Cultura de la presión

Tras breves cinco años y a través de la campaña medial #salvemosNAVE, Cifuentes exige el rescate estatal de una tentativa privada fallida, ante lo cual cabe preguntarnos ¿qué más ayuda del Estado espera NAVE como institución privada? Si observamos el nutrido circuito cultural público y subvencionado en torno a los barrios Brasil, Yungay y Matucana, a NAVE ciertamente no le ha ido mal con el respaldo estatal, aún siendo privada. Y contrario a lo que se alega respecto a lo “único” del rol cultural de NAVE en el barrio Yungay, lo cierto es que esa área particular de Santiago está excelentemente nutrida con instituciones culturales especializadas de diverso tipo, al punto de contar entre sus manzanas con el llamado Circuito Cultural de Santiago Poniente fundado en 2009.

por Carolina Olmedo Carrasco

Imagen / Centro Cultural Nave, mayo 2019, B1mbo. Fuente.

Ha causado revuelo el reciente anuncio de María José Cifuentes, directora del centro experimental de danza contemporánea NAVE, acerca del estado financiero de esta institución cultural privada fundada en 2015. En sus palabras, NAVE estaría a punto de cerrar sus puertas por desfinanciamiento, tanto de los donantes empresariales privados que sustentaron el proyecto en sus inicios, como del Estado, que no viabilizó ninguna de las postulaciones del centro a fondos de cultura. A la edad de cinco años, uno de los proyectos culturales más activos y autónomos del mundo privado está en una crisis terminal, de la cual su directora inculpa al Estado pese a que de éste proviene gran parte del financiamiento de la programación del centro, así como también la Ley de donaciones culturales que ha permitido la inversión privada en este proyecto desde sus orígenes.

Pese a que quien le está fallando a NAVE a todas luces es el mundo privado que lo sostuvo decididamente en sus primeros años, Cifuentes insiste en llamar al salvataje del Estado ante la crisis de recursos. Pide ayuda a un Estado que en un kilómetro a la redonda dentro de su mismo barrio tiene una docena de instituciones culturales públicas o subvencionadas en plena crisis, y una decena más dedicadas a la salud, la investigación y la educación en la misma condición deficitaria. Esto en un país que ha sufrido los recortes públicos en cultura en todas las ciudades en pos de utilizar “bien” el dinero estatal. Pese a este contexto, Cifuentes parece excusar a los donantes empresariales como meras víctimas de la crisis económica que retiran sus fondos por falta de liquidez, cuando sabemos que son más bien artífices de varios de los aspectos centrales de la crisis. En primer lugar, de la idea de que el dinero gastado en producir cultura durante la pandemia es dinero desperdiciado. También de proponer proyectos grandilocuentes, que en menos de una década piden rescate estatal y resultan buenos “salvavidas” financieros de las empresas en tiempos de crisis.

Debo reiterar el dato de que desde 2015, la Fundación Patrimonio Creativo -organización sin fines de lucro fundada para la administración de NAVE- se ha acogido a la Ley de Donaciones Culturales, recibiendo financiamiento empresarial con respaldo público a través de la donación directa. También resulta evidente al observar su programación de años recientes que el apoyo del MINCAP va más allá de lo pecuniario y beneficia a NAVE también de maneras indirectas: por ejemplo, en la sustentación laboral a mediano plazo de los proyectos artísticos colectivos e individuales cuyos eventos públicos son acogidos por el centro y a los que se convoca de manera gratuita o con una entrada de bajo costo gracias a la subvención estatal; o las actividades de extensión y difusión exteriores al centro y financiadas por los fondos de cultura (festivales, eventos, seminarios, etc.), en que NAVE colabora aportando su imponente infraestructura. A cinco años de su apertura, resulta sorprendente que sus sostenedores privados no puedan asumir la sustentación material del inmueble que el propio Estado ayudó a restaurar. Su crisis no tiene que ver con el respaldo ausente o presente del MINCAP, sino con los cortos plazos en que el empresariado y las élites económicas del país desisten de sus tentativas altruistas en cultura por la carga de su propia grandilocuencia.

Es necesario recalcar estos aspectos en los orígenes de NAVE como “modelo público-privado”, pues son reveladores de los límites y defectos de un referente que nació obviando su propia insustentabilidad, pero que sin embargo fue levantado como ejemplo a seguir en el desarrollo de nuevas industrias y emprendimientos culturales. En primer lugar, su excesivo énfasis en la infraestructura y habilitación de su sede: un edificio patrimonial del Barrio Yungay incendiado en 2006, expropiado y dañado gravemente en el terremoto de 2010, que consumió gran parte del apoyo financiero con que el empresario Rodrigo Peón-Veiga Herranz dio inicio al proyecto que sería dirigido artísticamente por su hija, la bailarina y coreógrafa Javiera Peón-Veiga. Con titulares de prensa como “NAVE: La historia del centro cultural que le hizo un millonario a su hija en barrio Yungay” (El mostrador, 2 de septiembre 2015), el proceso de fundación de este centro naturalizaba el orden neoliberal de los roles privados y públicos en cultura, apostando a una inversión privada fuerte al inicio que luego sería asumida como “aporte” a un proyecto que tuvo siempre en el horizonte llegar a ser sostenido por el Estado. Y destaco la palabra “siempre”, pues Peón Veiga compró la propiedad de Libertad no. 410-433 a un precio muy inferior a su valor patrimonial actual: la revaloración de su nueva propiedad se relaciona a la inversión de 2,5 millones de dólares en su restauración, en un proyecto de sus empresas acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Vale decir, se financió con dineros que las empresas de Peón-Veiga iba a pagar en impuestos, pero que se destinaron a este “altruismo cultural”.

Tras breves cinco años y a través de la campaña medial #salvemosNAVE, Cifuentes exige el rescate estatal de una tentativa privada fallida, ante lo cual cabe preguntarnos ¿qué más ayuda del Estado espera NAVE como institución privada? Si observamos el nutrido circuito cultural público y subvencionado en torno a los barrios Brasil, Yungay y Matucana, a NAVE ciertamente no le ha ido mal con el respaldo estatal, aún siendo privada. Y contrario a lo que se alega respecto a lo “único” del rol cultural de NAVE en el barrio Yungay, lo cierto es que esa área particular de Santiago está excelentemente nutrida con instituciones culturales especializadas de diverso tipo, al punto de contar entre sus manzanas con el llamado Circuito Cultural de Santiago Poniente fundado en 2009. Forman parte de este polo cultural el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Museo de la Educación Gabriela Mistral, el centro cultural de artes escénicas y visuales Matucana 100, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile (MAC) sede Quinta Normal, el Planetario de la USACH, la Biblioteca de Santiago, el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD), la sede poniente de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven y el Bibliometro Quinta Normal, además de los museos integrados al propio Parque Quinta Normal (el Museo Ferroviario, el Museo de Ciencia y Tecnología y el Museo Nacional de Historia Natural). Todas estas entidades de atención de públicos generales y especializados atraviesan severas crisis económicas, e incluso permanecen cerradas por falta de presupuesto aún cuando son instituciones dependientes parcial o totalmente del Estado. A esta misma condición deficitaria se suman otras entidades privadas/comunitarias residentes en el sector desde hace décadas, como el Centro Cultural y Comunitario Manuel Rojas y el Museo Artequín, por nombrar algunas. Al parecer ninguna de estas instituciones tiene la capacidad de lobby comunicacional y presión política de NAVE para obtener respuestas de la ministra Consuelo Valdés o el MINCAP, ni tampoco poder para matizar la presentación de NAVE en los medios como la entidad “salvadora” del derecho a la cultura en Santiago poniente. Nada más alejado de la realidad.

En un segundo plano, la centralidad otorgada por los medios a su petición de rescate nos parece forzada, y alejada de un balance honesto del papel que cumple NAVE al interior de su comunidad. Este énfasis de los medios se hace aún más incómodo en relación a su silencio frente a los groseros recortes en cultura promovidos por el gobierno en las universidades públicas, y en otros museos y centros culturales a lo largo del país, dedicados también a las artes escénicas y la danza. Como ejemplo, observamos al drástico recorte de un 25% en el presupuesto anual asignado por el Estado al Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, del que dependen el Ballet Nacional Chileno (BANCH), la Orquesta Sinfónica, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal de la universidad, y así como la mantención material de su teatro en Plaza Italia. Ya en octubre asistimos a las primeras protestas y peticiones de espacios culturales frente a la rebaja presupuestaria anunciada por la presidencia, que afectarán al centro cultural GAM, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a Balmaceda Arte Joven y a la Villa Grimaldi, por nombrar algunas de las instituciones afectadas. Qué decir de otros territorios que sufren crisis culturales aún más graves sin atención de la prensa, como la reciente aprobación de una hipoteca sobre el Centro Cultural Atacama, impulsada por el consejo municipal de Copiapó para encarar el grave endeudamiento de la comuna. Todas estas cuestiones no han recibido hasta ahora pronunciamiento alguno por parte de la ministra de las culturas. De esta situación inferimos que NAVE está ciertamente al medio del debate cultural no por su aporte invaluable a la cultura local -innegable, por cierto-, sino que a su capacidad de lobby en el poder político, empresarial y en la prensa nacional.

Con estas cartas puestas sobre la mesa, hace falta decir que no tenemos una postura crítica de la iniciativa privada en cultura. Muy por el contrario, buscamos llamar de manera correcta al capital efectivamente privado en cultura, distinto de las tentativas empresariales de carácter subsidiario, que aunque se divulguen en los medios como “nuevos modelos culturales”, continúan las mismas lógicas de dependencia frente al Estado. Las iniciativas privadas siempre son buenas, pero si acuden a disputar los mismos exiguos fondos estatales y a naturalizar la lógica concursable, sin duda aportan de manera sustancial al empeoramiento de las condiciones laborales y productivas de todos los agentes que se financian desde esta fuente. No se trata de que las entidades privadas no participen de los fondos concursables, pero ciertamente no pueden esperar un sustento permanente, abultado y mayoritario de los fondos concursables. Formar equipos a partir de fondos concursables es lisa y llanamente precarización laboral del trabajo en cultura. En el contexto de un proyecto fundado con capitales empresariales y con aspiraciones euronorteamericanas, es francamente inmoral aspirar a que inmuebles, equipos y tecnologías de un centro lujoso y especializado como NAVE sean pagados por un Estado pobrísimo en inversión cultural como el chileno.

Un modelo cultural de financiamiento mixto no puede orientarse meramente por los deseos e intereses de los sectores empresariales que se involucran en cultura con diversas expectativas frente a su inversión, y que ni siquiera aseguran en ellas un mínimo ético antes de abandonar para alivianar su gasto en tiempos de crisis. A la luz de la situación presente, la comparación que se hizo en su momento entre NAVE y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) es desproporcionada, aunque nos otorga una fotografía nítida de las diferencias entre la burguesía argentina y su completa ausencia cultural en nuestro país. La prioridad de una institución cultural pública o privada en materia de financiamiento estatal tampoco puede darse sobre la base de la capacidad de lobby de estas instituciones y sus mecenas empresariales en el poder político, la prensa y la administración funcionaria. Aunque no sea evidente en el actual contexto de descomposición de la política y las instituciones, la sustentación de una institución cultural por parte del Estado debe ir de la mano con su rol activo dentro de una estrategia cultural mayor, nacional, protegiendo el capital fiscal de inversiones que responden a intereses privados que no se someten al debate sobre qué significa el derecho a la cultura. En este caso, por qué no decirlo, un factor relevante es la gentrificación de un barrio que en los últimos 15 años ha expulsado a amplias franjas de su población proletaria al norte de calle Mapocho, conformándose en un nuevo sector para las clases medias en el corazón de una ciudad cada día más segregada.

Si la entidad privada realmente necesitara un sostén estatal inminente, debiera ceder gran parte de sus espacios materiales, políticos y simbólicos para el desarrollo de las políticas culturales discutidas por órganos probadamente democráticos, que escapen a la visión artística singular que se impone debido a la propiedad de un inmueble. En un país con severas limitaciones presupuestarias en cultura no es posible generar políticas ad hoc para salvaguardar espacios privados “intocados” en sus intenciones privadas iniciales, por más espectaculares y vanguardistas que estos sean.