Distribuir el poder

Ahora bien, ¿cuál es el rol que le cabe a las fuerzas transformadoras en este debate?; ¿cuáles debieran ser sus opciones a la hora de pensar el ordenamiento orgánico de la nueva Constitución?; ¿sobre la base de qué ideas-fuerza construir propuestas en este ámbito? Uno de los peligros del necesario debate en torno al diseño del ordenamiento constitucional es el de su conversión en un intercambio puramente formalista, desprovisto de contenido real y prescindente de las luchas sociales que han dado origen a este momento constituyente. Un debate en abstracto sobre, por ejemplo, las opciones entre presidencialismo y parlamentarismo puede conducirnos hacia una conversación sobre diseño que obvie no solo la profunda crisis de representación, sino que también el marco de inequidades, agravios y expectativas que explican nuestro actual proceso constituyente.

por Carlos Durán Migliardi

Imagen / Celebración del plebiscito del 25 de octubre, 25 de octubre 2020, Fernando Carvallo.

Junto a los aspectos sustantivos referidos a la demanda por un Estado social de derechos, nuestro actual momento constituyente plantea la oportunidad de poner en debate los aspectos referidos a la forma en que el sistema institucional chileno ha de organizarse: ¿cuál es el régimen político deseable para Chile?; ¿de qué modo debieran relacionarse sus territorios y organizarse la relación entre los poderes del Estado?; ¿deseamos para Chile un régimen federal o una república unitaria?; ¿un régimen unicameral o bicameral?; ¿presidencialismo o parlamentarismo?

La ciencia política y los estudios constitucionales han debatido ampliamente sobre estas cuestiones, existiendo distintos modelos que reclaman para si una mayor eficacia a la hora de pensar aquello que se conoce como la dimensión orgánica del orden constitucional. Desde los enfoques que colocan el acento en el rol moderador de las instituciones hasta los que asumen como central la necesidad de producción de controles y balances que inmunicen a los sistemas políticas de la posibilidad del autoritarismo; desde diseños institucionales centrados en el valor de la estabilidad política hasta los que promueven su representatividad, existe un debate indispensable de abordar a la hora de pensar el futuro constitucional de Chile.

Ahora bien, ¿cuál es el rol que le cabe a las fuerzas transformadoras en este debate?; ¿cuáles debieran ser sus opciones a la hora de pensar el ordenamiento orgánico de la nueva Constitución?; ¿sobre la base de qué ideas-fuerza construir propuestas en este ámbito? Uno de los peligros del necesario debate en torno al diseño del ordenamiento constitucional es el de su conversión en un intercambio puramente formalista, desprovisto de contenido real y prescindente de las luchas sociales que han dado origen a este momento constituyente. Un debate en abstracto sobre, por ejemplo, las opciones entre presidencialismo y parlamentarismo puede conducirnos hacia una conversación sobre diseño que obvie no solo la profunda crisis de representación, sino que también el marco de inequidades, agravios y expectativas que explican nuestro actual proceso constituyente.

Pero advertir acerca de los peligros del formalismo no significa desatender temas tan relevantes como la relación entre las regiones y la capital administrativa, la conformación del Congreso Nacional o el vínculo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por el contrario, estas cuestiones forman parte del corazón mismo del debate constituyente, y no deben ser escabullidas. Sin embargo, y  si la pretensión es convertir esta coyuntura en una oportunidad de avanzar en el camino de la transformación social y no simplemente debatir en torno a diseños institucionales abstractos, resulta a nuestro juicio indispensable considerar sus efectos y aporte concreto al objetivo de la democratización política y social de Chile: ¿en qué sentido el diseño propuesto otorga más poder a los grupos sociales subalternizados por este orden elitista y excluyente?; ¿producen los diseños en debate una desconcentración efectiva del poder político?; ¿logran las propuestas a estudiar hacer retroceder la connivencia entre el poder político-institucional y el poder económico-empresarial?; ¿contarán las trabajadoras, los habitantes del campo, las personas de regiones, los pobladores, las mujeres y los pobres de la ciudad con condiciones más efectivas de acceso al poder político?

Pensar un diseño orgánico constitucional para el Chile que viene, en definitiva, debiera ser un objetivo centrado en el horizonte de sustracción del poder de las elites; de distribución del poder a las regiones y el avance hacia la superación del centralismo; de otorgamiento a las mayorías plebeyas de un lugar de expresión y ejercicio del poder en el sistema institucional y las limitaciones de las fluidas relaciones entre el poder político y poder económico; del avance del feminismo y la eliminación del patriarcado presente en todos los rincones institucionales del país.

Ciertamente, no existe diseño constitucional que pueda por si mismo poner fin a las desigualdades e injusticias fruto de un orden social que trasciende ampliamente al marco político-institucional en que se despliega. No existe un puerto de llegada constitucional a la sociedad justa y equitativa que deseamos. Pero sí puede ser un sostén de apoyo al imperativo de distribuir el poder, sustraerlo de las elites e instalar a las mayorías plebeyas al centro del juego político democrático. Poner en discusión ideas que signifiquen avances en el control ciudadano sobre el poder político y la incidencia efectiva en las decisiones públicas, y que faciliten por otro lado la incorporación de las mayorías al poder público constituye, en este sentido, un imperativo para las fuerzas transformadoras que participan de este proceso constituyente.