saavedra y Toro 139)[11]. Esta violencia es la principal causa de casos de femicidios en el país, y las cifras lo ratifican, ya que en el año 2020 se registraron 42 casos de femicidios consumados y 149 femicidios frustrados, situación que en contexto de pandemia se vuelve extremadamente peligrosa.

Como si fuera poco, cabe señalar que en Chile los recursos naturales también son objeto de explotación privada, esto es en cuanto a la propiedad del uso del agua, y la tierra. Esto fue uno de los elementos llamativos del neoliberalismo en Chile, una nueva forma de comprender la propiedad, la que separa el uso del suelo, de las aguas y de los recursos naturales. Consecuencialmente una ola de privatización de las empresas dedicadas a la explotación económica de dichos recursos, industria que se establece principalmente en el norte del país en razón de la extracción de minerales, y en el sur por la explotación de la celulosa.

Esta forma de actividad económica ha desencadenado una serie de conflictos medioambientales graves, que han generado consecuencias en la salud de las personas. Pero esto no solo ha activado la resistencia de grupos socioambientales, sino principalmente a las comunidades indígenas del país, por ejemplo, el pueblo mapuche.

Es importante señalar que las formas de explotación económica y los regímenes de propiedad que nacen con el neoliberalismo, se encuentran en contradicción con la cosmovisión de estos pueblos. En el régimen capitalista, la propiedad tiene una concepción principalmente individualista, en cambio la forma de concebir la propiedad del pueblo mapuche, es principalmente colectiva, así mismo, la cosmovisión que se tiene respecto de la naturaleza. Para el pueblo mapuche la naturaleza es indivisible, a diferencia del régimen jurídico de propiedad capitalista, que separa de los elementos propios del territorio como el agua o la tierra.

Esto es fundamental para entender porque la industria forestal y la explotación de la celulosa se encuentra en conflicto con las comunidades indígenas y su forma de vida, “para los mapuches, la expansión forestal es su muerte como pueblo. Cada año la frontera forestal se expande unas 50 mil hectáreas. Además de verse literalmente ahogados por los cultivos, comienzan a sentir escasez de agua, cambios en la flora y la fauna y la rápida desaparición del bosque nativo.” (Raúl Zibechi 103)[12].

Esta forma de explotación económica contribuye a agudizar el conflicto histórico por demandas territoriales del pueblo mapuche, esto enmarcado en la legitima pretensión por autonomía política de sus comunidades. En dicho sentido, la reclamación de tierra por parte del pueblo mapuche no solo se enmarca en una cuestión material de reivindicación, sino de orden cultural, es un reclamo por la forma de vida, por los espacios en que su cultura desarrolla la vida en comunidad, vale decir es una lucha por su supervivencia.

Los elementos antes mencionados reflejan lo perjudicial que se ha vuelto esta forma de vida llamada neoliberalismo. Modelo que ha generado un impacto negativo en las vidas de las chilenas y los chilenos. Ejemplos como Freirina, el saqueo del agua que ha generado sequía y muerte para la agricultura en la zona central, el daño ocasionado por la minería a los santuarios de la naturaleza como el Salar de Atacama y su rica biodiversidad, vienen a corroborar esta situación. Los casos señalados demuestran las formas en que él actual modelo ha contribuido a la destrucción de la naturaleza y su biodiversidad, a la pauperización en amplios aspectos del desarrollo integral de las comunidades, la precarización de la vida, y consecuencialmente la producción de un individuo con total pérdida de soberanía al convertir su propia vida y la reproducción de la misma en un nuevo tipo de mercancía.

Es ante esto, que nos rebelamos.

2. Resistencia y contrahegemonia

Desde el 2006 con la revuelta de los pingüinos hasta la revuelta social del 2019, se han generado en Chile, una serie de luchas contrahegemónicas. Que han tenido de protagonista a un pueblo que se levanta con tal fuerza y magnitud que ha posibilitado el cambio constitucional, como también la posible salida del neoliberalismo.

A continuación, voy a proponer algunos elementos significativos, que se enmarcan en demandas sociales que encarnaron las luchas movilizadoras del último siglo, y que un constitucionalismo que se pretende transformador debe considerar para la elaboración de una nueva carta fundamental. Dicho de otra forma, para que la Constitución Política sea verdaderamente la expresión de las legítimas reivindicaciones del conjunto del pueblo – que en su contenido se encuentre expresada la consagración de conquistas sociales muy sentidas – debe necesariamente considerar como inspiración creadora, los anhelos y deseos de vivir una vida digna.

2.1 Derechos Sociales

La demanda por derechos sociales cobra gran importancia en Chile desde las movilizaciones estudiantiles del 2006 y 2011, como también por la crisis de la salud pública. La importancia de luchar por conquistar derechos sociales, tiene estrecha relación con la existencia de la desigualdad. Si consideramos que la desigualdad “es una violación de la dignidad humana porque niega la posibilidad de que todos los seres humanos desarrollen sus capacidades” (Göran Therborn 9)[13], es por ende un imperativo moral terminar con estas condiciones injustas, y generar las condiciones necesarias para que las personas logren el máximo desarrollo de sus capacidades, en parte estas condiciones de desarrollo, son los derechos sociales, vale decir ciertas obligaciones que debe realizar el estado para lograr dicho objetivo, en la satisfacción de ciertas necesidades.

Es por ello que principalmente los derechos sociales son entendidos como aquellos derechos que posibilitan a las personas desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, como también aquellos que permiten condiciones materiales de orden económico al acceso a ciertos bienes necesarios que permiten una vida digna, y “en la medida en que los bienes que protegen tienen que ver con la supervivencia y con el disfrute de las condiciones materiales que posibilitan el ejercicio real de la libertad o de la autonomía, las reivindicación de derechos sociales interesa potencialmente a todas las personas.” (Gerardo Pisarello 11)[14].

Ahora la dimensión de la demanda por derechos sociales es de diverso tipo, y en Chile tienen un talante contrahegemónico. Esto debido a que en la retórica que sustenta el modelo neoliberal, vale decir, el relato sobre el cual, la existencia de desigualdad no es un problema, se traduce en que la perdida de estos talentos y capacidades es para el modelo, algo natural. Cuestión que se refleja en que el acceso a estos bienes como educación, salud, vivienda, previsión, etc., dependen de la capacidad adquisitiva de cada familia o persona.

Otro elemento fundamental es que en Chile existe todo un mercado privado que entrega estos servicios, y que en parte promueve la demanda de lo privado en desmedro de lo público, manteniendo lo estatal como cobertura de subsistencia para los grupos más vulnerables, y por otra parte el estado mediante el subsidio, financia a las ganancias de las instituciones privadas, “impulsando el rentismo empresarial propio de este capitalismo de servicio público sobre la base de agudizar la privatización de las condiciones de vida” (Carlos Ruiz Encina 156)[15]. Esto es relevante ya que la conquista de derechos sociales no solo implica terminar con las desigualdades, también implica una batalla por el régimen de propiedad que existe en la prestación de estos servicios, y por último una batalla por la conquista de la soberanía y de la reproducción de la propia vida.

2.2 Una nueva democracia feminista y plurinacional

Un elemento fundamental para una transformación importante de la carta magna, es ampliar los márgenes democráticos. Esto implica ampliar la participación de los sujetos que pueden participar, y el carácter mismo de dicha participación, por lo que es crucial en dicha tarea entender los nuevos horizontes democráticos que la pulsión constitucional abre.

Es por ello que los principales protagonistas de este proceso deben ser los subalternos, vale decir aquellos que “como condición y proceso de desarrollo subjetivo” (Massimo Modonesi 52)[16], qué en razón de su experiencia de subordinación, generan acciones que incluyen “combinaciones de aceptación relativa y de resistencia, de espontaneidad y conciencia” (Massimo Modonesi 52)[17], que se expresa generalmente en una disposición de lucha.

Durante la revuelta social es posible reconocer tres grandes grupos o colectividades que se enmarcan en dicho concepto de subalternidad, los estudiantes secundarios, las mujeres y el pueblo mapuche.

Una forma de ampliación democrática puede ser la reducción en la edad para ejercer el derecho a voto y de esa forma incluir a los adolescentes. A mi juicio acá existen tres argumentos fuertes para sostener dicha inclusión, el primero es el grado de reflexión social y política que los estudiantes secundarios vienen demostrando por lo menos desde el año 2006, construyendo sus propias organizaciones e instituciones a nivel local como nacional, y con importantes argumentos técnicos en sus legítimas reivindicaciones. Existe un alto grado de fuerza y apoyo que las movilizaciones estudiantiles generan en la ciudadanía. Esto no es menor, porque indica que los jóvenes encarnan cierto malestar que logran identificar en sus familias y en su vida, lo que a su vez demuestra que ellos, logran comprender el mundo, por lo que a esa edad ya tienen la capacidad de dar argumentos políticos bien fundados.

El segundo argumento es simbólico, y tiene que ver con que el cambio constitucional fue posible en gran medida a la movilización de estudiantes secundarios en la víspera del 18 de octubre. Reconocerles a los jóvenes de Chile el merito de iniciar la transformación más importante de la vida democrática de esta nación es un imperativo insoslayable.

Y tercero el argumento de la responsabilidad. En la actual legislación, el legislador desde la edad de los 14 años les reconoce responsabilidad penal a los adolescentes, vale decir que ya pueden ser sancionados por sus actos, e inclusive privarlos de su libertad.

En dicho sentido, si a los adolescentes ya les reconocemos responsabilidad penal, ¿Por qué no reconocerles también responsabilidad política? Si a la fecha pueden ser responsables de sus actos, nada obsta que puedan ser responsables por sus ideas, y por ende poder ejercer su opinión y voto en consonancia con dicho estándar.

La cuestión de la amplitud democrática también tiene gran importancia para las reivindicaciones de los movimientos feministas del siglo XXI, y en dicho sentido, es posible identificar una serie de demandas enmarcadas en la idea de justicia social, como por ejemplo la paridad democrática en los cargos, como en la estructuras políticas y económicas respecto de las mujeres. Otra demanda es la necesidad de desarrollar políticas económicas de orden redistributivo para paliar las desigualdades socioeconómicas que se encuentran presentes en la estructura económica de la sociedad. Y en tercer término la demanda por reconocimiento, que tiene que ver con el reconocer diversas identidades en una perspectiva cultural que en el orden actual son excluidas o devaluadas injustamente.

Si aceptamos que a pesar de la existencia de la “igualdad formal” existen una serie de desigualdades que tienen estrecha relación con el sexo, la raza, la etnia, y el género de una persona. Entonces en una nueva carta fundamental es imperativo reconstruir la idea de igualdad, sobre todo para combatir la existencia de dichas desigualdades. Y en dicho sentido, si esas desigualdades implican la exclusión sistemática en el debate público de ciertos grupos, debemos tomar las medidas necesarias para encontrar una solución a dicho problema.

La idea de asignación de cuotas hasta al momento ha contribuido en mejorar dicha situación, ya que “los sistemas de cuotas electorales son acciones positivas que parten del supuesto de que existe un desequilibrio que impide la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.” (Alejandra Zúñiga, Daniela Aguilera y Andrea Vásquez  22)[18]. Esto en virtud de que este sistema se hace cargo de tres cuestiones importante, primero contribuye a fortalecer el derecho a participar y ser elegidas en cargos políticos, ya que sin mediar estas medidas generalmente estos espacios políticos son monopolizados por los hombres. Segundo, que en Chile las mujeres representan más de la mitad de la población, y por ende deben tener una representación equivalente a su número. En tercer lugar, las mujeres tienen durante su vida diferentes experiencias e intereses que deben ser objeto de deliberación y representación en el debate público.

En lo que respecta a las desigualdades socioeconómicas que sufren las mujeres, una medida importante a adoptar para terminar con esta situación es el reconocimiento del trabajo doméstico reproductivo no remunerado, ya que “la ausencia de una distribución equitativa de las responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres en el interior de los hogares aumenta la vulnerabilidad laboral de estas últimas” (Laura Pautassi y Corina Rodríguez 140)[19].

A su vez tomar las medidas necesarias para terminar con la discriminación y desigualdad que existe en la estructura de división dentro del trabajo remunerado, donde se excluye a las mujeres de puestos mejores pagados y más cualificados, que desde la concepción actual da como resultado “una estructura económica que genera formas de injusticia distributiva, específicas de género, incluyendo la explotación basada en el género, la marginación económica y la privación” (Nancy Fraser 92)[20]. Esto implica necesariamente, avanzar en una concepción de la familia, donde el hombre ya no es el proveedor y que a su vez las mujeres no solo se dedican a las tareas del hogar. Concepción que no corresponde a la realidad actual, y que se ve reflejada en las cifras, según CASEN de 2015, las mujeres jefas del hogar representan un 39,5% y continúan su tendencia al alza, por lo que en la práctica en muchas familias el hombre no es el proveedor o sostenedor económico, situación que se ve corroborada por el número de retenciones (más de 500.000 mil) del retiro del 10% de los fondos de las AFP por deudas de pensión de alimentos.

Otro elemento o medida fundamental necesaria en una nueva constitución es el reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de formas de familia que se pueden expresar en la sociedad, y junto con ello las diversas formas de identidad como también las diferentes formas de amar.

Es importante construir patrones de interpretación y evaluación institucionalizados que traten a las personas como merecedoras de respeto o estima. Cuando estos patrones operan en desmedro de las personas, por la falta del reconocimiento, se “constituye una injusticia fundamental” que “es lo que ocurre con la falta de reconocimiento […] que implica la institucionalización de normas sexuales e interpretaciones que niegan la participación igualitaria de gays y lesbianas” (Judith Butler y Nancy Fraser 93)[21] o también las formas de institucionalización que impiden el desarrollo de personas de raza negra.

Es de gran importancia tener en consideración esta oportunidad que nos entrega el feminismo para ampliar los márgenes democráticos, en cuanto participación, y representatividad, como también la forma de construir y desarrollar nuevos derechos, como por ejemplo el derecho social a la renta básica como forma de terminar con las desigualdades que nacen de la falta de reconocimiento del trabajo doméstico o como ayuda para los grupos menos favorecidos.

Finalmente es importante repensar la idea del pacto social en un país donde existen demandas de autonomía de los pueblos originarios. Principalmente es necesario recoger la idea de un pacto entre naciones que da vida a un nuevo estado de carácter plurinacional, esto implica entender a los pueblos indígenas “como sujetos políticos con derecho a definir su propio destino y gobernarse en autonomías” (Hugo Tortora 53)[22] , y a su vez como actores que participan en la definición del carácter del nuevo Estado.

En la batalla por la hegemonía, los elementos que viene aportar esta nueva forma de Estado, tienen como expresión el conflicto político con el orden colonial, como también un cuestionamiento profundo al modelo de desarrollo primario extractivista que depreda la naturaleza y sus recursos.

El reconocimiento de la cosmovisión de estos pueblos, contribuye en el desarrollo del derecho, ampliando su contenido, identificando elementos dignos de protección como el agua, la tierra y la naturaleza. También contribuyen a una nueva forma de desarrollo en materia de los derechos sociales, esto enmarcado en la idea del buen vivir, que implica el “vivir en armonía con los demás seres humanos y la naturaleza, sobre la base de la unidad, la solidaridad y la empatía, retomando los principios ancestrales de los pueblos de la región.” (David Choquehuanca)[23] por ende, esta idea implica la construcción de un Estado que establece como cuestión central el desarrollo de la vida en un sentido amplio e integral del término, donde la fuente de la vida que se encuentra en la comunidad adquiere un valor crucial, “donde todos los integrantes se preocupan por todos”. En consecuencia, una concepción de la sociedad con mayor vinculación con sus miembros como también con los procesos de la naturaleza, noción que se encuentra en directa confrontación con la concepción individualista dentro de los márgenes del orden neoliberal.

 

3. Conclusión

No cabe duda que el proceso de cambio constitucional chileno, tiene su origen en una serie de movilizaciones sociales de resistencia contra el avance de un neoliberalismo que durante más de 30 años hegemonizo el desarrollo social, político y económico de la sociedad.

Es por ello que la posibilidad de dicha transformación que inicia el 18 de octubre, es consecuencia directa de años de acumulación de experiencias, que protagonizan esfuerzos colectivos e individuales, de hombres, mujeres, de los pueblos originarios, de activistas LGBTIQ+, de organizaciones sociales como políticas de diverso tipo, y sobre todo la participación de la sociedad que contribuyo apoyando la posibilidad de concretar estas transformaciones muy sentidas por amplios sectores del pueblo.

En dicho sentido una nueva constitución no puede nacer excluyendo a esas identidades y esfuerzos que ayudaron a generar la posibilidad de transformación. Con mayor razón una nueva constitución no puede ser redactada, sin tener en cuenta estas legitimas reivindicaciones, que en ultimo termino, tienen como objetivo, construir una sociedad más justa socialmente y de esa forma alcanzar el desarrollo de una vida en dignidad y libertad para el conjunto del pueblo.

Referencias

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Ruiz, Carlos y Boccardo, Giorgio (2015): Los Chilenos Bajo el Neoliberalismo, Publicaciones el Buen Aire, Santiago de Chile.

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Orellana, Víctor (2018): Entre el Mercado Gratuito y la Educación Pública, Lom Ediciones, Santiago de Chile.

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Ruiz Encina, Carlos (2015): De Nuevo la Sociedad, Lom Ediciones, Santiago de Chile.

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Pisarello, Gerardo y de Cabo, Antonio (2006): La Renta Básica Como Nuevo Derecho Ciudadano, Editorial Trotta S.A., Madrid.

Gajardo Falcón, Jaime y Zúñiga Urbina, Francisco (2019): Constitucionalismo y Procesos Constituyentes. Vol.2. Una Revisión Crítica al Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, Editorial Thomson Reuters, Santiago de Chile.

Zúñiga, Alejandra, Aguilera, Daniela y Vásquez, Andrea (2007): “Lejos del Poder. Hacia la Implementación de una Ley de Cuotas en Chile”, Revista de Derecho Valdivia vol. 20, N° 2.

 

Notas

[1] Carlos Ruiz y Giorgio Boccardo, Los Chilenos Bajo el Neoliberalismo (Santiago de Chile, Ediciones y Publicaciones El Buen Aire S.A, 2015), pp. 22.

[2] Carlos Ruiz y Giorgio Boccardo, Los Chilenos Bajo el Neoliberalismo (Santiago de Chile, Ediciones y Publicaciones El Buen Aire S.A, 2015), pp. 24.

[3] Carlos Rivadeneira Martínez, Aquí se Fabrican Pobres (Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2017), pp. 144.

[4] Carlos Rivadeneira Martínez, Aquí se Fabrican Pobres (Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2017), pp. 145.

[5] Carlos Rivadeneira Martínez, Aquí se Fabrican Pobres (Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2017), pp. 99.

[6] Carlos Ruiz y Giorgio Boccardo, Los Chilenos Bajo el Neoliberalismo (Santiago de Chile, Ediciones y Publicaciones El Buen Aire S.A, 2015), pp. 26.

[7] Carlos Ruiz y Giorgio Boccardo, Los Chilenos Bajo el Neoliberalismo (Santiago de Chile, Ediciones y Publicaciones El Buen Aire S.A, 2015), pp. 34.

[8] Carlos Ruiz y Giorgio Boccardo, Los Chilenos Bajo el Neoliberalismo (Santiago de Chile, Ediciones y Publicaciones El Buen Aire S.A, 2015), pp. 35.

[9] Víctor Orellana Calderón y Camila Miranda Medina, “La mercantilización de la educación en Chile”. En: Víctor Orellana Calderón (Ed), Entre el Mercado Gratuito y La Educación Pública (Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2018), pp. 121.

[10] Valentina Saavedra y Javiera Toro, “La revuelta feminista: de la lucha de las mujeres a la lucha por una nueva sociedad”. En: Faride Zerán (Ed), Mayo Feminista. La Rebelión Contra el Patriarcado (Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2018), pp. 142.

[11] Valentina Saavedra y Javiera Toro, “La revuelta feminista: de la lucha de las mujeres a la lucha por una nueva sociedad”. En: Faride Zerán (Ed), Mayo Feminista. La Rebelión Contra el Patriarcado (Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2018), pp. 139.

[12] Raúl Zibechi, Autonomías y Emancipaciones. América Latina en Movimiento (Santiago de Chile, Editorial Quimantú, 2008), pp. 103.

[13] Göran Therborn, Los Campos de Exterminio de la Desigualdad (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015), pp. 9.

[14] Gerardo Pisarello, Los Derechos Sociales y sus Garantías (Madrid, Editorial Trotta S.A., 2007), pp. 11.

[15] Carlos Ruiz Encina, De Nuevo la Sociedad (Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2015), pp. 156.

[16] Massimo Modonesi, Subalternidad, Antagonismo, Autonomía (Buenos Aires, CLACSO, 2019), pp. 52.

[17] Massimo Modonesi, Subalternidad, Antagonismo, Autonomía (Buenos Aires, CLACSO, 2019), pp. 52.

[18] Alejandra Zúñiga, Daniela Aguilera, y Andrea Vásquez, “Lejos del Poder. Hacia la Implementación de una Ley de Cuotas en Chile”, Revista de Derecho Valdivia vol. 20, N° 2 (2007): pp. 22.

[19] Laura Pautassi y Corina Rodríguez Enríquez, “Ingreso ciudadano y equidad de género: ¿modelo para armar? Una aproximación al caso latinoamericano”. En: Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo (Eds), La Renta Básica Como Nuevo Derecho Ciudadano (Madrid, Editorial Trotta S.A.,2006), pp. 140.

[20] Nancy Fraser, “La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación”, Revista de Trabajo vol. 4, N° 6 (2008): pp. 92.

[21] Nancy Fraser, “Heterosexismo, falta de reconocimiento y capitalismo”, New Left Review N° 2 (2000): pp. 93.

[22] Hugo Tortora Aravena, “El carácter descolonizador como rasgo material del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”. En: Jaime Gajardo Falcón y Francisco Zúñiga Urbina (Eds.), Constitucionalismo y Procesos Constituyentes. Vol.2. Una Revisión Crítica al Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (Santiago de Chile, Editorial Thomson Reuters, 2019), pp. 53.

[23] Patricio López, “El buen vivir según el canciller de Bolivia, David Choquehuanca”, Diario Uchile, http://radio.uchile.cl/2015/10/31/el-buen-vivir-segun-el-canciller-de-bolivia-david-choquehuanca/