Carabineros: Crisis Institucional, el “enemigo interno” y la necesidad de refundación

La lógica del enemigo interno utilizada por carabineros puede ser extrapolada a grandes sectores de la población que podrían ser parte de alguno o más grupos anteriormente nombrados y/o simplemente ser críticos circunstanciales del actuar policial. O sea, que se está creando un clima similar a los años más duros de la dictadura de Pinochet, donde Carabineros de Chile, se ha transformado en una institución no solamente de sometimiento por parte del Estado a raíz de cuestiones políticos, sino que también ha desarrollado un comportamiento propio de grupos que operan con independencia del poder civil, cometiendo una serie de crímenes en virtud de la defensa de sus intereses organizacionales.

por Diego Durán Toledo

Imagen / La plaza de la dignidad se disputa, 20 de diciembre 2019, Paulo Slachevsky. Fuente.

Ha pasado prácticamente una semana, desde el asesinato del artista callejero Francisco Martínez, en la comuna de Panguipulli, a manos de un funcionario de Carabineros de Chile, que ha suscitado las más diversas reacciones no solo en el mundo político, sino que también de parte de la ciudadanía, que en su mayoría ha condenado el actuar del uniformado en consideración de desproporcionalidad de su actuar en relación al accionar de la víctima, manifestando su indignación desde acciones de protesta pacífica, hasta el ataque de comisarías y otras dependencias públicas.

Este sentimiento general, no ha sido compartido ni por la institución y el gobierno, que han salido respaldar y/o justificar públicamente este accionar bajo el precepto de la “legítima defensa” o de los propios tribunales de justicia, que si bien han declarado admisible la querella respecto al hecho, no han considerado que el funcionario en comento, sea un peligro para la sociedad, siendo que descargo su arma de servicio, en forma reiterada, dirigida hacia zonas vitales del fallecido y que en base a lo que se puede apreciar a las imágenes difundidas por medios de comunicación y redes sociales, no prestó a la brevedad auxilio a la malabarista abatido.

Ante este hecho, evidentemente el cuestionado actuar de la policía chilena una vez más ha sido puesta en tela de juicio ante la opinión pública, más aun considerando que solo durante esta semana se han suscitado una serie de acciones, que inclusive han roto el “framing” del que son acusados los medios de comunicación tradicionales a nivel nacional, respecto al actuar de las fuerzas del orden y que han ahondado aún más la crisis institucional, entre los que podemos encontrar: El supuesto suicidio de un joven en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda, la amenaza en vivo con una escopeta de servicio a un periodista que realizaba un despacho en horario de toque de queda, las acusaciones en torno al asesinato de un ciudadano boliviano en Calama, el recursos de amparo acogido por el Consejo para la Transparencia, ante la vulneración de dicho principio por parte de las fuerzas de orden al negarse a entregar registros audiovisuales y el “pronunciamiento institucional” sobre el malestar que ha generado la idea de una personera del presente gobierno sobre una refundación institucional, vulnerando a juicio de quien escribe el principio de no deliberación y sometimiento a la autoridad civil, entre otros. Son un claro reflejo del situación de la policía chilena.

A partir de lo anterior y considerando también, el deterioro de la imagen institucional a partir del año 2016 con la difusión del llamado “PACOGATE” que desnudaba la malversación de fondos, soborno y cohecho, entre otros delitos, relacionados con las finanzas de las fuerzas del orden público desde el año 2006, en el cual se han visto involucrados hasta ex altos mandos, el cual fue un reflejo del desorden institucional de los sistemas de control de gestión y la descomposición orgánica de la ética administrativa. Además de las acusaciones de hechos de vulneración de derechos fundamentales que se han acrecentado durante la década anterior (en especial en casos como el “conflicto mapuche”) y que se han hecho más que evidentes a partir de los hechos desencadenados posteriores al “estallido social” y que reflejan las prácticas de fuerza desproporcionada y en algunos casos derechamente sociópatas de sus funcionarios. Permiten aseverar que actualmente es inviable continuar con la existencia por parte de Carabineros de Chile, desde un punto de vista político y administrativo, por lo cual se hace necesario una reestructuración (o mejor dicho una refundación) del cuerpo policial, que va desde su imagen y nombre, hasta nuevos programas de estudio de los efectivos policiales, de capacitación, políticas de reclutamiento y desarrollo de carrera, gestión administrativa y mecanismos de supervisión y control de organismos civiles.

Ahora bien, a pesar de todo lo que se ha dicho anteriormente, lo más grave de la situación actual no es la mera ocurrencia de estos hechos, sino el discurso del alto mando de Carabineros de Chile, apoyado por las autoridades civiles y que se refleja en el accionar de los agentes del estado en las calles.

Este discurso, se basa fundamentalmente bajo la idea del “enemigo interno” desarrollada fundamentalmente en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado por los gobiernos dictatoriales de la región, en el marco de la “doctrina de seguridad nacional”, el cual cobró en Chile la vida de más de tres mil personas durante el régimen militar, y que fue resucitado en por el presidente Piñera, en un discurso políticamente irresponsable y que fue una jugada desesperada para salvar su gobierno la noche del 21 de octubre de 2019, ha sido adoptado por la fuerzas del orden no solamente para la persecución de grupos considerados “antisociales” por el Estado, sino que también como una fundamentación para avalar los abusos e irregularidades por parte de este cuerpo policial.

Si se analiza detalladamente, el accionar de las fuerzas policiales en este último par de años, ha existido una política acrecentada de ocultamiento de información en variados casos de abusos de todo tipo, discursos de fundamentación de un accionar que contradicen los propios protocolos institucionales, bajo la lógica de una interpretación antojadiza del actuar policial y de la legislación que regula su accionar o derechamente planteando un discurso en el cual se fundamenta sus actos en base a la protección de la sociedad.

Sin embargo, la definición de grupos considerados como beligerantes por parte de las fuerzas policiales se han ampliado a raíz de la situación actual, ya no solamente considerando a aquellos que históricamente han tenido una relación de tensiones con las fuerzas armadas, como los grupos de izquierda extraparlamentaria, ciudadanos de barrios marginales de las grandes capitales o la población de origen autóctono, sino que a todo aquella persona u organización que ose cuestionar el actuar policial o que su propio forma y/o estilos de vida salgan del marco de una cuerpo armado y que sea ha formado por una oficialidad criada al alero de los últimos años de la dictadura militar, siendo esta educación de un marcado carácter sexista, nacionalista, clasista y xenofóbica.

Bajo esta condición, y en virtud de que una sociedad globalizada del siglo XXI y de un país mucho menos conservador que hace 30 años, resulta casi lógico que las fuerzas policiales, que han sido educadas bajo estos conceptos, consideren como sujetos peligrosos a nuevos grupos sociales, culturales o políticos, tales como: migrantes, grupos feministas, organizaciones sociales populares, medios de comunicación independientes, etc.

En el fondo si vamos sumando, la lógica del enemigo interno utilizada por carabineros puede ser extrapolada a grandes sectores de la población que podrían ser parte de alguno o más grupos anteriormente nombrados y/o simplemente ser críticos circunstanciales del actuar policial. O sea, que se está creando un clima similar a los años más duros de la dictadura de Pinochet, donde Carabineros de Chile, se ha transformado en una institución no solamente de sometimiento por parte del Estado a raíz de cuestiones políticos, sino que también ha desarrollado un comportamiento propio de grupos que operan con independencia del poder civil, cometiendo una serie de crímenes en virtud de la defensa de sus intereses organizacionales.

Cabe destacar, que obviamente el actuar de la policía chilena, cuenta con el apoyo expreso de un gobierno cuyos niveles de aprobación apenas superan el porcentaje de error estadístico (Encuesta PULSO le dio un 4,6% en el pasado mes de enero), en consideración de que hoy en día el respaldo de las fuerzas armadas y de orden representan el principal garante que ha podido sostener en el poder a la actual administración al no contar con una base mínima de apoyo ciudadano. Por ende, el enfrentarse a su principal aval en el poder, no es una estrategia viable para una administración al borde del abismo institucional.

En este contexto, resultaría casi lógico y predecible que llegasen a existir grupos que, bajo este discurso de persecución policial, puedan desarrollar organizadamente acciones violentas contra unas fuerzas del orden, que tiene todos los vicios señalados anteriormente, produciéndose a futuro una escala de violencia, que puede ser un golpe fundamental para la democracia y el Estado de Derecho.

Se necesita una política de Estado (independiente del gobierno y su símbolo político) refundacional en materia policial, que ataque los ejes del mal institucional, caracterizados por la corrupción, la crueldad, el mal entrenamiento físico y el irrespeto abierto a los valores de una policía en un sistema democrático, tal como lo hicieron otros países en el pasado, como por ejemplo el caso español y la Guardia Nacional.

Finalmente, es menester indicar que hay un quiebre irreparable entre un sector de la ciudadanía y las fuerzas policiales, en donde estos últimos en base a una lógica institucional reconocen a un enemigo ficticio que atañe a grupos importantes de la población, por lo cual y rescatando las palabras de Newman (2021) “Carabineros es una policía amateur, que está sumida en un descontrol completo y su destino inexorable no es otro que desaparecer por el bien de la democracia y la República”[1].