Una positiva proliferación de movilizaciones en todo el país, con más puntos de convocatorias en barrios y regiones, aumentando por miles la gente que se sumó a las protestas, visibilizando el hartazgo hacia el sistema político en Perú, con un criterio mínimo de conciencia social, reclamando plazas y calles, con participación masiva de sectores normalmente despolitizados, etc. Sin embargo, aún falta iniciar procesos de discusión política en asambleas y organizaciones sociales para ir definiendo puntos básicos para una salida popular a esta crisis, ahondar en las demandas de los sectores de base que no secundan las consignas liberales, incidir en el desarrollo de una alternativa genuina que priorice las demandas obreras y de los movimientos sociales antes que la defensa a una institucionalidad ficticia y reaccionaria, argumentar con criterio de masas cómo se puede y debe levantar la propuesta de Asamblea Popular Constituyente, tomar en cuenta el pulso real de la movilización para tumbarse esta Constitución, etc.
por Franz Verne
Imagen / Protestas en Miraflores, 14 de noviembre 2020, Samantha Hare. Fuente.
El Perú entra en una nueva crisis política dentro del panorama generalizado de megacrisis sanitaria y socioeconómica que ya estaba viviendo por la pandemia global. Esta vez el Parlamento aprobó la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra bajo el argumento de “incapacidad moral permanente” debido a una serie de indicios y acusaciones flagrantes sobre actos de corrupción que vendrían desde la época en que este se desempeñaba como presidente regional en Moquegua (sur peruano). Más allá de entrar en detalles consabidos sobre el proceso de defenestración de Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino (entonces presidente del Parlamento), nos interesa enfocar el meollo político del asunto y su impacto inmediato.
Carácter del conflicto inicial
Es claro que esta siempre fue una disputa interburguesa, entre dos facciones de derecha, cada cual representando sus propios intereses y agendas políticas. Y en esta contienda perdió el que tuvo menos respaldo estratégico. La caída de Vizcarra demostró un Ejecutivo debilitado y carente de gobernabilidad, pues —entre otras cosas— nunca tuvo una bancada parlamentaria que lo respalde y frene las arremetidas del Legislativo que sí logró consensuar su ataque en bloque bajo la desgastada argucia de la «lucha anticorrupción», cuando siempre estuvo claro que en ambos poderes del Estado el nivel de putrefacción era realmente alarmante.
Ahora bien, el lío fue eminentemente político, sin trastocar el factor económico. En esta crisis institucional, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) no se vio afectada; por el contrario, no tuvo reparos en distanciarse rápidamente (vía pronunciamiento público) del vacado Vizcarra a quien abandonaron como una ficha reemplazable, como un político desgastado y sin partido propio, como un mal estratega que se autoliquidó rápidamente; y le dieron la bienvenida a Merino, un hombre con partido de la derecha tradicional (Acción Popular) y con un claro historial en defensa del status quo nacional. Y en este tinglado, las Fuerzas Armadas cumplieron el rol de siempre: salvaguardar los intereses de la élite con mayor capacidad de control sociopolítico. Mientras que la presidencia del Congreso quedó en manos de Luis Valdez (Alianza Para el Progreso), quien tiene 52 investigaciones abiertas en el Ministerio Público, algunas por su gestión como gobernador de La Libertad (¿aquí nos aplica la “incapacidad moral”?).
En lo que respecta al carácter de legalidad de la vacancia aprobada, hay que apuntar que hace dos meses, en el contexto del primer intento de vacancia presidencial, el Ejecutivo presentó una demanda competencial y una medida cautelar, en la que se planteaba que el Congreso no podía vacar al Presidente, ya que los supuestos de incapacidad moral son demasiado laxos. La cautelar fue rechazada y sobre ese tema no hay vuelta atrás, pero aún subsiste la demanda de fondo. Entonces, para algunos analistas, el Tribunal Constitucional generó, en parte, este problema cuando no resolvió la cautelar a tiempo. Si hubiera admitido dicha medida en su momento, le hubiera ordenado al Congreso no pronunciarse sobre ninguna vacancia en aplicación del supuesto por incapacidad moral permanente, mientras no se resuelva el tema de fondo en la demanda competencial mencionada. Y aunque aún se espera el pronunciamiento oficial del TC, esto podría ser mero trámite formal que ya no cambiaría el curso de las cosas.
Izquierda parlamentaria y clamor popular
El papel de la izquierda —en términos muy generales— en esta coyuntura, ha sido difusa, dispersa o intrascendente. Durante el desarrollo de la pandemia se vio un claro divorcio entre la izquierda parlamentaria (Frente Amplio) y el progresismo oficial (Nuevo Perú) respecto de las demandas y ajetreos de la población afectada. Se dieron procesos de lucha o movilización en barrios y comunidades buscando alimentos y mecanismos básicos de subsistencia; asimismo, se generaron protestas sindicales contra los despidos masivos y los abusos laborales, pero ni fueron recogidos por la izquierda institucional ni se generaron políticas en favor de estos sectores. Y hoy se habla de avanzar hacia un proceso de Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Como consigna política es alentadora, pero ¿sobre qué bases? ¿Sobre qué comunidad organizada? ¿Sobre qué nivel de representación de masas? ¿Con qué izquierda como vanguardia consensuada?
Sobre las recientes movilizaciones en varios puntos del país, es cierto que se trata de marchas ciudadanistas convocadas primigeniamente contra el Congreso espurio y su vacancia ilegítima, es cierto que existe presencia de políticos oportunistas buscando pescar a río revuelto (Julio Guzmán, George Forsyth, Ollanta Humala, etc.), es cierto que su carácter general es liberal y funcional a la defensa de una supuesta democracia corrompida y corruptora, es cierto que no se trata de una protesta de la clase obrera. Sin embargo, esta misma movilización congregó a mucha gente que no iba a defender a Vizcarra, pues tuvimos a trabajadores y estudiantes en contra de la arbitrariedad del Congreso y su pretendida repartija.
Y desde el mismo día de la ascensión del gobierno de facto, se registraron varios detenidos que fueron sometidos a procesos engorrosos, hubo heridos por lacrimógenas y perdigones, hubo represión generalizada. Y esto nos exigió la solidaridad inmediata y la profundización del actual escenario de conflicto social. Se empezó a tensionar el momento para pasar de la defensa institucionalista a la protesta popular, para saltar de la indignación difusa a la abierta lucha de clases enfocando que la vacancia era irrelevante o nociva si no se planteaba la abolición de la Constitución fujimorista y su impacto histórico lindante.
Entonces, lo objetivo se iba clarificando más: Una positiva proliferación de movilizaciones en todo el país, con más puntos de convocatorias en barrios y regiones, aumentando por miles la gente que se sumó a las protestas, visibilizando el hartazgo hacia el sistema político en Perú, con un criterio mínimo de conciencia social, reclamando plazas y calles, con participación masiva de sectores normalmente despolitizados, etc. Sin embargo, aún falta iniciar procesos de discusión política en asambleas y organizaciones sociales para ir definiendo puntos básicos para una salida popular a esta crisis, ahondar en las demandas de los sectores de base que no secundan las consignas liberales, incidir en el desarrollo de una alternativa genuina que priorice las demandas obreras y de los movimientos sociales antes que la defensa a una institucionalidad ficticia y reaccionaria, argumentar con criterio de masas cómo se puede y debe levantar la propuesta de Asamblea Popular Constituyente, tomar en cuenta el pulso real de la movilización para tumbarse esta Constitución, etc.
Los dinosaurios van a desaparecer
En tanto, desde antes que se haga oficial, ya se sabía que Antero Flores-Aráoz asumiría como Primer Ministro del gobierno ilegítimo de Manuel Merino. Y más allá de recordar todo el perfil racista, elitista, homofóbico, prepotente, defensor de corruptos y reaccionario de pura cepa de este personaje (algo que es obviamente cierto), nos enfocamos en el trasfondo y el mensaje político de esta aceptación en dicho puesto clave.
Flores-Araóz fue diputado por el Fredemo (partido ultraliberal fundado por Mario Vargas Llosa) a inicios de los años 90, luego fue congresista por el conservador Partido Popular Cristiano (PPC) durante el fujimorato, también fue presidente del Parlamento (2004-2005), fue —además— representante permanente del Perú ante la OEA (2007), posteriormente asumió como ministro de Defensa (2007-2009) del segundo gobierno de Alan García, y luego lo vimos candidateando —sin éxito— a la presidencia del Perú por el Partido Orden que él mismo fundó y desapareció. Hoy es vicepresidente de la Coordinadora Republicana (un conglomerado de políticos ultraconservadores, líderes negacionistas, dirigentes evangélicos de «Con mis hijos no te metas», seguidores de teorías de la conspiración, militares de alto rango en retiro, fascistoides confesos, etc.).
Entonces, esta reciente disputa entre derechas, entre facciones de la oligarquía tradicional (séquito detrás de Vizcarra) y la nueva burguesía provinciana (socios y entorno inmediato de Merino) a los ojos del gran capital debía salir de su entrampado y generar un aire de confianza a los dueños de la economía nacional. Si ya entidades transnacionales como el Bank of America mostraba su preocupación por el «populismo de Merino», la Confiep tenía que intervenir para calmar las aguas y colocarle un garante criollo y elitista a la intentona de la derecha provinciana.
Por ello, quedaba claro que el gabinete Flores-Araóz debía irradiar confianza a la gran burguesía trasnacional. Era evidente que les preocupaba que hasta mitad de semana, ningún presidente de la región los saludaba. Y con el tiempo en contra armaron su equipo (con claro perfil provocador y antipopular) con Gastón Rodríguez (quien ya había sido ministro de Vizcarra, pero salió rápidamente por denuncias de corrupción) en la cartera de Interior; además de Fernando D’Alessio (quien gestó el indulto de PPK a Fujimori, además de ser un probado militante fascista de larga data) para Educación; también estuvo Juan Sheput (abierto simpatizante del español Vox) en Trabajo; en Justicia asumió la operadora aprista Delia Muñoz; así como en Salud y Transportes y Comunicaciones, fueron elegidos los apristas Abel Salinas y Augusto Valqui, respectivamente; mientas que en el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue llamada Patricia Treullet, exgerente general de la Confiep.
La semana reciente en Perú ha sido marcada por las dos jornadas de protesta popular a nivel nacional con epicentro en la capital. Ambas allanaron el camino hacia la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de la nación. Pero estas movilizaciones tuvieron un altísimo costo en vidas humanas. El sábado 14 se registró uno de los picos más alto en cuanto a represión policial en décadas recientes. Jack Pintado Sánchez (22 años) e Inti Sotelo Camargo (24 años) fueron brutalmente asesinados por balas policiales. El primero recibió una ráfaga de hasta 11 tiros al rostro, cuelo y pecho, mientras que el segundo padeció 5 impactos a la altura del corazón. Detrás de estos crímenes también están las decenas de heridos de gravedad internados en UCI en hospitales de la ciudad. Incluso periodistas de diversos medios fueron alcanzados por los disparos, mostrando luego perdigones alojados dentro del cuerpo, esquirlas en los pulmones, chalecos destrozados, etc.
Aquí es importante señalar que Manuel Merino, Antero Flores-Araóz y Gastón Rodríguez son los responsables políticos directos de estos crímenes y por ello ya fueron denunciados penalmente por diversos organismos de derechos humanos en Perú bajo la figura de represión desproporcionada en agravio de manifestantes causando graves violaciones a sus derechos elementales. Esto, además, evidencia el nivel de insania que se cometió durante la semana dictatorial que tuvimos, pues los elementos factibles en materia de control de medios, publicidad, además de la pretendida elección a dedo de nuevos miembros del TC y desaparecidos luego de protestar (se registraron hasta 65 casos), grafican el carácter factico de dicho régimen.
¿Y ahora qué?
Tras estas jornadas de plomo y sangre, Manuel Merino renunció, pero señaló que sus ministros “renunciantes” seguirán en sus cargos para evitar un «vacío de poder». Ante eso, la entonces Mesa Directiva del Congreso también dimitió convocando a junta de portavoces para consensuar una salida diplomática a la crisis generalizada. Se nombró una nueva Mesa y se procedió a las votaciones para elegir nuevos representantes para el Legislativo y Ejecutivo. Se formó una lista única encabezada por Rocío Silva-Santisteban, una de las dos parlamentarias del Frente Amplio que votó en contra de la vacancia. Y desde el primer momento de instalada la nueva directiva congresal se dieron serios intentos de boicot y trabas por parte de la bancada fujimorista y sus aliados de derecha buscando evitar que sea ella quien gane los votos para tomar el mando de la nación. Buscaron a todo trance evitar que la congresista de izquierda asuma como nueva presidenta transitoria encargada de acelerar el proceso de elecciones.
Y hasta el cierre de esta nota, no se terminó de resolver este tema. Perú aún no tiene presidente encargado en ninguno de los dos poderes en conflicto. Mientras tanto, las movilizaciones no cesan y van en aumento vislumbrando que desde adentro del Parlamento solo se están dando cálculos políticos para una repartija estratégica que les permita llegar con posibilidades y blindajes a los comicios del 2021.
Y mientras tanto, desde las líneas de la izquierda de base o con perspectiva revolucionaria, se discute: ¿Avanzar hacia un proceso de Asamblea Constituyente? ¿Asamblea Popular Constituyente? ¿Nueva Constitución? ¿Sobre qué base? ¿Existen condiciones de forma y fondo para tal aspecto? ¿Existe alguna diferencia tangible entre Vizcarra y Merino que posibilite la demanda del cese a la actual Constitución? ¿Cuál es la lectura sobre la correlación de fuerzas en el campo popular? ¿Qué balance sacar del reciente papel de la izquierda parlamentaria? ¿Existe izquierda representativa a nivel de masas? ¿Qué escenario queda para el 2021?
¿Que se vayan todos? ¿Y cómo se logra eso? ¿Qué viene después? ¿Existe un espectro político claro hacia la izquierda que permita ver qué puede pasar luego de esta coyuntura? ¿Con qué sectores, dentro de los movimientos sociales, se podría generar una articulación de masas? ¿Qué o quién asume la convocatoria para una pretendida Huelga General? ¿En qué andan las centrales sindicales hoy en nuestro país?
Las interrogantes son muchas y deben resolverse al calor del propio proceso popular en desarrollo. Debe construirse desde abajo una alternativa que clarifique el panorama y nos encamine hacia un norte en beneficio de los intereses de la clase trabajadora y los movimientos sociales. Es menester pasar de la indignación ciudadana a la confrontación al modelo económico y el sistema político, además de extender e intensificar la protesta popular a nivel nacional. Claramente es momento de apostar por la acción directa de masas y solidaridad con el pueblo movilizado y poner sobre la mesa de discusión el rechazo frontal a la Constitución fujimorista. A partir de esta dinámica es posible preparar una alternativa de clase y una plataforma articulada de lucha para fijar una salida viable a la crisis generada.
Franz Verne
Periodista e investigador social.
